Después de Mouriño

Manuel Camacho Solís
10 de marzo de 2008 / El Universal

Felipe Calderón está en una encrucijada. Ante el desgaste de Mouriño y la dificultad de la reforma energética, si se empecina en seguir por la ruta preconcebida, podría llevar al país a desenlaces autoritarios y a una crisis política.

Apostó todo su capital político a una reforma para abrir Pemex a la inversión extranjera y, para impulsarla, nombró secretario de Gobernación a Juan Camilo Mouriño. Su jefe de gabinete quedó descalificado por mezclar la política con los negocios familiares y porque, al enfrentar la crisis de comunicación que se desató, ha demostrado que no tiene los conocimientos, la resistencia política y la tolerancia necesarias para ocupar ese cargo. Después de reconocer que, siendo funcionario público, firmó contratos a favor de las empresas de su familia, todavía se atreve a decir que “me atacan porque quieren dañar al país, no quieren que México avance”.

De manera simultánea, la reforma energética enfrenta ahora obstáculos de mayor envergadura a los que había previsto el gobierno. La Constitución, en sus artículos 27 y 28, no permite la inversión privada en las áreas reservadas. Sólo mediante una reforma constitucional se podrían abrir éstas a la inversión extranjera. No pueden establecerse alianzas estratégicas para explotar las aguas profundas.

Emprender el camino de reformar la Constitución, por la vía legalmente falsificada de cambiar las leyes secundarias, y sin un diálogo nacional auténtico, no haría sino debilitar el sustento constitucional del gobierno y generar incertidumbre en los inversionistas, en un asunto que se mantendría candente por un largo tiempo.

El propio Felipe Calderón ha coincidido con esta interpretación constitucional. En el Senado, como secretario de Energía de Fox, y con motivo de la reforma eléctrica, sostuvo: “Es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión. La adecuación de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica a la inversión”. “Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores”.

Felipe Calderón no previó la reacción del PRI. Daba por sentado su respaldo pronto y pleno. No calculó que la reforma tendría un alto costo electoral para el PRI. No le dijeron que sus Estatutos y el Programa de Acción habían sido de nuevo reformados conforme a la tradición constitucional: “En materia energética, (el PRI) se pronuncia en contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos (…); postula la soberanía sobre el recurso y su control eficaz, por el pueblo, para supeditar todo género de intereses al superior de la nación”. Para reformar sus documentos básicos, el PRI tiene que ir a una Asamblea Nacional (completamente inoportuna para el gobierno). El gobierno no previó, tampoco, que en el PRI no hay consenso y que, un acuerdo cupular subrepticio, dividiría sus votos.

En cambio, Calderón sí previó que la izquierda y AMLO se opondrían, e incluso estuvo dispuesto a pagar el costo de un cierto nivel de agitación social que, en su momento, buscaría capitalizar a su favor. Pero no previó que las encuestas mostraban una alta disposición a las movilizaciones fuertes que encabece AMLO, sobre todo en los estados petroleros y la capital.

Felipe Calderón está en una encrucijada. Ha optado por continuar con su plan A, consistente en mantener a Mouriño en Gobernación y abrir Pemex a la inversión extranjera en aguas profundas y otras áreas estratégicas. Su plan A, ya no es viable. Si quita a Mouriño, malo; si lo deja, peor. Si desiste de la reforma energética, malo; si se empecina y no la logra, peor.

Sólo un golpe de timón lo puede sacar del acorralamiento. Para evitar una crisis política mayor y el estancamiento de Pemex, la solución es recomponer su gabinete y optar por un plan B a favor de la empresa pública. ¿Puede hacerlo con los compromisos que él adquirió?

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista