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abril 29, 2010
Declaración de una de los sobrevivientes del ataque a la carvana San Juan Copala.
abril 26, 2010
"EEUU articuló el golpe en Honduras"
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Entregan oro y plata de México a mineras trasnacionales
Contralínea 179 / 25 de Abril de 2010
Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año, la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras. Azure Minerals y Almaden Minerals encabezan la lista de trasnacionales beneficiadas. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La Auditoría Superior de la Federación pone en duda la legalidad de la explotación, pues las leyes sólo la prevén para mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas
Oro, plata, cobre, hierro y zinc son extraídos de territorio mexicano por compañías de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile, revelan informes oficiales. Lo anterior, a pesar de que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la explotación de minas sólo puede realizarse por mexicanos.
Tan sólo en lo que va de este año, 231 trasnacionales han obtenido concesiones de la Secretaría de Economía (SE) para desarrollar más de 704 proyectos en todo el país. Los trabajos de exploración, extracción y producción se palomean sin que la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuente con una política pública en materia minera que ponga a salvo los derechos de la nación sobre sus recursos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del documento Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, elaborado por la SE y del cual Contralínea posee copia, se desprende que las empresas más beneficiadas en este año son la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp Inc, con 11 autorizaciones.
El mismo informe indica que de las más de 230 trasnacionales, el 81 por ciento de los "permisos" gubernamentales fue en beneficio de filiales con oficinas centrales en Canadá. El resto de las autorizaciones se distribuyeron entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y, en menor medida, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile.
"Socio comercial" de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá tiene en el país 187 compañías en la búsqueda de oro y plata, metal precioso que ha colocado al país latinoamericano en el segundo lugar en su producción mundial.
Los empresarios estadunidenses tienen a 31 de sus firmas en búsqueda de la riqueza nacional; los australianos cuentan con cuatro de sus filiales; Reino Unido, tres. El resto de las concesiones está en manos de India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
La suma de minas mexicanas concesionadas a las trasnacionales supera los 2 millones de hectáreas. De acuerdo con los "permisos" entregados por el gobierno de Felipe Calderón, las compañías extranjeras podrán explotar este territorio mexicano hasta 2050.
Inconsistencias legales: ASF
La Ley de Minas precisa en su artículo 10 que "la exploración y explotación de los minerales o sustancias (…) sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas (…)".
En este contexto, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta pública 2008 indica que 24 de 48 solicitudes para obtener concesiones –de 108 expedientes de la muestra– "carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales".
La observación hecha a la Dirección General de Minas, órgano dependiente de la SE, es contundente: "No revisó los requisitos que deben cumplir los solicitantes, antes de la expedición del título de concesión, en incumplimiento del artículo 10 de la Ley Minera".
En tanto, el artículo 27 constitucional dice que "sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
"El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo."
24 mil concesiones en 10 años
Otros 10 listados del documento Expedición de títulos de concesión minera, publicados por la Dirección General de Minas, muestran que en lo que va de las administraciones panistas se han concedido 24 mil 586 permisos de exploración de minas en todo el territorio nacional.
Las concesiones, que anualmente rebasan unas 2 mil, fueron palomeadas sin que la SE cuente con una política pública en la materia. Según el informe del máximo órgano de fiscalización, correspondiente a 2008, "la dependencia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas mineras y el otorgamiento de concesiones mineras".
Del análisis de la Expedición de Títulos de Concesión Minera, de 2000 a 2010, se desprende que la mayor beneficiaria de estos permisos es la Compañía Minera La Parreña (filial de Industrias Peñoles), con 1 mil 130 autorizaciones.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, un grupo privado y diversificado integrado por compañías como el Grupo Palacio de Hierro (tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos-Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); y negocios agropecuarios.
A la filial de Peñoles le siguen, en número de concesiones: Industrial Minera México, 647; Exploraciones Mineras Parreña, 367; Minera Penmont, 199; Minera Pecobre, 182; Minera Tayahua, 181; Minera María, 158; Minerales Monclova, 157; Minera de Cordilleras, 137, y Minera Largo, 109; como las 10 principales autorizadas para explorar en las minas nacionales.
Auditoría reprobada
Según la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la SE reprobó la auditoría de desempeño que aplicó el máximo órgano de fiscalización a consecuencia de que las autoridades encargadas del ramo "no fijaron un indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras".
La SE "omitió" verificar los requisitos de la concesión minera; se excedió en los plazos para la emisión de las propuestas; no verificó las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras; no certificó el pagó de derechos por solicitud de concesión minera, ni el de concesión minera, consigna el informe de la ASF.
La auditoría de desempeño muestra que la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Mateos no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no se realizaron visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, los procedimientos de cancelación de los permisos se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la SE, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Se solicitó entrevista con el titular de la SE para conocer la respuesta a las observaciones planteadas por la ASF. También se solicitó entrevistas con los directivos del Fideicomiso del Fomento Minero y de la Cámara Minera, que representa a la industria en México. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Resistencia contra la minería
La resistencia de las comunidades afectadas por la minería en Chiapas se ve cada vez con más fuerza, ya que se están vinculadas con luchas que se dan en otros estados de la república y otros países, como Guatemala, dice el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas 2008, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Entre las acciones que enumera se encuentran:
· Los habitantes del Barrio Las Nubes, del ejido Toquián, municipio de Siltepec, dijeron que "no permitirán que una empresa canadiense explote mineral en su territorio".
· En septiembre de 2008, habitantes del municipio de Chicomuselo protestaron por la explotación de barita, realizada por la canadiense Blackfire Exploration.
· El Frente Regional Contra las Privatizaciones, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organizó distintas marchas para exigir detener la explotación minera en Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la entidad.
· Los pobladores de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, se negaron a la explotación minera en su territorio, ya que "la extracción de oro a cielo abierto dañará irremediablemente las tierras y contaminará el aire y el agua con residuos tóxicos".
· En junio de ese año, representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados de la república decidieron conformar la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Su principal objetivo es frenar y eliminar la minería a cielo abierto.
· Luego, en diciembre de 2008, "25 organizaciones de México y Guatemala consolidaron un movimiento binacional contra la minería y acordaron rechazar las políticas que pretenden "despojar a las nuestras comunidades de sus recursos naturales". (ER)
Primeros 50 "Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero, 2010", muestra de 231
VER ARTICULO COMPLETO AQUI: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/
Visa estadunidense: indignidad y sometimiento
Pena y rabia da el genuflexo gobierno que anuncia con bombo y platillo que podrán entrar a territorio mexicano todos aquellos que cuenten con visa otorgada por el gobierno de Estados Unidos, visa que da el gobierno del país vecino para visitarlo, sin que le importe a ese gobierno si a quienes concede visa se dirigen, aparte de a Estados Unidos, a cualquier otra parte del mundo.
Que el gobierno de México permita o impida la entrada de extranjeros a nuestro país, está en sus facultades de gobierno; que lo haga con la documentación que como gobierno determine, es procedente. Que ceda la función de decidir quién entra o no a territorio mexicano a un gobierno extranjero, que eso es lo que representa esa medida tan aplaudida en el medio oficial, sin que medie siquiera un acuerdo al respecto, es renunciar al ejercicio de un derecho soberano, y resulta, por decir lo menos, indigno de quienes ejercen funciones y toman decisiones en nombre de la nación.
Si la actual administración del país cree que el gobierno de la nación vecina le va a rendir cuentas de a quiénes otorga visas para visitar Estados Unidos y así sabrá quién puede venir a México, está viviendo fuera de la realidad de este mundo y sus hegemonías.
Si se está, como se debiera, en favor de ampliar los derechos de la gente, tómense medidas para que se dé, a lo largo y ancho del mundo, libertad de tránsito a las personas para que vayan y vuelvan por donde les venga en gana.
Si se quiere promover el turismo hacia México, no será con la visa estadunidense como se logre (dejemos que el vecino haga lo que quiera hacer, es asunto suyo y no nuestro), sino mejorando en todos sentidos las condiciones en nuestro país, y en este asunto concreto, pequeño frente a todo lo demás, quitando el trámite de contar con la visa mexicana para visitar nuestro país, reconociendo que con el trámite de otorgamiento de la visa, documento ya anacrónico, sólo se causan innecesarios contratiempos burocráticos al turista.
Al dar validez irrestricta a la visa estadunidense para entrar a nuestro país, el gobierno de México entrega el ejercicio de su soberanía a uno que ejerce la suya, para que ejerza también la nuestra según lo decida. ¿Los funcionarios en los cargos más altos de nuestra administración se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Están conscientes de ello o son inconscientes de la desproporción y consecuencias de su decisión?
Grave, muy grave resultaría que quienes gobiernan nuestro país no se dieran cuenta que al dar validez irrestricta a un documento extranjero (nada más porque sí) para adquirir un derecho en nuestro país (el de entrar y permanecer en territorio nacional), están cediendo a un gobierno extranjero (el de Estados Unidos) una facultad (la de decidir a quién se le permite o no entrar a nuestro país) que debiera ser irrenunciable para quienes han aceptado desempeñar funciones de gobierno, en un país que oficialmente se declara soberano.
Impunidad militar
MÉXICO, D.F., 23 de abril (apro).- Al país le urge detener el baño de sangre que inició Felipe Calderón al declarar "la guerra" al narcotráfico, y en la que varios civiles han perdido la vida.
Desde el gobierno se provocaron los enfrentamientos y desde el gobierno pretenden detenerse, lo que podría resultar plausible si no fuera por el método.
Para acabar, Felipe Calderón y el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, han pedido al Congreso de la Unión que les legalice las acciones que miles de efectivos militares realizan en rancherías, caminos vecinales, pueblos, carreteras, pequeñas y grandes ciudades desde que arrancó la administración del segundo gobierno panista.
Es un trabajo que deben realizar sólo las policías federales en coordinación con las locales. Sin embargo, la corrupción que priva en las corporaciones policíacas fue, desde el gobierno de Ernesto Zedilllo, para sacar al Ejército a las calles y ayudar en la lucha contra el narcotráfico.
Desde ese mismo día, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones cívicas e, incluso, partidos de izquierda, cuestionaron la decisión, pero nada lograron.
A la llegada de Calderón, el Ejército ya no sólo salió a las calles, sino que encabeza operativos. Calderón y el secretario de la Defensa quieren continuar en lo mismo.
