Este es el titulo 1

Estamos renovando la imagen de nuestro blog. La idea es contar con un espacio mas agradable, y que nos permita presentar mejor nuestras ideas.

Este es el titulo 2 title

Estamos renovando la imagen de nuestro blog. La idea es contar con un espacio mas agradable, y que nos permita presentar mejor nuestras ideas.

Este es el titulo 3 title

Estamos renovando la imagen de nuestro blog. La idea es contar con un espacio mas agradable, y que nos permita presentar mejor nuestras ideas.

Este es el titulo 4 title

Estamos renovando la imagen de nuestro blog. La idea es contar con un espacio mas agradable, y que nos permita presentar mejor nuestras ideas.

Este es el titulo 5 title

Estamos renovando la imagen de nuestro blog. La idea es contar con un espacio mas agradable, y que nos permita presentar mejor nuestras ideas.

mayo 25, 2008

“SE RECURRIRÁ A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, A UNA CONSULTA POPULAR, PARA IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS”: LÓPEZ OBRADOR

Ante más de cinco mil brigadistas reunidos en Guadalajara, Andrés Manuel López Obrador reiteró que se recurrirá a la democracia participativa, a una consulta popular, para impedir la privatización de Petróleos Mexicanos, y afirmó que en el debate que se realiza en el Senado de la República, “va ganando cuatro-cero” la línea que rechaza la reforma energética del gobierno espurio.

En la plaza de Las Sombrillas, de esta ciudad jalisciense, el presidente legítimo de México remarcó las intenciones del gobierno panista que, “confabulado con los priistas, pretende vender Pemex. La eventual entrega del patrimonio nacional a particulares representa un riesgo para el país, porque entonces no habría desarrollo”, alertó.



“No sólo se perdería la posibilidad de convertir el petróleo en la palanca del desarrollo nacional, sino que de plano nos convertiríamos en una colonia, dependiendo en todos los sentidos de los extranjeros. Ya no se necesitaría, en la práctica, ni siquiera tener un presidente de la Republica, bastaría con un gerente que representara los intereses de las mayorías. Por eso no queremos la privatización del petróleo”, precisó. “La disyuntiva —añadió— es colonia o país y nosotros queremos seguir siendo país, libre, soberano e independiente”.


Acompañado por líderes sociales, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes de los partidos políticos que forman el Frente Amplio Progresista (FAP), López Obrador manifestó: “Sabemos que se está tratando de violar la Constitución General de la República y con modificaciones a leyes secundarias se quiere trampear a la Constitución”.


Hizo énfasis en que México no requiere de inversión extranjera en el sector petrolero, por el alza en los precios mundiales del combustible, ya que la mezcla mexicana se cotiza en 110 dólares por barril. “Ahora más que nunca el gobierno está recibiendo dinero por la venta de petróleo al extranjero, nunca habían estado los precios del petróleo tan altos como ahora”, destacó al recordar que el mejor negocio del mundo es el petróleo, “porque extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se está vendiendo en 110 dólares, es decir se tiene una ganancia de 100 dólares, porque no se le paga renta a la naturaleza, y se están produciendo en México alrededor de 3 millones de barriles diarios de petróleo” .


López Obrador explicó que porque este año se fijó en la Cámara de Diputados un precio de barril de petróleo de 49 dólares, y se está vendiendo en más de cien dólares, nada más ese excedente fuera de presupuesto, que es un extra, significa para este año 20 mil millones de dólares. “Y si ese dinero se le transfiriera a Petróleos Mexicanos, sería más que suficiente para construir las refinerías que hacen falta y dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Con ese dinero alcanzaría para apoyar y fortalecer la industria petroquímica y para generar empleos”, detalló. En consecuencia, no se justifica el que se quiera llevar a cabo la privatización argumentando que no hay dinero para modernizar la industria petrolera, agregó.


Sobre las declaraciones del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de que no va a haber excedente en el petróleo a causa de la compra de la gasolina, dijo que es totalmente falsa la declaración. “No es nada real y vamos a exigir que se dé toda la información sobre los excedentes”.


Y comentó: “Queremos saber dónde está ese dinero. Ya sabemos que al año se tienen que destinar de 10 a 12 mil millones de dólares para comprar la gasolina en el extranjero, pero eso ya está contemplado en el presupuesto, además estamos hablando de excedentes por 20 mil millones de dólares, ¿dónde están? No hay que olvidar –recordó— que desde el tercer año del gobierno de Fox, se empezaron a recibir estos excedentes del orden de 10 mil millones de dólares al año y nunca ha habido una información. Yo le voy a pedir a los legisladores del FAP que hagan la solicitud a las instancias correspondientes ante la Secretaría de Hacienda”.


Agregó que van 25 años de política económica que no beneficia a la mayoría de los mexicanos, Desde entonces no ha habido crecimiento de la economía, no hay empleos y que cada vez emigran más connacionales al vecino país del norte.


“Por eso no queremos privatización, pues significa corrupción y privilegios para unos, y miseria y pobreza para la mayoría de nuestro pueblo”, reiteró entre aclamaciones, antes de partir a Ciudad Guzmán en donde encabezó una asamblea informativa con las brigadas que integran el Movimiento para la defensa del Petróleo en el Sur de Jalisco.

PARA EL DESARROLLO DE PEMEX, QUE SE APROVECHEN LOS EXCEDENTES PETROLEROS Y NO LA INVERSIÓN PRIVADA, PLANTEA LÓPEZ OBRADOR

El “mequetrefe” de Felipe Calderón urge a los legisladores del PRI y del PAN a aprobar la denominada reforma energética, porque “tiene hambre de dinero, de ambición y de lucro”, aseguró Andrés Manuel López Obrador ante brigadistas en defensa del petróleo de la ciudad de Monterrey, en su primera parada de este día por tierras norteñas.

Ante el planteamiento del gobierno de facto de Felipe Calderón de que es necesaria la reforma a la industria petrolera para obtener una mayor cantidad de recursos públicos para financiar los programas sociales, el presidente legítimo de México le preguntó: ¿Por qué no utiliza los excedentes petroleros para desarrollar la industria petroquímica del país, en vez de pretender entregar el patrimonio de la Nación a los extranjeros?

Asimismo, López Obrador expresó que los panistas que mal gobiernan al país resultaron ser más voraces y rateros que los priistas y “prueba de ello es que Calderón y socios tienen prisa por privatizar el petróleo, que sólo beneficiaría a las compañías multinacionales”.

Acompañado por el secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez; por el coordinador del Frente Amplio Progresista, Porfirio Muñoz Ledo, y por el dirigente del PT, el senador Alberto Anaya, López Obrador expuso que los 18 meses que lleva Calderón usurpando la Presidencia de la República evidencian el fracaso de la política económica neoliberal que se viene aplicando desde hace 25 años en México.

“Los gobiernos panistas y priistas de corte neoliberal se han dedicado a empobrecer aún más a la clase media y han abandonado las actividades productivas, así como han provocado un aumento de la descomposición social en el territorio nacional”, recalcó.

En el recorrido de este día —en donde sostuvo reuniones informativas con brigadistas de las ciudades de Monterrey, Reynosa y Victoria—, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que la inseguridad y la violencia son fruto del fracaso de la política económica entreguista del gobierno calderonista.

Manifestó que la situación general en el país sería distinta si Calderón y cómplices no hubiesen consumado un fraude electoral. En vez de privatizar el petróleo, en 18 meses reportarían un avance de 80 por ciento la construcción de las tres refinerías que necesita el país, para dejar de comprar combustibles en el extranjero y hacer del petróleo la palanca del desarrollo nacional.

En su encuentro con los brigadistas regiomontanos, López Obrador explicó que la tarea de evitar la privatización del petróleo también es parte del Proyecto Alternativo de Nación del gobierno legítimo de México, el cual tiene como principal objetivo defender el patrimonio de la Nación y al pueblo de México.

