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Patricia Dávila / Proceso
MÉXICO, D.F., 14 de diciembre (apro).- El secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera, acusó al gobierno federal de pactar con empresas trasnacionales, entre ellas Cargill, Maseca y Bimbo, para otorgarles multimillonarios subsidios.
En 10 años esas empresas se han llevado 3 mil millones de dólares en aranceles no cobrados por concepto de importación, y para 2011 ya les destinaron, en programas federales, 10 mil 376 millones de pesos, puntualizó.
Ovalle Vaquera exigió a los secretarios de Agricultura y Economía, Francisco Mayorga y Bruno Ferrari, respectivamente, que controlen a las empresas que comercializan el maíz, ya que debido a las prácticas de acaparamiento generan la especulación y provocan una espiral inflacionaria en la transformación del alimento, básico para los mexicanos.
Sólo para este año, explicó, se tiene proyectada una cosecha de 22.5 millones de toneladas de maíz blanco, pero un porcentaje considerable es exportado por estas comercializadoras “al amparo del Tratado de Libre Comercio”, afectando con ello la cadena alimentaria del país.
“Las políticas agropecuarias y agroindustriales se dirigen a un exclusivo grupo de productores y empresas, en tanto que la producción de maíz no beneficia a los pequeños productores ni a la cadena maíz-tortilla, ya que estos se ven disminuidos en sus desempeño”, denunció.
El también diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática dijo que en el caso de las importaciones de maíz se estableció que se aplicaría un arancel, sin embargo durante los primeros diez años no se aplicó, lo que generó un “regalo” superior a los 3 mil millones de dólares para las grandes empresas que importaron maíz desde Estados Unidos.
Esta situación, agregó, ha provocado el desmantelamiento de la cadena maíz-tortilla y la generación de oligopolios en el abastecimiento de tortilla de harina de maíz.
El dirigente de la CIOAC recordó que desde 2006 se ha dado la especulación en el precio del kilogramo de la tortilla, sin que la autoridad asuma medidas de control eficaces para detener esa situación.
Para estabilizar el precio de la tortilla, añadió, en enero de 2007 el gobierno federal optó por un acuerdo entre la actual administración y las empresas transnacionales Maseca, Cargill y Bimbo, así como entre organizaciones campesinas y el sector molinero, con el fin de establecer el precio de 8.50 pesos por kilogramo, pero aún con ello el incremento de la tortilla no se pudo contener.
Al acuerdo anterior, dijo, se sumó otro a finales de abril de 2007, denominado “Acuerdo y Mesa de Diálogo para el Fortalecimiento, el Abasto y la Estabilidad de los Precios de la Cadena Maíz-Tortilla”, que implicó más subsidios para las grandes empresas con la meta de controlar el precio de la harina y de la tortilla de maíz, sin embargo el precio del kilo de tortilla se ha incrementado en más de 1000% desde la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) a la fecha, precisó.
Según Ovalle Vaquera, las tres empresas trasnacionales que acordaron con el gobierno federal dar una solución al incremento del precio de la tortilla fueron las que recibieron apoyo para exportar y conseguir el maíz a bajos precios, que luego vendieron a un precio muy alto.
Denunció que dentro del Programa Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, el gobierno de Felipe Calderón beneficia a las grandes empresas que “compran, venden y procesan granos dentro de las categorías de seguros, almacenamiento, mercados de futuros, transporte, subsidios a la exportación, granos forrajeros para ganaderos y agricultura contractual”.
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