El problema es que el Ejército mexicano actual es lo que los dedicados a esta tarea llaman "un ejército de paz", en donde su función, más que defender la soberanía ante una invasión, ha realizado tareas de salvamento. Nunca fue preparado para hacer labores de seguridad pública, para "acompañar" a la Procuraduría General de la República o a la Policía Federal o a las policías locales para abatir la presencia del crimen organizado. De ahí que "los daños colaterales" durante los enfrentamientos entre militares y miembros de diversos cárteles, se estén volviendo cada vez más frecuentes.
Así califican, gobierno federal, policías federales y militares, a la muerte de personas civiles que se han quedado en medio del fuego cruzado o que han sido "confundidos" con criminales o han sido descarga del "estrés" al que someten los militares en los retenes de caminos vecinales.
Para los militares y policías federales, el significado de "daño colateral" no es herir o matar a un civil; es simplemente "un accidente ocurrido durante una operación".
En este sentido, la muerte de los niños Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y Martín Almanza Salazar, de 9, ocurrida en un retén militar en la carretera nacional Nuevo Laredo-Reynosa-Matamoros, el pasado 3 de abril, fue sólo "un accidente ocurrido durante una operación".
De acuerdo con datos de la propia Sedena, desde la declaración de "guerra" de Calderón, los militares han tenido 496 enfrentamientos con diversos integrantes del crimen organizado; 33 de estos enfrentamientos entre militares y miembros del crimen organizado ocurrieron en "puestos de control", como prefiere denominar el Ejército a los retenes.
Un ex jefe de la Policía federal, al ofrecer estos datos, justificó el actuar de los militares, luego de expresar lo siguiente: "¡33 enfrentamientos ocurrido en puestos de control, imagínate a cuánto estrés están sometidos los militares!".
Efectivamente, un estrés que los ha llevado a cometer errores como el asesinato de dos niños que viajaban en una camioneta y donde sus padres, a pesar de agitar un pañuelo en señal de paz, fueron ignorados y rafageados por los "estresados militares" que estaban en el retén para detener o coartar la estrategia de una ruta de algún cartel.
La autorización de los retenes es lo que Calderón y Galván han pedido a los legisladores. La próxima semana, el Senado de la República emitirá la normatividad de "los controles militares". Por lo pronto, la noche del jueves las comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general la nueva Ley de Seguridad Nacional.
El problema de todo esto no es que se trate de combatir o parar el baño de sangre que inició Calderón en su "guerra" contra el narcotráfico, sino que sean los militares a los que les estén dando todas las herramientas para que ellos sean los que están al frente de los operativos, los que "limpiarán" los cuerpos policíacos locales…. y los que pretenden sustituir al Ministerio Público federal.
Aunque poco publicitado por los medios, la nueva ley contempla que el Ejército tenga "la potestad" para iniciar las investigaciones, la recolección de indicios que puedan convertirse posteriormente en evidencias, y la preservación de las escenas, "sin necesidad de estar presente inicialmente el Ministerio Público o la policía ministerial o federal".
Con este nuevo marco, el Ministerio Público ya no tendría razón de existir y sus funciones pasarían "de manera legal" a ser ejercidas por el Ejército, que luego de 48 horas (de manipular la información si lo deseara) deberá entregar todo lo investigado en manos del Ministerio Público, el cual pasará a ser simplemente una oficina de atención al público que recibe quejas.
Con la nueva ley, los militares estarán tentados a actuar en la total impunidad, pues ellos serán quienes estén al frente de todo. Habrá que ver hasta dónde llegará la colaboración del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien, cuando el Ejecutivo Federal lo decida, estará siempre bajo las órdenes de los mandos miliares.
Según la nueva ley, cuando se emita la declaratoria de "afectación a la seguridad interior", el Ejecutivo federal será quien determine quién, dónde y hasta cuándo se realizarán las operaciones en determinada zona para atacar el crimen organizado.
Al decir quién, y siendo promovida la ley por las fuerzas militares, resulta obvio que serán quienes estén al frente.
Un punto rescatable de esta ley es que ahora, al haber claramente determinado un mando al frente de cualquier operación, sobre este recaerán todas las responsabilidades y deberá ser juzgado por haber incurrido en "daños colaterales" y privar de la vida o violar los derechos humanos de la población civil.
mjcervantes@proceso.com.mx
Ciudad Juárez, la derrota de Calderón y García Luna
Golpe a Calderón... y a su preferido
Tan cruentos como directos, los "mensajes" enviados desde Ciudad Juárez al presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no sólo reactivan con gran rapidez los ciclos de violencia en esa localidad; también le recuerdan al gobierno federal su fracaso en la guerra antinarco, en particular ahí donde en los tres años de régimen calderonista han sido asesinadas alrededor de 7 mil personas.
En Ciudad Juárez, las provocaciones al gobierno de Felipe Calderón no paran. La emboscada del viernes 23, que causó la muerte de seis efectivos de la Policía Federal (PF), de una mujer policía del municipio y de un joven de 17 años evidenció la vulnerabilidad de su programa "Todos somos Juárez. Reconstruyamos nuestra ciudad".
El despliegue de 5 mil elementos de la PF, efectuado a partir de la última semana de marzo en sustitución de 3 mil militares para patrullar las calles de dicha ciudad, quedó empequeñecido ante el embate del cártel de Juárez, que le reprocha a esa corporación el supuesto apoyo que le da a Joaquín El Chapo Guzmán.
El golpe fue directo contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, responsable de la Policía Federal y a quien tras el asesinato de 15 adolecentes en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero pasado, Calderón comisionó para replantear la estrategia de combate al crimen organizado ante el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua, encabezado por el Ejército.
Al mediodía del viernes 23, un comando emboscó las unidades 00627 de la PF y la 367 de la Policía Municipal en el cruce de las avenidas Durango y Santiago Troncoso, en la colonia Valle de Santiago. Cuando patrullaban el sector Benito Juárez –el mismo donde a mediados de marzo fueron asesinadas tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez–, los uniformados fueron sorprendidos por varios sujetos armados.
Según la SSP, los federales repelieron el ataque "y por lo menos uno de los agresores resultó herido". La acción la atribuyó a "las contundentes detenciones realizadas por la Policía Federal en las últimas horas en esta ciudad".
Sin embargo, por la noche del mismo viernes, La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez, no sólo se acreditó el atentado sino que lanzó una advertencia a los efectivos de García Luna en una pinta que apareció en las calles 16 de Septiembre y Colombia, en el centro de la ciudad:
"Inspector General de la PF (Policía Federal), Raymundo Agustín Hernández Guzmán, y a su oficial Raúl Mendoza Vázquez, lo mismo les va a pasar a ustedes, hijos de puta, como les pasó a los de la unidad 627 por andar con El Chapo y a todos los mugrosos que lo apoyen. Atentamente La Línea."
A diferencia de lo que ocurrió durante el despliegue del Ejército, la presencia de la PF es más notoria en las calles de Juárez, pero también la de los grupos delictivos.
El programa "Todos somos Juárez…", que se inició el 17 de febrero, ha estado marcado por la violencia. El 13 de marzo fueron asesinadas las tres personas relacionadas con la oficina consular estadunidense, Jorge Salcido Ceniceros, Lesley Enríquez y su esposo, Arthur Haycock Redelfs.
La procuradora general de Justicia del estado, Patricia González Rodríguez, responsabilizó del asesinato a la banda Los Aztecas, que también sirve al cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, a quien El Chapo disputa el control de la ciudad.
La Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) igualmente atribuyen el crimen a miembros de esa pandilla, encabezada por Eduardo Ravelo, uno de los cien delincuentes más buscados por la justicia estadunidense.
Poco antes, el 9 de marzo, el cónsul Raymond McGrath había reportado a la Operación Coordinada Chihuahua (OCCH) –denominada con anterioridad Operativo Conjunto Chihuahua– la amenaza de que estallaría un "artefacto explosivo" en la representación. Después del asesinato de las tres personas, Washington envió más agentes de la DEA a Juárez. Oficialmente no se ha informado el número.
La reacción estadunidense no quedó ahí. El 25 de marzo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, llegó a México, acompañada del secretario de la Defensa, Robert Gates; la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y el director Nacional de Inteligencia, Dennis Blair, entre otros altos funcionarios de seguridad de Estados Unidos.
En esa visita se acordó que Ciudad Juárez sería un "laboratorio" para el control de los cárteles de la droga en México a través de un "programa piloto" entre esa localidad y El Paso, Texas. Entre sus acciones está el control, por parte del país vecino, de la información que se produzca en México acerca de la operación de los grupos delictivos.
Pese a la ofensiva de los dos gobiernos, los cárteles de la droga establecidos en Juárez siguen siendo capaces de ejecutar acciones como la del viernes 23, que le costó la vida a los siete policías y a un civil. El gobierno mexicano la presentó como resultado de la detención de ocho personas, entre ellas cinco menores de edad, incluidas tres mujeres.
Según la SSP, el asesinato de los siete policías se debió al decomiso, en distintas acciones, de dos armas, diversos cargadores y cartuchos, un equipo de radiocomunicación, 12 envoltorios de polvo blanco ("al parecer cocaína"), un recipiente con mariguana, un paquete de un kilogramo de esta misma droga, una bolsa de plástico con otro kilogramo de la yerba y tres vehículos.
Un día antes de la emboscada –el jueves 22– el Ejército había detenido a cinco integrantes de Los Aztecas, acusados de delitos contra la salud, entre otros cargos. Ellos son: Enrique Guajardo López, Kike; Raúl Gerardo Calderón Loera, El Flako; Juan Carlos Durón Moreno, El Travieso; Eduardo Morales Herrera, El Lalo, y Jesús Manuel Herrera Torres, El Cala.
Según la OCCH, estas personas aportaron información sobre el homicidio de una empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y de su esposo: que fueron integrantes de Los Aztecas quienes participaron en los hechos y que uno de los detenidos –no precisa quién– se encargó de avisar si llegaba la policía.
En un comunicado, la oficina de la Operación Conjunta añadió que según sus propias declaraciones, los detenidos tenían la encomienda de "limpiar" la ciudad de sujetos que venden droga sin la autorización de La Línea.
abril 25, 2010
Dos visiones del mundo laboral
Arturo Alcalde Justinian
La iniciativa de reforma laboral presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados el pasado martes 13 de abril no fue improvisada: es resultado de un largo proceso de reflexión y propuesta de los sectores productivo, sindical, académico y ciudadano, además de que actualiza la presentada en 2002, con los aportes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Se trata de una perspectiva que confronta a la generada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN), conocida como
iniciativa Lozano.