Por ello, invitó a los brigadistas a informar a la gente, casa por casa, “de la intención del gobierno espurio de entregar la industria petrolera a compañías extranjeras”. Recordó que los medios de comunicación criticaron la toma de tribuna por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista, que en la radio y televisión se lanzó una campaña de desprecio hacia el movimiento en defensa del petróleo y hasta “sacaron un spot comparándome con Hitler, pero ¿creen ustedes que Televisa difunda un spot en contra del pelele del Calderón?

No, fue la respuesta unánime de los integrantes del comité en defensa del petróleo.

En su turno, el senador por el Partido del Trabajo, Alberto Anaya, afirmó que la ultraderecha panista no logrará su objetivo de entregar la industria petrolera a los extranjeros, porque el pueblo de México lo evitará con movilizaciones pacíficas.

Tanto el secretario de Seguridad y Justicia, Bernardo Bátiz Vázquez, como el coordinador del FAP, Porfirio Muñoz Ledo, manifestaron que el gobierno legítimo de México no quitará el dedo del renglón y luchará porque México permanezca como una nación libre, en vez de una colonia.

Después del mediodía, López Obrador se reunió con los brigadistas de Reynosa. Ahí, aseveró que “Felipe Calderón insiste en privatizar el petróleo, porque está al servicio de las grandes empresas extranjeras y ahora tiene que pagar las facturas por el apoyo que recibió para usurpar la presidencia de la República”.

En una entrevista, se le pidió su opinión sobre la presión que ejerce el Congreso de Estados Unidos para que México reforme su sistema judicial a cambio de los recursos para el Plan Mérida,; López Obrador consideró posible el condicionamiento de Estados Unidos, “porque Calderón es un pelele e inepto para tomar decisiones trascendentales de la nación. No se qué se hizo (Calderón), ya ni aparece o, si aparece, nadie se da cuenta que existe”, apuntó.

En Ciudad Victoria, Andrés Manuel López Obrador invitó a la gente a participar el próximo 29 de junio en la asamblea nacional que se efectuará en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se dará a conocer los avances del movimiento en defensa del petróleo.

Finalmente, reiteró que después de que finalicen los debates sobre la reforma energética, va a proponer que se realice una consulta al pueblo de México para saber si aprueba o rechaza “la intención del presidente pelele de privatizar Petróleos Mexicanos”.

la realidad del interes de Calderon por privatizar PEMEX

La derecha representada por el PAN y algunas FACCIONES del PRI van perdiendo el Debate organizado por el Senado de la República, este debate se lleva adelante por la presion sostenida desde el FAP y las movilizaciones ciudadanas organizadas por el Gobierno Legítimo que encabeza Andres Manuel López Obrador.
Pero... Cual es la prisa y el fondo privatizador de Calderón? te invitamos a ver el video...

mayo 22, 2008

Por notoriamente improcedente debe desecharse iniciativa de Calderón: Garrido

El Senado debe “enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”, dijo Luis Javier Garrido, catedrático de la UNAM.

La Jornada On Line / Publicado: 22/05/2008 12:45

México, DF. El investigador de la máxima casa de estudios Luis Javier Garrido sostuvo que el Senado debe desechar por "notoriamente improcedente" la iniciativa de reforma presentada por el presidente Felipe Calderón “y enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”, además de que se pronunció a favor de una consulta al pueblo de México.

Al participar en el segundo tema del debate sobre la reforma en materia petrolera, “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”, Garrido sostuvo que el paquete de siete iniciativas del Ejecutivo son “a todas luces anticonstitucionales y contrarias a los intereses de México”.

Dijo que las iniciativas deben desecharse porque el Congreso no tiene atribuciones “para establecer normas que transgredan el orden constitucional”, por lo que al Senado no le queda más que desecharlas “por notoriamente improcedentes”.

Advirtió que México se encuentra ante una situación “de excepcional gravedad”, pues se está abriendo un escenario en el que los poderes Ejecutivo y Legislativo “pueden concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución” y llevar al país “a un acuerdo de ilegalidad, y todo para servir a los grandes consorcios petroleros”.

El profesor de la Facultad de Derecho y de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que “el principio fundamental de todo estado de Derecho es el de la supremacía constitucional”.

Calderón exige al Congreso que viole este principio “al aprobar una serie de leyes secundarias que entrañan decenas de normas abiertamente anticonstitucionales, pues contradicen mandatos fundamentales de la Constitución de 1917”, remató.

Se busca también, dijo, “hacer de México un posible objetivo militar de Washington”, y acusó que éste tiene ya “una importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano y en especial de la frontera, de las aduanas, de los litorales y del espacio aéreo, así como de la seguridad interna de México”.

Dijo que la iniciativa calderonista “no se apega ni a la letra ni al espíritu de la Constitución” y que viola el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre los recursos naturales del subsuelo y en particular de los hidrocarburos, la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares, el principio que considera los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país.

Además, violan los principios de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico de excepción, y “como consecuencia de todo ello, violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional fortaleciendo la soberanía de la nación”.

Iniciativa energética es un caballo de Troya: Carrancá

La propuesta pretende violentar flagrantemente el artículo 27 constitucional, dijo el constitucionalista.

La Jornada On Line / Publicado: 22/05/2008 12:02

México, DF. El artículo sexto de la ley reglamentaria incluido en la iniciativa de reforma para el sector energético enviada por el Ejecutivo es una especie de "caballo de troya" que pretende vulnerar el artículo 27 constitucional y por ende ésta es violatoria de la Carta Magna, calificó el jurista Raúl Carrancá.

Al participar en el debate nacional sobre la reforma a la industria petrolera, Carrancá y Rivas se manifestó alarmado porque, dijo, pese a que todo servidor público es sujeto de sanción por violar la Constitución, el Presidente de la República es inmune a castigo alguno por esta misma razón.

Sobre el particular, mencionó lo dispuesto en el artículo 108 constitucional, que se refiere a que todo servidor público, incluido el Presidente, emanado de elección popular, es sujeto a juicio por violentar el orden constitucional.

Sin embargo, el artículo 110 establece que pese a ser un servidor público, la figura presidencial es inmune a juicio político y solamente podrá ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común. Es decir, aunque el presidente está ejerciendo su derecho de autoridad al presentar una iniciativa y ésta resulte violatoria -como a su juicio es el caso- a la Constitución, el titular del Ejecutivo no puede ser sancionado por ello, como sí podría serlo cualquier otro representante de elección popular, tal como un gobernador.

En su análisis, el profesor emérito de la UNAM sostuvo que "guiado por su verdad y escudado en su razón", lo primordial es observar la constitucional de las propuestas enviadas por Felipe Calderón y con base en ello atender si son viables o no.

Asimismo, destacó que una ley reglamentaria se ciñe estrictamente a reglamentar pero carece de posibilidad jurídica alguna para rebasar el mandato de la norma constitucional.

También, el docente de la UNAM dejó en claro su desacuerdo en el sentido de que las disposiciones constitucionales en materia petrolera admiten variantes. Esta valoración, consideró, es facultad de un juez o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no de legisladores u de otros servidores.

Estados Unidos y la geopolítica de la energía

Escrito por MICHAEL T. KLARE
Domingo, 18 de Mayo de 2008 00:00

Mientras la atención diaria del ejército estadounidense se centra en Irak y Afganistán, los estrategas norteamericanos miran más allá de estos dos conflictos con el objetivo de prever el medio en el que se producirá el combate global en los tiempos venideros. Y el mundo que ven es uno en el cual la lucha por los recursos vitales, más que la ideología o la política de equilibrio de poder, domina el Campo de Marte.
Creyendo que los EE.UU. deben reconfigurar sus doctrinas y fuerzas para prevalecer en semejante entorno, los oficiales más veteranos han tomado los pasos necesarios para mejorar su planificación estratégica y capacidad de combate. Aunque muy poco de todo esto ha llegado al dominio público, existe un número de indicadores clave.