Son muchas las diferencias entre una y otra iniciativas; la promovida por el PRD-UNT está vinculada a un proyecto de modernización integral del país en una línea de ganar-ganar. La iniciativa Lozano
, en cambio, más allá de los discursos, propone en lo concreto abaratar la fuerza de trabajo, reducir su estabilidad e incrementar el control empresarial de los derechos colectivos, como una supuesta solución a los retos de la globalización. El análisis de estas propuestas es un ejercicio necesario, sin olvidar que la oficial
debe evaluarse en el contexto de su desempeño cotidiano. Cuatro aspectos permiten destacar las diferencias.
El primero se relaciona con el ámbito constitucional de las reformas. La propuesta PRD-UNT incluye temas ignorados por la iniciativa Lozano
, vinculados al sistema de justicia, la fijación de los salarios mínimos, como parte de la política económica, y la modernización de las relaciones de trabajo en el sector público. Sin modificación constitucional estos cambios no podrían ser abordados.
Un segundo tema se refiere a la fijación de las condiciones de trabajo para responder a las necesidades del mercado y la recuperación salarial. La propuesta Lozano facilita el despido libre, la contratación precaria y hace referencia a un conjunto de medidas de contenido más cosmético que real, puesto que ya están contenidas en la ley. Es el caso de las reglas en materia de promoción, ascenso, flexibilidad en las funciones de los puestos y productividad por capacitación. En este capítulo introduce dos aspectos muy lesivos para los trabajadores. La ocurrencia patronal consistente en hacerles pagar las consecuencias de la lentitud de los juicios laborales, limitando los salarios caídos a seis meses, en el supuesto de laudos dictados en su favor. No afronta el reto de disminuir el tiempo de los juicios, por el contrario, mantiene sus vicios y hace pagar el costo a la parte más débil. También incluye la contratación por horas, que aplicada como medida general tendría un impacto negativo en el modelo, habida cuenta de los bajos salarios que imperan en nuestro país.
La propuesta PRD-UNT parte de la premisa de que la ley sólo fija las garantías y reglas básicas del juego, en un entorno laboral diferenciado que requiere de un mínimo de diálogo y concertación para adecuar las condiciones de trabajo a un esquema de auténtica racionalidad productiva y de beneficios compartidos. No se limita a una visión parcial en favor de los trabajadores, entiende que el desarrollo productivo es una exigencia para lograr la viabilidad del país en su conjunto. Para ello, propone que el ajuste de jornadas, intensidades, adecuación con nuevas tecnologías, duración de la relación laboral, esquemas de remuneración, de capacitación y tercerización justificada, se ubiquen en el contexto complementario de la contratación colectiva, como sucede en los países altamente competitivos del mundo. Agrega una protección inexistente en la propuesta panista, el seguro de desempleo, regulado de manera realista con fondeo compartido y en el marco del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Un tercer tema se vincula a la democratización sindical y la contratación colectiva auténtica, instituciones íntimamente relacionadas. La propuesta PRD-UNT adquiere carácter estructural en la medida que enfrenta la problemática de control, simulación y corrupción vigentes. Coincide con la propuesta panista de incluir el voto secreto en los procesos sindicales, tanto de elección como de diferencias intergremiales; sin embargo, no comparte la estrategia de debilitamiento gremial y de la contratación colectiva por la vía de nuevos mecanismos de control básicamente de corte empresarial. La diferencia en materia de firma y titularidad de los contratos colectivos es clara. La propuesta PRD-UNT hace efectivas las garantías de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluyen libre tipología sindical, supresión de la toma de nota, autonomía en las formas de organización y radio de acción, condiciones necesarias para un fortalecimiento de la contratación colectiva, institución clave en cualquier modelo laboral sustentable y productivo; en esta línea, propone acuerdos por sector, rama de actividad y cadena productiva, apoyándose en experiencias exitosas a escala internacional.
La propuesta PRD-UNT sugiere crear un registro público de contratos colectivos y sindicatos que favorezca una real autonomía y el desarrollo de un sindicalismo decente, utilizando el término de la OIT, una especie de IFE pequeño. Ambas coinciden en la eliminación de la cláusula de exclusión por separación, aunque la del PRD-UNT considera sancionar la intromisión patronal en la vida de los sindicatos.
Un cuarto aspecto hace referencia a la justicia laboral, reclamo consistente y generalizado en favor de una autoridad imparcial, calificada y eficaz que resuelva los conflictos en periodos cortos. La iniciativa Lozano
le da vuelta al tema y mantiene la estructura viciada de las juntas de Conciliación y Arbitraje, mientras el PRD-UNT retoma el reclamo de un sistema moderno de justicia, por conducto de jueces laborales en el ámbito del Poder Judicial.
Este primero de mayo es una oportunidad para que la población exprese su posición frente a la reforma laboral que necesitamos. Marchemos juntos.
Se perdió en México 20% del poder adquisitivo en 2009: BM y FMI
Es la mayor caída en América Latina y la séptima entre naciones de desarrollo similar
El impacto de la crisis en el mercado laboral fue severo y afectó más la calidad de los empleos
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens (centro), saluda al presidente del banco de la Reserva Federal, Ben Bernanke (izquierda), y al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, durante la reunión de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ayer en WashingtonFoto Reuters
Roberto González Amador
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 24 de abril de 2010, p. 23
Sábado 24 de abril de 2010, p. 23
Washington, DC, 23 de abril. El ingreso promedio de los trabajadores mexicanos perdió una quinta parte de su valor en 2009, como consecuencia de la crisis económica. Se trata de la mayor caída en América Latina y la séptima más importante entre las naciones de desarrollo similar, indicó un reporte conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) dado a conocer hoy en esta ciudad.
La magnitud de la caída en el poder de compra de los trabajadores mexicanos ocurrió mientras el estrato de población del país que se ubica en la punta de la pirámide del ingreso aumentó su participación en la renta nacional, según datos divulgados esta semana por el BM.
El impacto de la crisis de 2009 en el mercado laboral fue severo
, indicó el reporte, al referirse a la situación específica de 41 países de desarrollo medio, entre ellos México. El número de empleos y la tasa de ocupación fueron negativamente afectados, aunque el daño fue mayor en la calidad de los empleos y el ingreso
de los trabajadores, indicó el informe.
Aumenta concentración
En México, el monto de salarios pagados se redujo en 20 por ciento, una quinta parte, en 2009, respecto del nivel previo a la crisis. La mayor caída entre los países de desarrollo medio, según las clasificaciones del Banco Mundial, ocurrió en Letonia, con 25 por ciento. Siguieron: Ucrania, Lituania, Federación Rusa, Sri Lanka y Serbia, en un rango de 24 a 22 por ciento.
Comparado con naciones de ingreso medio en América Latina, la pérdida de ingreso de los trabajadores mexicanos fue la más pronunciada en 2009. En todos los casos incluidos en el grupo de 41 países la merma fue menor a 10 por ciento: Venezuela, Colombia, Perú, Brasil y Chile. Del total de naciones consideradas en ese conjunto, sólo en tres casos ocurrió un aumento de la nómina pagada: las áreas urbanas de China, Argentina y la República de Macedonia.
Esta semana, el Banco Mundial reveló que la concentración del ingreso en México aumentó en los últimos cuatro años. La décima parte de los mexicanos en la punta de la pirámide de la riqueza concentró ingresos por el equivalente a 439 mil 597.2 millones de dólares, 41.3 por ciento del ingreso total nacional. Cuatro años antes, la participación de este grupo en el ingreso nacional fue de 35.4 por ciento.
La décima parte de los mexicanos más pobres participó con 1.2 por ciento del ingreso total, una disminución respecto del 1.5 por ciento que tuvo cuatro años antes, de acuerdo con los datos del organismo.
Los datos sobre la evolución del mercado laboral en 41 países de desarrollo medio están incluidos en un reporte más amplio sobre las consecuencias de la crisis económica en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), conjunto de metas planteadas al inicio de este siglo y que buscan de manera general reducir la pobreza en el mundo en 2015 a la mitad de los niveles existentes en 1990.
La crisis económica mundial generó una desaceleración en el ritmo de la reducción de la pobreza en los países en desarrollo y afecta el progreso en relación con el cumplimiento de los demás ODM
, según el Informe sobre seguimiento mundial 2010: los ODM después de la crisis, elaborado de manera conjunta por el FMI y el BM.
El Banco Mundial calculó el miércoles pasado que 10 millones de latinoamericanos cayeron en pobreza en 2009. Según el gobierno mexicano, el año pasado el número de pobres en ese país aumentó en 5 millones.
La crisis ha generado un gran sufrimiento para millones de personas en el mundo
, dijo hoy Murilo Portugal, subdirector gerente del FMI, en la presentación del reporte.
Como consecuencia de la crisis, en 2015 –el plazo fijado para el cumplimiento de los ODM– habrá 53 millones de personas en condiciones de extrema pobreza más de las que habría de no producirse la crisis, indica el reporte. Sin embargo, el informe estima que la cantidad de personas en extrema pobreza llegará en ese año a 920 millones, prácticamente la mitad de los mil 800 millones que vivían en esa condición en 1990.
Así, la meta de reducir a la mitad la pobreza en el mundo estaría en vía de ser cumplida, pero no así otras establecida en la misma Declaración del Milenio. Es muy poco probable
, indica el reporte, que se cumpla el ODM fundamental
de reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas que sufren hambre, dado que actualmente más de mil millones de seres humanos siguen teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades humanas
.
Otra meta de difícil cumplimiento es la desnutrición entre niños y mujeres embarazadas. Según el Banco Mundial de 2009 a 2015 habrá 1.2 millones de muertes adicionales de niños menores de cinco años por causas relacionadas con la crisis.
Crímenes de lesa humanidad jamás prescriben
Mariachis para Carlos Monsiváis con música de Sabina
"Fue entre pinos sin mar, una tarde antes de un concierto/ tú reinabas detrás de una pila de 22 mil 700 muertos/ cántame una canción al oído y te pongo un tequila/ con una condición/ que el señor Gómez Mont salga y diga que no soy indigno [...] Y nos dieron las dos y las tres y las cuatro y las cinco y las seis/ y borrachos al atardecer nos cayó García Luna..."
Crímenes que no prescriben
En su discurso del viernes antepasado (16 de abril) ante empresarios del turismo, Felipe Calderón reconoció que de cada 100 víctimas de su
guerra contra
el narcotráfico, seis eran civiles inocentes
, cuatro soldados o policías
y 90 delincuentes que se mataron entre sí. Según cifras actualizadas al día que se reunió con Joaquín Sabina en Los Pinos (19 de abril), el total de vidas arrasadas por la violencia ligada a la droga en los pasados 40 meses ascendía ya a 22 mil 700.
Como se desprende de la arenga calderónica, de diciembre de 2006 a abril de 2010, en este contexto habrían dejado de existir mil 362 civiles inocentes, 908 soldados o policías y 20 mil 430 civiles no inocentes. "Más de 90 por ciento de esos homicidios obedecen a la lucha de unos cárteles contra otros, es decir, no son ni siquiera acciones (?), ha habido muchos soldados, muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje que no llega, por ejemplo, a 5 por ciento de esas muertes", dijo.
¿Qué significa no son siquiera acciones
? ¿Que ninguno de los 20 mil 430 supuestos criminales caídos murió bajo las balas de policías o soldados? ¿Se mataron solitos entre sí? Pero, añadió Calderón, son muchos menos todavía (los) civiles atrapados en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes
.
Traducción: ninguno de los mil 362 civiles inocentes
fue asesinado por las fuerzas armadas. Una vez más, Calderón no sólo miente, sino que pretende borrar de la memoria colectiva las muertes de niños, jóvenes y adultos inermes, perpetradas por soldados y marinos, por ejemplo, en Ahuatepec y Cuernavaca, Morelos (diciembre de 2009), Ciudad Juárez (enero), Monterrey y Nuevo Laredo (marzo), por no hablar de los ilegales allanamientos y saqueos de moradas, documentados, en Yucatán y Michoacán, también en marzo.
Pese a los testimonios de la familia tamaulipeca que fue acribillada con sus bebés el 20 de marzo al cruzar ante un retén cerca de Nuevo Laredo; pese a las protestas de la alta sociedad de Monterrey, que reaccionó con ira ante el asesinato de dos estudiantes del Tec, a quienes los soldados disfrazaron de sicarios
el propio 20 de marzo, tal como habían hecho 17 días antes con un joven matrimonio en Anáhuac, Nuevo León; pese a los secuestros con fines de extorsión protagonizados por militares en Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, etcétera, Calderón niega la realidad y, peor aún, la justicia, siguiendo el modelo que impuso al inicio de su embozada dictadura, tras el homicidio de Ernestina Ascencio en Zongolica, Veracruz, donde por sus pistolas decretó que el deceso lo había causado una gastritis
.
Embelesado por la música de Sabina, Calderón muestra una absoluta indiferencia ante el más reciente informe de la CNDH, que registró de 2007 hasta marzo de 2010 un aumento de 500 por ciento en las quejas referidas a violaciones de garantías individuales cometidas por soldados y marinos. Sin embargo, quienes por estricta obediencia a su comandante supremo han salido a las calles con sus tropas –no a disuadir
, tarea que le corresponde a la policía, sino a atacar
, tal como explicaron algunos generales desde el anonimato a este diario hace unos días–, están preocupados por lo que les reserva el destino.
Enviados a una guerra imposible de ganar contra el crimen organizado, los militares exigen que el Poder Legislativo les extienda un permiso oficial para entrar sin mandato de juez en casas particulares y arrestar a sospechos para interrogarlos. ¿Por qué quieren un permiso para hacer lo que de todas maneras están haciendo por órdenes de Calderón? Para defenderse cuando sean juzgados por ello en el futuro.
Anteayer, jueves, todavía ahíto por el recuerdo de las cosas tan bonitas
, que según Tania Libertad se dijeron Calderón y Sabina el lunes, el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió al Senado a pedir a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública que no discutan, de aquí a septiembre, el tema del fuero militar, que pretenden reformar mediante la Ley de Seguridad Nacional. En el dictamen que de todos modos aprobaron ese mismo día, los legisladores anticiparon que los soldados y marinos que cometan delitos sexuales, torturas y desapariciones forzadas serán juzgados por tribunales civiles.
Tal vez Sabina no sepa que hasta hoy, ningún soldado o marino ha sido presentado a la opinión pública como responsable de crimen alguno contra la población civil. ¿Por qué? Porque eso lo juzgan tribunales militares, cuyas sentencias escapan al escrutinio ciudadano. Pero, ¿por qué Gómez Mont pidió una prórroga de cuatro meses al Senado? Porque el Ejército está discutiendo, dijo, su propio proyecto de reforma sobre el fuero militar, que satisfaga las exigencias democráticas
.
Fuentes legislativas consultadas al respecto revelaron a esta columna que, entre otras cosas, los militares demandan que la Ley de Seguridad Nacional les conceda facultades para autorizar la celebración de fiestas particulares, supuestamente para ejercer mayor control sobre el crimen organizado, tan afecto a las parrandas con mariachis y tequila.
Veintiséis años después del retorno a la democracia, Argentina continúa juzgando y castigando a políticos, jueces, sacerdotes, policías, marinos y soldados que durante la dictadura militar (1976-1984) asesinaron y desaparecieron a más de 30 mil personas. Sus pares mexicanos, que hoy obedecen las espantosas instrucciones que les dictan desde Los Pinos, se sienten tranquilos de momento. Si el Senado aprueba la abolición del fuero militar, la Cámara de Diputados deberá ratificarla, lo que está por verse, pues para eso sirven los fieles a Peña Nieto. Pero si aún así, la Ley de Seguridad Nacional queda lista para ser promulgada, manteniendo la supresión del fuero militar, Calderón podrá vetarla, negándose a publicarla en el Diario Oficial.
Hay una nueva guerra sucia en México y quienes participan en ella lo hacen por disciplina, pero a la larga tendrán que responder ante la justicia. Cuando el estado de derecho se restablezca en el país, quienes hoy disparan por órdenes superiores contra el pueblo tendrán que rendir cuentas, porque los crímenes de lesa humanidad jamás prescriben. Por el bien de todos, y de ellos mismos, soldados y marinos deben regresar a sus cuarteles a la mayor brevedad.
Con un abrazo grande para José Emilio Pacheco, desde ayer premio Nobel de las letras hispánicas, Desfiladero dedica la música de los versos que abren esta página a su entrañable amigo Carlos Monsiváis, a quien exhorta a salir ya de ese hospital, entre otras cosas, para llevar a cabo una misión que sólo él puede realizar con éxito: decirle a Sabina que, si en verdad le importa y desea reconciliarse con millones de mexicanos que aman su poesía tanto como repudian a Calderón, cuando regrese a Madrid organice un concierto en solidaridad con México, hoy sometido a una dictadura neofranquista cada día más sanguinaria.
Televisa vs. onésimo cepeda por líos de lavado de dinero...
Finísimas personas vs. finísimas personas
Denuncia contra Onésimo Cepeda por lavado de dinero; prestó 130 Millones de Dólares en efectivo
Rodrigo Vera
Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec
Fuente: Revista Proceso
Denuncia contra Onésimo Cepeda por lavado de dinero; prestó 130 Millones de Dólares en efectivo
Rodrigo Vera
Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec
MÉXICO, D.F., 23 de abril (apro).- El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, será denunciado el próximo lunes 26 ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el presunto delito de manejo "recursos de procedencia ilícita" provenientes del narcotráfico.
El obispo asegura que en abril de 2003 le prestó 130 millones de dólares en efectivo a la señora Olga Azcárraga, quien falleció en noviembre de ese año sin haberle pagado esa deuda.
Para esto, Onésimo ha estado reclamando su dinero a la familia Azcárraga, propietaria de la empresa Televisa. Como prueba, el obispo presenta un pagaré por esa cantidad que supuestamente le firmó la señora Olga Azcárraga.
El licenciado Xavier Olea Peláez, abogado de la familia Azcárraga, presentará la denuncia ante la PGR, en la cual exige que se investigue de dónde sacó el obispo esos 130 millones de dólares que, según él, le entregó en efectivo a la ya fallecida señora Azcárraga.
"El próximo lunes, ante la PGR, demandaré al obispo por presunto lavado de dinero, por manejar recursos que posiblemente son de procedencia ilícita, pues tiene que justificar de dónde sacó los 130 millones de dólares, de dónde provienen. Es una cantidad exorbitante", afirmó el abogado.
--¿Es posible que sean recursos del narcotráfico?
--Es posible. Tenemos esa hipótesis. Y ya la PGR remitirá el caso a la fiscalía correspondiente, podría canalizarlo a la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada).
Ya anteriormente, en octubre de 2008, el abogado Olea denunció a Onésimo Cepeda ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PJDF) por presunto "fraude procesal", ya que otra de sus hipótesis es que el obispo más bien falsificó el pagaré con la firma de la señora Olga, con el único fin de que la poderosa familia Azcárraga le entregara esos 130 millones de dólares.
En esa ocasión, entrevistado por la revista Proceso (número 1677), el abogado señaló que resulta extraño que Onésimo haya entregado en efectivo una cantidad tan grande de dinero: "Tuvo que entregar un gran volumen de pacas de billetes de dólares, que no hubiera cabido en este despacho", dijo entonces.
El único antecedente similar en México, agregó, es el del presunto narcotraficante chino Zhenli Ye Gon, a quien se le encontraron 207 millones de dólares en efectivo y que atiborraban muros, armarios y maletas. Fue el mayor decomiso en efectivo en la historia mundial de las operaciones contra el narcotráfico.
El controvertido obispo de Ecatepec quiere que, ahora, la familia Azcárraga le pague ese supuesto préstamo con las obras de arte que la señora Olga coleccionó a lo largo de su vida. La rica dama adquirió obras de los más cotizados pintores extranjeros: Francisco de Goya, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Oskar Kokoschka…
Tampoco faltan en su colección cuadros de renombrados pintores mexicanos, como Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y Francisco Goitia.
Esta valiosa colección pictórica actualmente es administrada por la empresa Arthina Internacional, que la señora Olga constituyó en 1976.
Olga Azcárraga era hermana de Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula, que abarca Radio Fórmula y Tele Fórmula. Y fue tía del actual presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. Su esposo era Ernesto Robles León, director de la empresa Bacardí durante muchos años.