Desde el 2006 el Departamento de Defensa, en su informe anual Capacidad militar de la República Popular China, ha puesto a un mismo nivel la competición por los recursos y el conflicto en torno a Taiwan como la chispa que podría desencadenar una guerra con China. La preparación de un conflicto con Taiwan permanece como "una razón importante" en la modernización militar china, según indica la edición del 2008, pero "un análisis de las recientes adquisiciones del ejército chino y de su actual pensamiento estratégico sugiere que Pekín está desarrollando también otras capacidades de su ejército para otro tipo de contingencias, como por ejemplo el control sobre los recursos." El informe incluso considera que los chinos están planeando mejorar su capacidad para una "proyección de su poder" en las zonas que les proporcionan materias primas, especialmente combustibles fósiles, y que semejantes esfuerzos supondrían una significativa amenaza para los intereses de la seguridad estadounidense.

El Pentágono también pide este año fondos para el establecimiento del Africa Command (Africom), el primer mando unificado transatlántico desde que en 1983 el presidente Reagan creara el Central Command (Centcom) para proteger el petróleo del Golfo Pérsico. La nueva organización centrará sus esfuerzos supuestamente en la ayuda humanitaria y la "guerra contra el terrorismo". Pero en una presentación en la Universidad Nacional de Defensa, el comandante segundo de Africom, el Vice Almirante Robert Moeller, declaró que "África tiene una importancia geoestratégica cada vez mayor" para los EE.UU. -el petróleo es un factor clave- y que entre los retos clave para los intereses estratégicos estadoundienses en la región se encuentra la "creciente influencia en África" de China.

A Rusia también se la contempla a través de la lente de la competición mundial por los recursos. Aunque Rusia, a diferencia de los EE.UU. y China, no necesita importar petróleo ni gas natural para satisfacer sus necesidades nacionales, busca dominar el transporte de energía, especialmente hacia Europa, lo que ha alarmado a los oficiales veteranos de la Casa Blanca que recelan de una restauración del status de Rusia como superpotencia y temen que su aumento en el control de la distribución del petróleo y el gas en Eurasia debilite la influencia estadounidense en la región. En respuesta a la ofensiva energética rusa, la administración Bush está emprendiendo contramedidas. "Tengo la intención de nombrar... a un coordinador especial de energía que dedicará especialmente todo su tiempo a la región de Asia Central y del mar Caspio", informó en febrero la Secretaria de Estado Condoleezza Rice al Comité de Asuntos Exteriores del Senado. "Es una parte verdaderamente importante de la diplomacia." Uno de los principales trabajos de este coordinador, según declaró Rice, será el de fomentar la construcción de oleoductos y gasoductos que circunvalen Rusia con el objetivo de disminuir su control sobre el flujo energético regional.



“...las mayores potencias mundiales se desesperan por conseguir el control sobre lo que queda de las reservas sin explotar...”



Tomados en conjunto, éstos y otros movimientos semejantes sugieren que ha tenido lugar un desplazamiento de la política: en un momento en el que el las reservas mundiales de petróleo, gas natural, uranio y minerales industriales clave como el cobre y el cobalto empiezan a disminuir y la demanda de esos mismos recursos se está disparando, las mayores potencias mundiales se desesperan por conseguir el control sobre lo que queda de las reservas sin explotar [para más pruebas sobre la escasez de combustibles fósiles, véase Klare, Preparativos para una vida después del petróleo, 12 noviembre de 2007, y Mark Hertsgaard, Nos quedamos sin gasolina, 12 de mayo]. Estos esfuerzos implican por lo general una intensa guerra de pujas en los mercados internacionales, lo que explica los precios récord que están alcanzando todas estas mercancías, pero también adoptan una forma militar cuando empiezan a realizarse las transferencias de armamento y el despliegue de misiones y bases transatlánticas. Para reafirmar la ventaja de los EE.UU. -y para contrarrestar movimientos similares de China y otros competidores por los recursos- el Pentágono ha situado la competición por los recursos en el centro mismo de su planificación estratégica.



Alfred Thayer Mahan, revisitado

No es la primera vez que los estrategas estadounidenses dan máxima prioridad a la lucha global por los recursos. A finales del siglo XIX un atrevido grupo de pensadores militares liderados por el historiador naval y presidente del Naval War College, Alfred Thayer Mahan, y su protégé, el entonces Secretario Asistente de la Marina Theodore Roosevelt, hicieron una campaña reclamando una Marina estadounidense fuerte, y la adquisición de colonias que asegurasen el acceso a los mercados de ultramar y las materias primas. Sus puntos de vista ayudaron puntualmente a fomentar el apoyo de la opinión pública a la Guerra Hispanoamericana y, a su conclusión, al establecimiento de un imperio comercial estadounidense en el Caribe y el Pacífico.

Durante la Guerra Fría, la ideología gobernó absolutamente la estrategia estadounidense de contención de la URSS y derrota del comunismo. Pero incluso entonces no se abandonaron por completo las consideraciones acerca de los recursos. La doctrina Eisenhower de 1957 y la doctrina Carter de 1980, a pesar de que se acomodaron a la habitual retórica anti-soviética de la época, pretendían sobre todo asegurar el acceso de EE.UU. a las prolíficas reservas petrolíferas del Golfo Pérsico. Y cuando el presidente Carter estableció en 1980 el núcleo de lo que sería más tarde el Centcom, su principal preocupación era la protección del flujo petrolífero del Golfo Pérsico y no la contención de las fronteras de la Unión Soviética.



“...resulta imposible separar el problema del terrorismo en Oriente Medio o el desafío de Irak e Irán de la historia de la extracción del petróleo en aquellas regiones por parte de empresas occidentales...”



Al terminar la Guerra Fría, el presidente Bush trató -y falló- de establecer una coalición mundial de estados de ideologías afines (un "Nuevo Orden Mundial") que mantendría la estabilidad mundial y permitiría a los intereses empresariales (con las compañías estadounidenses al frente) extender su alcance por todo el planeta. Este enfoque, aunque suavizado, fue adoptado después por Bill Clinton. Pero el 11-S y la implacable campaña contra los "estados canalla" (sobre todo contra el Irak de Saddam Hussein e Irán) de la actual administración Bush, ha reinyectado el elemento ideológico a la planificación estratégica estadounidense. Tal y como lo presenta George W. Bush, la "guerra contra el terrorismo" y los "estados canalla" son los equivalentes contemporáneos a las anteriores luchas ideológicas contra el fascismo y el comunismo. Examinados más de cerca estos conflictos, sin embargo resulta imposible separar el problema del terrorismo en Oriente Medio o el desafío de Irak e Irán de la historia de la extracción del petróleo en aquellas regiones por parte de empresas occidentales.

El extremismo islámico del tipo que propaga Osama Bin Laden y Al Qaeda en la región tiene muchas raíces, pero una de las más importantes sostiene que el ataque occidental y la ocupación de tierras islámicas -y la resultante profanación de las culturas y pueblos musulmanes- se debe a la sed de petróleo de los occidentales. "Recordad también que la razón más importante que tienen nuestros enemigos para controlar nuestras tierras es la de robar nuestro petróleo", dijo Bin Laden a sus simpatizantes en una grabación sonora fechada el diciembre del 2004. "Así que haced lo que tengáis en vuestras manos para detener el mayor robo de petróleo de la historia."

De manera similar, los conflictos de EE.UU. con Irak e Irán han sido modelados por el principio fundamental de la doctrina Carter de que los EE.UU. no permitirán la aparición de una potencia hostil que pueda obtener en un momento dado el control del flujo petrolífero en el Golfo Pérsico, y con ello, en palabras del vicepresidente Cheney, "ser capaz de dictar el futuro de la política energética mundial." El hecho de que estos países estén posiblemente desarrollando armas de destrucción masiva sólo complica la tarea de neutralizar la amenaza que representan, pero no altera la lógica estratégica que subyace en el fondo de los planes de Washington.