Onésimo Cepeda fue el confesor y el guía espiritual de la señora Olga en los últimos años de su vida. Ya la PGR comprobará si efectivamente le prestó esos 130 millones de dólares, y de dónde sacó el obispo esa cantidad de dinero.
Por lo pronto, ante la próxima denuncia, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se deslinda del caso.
"El Episcopado no puede inmiscuirse en ese asunto, es totalmente ajeno a él. Es un asunto personal del obispo Onésimo Cepeda. Él tendrá que demostrar sus aseveraciones ante las autoridades civiles", dijo el sacerdote Manuel Corral, vocero de la CEM.
Canasta básica se incrementó en un 67% en su costo en los últimos dos años. ...
Los estudios en materia económica realizados por especialistas de diferentes universidades del país sostienen que en México la canasta básica se incrementó en un 67% en su costo en los últimos dos años. ...
Todos hemos escuchado de ella, pero no siempre llegamos a conocer del todo sus componentes.
La primera canasta básica del mundo la elaboró en 1902 el químico inglés Seebohm Rowntree. Sin embargo, su conjunto de productos se limitaba a necesidades físicas, por lo que sólo se incluían alimentos.
Años después, otros investigadores diseñaron canastas en donde se incluían aspectos de esparcimiento, cultura y educación, entre otros.
Y es que ya no se preguntaba sobre qué bienes y servicios se requieren para que una persona esté saludable, sino sobre qué se requiere para que desarrolle sus capacidades como ser humano.
Actualmente, las canastas consideran tanto los gastos en alimentos como los de vivienda, vestido, mobiliario, equipamiento, educación, transporte y diversos conceptos adicionales.
En lo que respecta a México, se toman en cuenta familia promedio, ingresos, así como encuestas para determinar el contenido final.
La canasta mexicana
Según define la Procuraduría Federal del Consumidor, la canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia satisfaga sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso.
Diversas instituciones, privadas y públicas, elaboran sus propias canastas básicas de acuerdo con objetivos específicos, explica la dependencia.
Entre las canastas básicas más conocidas está la que utiliza el Banco de México, la cual mide la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
La canasta se obtiene a partir de la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) emitida por el INEGI. Dicha encuesta proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.
Con esta base el Banco de México selecciona algunos productos y servicios y los integra en una canasta básica y calcula el peso de cada uno en la construcción del INPC, a esto se le conoce como ponderación.
Por ejemplo, si tomamos dos productos incluidos en la canasta básica del Banco de México: jitomate (ponderación 0.50) y sal (ponderación 0.05), el primero afectará más el comportamiento del INPC, debido a que tiene mayor incidencia en el presupuesto familiar (mayor ponderación) que la sal.
La canasta básica del Banco de México está compuesta por 80 bienes y servicios agrupados en las siguientes categorías:
alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento, así como otros servicios.
Según detalla la Procuraduría del Consumidor, la canasta básica tiende a actualizarse, a través de cambios en su ponderación o en la aparición o desaparición de algunos de sus componentes, debido a cambios tecnológicos, aparición de bienes y servicios, mejora en sus atributos físicos, o bien a la evolución del ingreso familiar y los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores.
Por ejemplo, en el 2006 aparecieron productos nuevos como computadoras personales y agua embotellada, entre otros y desapareció el servicio de ferrocarril de pasajeros.
A continuación, la lista de productos y servicios en la canasta básica del Banco de México
ARTÍCULOS QUE FORMAN LA CANASTA BÁSICA
CEREALES.
• GALLETAS MARIA GAMESA. KG.
• HARINA DE MAÍZ MINSA. KG.
• HARINA DE TRIGO 3 ESTRELLAS. KG.
• PAN DULCE. PIEZA
• PAN DE CAJA (680 GRS.) BIMBO. PAQUETE
• TORTILLAS DE MAÍZ (DEL SUPER). KG.
GRANOS Y SEMILLAS.
• ARROZ MORELOS. KG.
• FRIJOL NEGRO VERACRUZ. KG. LENTEJA ABETO. KG.
HORTOFRUTICOLAS.
• GUAYABA. KG.
• LIMÓN CON SEMILLA. KG
• MANZANA. KG.
• NARANJA. KG.
• PAPAYA. KG
• PLATANO CHIAPAS. KG. TORONJA. KG.
• AGUACATE HASS. KG. .
• AJO. KG.
• CALABACITA. KG. CEBOLLA. KG.
• COL. KG
• CHAYOTE. KGCHICHARO. KG. CHILE POBLANO. KG.
• CHILE SERRANO. KG.
• EJOTE. KG.
• ESPINACA. KG.
• LECHUGA (OREJONA). KG. NOPAL. KG.
• PAPA ALPHA. KG. PEPINO. KG
• JITOMATE. KG.
• TOMATE VERDE. KG.
• ZANAHORIA. KG.
CARNICOS.
• AVES (POLLO ENTERO). KG.
• CARNE DE CERDO. KG.
• CARNE DE RES. KG. CARNES PROCESADAS
• SALCHICHAS FUD.KG.
• JAMÓN FUD. KG.
• CHORIZO FUD. KG.
• PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS(MOJARRA TILAPIA).
• VISCERAS DE RES. HIGADO.
ABARROTES.
• ACEITE 1-2-3. LITRO ALIMENTO PARA BEBE. GERBER
• SOPA CON VEGETALES Y CARNE DE RES
• FRASCO
• ATÚN CALMEX (174 GRS).
• AZÚCAR. KG.
• CAFÉ SOLUBLE NESCAFE (100 GRS). FRASCO
• CAFÉ DE GRANO INTERNACIONAL. KGCANELA (100 GRS.). BOLSA
• CONCENTRADO DE POLLO. KNOR
• SUIZA (450 GRS).
• FRASCO
• CHILES JALAPEÑOS EN LATA LA
• COSTEÑA (220 GRS).
• LATA
• CHOCOLATE EN BARRA IBARRA (360 GRS). CAJA
• CHOCOLATE EN POLVO CHOCO
• CHOCO (800 GRS). BOLSA
• DULCES Y POSTRES (GELATINA)
• D'GARI (140 GRS). BOLSA
• HUEVO BACHOCO ROJO (18 PIEZAS). CAJA
• LECHE CONDENSADA NESTLE (397 GRS). LATA
• LECHE EN POLVO NIDO (360 GRS).
• LECHE EVAPORADA CARNATION
• CLAVEL (470 GRS). LATA
• LECHE PASTEURIZADA LALA. LITRO
• MANTEQUILLA CHIPILO (90 GRS). BARRA
• MAYONESA MC. CORMICK (360 GRS). FRASCO
• MOSTAZA MC. CORMICK (260 GRS). FRASCO
• PASTA PARA SOPAS LA MODERNA (200 GRS). BOLSA
• PIMIENTA (0.75 GRS). FRASCO 22.50 26.20 16.44
• PURE DE TOMATE LA COSTEÑA (800 GRS). LATA
• QUESO FRESCO PANELA (VOLCANES).KG
• SAL REFINADA POLAR. KG
• SARDINA CALMEX (425 GRS).
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y LA LIMPIEZA.
• BLANQUEADOR CLORALEX (950 ML.). LITRO
• CERILLOS (10 CAJAS). PAQUETE
• DESODORANTE OBAO (65 ML). FRASCO
• DETERGENTE LAVATRASTES SALVO. KG. DETERGENTE ROMA (ROPA). KG.
• ESCOBAS. PIEZA
• FOCOS 60 WATTS. PIEZA
• INSECTICIDA H-24 (309 ML). BOTE
• JABÓN DE BARRA ZOTE (400 GRS). PIEZA
• JABÓN DE TOCADOR PALMOLIVE (90 GRS.) PIEZA
• NAVAJAS Y RASTRILLOS PARA AFEITAR. (PRESTO BARBA). 2 PIEZAS
• PAÑALES DESECHABLES. KLEEN BEBE SUAVELASTIC (16 PIEZAS). PAQUETE
• PAPEL SANITARIO REGIO (6 ROLLOS). PAQUETE
• PASTA DENTAL CREST (150 ML). TUBO
• PILAS DURACELL (4 PIEZAS). PAQUETE SERVILLETAS DELSEY (250 HOJAS). PAQUETE
• SHAMPOO VANART (900 ML). FRASCO
• TOALLAS SANITARIAS KOTEX(16 PIEZAS).PAQUETE
abril 19, 2010
Noticias MVS con Carmen Aristegui
Audio sin comerciales de hoy 19 de abril de 2010 (8:00 a 10:00 am).
Fuente: Noticias MVS
Disusión: AMLOTV
Fuente: Noticias MVS
Disusión: AMLOTV
Tepito vende bases de datos oficiales
Por 12 mil dólares dan información a 2009 que recaban los gobiernos; la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos 
EN OFERTA. Los delincuentes del barrio bravo cuentan con una enorme gama de productos, incluso con el registro total de la población carcelaria del país, que contiene fichas signalécticas y los álbumes de policías también con fotografía (Foto: María de la Luz González )
María de la Luz González
El Universal
Lunes 19 de abril de 2010
luz.gonzalez@eluniversal.com.mx
Bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta en 12 mil dólares en el barrio de Tepito.
EL UNIVERSAL comprobó que en tres memorias externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros “productos”.
La información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que en sus corporaciones no tienen esa disponibilidad de datos.
Un agente que tiene los datos en su poder explicó: “Cuando le comentamos al jefe de grupo que se estaba vendiendo, nos cooperarnos para comprarla, cada uno de nosotros puso 10 mil pesos, porque la verdad agiliza el trabajo”.
Mencionó que uno de los archivos, denominado “Casetas Telmex”, con los números de todos los teléfonos públicos del país, les permite rastrear llamadas relacionadas con secuestros o extorsiones, un trámite que les tomaría unos cinco días, si lo hacen ante la compañía.
Otro archivo incluye datos de las policías del país, con fotografía de sus elementos, número de placa y el lugar donde están adscritos.
El agente consultado advirtió del riesgo de esta última información: “Los delincuentes ya saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón [electoral], obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos”.
La información que se adquiere contiene también la identificación de todo el parque vehicular del Servicio Federal, donde está incluido el transporte de carga. Ahí se detallan marca, modelo, placas y tipo de carga que transportan, desde electrodomésticos y abarrotes hasta material explosivo y las rutas.
Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Autónoma Metropolitana reconocieron que las bases de datos almacenadas por el gobierno no son 100% confiables debido a la falta de control, que las hace vulnerables a robos y fugas de información.
EN OFERTA. Los delincuentes del barrio bravo cuentan con una enorme gama de productos, incluso con el registro total de la población carcelaria del país, que contiene fichas signalécticas y los álbumes de policías también con fotografía (Foto: María de la Luz González )
María de la Luz González
El Universal
Lunes 19 de abril de 2010
luz.gonzalez@eluniversal.com.mx
Bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta en 12 mil dólares en el barrio de Tepito.
EL UNIVERSAL comprobó que en tres memorias externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros “productos”.
La información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que en sus corporaciones no tienen esa disponibilidad de datos.
Un agente que tiene los datos en su poder explicó: “Cuando le comentamos al jefe de grupo que se estaba vendiendo, nos cooperarnos para comprarla, cada uno de nosotros puso 10 mil pesos, porque la verdad agiliza el trabajo”.
Mencionó que uno de los archivos, denominado “Casetas Telmex”, con los números de todos los teléfonos públicos del país, les permite rastrear llamadas relacionadas con secuestros o extorsiones, un trámite que les tomaría unos cinco días, si lo hacen ante la compañía.
Otro archivo incluye datos de las policías del país, con fotografía de sus elementos, número de placa y el lugar donde están adscritos.
El agente consultado advirtió del riesgo de esta última información: “Los delincuentes ya saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón [electoral], obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos”.
La información que se adquiere contiene también la identificación de todo el parque vehicular del Servicio Federal, donde está incluido el transporte de carga. Ahí se detallan marca, modelo, placas y tipo de carga que transportan, desde electrodomésticos y abarrotes hasta material explosivo y las rutas.
Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Autónoma Metropolitana reconocieron que las bases de datos almacenadas por el gobierno no son 100% confiables debido a la falta de control, que las hace vulnerables a robos y fugas de información.
Las niñas madres
Lydia Cacho
Plan B
El universal/19 de abril de 2010
Son 16 niñas entre los 9 y los 14 años que esperan tener a su bebé para volver a la escuela y dejar atrás la pesadilla. Todas son de familias pobres de Quintana Roo y tienen en común que el bebé que llevan en su vientre es producto de una violación de su padrastro, tío, abuelo, hermano, o maestro. En todo el país se registran miles de casos de niñas madres como éstas. En Quintana Roo en 2009 hubo 881 casos de niñas embarazadas por violación ¿Y en el resto del país?
¿Qué pasa con ellas y esos bebés luego del escándalo?
En un escenario ideal el Ministerio Público explicaría que la ley le permite tomar de inmediato un tratamiento para prevenir un embarazo potencialmente peligroso, pero no lo hace. El DIF debería dar terapia a la familia, no lo hace. No debe separar a las menores de su madre (a menos que sea cómplice) y siempre lo hace. La ley dice que si una niña queda embarazada por violación solamente la madre, padre o tutor puede decidir si el embarazo se procura o se interrumpe. Lo cierto es que a las niñas no se les explica lo que significará ser madre, ni que en caso de tener al producto pueden darlo en adopción legal, o que podrá conservarlo siempre y cuando haya adultos capaces de cubrir sus necesidades mínimas. Tampoco se le dice que puede interrumpirlo y seguir con su infancia, simplemente se les impone la maternidad, y como consecuencia las niñas se niegan a proseguir con el juicio. Les han convencido de tener un bebé de su violador y ellas piensan que si su padrastro es el papá ella no lo quiere en la cárcel. La mayoría de pequeñas se sienten confundidas, responsables de la violación y consideran el embarazo un castigo merecido. Se les trata como fábricas de bebés y como tales actúan al salir del DIF. Con los millones de adultos incapaces de ejercer una maternidad o paternidad responsable ¿quién puede culpar a una niña de odiar a su bebé? de tirarlo al excusado o al pozo cuando nadie la ve, de maltratarlo o huir de casa y quedar expuesta a mayores peligros. Si ella estaba desnutrida, no iba a la escuela y fue abusada por su padrastro ¿por qué la autoridad cree que las cosas serán diferentes para el nuevo bebé?
La organización Mundial de la Salud ha dicho que los embarazos más peligrosos son los de menores de 15 años. Las razones van desde el tamaño de la cadera hasta la desnutrición y la falta de habilidades cognitivo conductuales. Sea cual sea la decisión, se debe recordar que las niñas fueron víctimas de un abuso y se debe dar seguimiento terapéutico para la depresión y estrés postraumático. Porque no se les protege a largo plazo la mayoría de niñas madres dejan la escuela, huyen del hogar antes de cumplir 16 años y abandonan a sus bebés que a veces se quedan en manos del violador. Resulta inobjetable que en el marco de la salud y los derechos humanos se deben anteponer el bienestar y futuro de las víctimas. Toda la sociedad puede exigir y participar en la protección de estas niñas y de esos bebés no deseados. Lo que no podemos es abandonarles luego de debatir sus casos.
Plan B
El universal/19 de abril de 2010
Son 16 niñas entre los 9 y los 14 años que esperan tener a su bebé para volver a la escuela y dejar atrás la pesadilla. Todas son de familias pobres de Quintana Roo y tienen en común que el bebé que llevan en su vientre es producto de una violación de su padrastro, tío, abuelo, hermano, o maestro. En todo el país se registran miles de casos de niñas madres como éstas. En Quintana Roo en 2009 hubo 881 casos de niñas embarazadas por violación ¿Y en el resto del país?
¿Qué pasa con ellas y esos bebés luego del escándalo?
En un escenario ideal el Ministerio Público explicaría que la ley le permite tomar de inmediato un tratamiento para prevenir un embarazo potencialmente peligroso, pero no lo hace. El DIF debería dar terapia a la familia, no lo hace. No debe separar a las menores de su madre (a menos que sea cómplice) y siempre lo hace. La ley dice que si una niña queda embarazada por violación solamente la madre, padre o tutor puede decidir si el embarazo se procura o se interrumpe. Lo cierto es que a las niñas no se les explica lo que significará ser madre, ni que en caso de tener al producto pueden darlo en adopción legal, o que podrá conservarlo siempre y cuando haya adultos capaces de cubrir sus necesidades mínimas. Tampoco se le dice que puede interrumpirlo y seguir con su infancia, simplemente se les impone la maternidad, y como consecuencia las niñas se niegan a proseguir con el juicio. Les han convencido de tener un bebé de su violador y ellas piensan que si su padrastro es el papá ella no lo quiere en la cárcel. La mayoría de pequeñas se sienten confundidas, responsables de la violación y consideran el embarazo un castigo merecido. Se les trata como fábricas de bebés y como tales actúan al salir del DIF. Con los millones de adultos incapaces de ejercer una maternidad o paternidad responsable ¿quién puede culpar a una niña de odiar a su bebé? de tirarlo al excusado o al pozo cuando nadie la ve, de maltratarlo o huir de casa y quedar expuesta a mayores peligros. Si ella estaba desnutrida, no iba a la escuela y fue abusada por su padrastro ¿por qué la autoridad cree que las cosas serán diferentes para el nuevo bebé?
La organización Mundial de la Salud ha dicho que los embarazos más peligrosos son los de menores de 15 años. Las razones van desde el tamaño de la cadera hasta la desnutrición y la falta de habilidades cognitivo conductuales. Sea cual sea la decisión, se debe recordar que las niñas fueron víctimas de un abuso y se debe dar seguimiento terapéutico para la depresión y estrés postraumático. Porque no se les protege a largo plazo la mayoría de niñas madres dejan la escuela, huyen del hogar antes de cumplir 16 años y abandonan a sus bebés que a veces se quedan en manos del violador. Resulta inobjetable que en el marco de la salud y los derechos humanos se deben anteponer el bienestar y futuro de las víctimas. Toda la sociedad puede exigir y participar en la protección de estas niñas y de esos bebés no deseados. Lo que no podemos es abandonarles luego de debatir sus casos.
abril 16, 2010
Reunión secreta de los titulares de Defensa y Marina con altos mandos del Pentágono
WASHINGTON, 15 de abril (apro).- Bajo el más estricto hermetismo por parte de las autoridades militares y civiles de México, el secretario de Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, y el secretario de Marina (Semar), Mariano Francisco Saynez Mendoza, realizaron una visita al Pentágono, para abordar con los mandos militares estadunidenses el tema de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, entre otros asuntos.
"El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Mike Mullen, se reunió hoy en el Pentágono con el secretario de la Defensa Nacional de México, general Guillermo Galván Galván; el secretario de la Marina mexicana, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, y con el Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Freddy Padilla de Leon", informó, en un comunicado de 4 párrafos, la oficina de prensa de Mullen.
Como ya es común en los viajes secretos a Washington de los titulares de la Sedema y la Semar, las autoridades mexicanas mantuvieron en el más estricto secreto la presencia en esta ciudad de los mandos militares mexicanos.
"Durante el largo curso de la sesión de todo el día, los cuatro lideres hablaron de una amplia rama de retos de seguridad mutua, incluyendo los esfuerzos para combatir al crimen transnacional de las drogas y sus asociaciones con la violencia", subraya el comunicado.
En Washington aumentan las voces en el Congreso federal de Estados Unidos que piden al presidente Barack Obama enviar a la Guardia Nacional a vigilar la frontera sur, para evitar un contagio de la narcoviolencia ante la falta de éxitos de la lucha militarizada contra los carteles de la droga que emprendió hace tres años el presidente Felipe Calderón.
Al mismo tiempo, aumentan las denuncias, en el sentido de que el Ejercito mexicano comete graves violaciones a los derechos humanos bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, argumento que también sustentó este año el Departamento de Estado en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el Mundo durante 2009 y que dio a conocer en marzo pasado.
Esta fue la primera ocasión en que líderes militares de estos tres países (Estados Unidos, México y Colombia) se reúnen en Washington para hablar de los retos comunes. El almirante Mullen destacó "la utilidad y candor de las conversaciones", informó la oficina del Estado Mayor Conjunto, aunque no dio a conocer ningún detalle de los temas abordados ni de acuerdos.
Como parte de la llamada Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos ofrece a México asistencia militar en materia de inteligencia, además de que especialistas del Pentágono entrenan a grupos especiales del Ejercito y la Marina mexicana para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
También, bajo la Iniciativa Mérida, está pendiente la entrega a las autoridades militares mexicanas por parte del Pentágono, de equipo militar, como helicópteros y aviones Casa, que son la parte esencial de la cooperación bilateral antidrogas.