La preocupación sobre la seguridad de los suministros de recursos ha sido, pues, una característica central en la planificación estratégica desde hace tiempo. Pero la atención que se le presta ahora a esta cuestión representa un cambio cualitativo en el pensamiento estadounidense sólo igualable a los impulsos imperiales que condujeron a la Guerra Hispanoamericana un siglo atrás. Sin embargo en esta ocasión el movimiento está motivado no por una optimista fe en la capacidad norteamericana para dominar la economía mundial, sino por una perspectiva francamente pesimista sobre la disponibilidad de los recursos vitales en el futuro y la intensa competición sobre ellos que están llevando a cabo China y otros motores económicos emergentes. Enfrentándose a este doble reto, los estrategas del Pentágono creen que asegurar la primacía estadounidense en la lucha por los recursos mundiales debe ser la prioridad número uno de la política militar norteamericana.

La propuesta energética viola la Constitución: Carrancá

Considera el jurista que la propuesta para la ley reglamentaria del artículo 27 que permitiría a Pemex celebrar contratos con personas físicas y morales, contraviene la ley suprema
Arturo Zárate Vite
El Universal / Ciudad de México / Jueves 22 de mayo de 2008
El profesor universitario Raúl Carrancá dijo que la iniciativa propuesta por el presidente Felipe Calderón para modificar la ley reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución "es absolutamente violatoria de la Carta Magna".

"Una ley reglamentaria debe reglamentar, pero nunca debe superar o rebasar el mandato de la norma constitucional", sostuvo el jurista.

En el cuarto foro sobre la reforma energética, que analiza la constitucionalidad de las propuestas del Ejecutivo y que organiza el Senado de la República, Carrancá se refirió específicamente a la fracción sexta del proyecto del presidente Calderón.

Consideró que esa fracción propuesta para la ley reglamentaria del 27 de la Carta Magna, que permitiría a Pemex celebrar contratos con personas físicas y morales, contraviene la ley suprema.

Según Carranca, es una especie de verdadero "caballo de Troya" en el campo normativo que pretendería llegar a la violación de la Constitución.

mayo 21, 2008

César Nava, precursor de la privatización de Pemex


Vale Comprar la Revista Contralínea en la segunda quincena de Mayo
Expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y Función Pública revelan la estratagema que habrían realizado César Nava y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de la paraestatal, para entregar la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona

Ana Lilia Pérez

Documentos internos de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) revelan cómo José César Nava Vázquez –hoy secretario privado de Felipe Calderón– como abogado general de Pemex autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples (CSM) en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en supuesta contravención a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los CSM. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.

El artículo 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos”, y que sólo la nación llevará a cabo su explotación.

Los expedientes evidencian cómo, en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de Pemex y Luis Ramírez Corzo director de Pemex Exploración y Producción (PEP), César Nava, en su carácter de titular de la Oficina del Abogado General (OAG), y Néstor García, entonces titular del área jurídica de PEP, operaron para que la paraestatal suscribiera contratos como si fuese una compañía privada, para ceder a terceros la exploración y explotación de pozos, pasando por alto las consideraciones de sus subordinados, juristas adscritos a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaban los CSM, advirtieron que el modelo no era acorde a la ley.

En este esquema comercial disimulado como contrato de obra pública, en el cual ostenta a Pemex como una empresa privada, Nava renunció a la inmunidad que la carta magna da a la petrolera del Estado y a sus subsidiarias y filiales, constriñéndola a que en caso de conflicto sea juzgada en el extranjero ante tribunales comerciales. Todo ello, para “hacer contratos atractivos para los inversionistas privados”, según versiones de sus excolaboradores.

Nava Vázquez benefició a las trasnacionales con contratos por más de 4 mil millones de dólares para la exploración, explotación, producción, transporte y almacenamiento de gas natural y sus condensados en la Cuenca de Burgos, sin que Pemex tenga ya control sobre esta zona, por lo que el hoy secretario particular de Felipe Calderón habría incurrido en supuestas violaciones a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), por ceder actividades estratégicas exclusivas de Pemex.

En 2005, esas supuestas violaciones a la ley fueron denunciadas ante la SFP por el abogado Jorge García, excolaborador de Nava en el jurídico de Pemex, e integradas en el expediente DE/099/2005. El señalamiento alcanza a Néstor García Reza y al entonces director de la subsidiaria, Luis Ramírez Corzo, por haber incurrido en violaciones a la Constitución, a la LOPSRM y a la LFRSP, al avalar un modelo de contrato con dolo, error y lesión en contra de Pemex.
Algunos de los supuestos ilícitos denunciados por Jorge García –quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP– habían sido comprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2005, en la auditoría especial que el órgano de fiscalización realizara a los CSM; incluso, la ASF había solicitado al Órgano Interno de Control (OIC) abrir investigaciones a los funcionarios involucrados en las irregularidades. Sin embargo, el OIC hizo caso omiso al mandato. A fines de 2006, en el cambio de estafeta del gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón, la SFP “encapsuló” la denuncia del exsubordinado de Nava Vázquez.

Justificados por funcionarios de la administración foxista como esquemas para capitalizar a Pemex, los CSM son considerados por legisladores y analistas como los primeros modelos de privatización de sectores que por mandato constitucional están reservados al Estado. Por ello, en 2004, el fallecido constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela demandó su nulidad absoluta.
Ante la opacidad jurídica, en 2005, la ASF ordenó a Pemex suspenderlos. Para esas fechas, mediante este esquema, ya se había otorgado a consorcios extranjeros la operación de toda la Cuenca de Burgos.

Los “arreglos” de César Nava
La exploración, explotación y producción de gas natural en la Cuenca de Burgos –situada en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila– era realizada por Pemex desde hacía más de 50 años, en los campos Misión, Reynosa, Francisco Cano, Treviño y Brasil.

En 2002, según cifras oficiales, Burgos produjo 1 mil 30 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que representó casi una cuarta parte de la producción nacional, nivel alcanzado por ser la zona más desarrollada en su tipo del país. Era vista como la fuente más inmediata para obtener volúmenes adicionales de gas natural y contener las importaciones del energético. Los CSM se justificaron como “la necesidad de ampliar la capacidad de exploración y perforación de pozos con miras a la elevación de gas natural y ante las restricciones presupuestales de PEP”.

Aunque el corporativo y las subsidiarias y filiales de Pemex cuentan, cada una, con un área dedicada al diseño y revisión de contratos, Nava dispuso que el modelo de CSM lo realizara la trasnacional Pricewaterhouse Coopers, SC, dirigida por Javier Soni Ocampo, accionista de la consultoría y quien también era parte de la fundación Vamos México, creada por la exprimera dama Marta Sahagún, donde integraba el Consejo de Vigilancia.

El servicio se acordó mediante el contrato 410212834 –etiquetado en PEP con el número PEP-SOP-034/2002– por adjudicación directa. A su vez, Pricewaterhouse subcontrató al bufete Macleod Dixon LLP, de origen canadiense.

Un documento elaborado por los encargados del proyecto, J. Jay Park y Elisabeth Ejuri, denominado “Aspectos legales selectos de los contratos de servicios múltiples” y fechado el 20 de junio de 2002, explica que Macleod Dixon LLP fue contratada como asesor legal internacional de PEP para el proyecto CSM, bajo un subcontrato con Pricewaterhouse Coopers. La asesoría la daba Macleod Dixon desde sus oficinas en Calgary, Canadá, y Caracas, Venezuela, apoyados por el despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa, SC, recomendado de Nava Vázquez.

El secretario particular de Calderón instruyó a los abogados Jorge García, Cesáreo Maldonado, Alfredo Morales, Venus Monterrubio, César Castro, Miguel Serrano y Jesús Neri, adscritos a PEP, para que participaran en el diseño de los CSM, en un grupo de trabajo que coordinaba Jorge García.
Se estipuló que la empresa entregaría tres modelos de contrato. “Uno comercial, uno apegado a derecho y otro intermedio para que se pudiera jugar con ellos de acuerdo con los tiempos políticos; además, Price debía apoyar en su implementación”, dice Jorge García, quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP.

Durante varias semanas los abogados de Pemex se reunieron con los representantes de Price para definir el modelo. Los encuentros fueron en la oficina de Néstor García Reza, ubicada en el piso 9 de la torre ejecutiva, en Marina Nacional. De estas reuniones, Jorge García refiere:
“Era un estira y afloja entre nosotros (los abogados de PEP) y la gente de la consultoría. Discutíamos cada cláusula en apego a la Constitución y las leyes mexicanas, y la gente de Price defendía que tenían que hacer un contrato donde Pemex apareciera como una empresa privada y no como paraestatal, para que fuera atractivo a los inversionistas. Por ello incluyeron cláusulas que eran contrarias a la ley.”

Señala que los desencuentros eran principalmente con la representante de Price, Elisabeth Eljuri, de origen venezolano: “Ella participó en la implementación de contratos similares en PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA). Tenía una concepción muy singular de los contratos. Ellos (Price) lo que querían hacer era un contrato comercial, en el sentido que fuera atractivo para muchos inversionistas. Incluso habló de modificar el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones para incorporar muchas cosas que la ley prohíbe, y que se incluyeron en el contrato”.
Jorge García explica que, pese a las observaciones de los abogados de Pemex respecto a los impedimentos jurídicos del contrato que se estaba formulando, los representantes de Price defendieron que ése era el modelo que les había solicitado el abogado de Pemex y que así lo presentarían.
Según García, Elisabeth aseguraba que la LOPSRM sería modificada para ajustarla al contrato. “A ella se le hacía muy fácil; decía: ‘vamos a modificar la ley y el reglamento’; le dijimos que en México las leyes no se modificaban así, pero ella insistió y siguieron adelante con el modelo que más tarde pondrían en operación César Nava y Néstor García”.

El 21 de noviembre de 2002 se suscitó la reunión más ríspida entre los abogados de Pemex y los representantes de Price. La razón fue que los juristas hicieron 67 observaciones al modelo de la consultoría, por ser contrario a la Constitución y las leyes mexicanas. Luego advirtieron a sus superiores –Nava y García Reza– que el contrato estaba sustentado en el derecho mercantil privado y no en el público, y definía a Pemex como una empresa privada y no como una empresa del Estado mexicano. El contrato en general se definía como “actividades comerciales” entre las partes y no como un contrato de servicios. Se pactaban actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos.

También se estipulaba que cualquier documentación relativa al contrato, responsabilidad u obligación que de él se derivara, se emitiría como particulares y en apego al derecho mercantil privado.
Los excolaboradores de Nava explican que aún cuando los representantes de Price sabían que ello era contrario a derecho, argumentaron que la inclusión de dichas cláusulas era lo que hacía atractivo los contratos a los inversionistas, que de eliminarse, la iniciativa privada no se interesaría. Por ello, agregan, se estableció la Corte Internacional de Comercio de París como el tribunal donde se dirimiría cualquier conflicto entre las partes.

Uno de los aspectos que más inquietó a los abogados era que en distintos apartados del clausulado general Pemex renunciaba a la inmunidad del Estado mexicano, lo cual es contrario a la Constitución. Se estableció que un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio o un embargo auxiliar, “de lo anterior podría desprenderse que un tribunal extranjero sí podría ordenar un embargo a PEP de sus bienes en el extranjero o en México, ya que conforme a la cláusula se trata de relaciones comerciales y se renunció a la jurisdicción”, alertaban en diversos oficios los subordinados a Nava.

Mediante un correo electrónico del 25 de noviembre de 2002, remitido por Jorge García a su superior inmediato, Néstor García, le alertaba que Nava debía manifestarse respecto a la cláusula en la que la paraestatal renunciaba a la inmunidad, pues, considerando que los contratos se visualizaban para la inversión privada de capital extranjero, la inclusión de dicha cláusula en los CSM, “puede tener un impacto negativo para PEP, toda vez que podría llegarse al punto de embargos o ejecución de los bienes del organismo por parte de órganos jurisdiccionales extranjeros.”

Los abogados de PEP advirtieron que según el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los contratos de la paraestatal son de derecho público y se rigen por la LOPSRM, “por lo que es evidente que las relaciones entre PEP y el contratista no constituyen actividades comerciales”, como estipulaba el modelo de Price. El estipular que “el contrato y las operaciones del mismo constituyen actividades comerciales de la parte”, evaluaron, era contrario a los artículos 1 y 15 de dicha ley.

Se enfatizó que al renunciar al fuero, se exponía a que la paraestatal fuera juzgada por alguien ajeno al país y de las implicaciones de llevar a Pemex a tribunales internacionales, donde históricamente ha perdido los casos.
En diciembre de 2002, en diversos oficios y correos electrónicos, los subordinados de Nava insistieron en las implicaciones legales del contrato diseñado por Price. En un correo electrónico remitido el 9 de diciembre de 2002, por Jorge García al titular de la OAG, señala: “Consideramos adecuado insistir sobre las modificaciones a diversas cláusulas, ya que lo expresamos en su oportunidad, si el vínculo de PEP con el contratista se conceptuase como relaciones comerciales, se podrían acarrear efectos negativos para el organismo y la eventualidad de embargos o determinaciones de autoridad sobre bienes de PEP”.

Ese mismo mes, el grupo de trabajo elaboró el oficio con el que Nava otorgaría la sanción jurídica (aprobación por parte de la OAG) del modelo final presentado por Price, a partir del cual se diseñarían las bases para licitar los bloques de Burgos. Aún en este documento, los subordinados de Nava le advirtieron que como principio de ley, ningún contrato podía tener cláusulas de penalización para el gobierno federal, y que el jurídico no tenía atribuciones para renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex.
El 20 de diciembre de 2002, Nava emitió el dictamen favorable sobre el modelo de contrato de Price, según el documento OAG/960/2002 dirigido a Sergio Guaso Montoya, director ejecutivo del Proyecto de Diseño de Modelos de CSM de PEP.

En su argumentación, Nava dice que los CSM son, “contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios, de acuerdo con la LOPSM”, pero reconoce que su validez jurídica parte del supuesto de que ésta “será modificada”. Y que además, a través del Consejo de Administración, Pemex adoptará “una política interna” acorde para este tipo de contratos.

En el dictamen, el abogado reconoce que algunas cláusulas del contrato eran contrarias a la ley. Enfatiza que para incluir la sanción legal al modelo de CSM era necesario considerar que “ciertos aspectos contenidos en el modelo de contrato propuesto requieren de la modificación de la LOPSRM, o bien de la confirmación de ciertos criterios de interpretación administrativa” de ésta.
El documento revela que Nava dio su aprobación, aun cuando el modelo no había sido sometido a escrutinio de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy SFP.

Contratos a la medida
Los excolaboradores de Nava dicen que además del modelo de CSM, el proceso de licitación y la formalización de los contratos fueron “hechos a modo”. En 2003, antes de irse como asesor jurídico de la Sener –con el secretario Felipe Calderón– con el modelo de Price, César Nava Vázquez junto con Néstor García Reza, Luis Ramírez Corzo y Sergio Guaso Montoya elaboraron las bases para licitar siete bloques integrados en unos 6 mil kilómetros cuadrados en la Cuenca de Burgos.

En cada proceso de licitación –salvo en el bloque fronterizo en que participaron dos consorcios– se recibió una sola propuesta. Contrario a como indica la LOPSRM de optar por la mejor propuesta económica, los funcionarios de Pemex no buscaron más opciones, fallaron a favor del único licitante. Todos se otorgaron a petroleras extranjeras cuyo giro principal es la exploración, explotación y comercialización de energéticos y no la prestación de servicios: Repsol, Petrobras, Lewis Energy Group, Teikoku Oil Co y Techint.