"Todos tenemos algo que aprender de cada uno, y creo que el hecho de haber compartido nuestra experiencia positiva en los últimos años, tanto con el Ejercito mexicano como con las fuerzas de Colombia, nos ha instruido sobre como afrontar la amenaza regional que representa el crimen relacionado con las drogas", señaló el almirante Mullen.
Subejercicio de la SSP por 3,440 MDP en 2008: ASF
MEXICO, D.F., 15 de abril (apro).- El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal afirmó que durante la cuenta pública de 2008 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incurrió en un subejercicio de 3,440 millones de pesos, el 43% de los ocho mil millones que la Cámara de Diputados le presupuestó para ese año.
Durante la cuarta mesa de análisis sobre el manejo de los gastos en la cuenta pública de 2008, Portal reveló que el subejercicio ocurrió en el llamado Fondo de Seguridad Pública, parte del dinero que la SSP distribuye a los estados para el combate a la inseguridad.
Además, dijo, se detectaron irregularidades en la adquisición y uso de equipamiento y vehículos de las corporaciones policíacas del país.
Igualmente, señaló, se detectó que en la antigua Policía Federal Preventiva no se establecieron lineamientos internos para la adquisición de armamento y municiones, y se compraron camionetas y unidades médicas móviles que no se destinaron para lo que fueron adquiridas.
El auditor no detalló en qué estados se incurrió en un menor gasto.
Con esta cuarta mesa de análisis, la Cámara de Diputados y el auditor Superior de la Federación concluyeron las reuniones de trabajo.
Ahora, el gobierno federal cuenta con 40 días hábiles, a partir de esta fecha, para rectificar o justificar los subejercicios y opacidad en el manejo de diversos fondos que se pudieron detectar en el segundo año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Desenmascara el IFAI a Relaciones Exteriores
MÉXICO, D.F., 15 de abril (apro).- Justo en momentos en que se recrudecieron los combates entre las fuerzas armadas y el narcotráfico, que a su paso dejaron una estela de civiles muertos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desmontó una maniobra ilegal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante la cual pretendía reservar durante 12 años el informe que el Subcomité de Protección contra la Tortura de la ONU entregó a México desde 2008.
La sesión plenaria del IFAI, celebrada el pasado 17 de marzo, no fue como otras. Y es que tres de los cinco comisionados, Sigrid Artz, María Elena Pérez Jaén y Ángel Trinidad Zaldívar, manifestaron su indignación por el comportamiento de la Cancillería en momentos difíciles para el país por la presencia del Ejército en las calles. Pero ante todo se preguntaron qué es lo que realmente esconde el gobierno del presidente Felipe Calderón.
El informe de la ONU fue publicado en periódicos de la ciudad de México en espacios muy pequeños, pero la postura adoptada por el IFAI seguramente trascenderá en los próximos meses, ya que los propios comisionados exhortaron a la Cancillería a no utilizar más artimañas para retrasar la atención de solicitudes de acceso a la información, y solicitaron una reunión inmediata con la titular de la SRE, Patricia Espinosa.
"Este tipo de interpretaciones (para reservar el informe de la ONU) fueron hechas por un leguleyo, un discutidor que aplica el derecho sin rigor y con desenfado", acusó el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, autor del proyecto de resolución sobre el caso.
Entre el 28 de agosto y el 22 de septiembre de 2008, el Subcomité de Protección contra la Tortura estuvo en México de visita oficial. En su agenda de trabajo consta que visitaron prisiones en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, estado de México y el Distrito Federal.
Además, se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como con representantes de organizaciones no gubernamentales.
Los enviados de la ONU estuvieron en México cuando ya se habían cumplido dos años de guerra contra el narcotráfico. Cuando el presidente Felipe Calderón colocó en la primera línea de fuego a las fuerzas armadas.
Para ese entonces –septiembre del 2008–, el promedio de asesinatos y ejecuciones en diversos puntos del país era de 16 cada 24 horas, de acuerdo con una investigación de El Universal.
El 4 de septiembre de ese mismo año, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró ante la Cámara de Diputados que la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico, no sólo recurre a "acciones de alto impacto" como las decapitaciones y las narcomantas para aterrorizar o generar alarma social, sino que también cuenta con una base social que le da impunidad.
Meses después, en febrero de 2009, el Informe del Subcomité de Protección contra la Tortura fue entregado al gobierno de México. La ONU –de acuerdo con la normatividad internacional– le dio la categoría de confidencial; sin embargo, México –como cualquier otro país– tiene la facultad de hacerlo o no público, ya sea por decisión específica o en cumplimiento de sus leyes.
Alrededor de siete meses después, ante el silencio absoluto de la Cancillería respecto del informe, una de las organizaciones no gubernamentales involucrada en la defensa de las garantías individuales, Todos los Derechos para Todos, solicitó acceder al expediente.
La opacidad del gobierno mexicano era ya un hecho ante los ojos de las asociaciones que habían dialogado con la misión de la ONU.
En la petición, el representante de Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez Morales, refirió que el Subcomité de Prevención contra la Tortura elaboró un informe con "una serie de recomendaciones al gobierno mexicano".
A pesar de que el activista precisó incluso qué despacho debería tener ese expediente entre sus archivos, la Cancillería tardó 20 días hábiles para señalar que por el momento no era posible localizar el informe entregado por la ONU y, aprovechando las ventajas que le da la Ley Federal de Transparencia, solicitó una prórroga de 20 días hábiles para localizarlo.
Al cumplirse este segundo plazo –aproximadamente tres semanas después–, la Unidad de Enlace de la Cancillería reportó a la organización Todos los Derechos para Todos que el informe requerido estaba reservado por 12 años, toda vez que las observaciones hechas al gobierno eran confidenciales y que permitir el acceso a las mismas afectaría las relaciones internacionales de México, pues violaría el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
Los activistas no aceptaron la respuesta de la Cancillería, por lo que tramitaron un recurso de revisión ante el IFAI.
En los alegatos enviados al comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, acusaron a la SRE de haber hecho una interpretación equívoca del Protocolo Facultativo contra la Tortura, ya que si bien se menciona que los informes se entregan en calidad de confidenciales, también es cierto que los países –en este caso México– pueden publicar las observaciones.
Como una prueba de que el abrir los archivos de la ONU no afecta las relaciones internacionales, la organización Todos los Derechos para Todos señaló que Suecia y Malvidas (un país situado en el Océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka y la India, al sur de Asia) publicaron las observaciones hechas por el Subcomité de Protección contra la Tortura, sin que hasta el momento se hayan resentido efectos en su economía o en el desarrollo de los tratados comerciales.
Pero la Cancillería nunca aceptó haberse equivocado. En sus alegatos enviados al IFAI apuntó que México no había solicitado la apertura del archivo a la ONU y, aún más, afirmó que con anterioridad el grupo de trabajo encargado de atender las observaciones sobre la tortura decidió no difundir el informe a fin de "generar un proceso de confianza" entre las autoridades involucradas.
En la referida sesión pública, el comisionado Ángel Trinidad pidió una reunión con la SRE, ya que no sólo tergiversaron los alcances de un acuerdo, sino que también hicieron todo lo posible para no entregar la información, lo que va en contra de los principios de máxima publicidad y de rendición de cuentas que deberían existir en un gobierno democrático.
Al explicar qué encontró en este caso, admitió sentir una "enorme molestia" por la actitud de la SRE. Por enésima ocasión –enfatizó– se hace notar por estas malas respuestas al apoyarse en una decisión de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, que no le hace honor a su nombre.
"Pareciera ser que les gusta poner nombres rimbombantes para luego no cumplir lo que ofrecen. El sostener que el informe está reservado es una interpretación hecha por algún leguleyo. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se trata de un discutidor que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente, negando los principios fundamentales de la abogacía", acusó.
Para Ángel Trinidad, queda claro que la ONU entregó el informe como confidencial, pero México es quien finalmente determina si éste es público o reservado.
No obstante, en sus alegatos –de acuerdo con el expediente 5290/09– la SRE dice que la publicidad del informe entorpecería la atención de las observaciones de la ONU hechas a México.
"De verdad no puedo entender cómo es que entregar esta información entorpece las observaciones de la ONU. Queremos tener la democracia de Suecia, pero tenemos la opacidad absoluta en nuestro país", puntualizó el comisionado, quien desde el año pasado sustituyó a Alonso Lujambio, ahora secretario de Educación Pública.
La Cancillería pasó de ser un sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia a un sujeto desobligado, porque insiste en no entregar lo que se le ordena, incluso por encima de los principios básicos de la democracia, como los derechos humanos, continuó el comisionado, para rematar con esta pregunta: "¿Tienen algo que ocultar?".
Y él mismo respondió: "Yo esperaría que no. Busquemos un acercamiento con la canciller, porque no sólo nos hace quedar mal dentro de México, sino también afuera."
De su lado, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, advirtió que la confidencialidad en este documento es insostenible.
"Me sorprende –explicó– que el grupo de trabajo para la instrumentación de las recomendaciones cierre el expediente para presuntamente generar un proceso de confianza entre las autoridades involucradas, pero ese mismo grupo no puede ejercer la reserva de documentos como una facultad discrecional. Por el contrario, eso siempre tiene un límite, y ese límite es la Ley Federal de Transparencia."
En su oportunidad, la comisionada María Marván apuntó que esta no es la primera vez que la SRE interpreta los tratados internacionales en sentido inverso. El año pasado –añadió– sucedió algo similar con una solicitud sobre límites territoriales.
Y la comisionada Sigrid Artz comentó que desde el año 2002 existe en México una oficina que representa al alto comisionado de la ONU. En este contexto, agregó, el presidente de México firmó acuerdos para fortalecer los derechos humanos.
"Por eso a mí, francamente, me causa una enorme sorpresa la resistencia de la Cancillería. Quizá hay algo que puede incomodar en ese informe y no se quiere hacer frente a ello", comentó.
En tanto, la comisionada María Elena Pérez Jaén dijo no entender cómo es que la Cancillería puede manejar respuestas de este tipo cuando se trata de una institución con profesionales y cientos de servidores públicos, a diferencia de otras instancias.
"El informe solicitado a la Cancillería –detalló– es de mucha relevancia dentro del contexto de inseguridad en el que está México. No es posible que pretendan reservar esa información por 12 años. Cada país está en libertad de publicar o no esas observaciones sobre la práctica de la tortura.