Pese a lo complejo de los contratos y los recursos comprometidos, se adjudicaron de forma exprés. Las licitaciones se publicaron entre julio y agosto de 2003, en octubre se abrió la propuesta técnica y al día siguiente –en cada proceso– la propuesta económica. En noviembre la OAG emitió la aprobación jurídica y se suscribieron los contratos. El proceso fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Felipe Calderón, en su carácter de secretario de Energía, quien ya tenía a Juan Camilo Mouriño como coordinador de asesores y a Nava Vázquez como asesor jurídico.

Una vez que se emitió el fallo, se permitió a las firmas extranjeras crear empresas ex profeso para que suscribieran el contrato y que la trasnacional quedara como obligada solidaria. La operación tenía un interés de fondo: las cláusulas de cada CSM estipulan que PEP y la contratista renuncian a toda inmunidad y protección de su gobierno, no así a la obligada solidaria, que conserva su derecho a recurrir en todo momento a la protección de su gobierno.

Los dictámenes jurídicos mediante los cuales la OAG autorizó la suscripción de cada CSM fueron hechos por Alfonso Iturbide Guerra, a la sazón encargado del despacho de la OAG y con el visto bueno del gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza, el mismo funcionario que aprobó algunos de los convenios y contratos que Pemex Refinación firmó con Juan Camilo Mouriño como representante legal de Transportes Especializados Ivancar (Contralínea 96).

En la revisión que la ASF hiciera al proceso de licitación (en su auditoría incluida en la revisión a la Cuenta Pública 2003), detectó que en las convocatorias “se omitió señalar en las bases de licitación la información específica sobre los trabajos que podían subcontratarse, en infracción al artículo 33 de la LOPSRM”, lo que, estimó la ASF, habría dejado a otras empresas sin posibilidad de participar. Al respecto, el órgano de fiscalización solicitó la intervención del OIC para investigar la responsabilidad de los funcionarios de Pemex involucrados en dicha irregularidad, pero no hubo investigación.

Denuncias en la SFP
En su denuncia, Jorge García Martínez señala que Nava Vázquez, García Reza y Ramírez Corzo habrían incurrido en supuestas violaciones a los artículos 7 y 8 de la LFRSP y a los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, “ya que no se abstuvieron de realizar actos que puedan causar deficiencia del servicio público” al aprobar el modelo de CSM, sin que éste fuera legal.

Ramírez Corzo, precisa, habría incurrido en incumplimientos a la fracción XVII del artículo 8 de la LFRSP, “al no supervisar que César Nava y Néstor García cumpliesen con las obligaciones” contenidas en el artículo referido.
García Martínez responsabiliza a Nava de la implantación de los polémicos CSM porque, argumenta, “la opinión jurídica que emitió sobre el contrato propuesto por Price fue determinante para que el entonces director general de PEP (Luis Ramírez Corzo) decidiese la utilización de dicho modelo pese a su ilegalidad”, por lo que, señala, Nava “incumplió las disposiciones legales relacionadas con el servicio público”.

Lo anterior implicaría también que el exabogado de Pemex habría actuado en contravención al principio de derecho, pues, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, ningún servidor público puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Así, argumenta Jorge García, ni Nava Vázquez ni García Reza podían conferirse facultades que la ley no les da, “como lo hicieron al renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex”. Agrega que esta sola cláusula podría declarar la nulidad de los CSM.

Denuncia que Price no cumplió con el objeto de su contratación, toda vez que “el modelo de contrato no se apega a lo dispuesto en la LOPSRM, y por tanto es ilegal”. Por ello, agrega, “existe responsabilidad del contratista por no haber cumplido con el objeto del contrato que era elaborar un modelo acorde a la ley, independientemente de que el abogado general de Pemex y el jefe de la Unidad Jurídica de PEP hayan dado su opinión favorable”.

Como pruebas ante la SFP, García aportó el dictamen del modelo de Price firmado por César Nava, además de los dictámenes de la OAG respecto a los cuatro primeros contratos suscritos con las trasnacionales petroleras; así como la correspondencia interna donde precisaban cada una de las cláusulas que hacían ilegales los contratos.

Cuando la indagatoria estaba en curso, Función Pública abrió otra investigación, integrada en el expediente DE/025/20025/NA/042, que tenía a su cargo el titular del área de Quejas del OIC en Pemex, Federico Domínguez Zuloaga, despedido de la SFP el 26 de septiembre de 2006, 25 días después de que Felipe Calderón tomó posesión como presidente.

El excolaborador de Nava se dice víctima de persecución, espionaje telefónico, presiones sicológicas y acoso judicial. Asegura que tanto agentes de la Agencia Federal de Investigación, como elementos de seguridad interna de Pemex, adscritos a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, que encabeza Víctor Manuel de la Peña Cortés (denunciado por el exlegislador Jesús González Schmal por supuesto espionaje cuando presidía la comisión que investigaba a los hermanos Bribiesca), vigilaban su domicilio y que en diversas ocasiones siguieron a sus hijos, a su esposa y a él mismo.
Ante la SFP, García documentó a detalle el modelo y placas de los vehículos que vigilaban su casa, las intervenciones telefónicas, el rastreo que de sus datos personales hacían diferentes sujetos entre sus vecinos.

El acoso llegó a tal grado, dice en entrevista, que en noviembre de 2005 solicitó a la SFP que el OIC emitiera una resolución “objetiva y apegada a derecho” a su denuncia, pues estaba en riesgo su integridad y la de su familia. Incluso en un oficio del 11 de noviembre, Francisco Javier Galindo Noriega, titular del Área de Quejas del OIC en PEP, señala que García Martínez pidió medidas cautelares para él y su familia.

Mientras su denuncia se ventilaba en la SFP, la OAG de Pemex presentó una denuncia penal en su contra por sustracción de documentos confidenciales. García Martínez dice que el expediente presentado por la OAG (ya a cargo de Néstor García) fue el mismo que él presentó en la SFP para denunciar a Nava, García Reza y Ramírez Corzo “por lo que ante el Ministerio Público federal que llevaba la denuncia en mi contra manifesté que ellos sí hicieron uso de información contenida en un expediente que estaba bajo investigación en la Función Pública”, explica.

En diversos oficios presentados durante 2006, García insistió a los funcionarios de la SFP que derivado de sus denuncias respecto a los CSM, era sujeto de investigación y presiones.

El 9 de junio presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, radicada en el expediente 2006/2128/2/OD, para que el organismo interviniera ante la SFP por supuestas violaciones a sus derechos humanos, relacionadas con la denuncia por sustracción de documentos de la que es objeto. El 30 de junio la CNDH hizo un extrañamiento al contralor interno de la SFP, Francisco Medellín, y le solicitó aclarar la responsabilidad de los funcionarios que habrían incurrido en infracciones al artículo 10 de la LFRSP en detrimento de García Martínez.

Aunque algunos de los señalamientos de García Martínez habían sido comprobados por la ASF en su revisión a la adjudicación de los CSM, a finales de 2006 previo al cambio de estafeta en el gobierno federal, dice, la SFP “encapsuló” su denuncia.

Para este trabajo se buscó a César Nava Vázquez, quien declinó hacer comentario hasta no ver la información publicada por Contralínea. También a Javier Soni Ocampo, director para México de la consultoría Pricewaterhouse Coopers, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En Pemex, el abogado Néstor García Reza rehusó explicar su participación en las supuestas irregularidades y el gerente de comunicación social, Carlos Ramírez, negó a Contralínea cualquier información relacionada con los CSM y lo documentado en este artículo.