"Como digo en estos casos, esta respuesta de Relaciones Exteriores es una perla, pero de plástico. Este informe es importante, sobre todo ante problemas como los de Monterrey, en donde un presunto narcotraficante es detenido y a las pocas horas lo encuentran ejecutado", añadió.
Antes de que se ordenara por unanimidad a la SRE entregar el informe elaborado por la ONU, el comisionado Ángel Trinidad remató sus intervenciones al señalar que en la propia Ley Federal de Transparencia se establece que no puede reservarse la información que contenga delitos graves contra la humanidad.
"Si en este caso se trata de un informe para la prevención de la tortura, no había por qué reservarlo. Por lo visto, no podemos confiar en la forma en que se maneja la Dirección de Derechos Humanos y Democracia de Relaciones Exteriores", concluyó.
La militarización del TLCAN
Una oligarquía neoliberal internacional opera conjuntamente bajo las órdenes de Washington. Su intención es crear una gran zona comercial donde las empresas dirigidas por los grandes patrones no sólo dispongan del poder económico, sino también político, afines igualmente a los intereses de Estados Unidos. Por ello, el Pentágono ha planeado invadir a los países miembros que enfrenten un "caos económico". Para ello, se vale no sólo del poder económico, sino también militar. Se trata de una de las investigaciones que durante 2009 fueron censuradas en los grandes medios de comunicación.
Líderes de Canadá, Estados Unidos y México han estado reuniéndose secretamente para ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata del bloque comercial formado por los países antes mencionados, que establece una zona de libre comercio. Entró en vigor en enero de 1994. Pero ahora se avanza en la "integración profunda" de una fuerza trinacional más militarizada bajo el concepto estadunidense de "seguridad de la patria".
La llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), impulsada hacia el interior de los países por los respectivos gobiernos y sin conocimiento ni mucho menos el consentimiento público –con su oficina central en Washington–, se propone integrar a las tres naciones en un sólo bloque político, económico y de seguridad.
La ASPAN se fundó durante una reunión de los presidentes George W Bush, Vicente Fox y el primer ministro Paul Martin, en Waco, Texas, el 31 de marzo de 2005. El sitio web oficial de Estados Unidos describe a la ASPAN como "…una iniciativa entre Estados Unidos, Canadá y México dirigida por la Casa Blanca para aumentar la seguridad y ampliar la prosperidad…" La ASPAN no es una ley ni un tratado y ni siquiera un acuerdo firmado. Cualquiera de estas definiciones requeriría discusión pública y la participación del Congreso.
La SPP nació en la era de la "guerra contra el terrorismo" y refleja un énfasis excesivo en la seguridad de Estados Unidos, como la interpreta el Departamento de Seguridad de la Patria. Sus acuerdos autorizan acciones militares fronterizas, entrenamiento de policías, modernización de equipos y adopción de nuevas tecnologías, todo bajo la lógica de la campaña contra el terrorismo de Estados Unidos. El jefe de la Seguridad de la Patria (puesto que ocupa) Michael Chertoff, junto con la secretaria de Estado (entonces Condoleezza Rice; Hillary Clinton ahora), y el secretario de Finanzas, (entonces Carlos Gutiérrez; ahora Gary Locke), son los tres altos funcionarios designados para asistir a las conferencias ministeriales de la ASPAN.
Las medidas para coordinar la seguridad han presionado a México para que militarice su frontera sur. Los elementos militares estadunidenses que ya operan dentro de México, más los efectivos de la agencia antidrogas estadunidense y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) han iniciado programas de entrenamiento para el Ejército Mexicano (ahora involucrado en la "guerra" contra la droga), la policía federal y estatal, y unidades de inteligencia.
El periodista Stephen Lendman indica que una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si el país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento debido a "un generalizado caos económico y social" que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte.
El influyente departamento de Defensa Nacional de Canadá, a través de su nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa, General Rick Hillier, y el ministro de Defensa, Gordon O'Connor, también están alineados con esta campaña. Están obligados a aumentar los gastos militares de la nación y unirse a los estadunidenses en su "guerra contra el terrorismo".
La ASPAN creó el Consejo de la Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), que presta servicios como grupo oficial trinacional de trabajo. El grupo está compuesto de representantes de 30 compañías gigantes de Estados Unidos, incluyendo General Electric, Ford Motors, General Motors, Wal-Mart, Lockheed-Martin, Merck y Chevron.
Las recomendaciones del NACC se centran en la "participación del sector privado" por ser "un paso clave para mejorar la posición competitiva de América del Norte en los mercados globales e impulsora de la innovación y el crecimiento". El NACC hizo énfasis en la importancia de establecer políticas para obtener ganancias máximas.
La agenda guiada por Estados Unidos prioriza el acceso sin complicaciones de las compañías a los recursos naturales canadienses y mexicanos, especialmente al petróleo y agua. El Consejo de la Competitividad de América del Norte establece que "la prosperidad de Estados Unidos se basa principalmente en un suministro seguro de energía importada".
La seguridad energética de Estados Unidos es vista como una prioridad absoluta, alentando a Canadá y a México a que permitan la privatización de las empresas operadas por el Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex).
En enero de 2008, Halliburton (del exvicepresidente Dick Cheney) firmó un contrato con Pemex por 683 millones de dólares para perforar 58 nuevos pozos de prueba en Chiapas y Tabasco, y para asumir el control del mantenimiento de los oleoductos. Éste fue el último de los contratos por 2 mil millones de dólares que Halliburton recibió de Pemex durante las administraciones de Calderón y Fox, lo que en opinión de la oposición en México se ha convertido en la fachada pública de la privatización del capital monopolístico estadunidense. La política de Estados Unidos también busca asegurar su acceso ilimitado al agua de Canadá.
Connie Fogal, del partido Canadian Action, dijo: "La ASPAN es una toma hostil de posesión del aparato del gobierno democrático… un coup d'état (golpe de Estado) a las operaciones de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México".
Líderes de Canadá, Estados Unidos y México han estado reuniéndose secretamente para ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata del bloque comercial formado por los países antes mencionados, que establece una zona de libre comercio. Entró en vigor en enero de 1994. Pero ahora se avanza en la "integración profunda" de una fuerza trinacional más militarizada bajo el concepto estadunidense de "seguridad de la patria".
La llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), impulsada hacia el interior de los países por los respectivos gobiernos y sin conocimiento ni mucho menos el consentimiento público –con su oficina central en Washington–, se propone integrar a las tres naciones en un sólo bloque político, económico y de seguridad.
La ASPAN se fundó durante una reunión de los presidentes George W Bush, Vicente Fox y el primer ministro Paul Martin, en Waco, Texas, el 31 de marzo de 2005. El sitio web oficial de Estados Unidos describe a la ASPAN como "…una iniciativa entre Estados Unidos, Canadá y México dirigida por la Casa Blanca para aumentar la seguridad y ampliar la prosperidad…" La ASPAN no es una ley ni un tratado y ni siquiera un acuerdo firmado. Cualquiera de estas definiciones requeriría discusión pública y la participación del Congreso.
La SPP nació en la era de la "guerra contra el terrorismo" y refleja un énfasis excesivo en la seguridad de Estados Unidos, como la interpreta el Departamento de Seguridad de la Patria. Sus acuerdos autorizan acciones militares fronterizas, entrenamiento de policías, modernización de equipos y adopción de nuevas tecnologías, todo bajo la lógica de la campaña contra el terrorismo de Estados Unidos. El jefe de la Seguridad de la Patria (puesto que ocupa) Michael Chertoff, junto con la secretaria de Estado (entonces Condoleezza Rice; Hillary Clinton ahora), y el secretario de Finanzas, (entonces Carlos Gutiérrez; ahora Gary Locke), son los tres altos funcionarios designados para asistir a las conferencias ministeriales de la ASPAN.
Las medidas para coordinar la seguridad han presionado a México para que militarice su frontera sur. Los elementos militares estadunidenses que ya operan dentro de México, más los efectivos de la agencia antidrogas estadunidense y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) han iniciado programas de entrenamiento para el Ejército Mexicano (ahora involucrado en la "guerra" contra la droga), la policía federal y estatal, y unidades de inteligencia.
El periodista Stephen Lendman indica que una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si el país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento debido a "un generalizado caos económico y social" que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte.
El influyente departamento de Defensa Nacional de Canadá, a través de su nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa, General Rick Hillier, y el ministro de Defensa, Gordon O'Connor, también están alineados con esta campaña. Están obligados a aumentar los gastos militares de la nación y unirse a los estadunidenses en su "guerra contra el terrorismo".
La ASPAN creó el Consejo de la Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), que presta servicios como grupo oficial trinacional de trabajo. El grupo está compuesto de representantes de 30 compañías gigantes de Estados Unidos, incluyendo General Electric, Ford Motors, General Motors, Wal-Mart, Lockheed-Martin, Merck y Chevron.
Las recomendaciones del NACC se centran en la "participación del sector privado" por ser "un paso clave para mejorar la posición competitiva de América del Norte en los mercados globales e impulsora de la innovación y el crecimiento". El NACC hizo énfasis en la importancia de establecer políticas para obtener ganancias máximas.
La agenda guiada por Estados Unidos prioriza el acceso sin complicaciones de las compañías a los recursos naturales canadienses y mexicanos, especialmente al petróleo y agua. El Consejo de la Competitividad de América del Norte establece que "la prosperidad de Estados Unidos se basa principalmente en un suministro seguro de energía importada".
La seguridad energética de Estados Unidos es vista como una prioridad absoluta, alentando a Canadá y a México a que permitan la privatización de las empresas operadas por el Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex).
En enero de 2008, Halliburton (del exvicepresidente Dick Cheney) firmó un contrato con Pemex por 683 millones de dólares para perforar 58 nuevos pozos de prueba en Chiapas y Tabasco, y para asumir el control del mantenimiento de los oleoductos. Éste fue el último de los contratos por 2 mil millones de dólares que Halliburton recibió de Pemex durante las administraciones de Calderón y Fox, lo que en opinión de la oposición en México se ha convertido en la fachada pública de la privatización del capital monopolístico estadunidense. La política de Estados Unidos también busca asegurar su acceso ilimitado al agua de Canadá.
Connie Fogal, del partido Canadian Action, dijo: "La ASPAN es una toma hostil de posesión del aparato del gobierno democrático… un coup d'état (golpe de Estado) a las operaciones de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México".
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