Proyecto privatizador

/ Revista Contra línea / 2° quincena de Mayo
Manuel Bartlett, expresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, define a los CSM como “una de las estrategias diseñadas por la administración de Vicente Fox para privatizar los hidrocarburos y para permitir la participación de grandes compañías extranjeras en los procesos de desarrollo y producción de hidrocarburos, en una clara violación a la Constitución”.
El exsecretario de Gobernación sostiene que los CSM tienen su origen en la aceptación de Vicente Fox a la solicitud explícita de George W. Bush de acelerar la integración energética entre México y Estados Unidos. “Se cedió también a las presiones de las empresas extranjeras distribuidoras de gas natural y a las grandes petroleras trasnacionales”.
Explica que dichos contratos fueron el inicio de la privatización de Pemex y que son una muestra del esquema que se aplicará de aprobarse la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón. (ALP)
El negocio de Repsol
La trasnacional beneficiada con más de 60 por ciento del monto asignado a los CSM de Burgos fue la española Repsol, con un contrato por 2 mil 437 196 mil 256 millones de dólares, a 20 años, para el bloque Reynosa-Monterrey (de unos 3 mil 552 kilómetros cuadrados), adjudicado el 16 de octubre de 2003. Según Pemex, éste es “el contrato de obra pública de mayor monto en la historia de la paraestatal”.Cinco días después de que PEP le adjudicara el contrato 414103990, el consorcio creó la subsidiaria Repsol Exploración de México, SA de CV, según escritura pública 100116 emitida el 21 de octubre de 2003 por el notario 103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez. El 13 de noviembre Alfonso Iturbide Guerra, a nombre de la OAG, emitió el dictamen jurídico para el contrato, avalado también por el gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza. Al día siguiente firmaron el contrato Luis Sergio Guaso Montoya, director Ejecutivo de CSM, y Alfredo Guzmán Baldizán, subdirector de la Región Norte de PEP, como representantes de la paraestatal, y Guillermo Isaac Álvarez Iglesias, por parte de Repsol Exploración de México, y Repsol Exploración como obligado solidario. De dicho documento destaca la cláusula 35.3: “PEP expresa e irrevocablemente renuncia, en la forma más amplia, al fuero o a cualquier posible inmunidad soberana o de jurisdicción que pudiera corresponderle”, con lo que se estaba incurriendo a violaciones al artículo 27 constitucional. En la cláusula 2.2 se estipula que aunque la contratista (Repsol de México) “por razones comerciales” para objeto del contrato “renuncia a cualquier tipo de inmunidad soberana o inmunidad de jurisdicción a la que pueda tener derecho” y a “no invocar la protección de su gobierno” esta limitación no era extensiva a su “obligado solidario”, es decir, Repsol Exploración, con sede en España. Lo anterior significa que la española podría recurrir a la protección de su gobierno y a “cualquier derecho, según los tratados internacionales celebrados por el gobierno federal de México que sean aplicables”.
En la cláusula 35.3 se obliga a que cualquier diferencia entre las partes “deberá ser resuelta exclusivamente mediante arbitraje institucional con sede en París, Francia, de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”; es decir, el modelo de Price aprobado por Nava era un contrato comercial y no de obra pública.
El periodo de ejecución se estipuló del 9 de enero de 2004 al 8 de enero de 2024, periodo en el cual se podrá incrementar el monto fijado en el contrato, además de los intereses que PEP pagará a Repsol por financiamiento de obra, según la cláusula 20.3.

Los contratos de Petrobras
El 23 de octubre se adjudicó a las empresas Petrobras, de Brasil; Teikokui Oil, de Japón; y D&S Petroleum, de México, el contrato para el bloque Cuervito (de 231 kilómetros cuadrados), por 261 millones de dólares, a 15 años. Seis días después, los consorcios crearon la empresa PTD Servicios Múltiples, S de RL de CV, según escritura pública 147, formalizada el 29 de octubre de 2003 ante la notaría 55 del primer distrito de Monterrey, Nuevo León.
El 19 de noviembre, Iturbide Guerra emitió el dictamen jurídico según oficio OAG/1686/2003; dos días después, se firmó el contrato. En el documento aparecen como obligados solidarios Petróleo Brasileiro México, S de RL de CV, representada por Marco Antonio Sotomayor Melo; Petroleo Brasileiro, SA, por Roberto Toledo; D&S Petroleum, por Jesús Rodríguez Dávalos; y Teikoku Oil Co, LTD, por Tsukasa Takashima. Por Pemex: Guaso Montoya y Guzmán Baldizán; y por PTD, Roberto Toledo.
El documento contiene las mismas cláusulas que el de Repsol. En la número 35.4, “Naturaleza de la contratación”, también se estipula: “El presente contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades comerciales de las partes”.
El 19 de noviembre, a PTD Servicios Múltiples se le adjudicó el contrato para el bloque fronterizo (de 231 kilómetros cuadrados) por 265 millones de dólares, a 15 años, etiquetado con el número 414113808. La revisión jurídica se emitió en el oficio OAG/1826/2003, del 5 de diciembre –notificado también a Prado Carranza– y el contrato se firmó el día 8, en los mismos términos y por los mismos representantes que en el contrato anterior.
Servicios Múltiples de Burgos

El 30 de octubre de 2003, PEP adjudicó el bloque Misión (de 1891 kilómetros cuadrados), a Techint-Tecpetrol, Industrial Perforadora de Campeche, Elina 414, SA, y Elina del Bajío, SA. El 7 de noviembre estas firmas constituyeron la empresa Servicios Múltiples de Burgos, SA de CV, quedando los consorcios como obligados solidarios.
El 26 de noviembre se emitió el dictamen jurídico, mediante el oficio OAG/01717/2003. Dos días después, Luis Sergio Guaso y Alfredo Eduardo Guzmán Baldizán por PEP; y Raúl Droznes, María Alejandra Nicoli, Enrique Tovar y Aldo Mentasti, por las contratistas, firmaron el contrato 414103997 por 1 mil 35 millones 579 mil 600 dólares, y un plazo de ejecución de 7 mil 305 días, vigente del 9 de enero de 2004 al 8 de enero de 2024.

Lewis Energy

El 29 de julio de 2003, PEP publicó la licitación internacional 18575008-138-03 para el bloque Olmos. Según información de la subsidiaria, la única propuesta que recibió fue la de la empresa texana Lewis Energy Group, LP; el 15 de enero de 2004 emitió el fallo a favor de ésta. Cuatro días después, la compañía constituyó Lewis Energy México, S de RL de CV, según escritura pública 101336, emitida por el notario público 103 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio el 21 de enero de 2004.
El 6 de febrero de 2004, mediante el oficio OAG/250/2004, Iturbide Guerra emitió la aprobación jurídica del contrato 414104806 por 343 millones 573 mil 500 dólares, vigente del 20 de febrero de 2004 al 19 de febrero de 2019. El 9 de febrero firmaron el contrato Guaso Montoya y Guzmán por PEP y Rodney Ray Lewis por la contratista Lewis Energy de México; como obligado solidario quedó Lewis Energy.

Violaciones a la Ley de Inversión
Aunque las empresas beneficiadas con los CSM son de capital, en su mayoría, ciento por ciento extranjero (de España, Brasil, Japón y Estados Unidos), Pemex no solicitó la aprobación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE) para justificar la participación de recursos provenientes de empresas extranjeras en actividades económicas relativas a la perforación de pozos petroleros y gas, en contravención al artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera.

Lo anterior fue detectado por la ASF en la citada revisión al proceso de licitación de Burgos. El órgano de fiscalización determinó la presunción “de hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de los servidores públicos” que suscribieron los contratos pese a que no contaban con una resolución favorable de la CNIE. Al respecto, PEP increpó que era “obligación de la persona moral que llevará a cabo dichas actividades de perforación, y no de PEP, obtener la resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras”.

La ASF solicitó la intervención del OIC ante “hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de los servidores públicos”. Contralínea confirmó que los órganos internos de control no abrieron investigación alguna. (ALP)


EL SENDERO DEL PEJE

por Laura Itzel Castillo

(publicado en El Gráfico el 21 de mayo de 2008)

El lunes pasado salió a la luz pública el primer número de El Sendero del Peje en su versión impresa. Ya antes, la semana pasada, se habían distribuido dos números de prueba. La nueva publicación, en formato tabloide, circulará en el Distrito Federal de lunes a viernes, con un costo de cinco pesos el ejemplar. Es una buena noticia por donde quiera que se le vea.

Cierto: no es fácil trasladar a un periódico impreso el trabajo hecho por jóvenes entusiastas y valientes en el blog del mismo nombre, pero la experiencia empresarial y periodística del director, Federico Arreola, hará posible redondear el esfuerzo voluntarioso y comprometido de Víctor Hernández y su equipo.

Desde 2004, pero especialmente en 2006, El Sendero es un verdadero fenómeno de comunicación, ante la cerrazón de los grandes medios electrónicos, que desde la época del desafuero tomaron partido en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Durante los comicios, esos medios —especialmente Televisa— no sólo formaron parte activa, sino que encabezaron, sin el menor rubor, esa coalición de intereses inconfesables que impuso en el poder al usurpador Felipe Calderón.

Efectivamente, hubo algunas estaciones de radio, periódicos y revistas, a lo largo y ancho del país, que actuaron de manera profesional y no se sumaron a la guerra sucia. Sin embargo, fueron minoría. Esta realidad hizo que surgieran espacios de comunicación alternativa, como el blog de Víctor Hernández, que resultaron fundamentales para hacer llegar la información y los análisis de campaña a diversos segmentos de la población.

El Sendero del Peje puede convertirse en un medio muy importante en el contexto de la polarización política actual, acrecentada con el intento del régimen espurio de entregar la renta petrolera a intereses privados nacionales y extranjeros.

El nuevo proyecto tiene frente a sí enormes retos para lograr su consolidación. Importa el contenido, desde luego, pero también el diseño empresarial. Sin éste no hay lo otro. Lo más difícil no es salir a circulación, sino mantenerse. Ojalá que lo logre. Mejor: que esfuerzos como éste se multipliquen por todo el país y que se vinculen o asocien entre sí, pues la unión hace la fuerza. Quizá de esta manera podamos rescatar a buena parte de la opinión pública, secuestrada hoy por los grandes medios electrónicos. Ellos sí que son un peligro para México.

Por cierto, desde hace varios meses se viene configurando un amplio proyecto de comunicación, distinto a éste, pero similar en el objetivo de abrir nuevos espacios. Próximamente aparecerá con el nombre Desde la Izquierda e incluirá una revista, un periódico digital y un medio impreso masivo de distribución gratuita. Se trata de un diseño empresarial, periodístico y político, en ese orden, que bien vale la pena apoyar. Pero de ello escribiré la próxima semana.

ES FALSO QUE NO HAYA DINERO PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL PEMEX”: AMLO

“EL PETRÓLEO DEBE PERMANECER EN MANOS DEL ESTADO, PORQUE ES FALSO QUE NO HAYA DINERO PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL PEMEX”: AMLO

“Aprobar la iniciativa de reforma impulsada por el gobierno usurpador de Felipe Calderón para privatizar la industria petrolera sólo incrementará los niveles de inseguridad y violencia en la República Mexicana porque decrecerán la oferta de empleo, las oportunidades de educación para los jóvenes y el ingreso de la mayoría de las familias mexicanas”, alertó Andrés Manuel López Obrador, durante sus actividades de organización de las brigadas en defensa del petróleo.

Este día, su recorrido tocó ciudades de Durango y de Coahuila. Desde la capital del primer estado, el presidente legítimo de México precisó: “Calderón y la derecha panista están empecinados en continuar aplicando la actual política económica neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos y, al mismo tiempo, ha dejado en la pobreza a millones de familias. El presidente pelele no puede combatir la delincuencia y el crimen organizado porque sólo se ha dedicado a atender los efectos y no las causas que genera la violencia en el territorio nacional”.

Al conceder una entrevista a los representantes de los medios de comunicación, López Obrador puntualizó que el narcotráfico y la inseguridad que prevalecen en México son fruto de la descomposición social que se registra en los últimos 25 años, es decir, desde que se impuso el modelo económico neoliberal que no ofrece empleo ni bienestar a los mexicanos.

Por ello, propuso atender las causas de la violencia en el país, principalmente ofrecer fuentes de empleo, garantizar la educación media y media superior para los jóvenes y asegurar al ciento por ciento el ingreso económico de las familias.

Asimismo, continuó, “debe combatirse a fondo la corrupción en el gobierno usurpador, especialmente en Petróleos Mexicanos”. Y se preguntó: “¿Qué ejemplo puede dar Calderón de rectitud, de integridad y de moralidad, si él no ganó la Presidencia de la República? ¿O qué ejemplo puede dar el secretario de Gobernación del gobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño, si él es un delincuente confeso, un traficante de influencias?”.

López Obrador reiteró la necesidad de crear un comité anticorrupción en el Consejo de Administración de Pemex, con la deliberada intención de evitar la repetición de casos similares al de Mouriño. “Ahora, la derecha panista cree tener el dominio de la Nación y quiere privatizar el petróleo para regresar al país a la época del Porfiriato, donde las empresas extranjeras tenían en su poder la industria petrolera”, explicó.

Al iniciar la tercera gira por el país para fortalecer el movimiento en defensa del petróleo, convocó a los brigadistas a defender el hidrocarburo, “para evitar convertirnos en una colonia y seguir siendo un país libre y soberano. El petróleo bien manejado puede convertirse en una palanca para el desarrollo nacional, aun con los actos de corrupción que se han realizado en Petróleos Mexicanos”, añadió.

Apuntó que de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen de la venta del petróleo al extranjero, y además del hidrocarburo salen los fondos para construir la infraestructura que necesita la población. “El petróleo debe permanecer en manos del Estado, porque es falso que no haya dinero para mejorar la infraestructura del Pemex, si el gobierno usurpador obtiene 20 mil millones de dólares por los excedentes de la venta del hidrocarburo”, indicó.

Andrés Manuel López Obrador detalló que sólo 25 por ciento de los 20 mil millones de dólares de excedentes petroleros se transfieren a los gobiernos estatales. “El presidente pelele tiene apergollados a gobernadores como el de Durango, Ismael Hernández, quien hace poco, como lambiscón, manifestó su apoyo a la aprobación a la denominada reforma energética”, mencionó.

Agregó que el restante 75 por ciento de los excedentes por la venta del crudo “debería aplicarlo el gobierno usurpador para fortalecer Pemex y construir 5 refinerías, en vez de entregar el patrimonio nacional a empresas extranjeras”.

Al hacer un reconocimiento al fundador de las Redes Ciudadanas de Durango, Máximo Gámiz, invitó a los brigadistas a convertirse en un medio de comunicación “para romper el cerco informativo que ha impuesto el gobierno espurio alrededor del movimiento en defensa del petróleo. Los potentados cuentan con el apoyo de los medios de comunicación, especialmente con la televisión; sin embargo el movimiento en defensa del petróleo tiene a la gente”, aseguró.

Detalló que para finales de junio habrá 200 mil brigadistas, de los cuales mil 500 serán de Durango, y se encargarán de visitar 10 millones de familias “para informar sobre la intención del gobierno usurpador de privatizar el petróleo”.

Explicó que este martes comenzó la gira para reunirse con los brigadistas de los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Colima.

Frente a los brigadistas de Durango y Guadalupe Victoria, López Obrador sostuvo que aunque haya diferencias en el PRD o en otros partidos políticos, la defensa del petróleo debe estar por encima “de los intereses personales o de los partidos”.

Ante la declaración del PRI de estar de acuerdo con que se aplique un referéndum para saber si los mexicanos aprueban o rechazan la privatización del petróleo, López Obrador contestó: “ojalá y (los legisladores priistas) no se vayan a rajar y qué bueno que aceptaron la consulta popular”.

Para mañana, el presidente legítimo de México acudirá a Monclova y Saltillo, Coahuila.

HAMBRUNA

por Alejandro Encinas Rodríguez

(publicado en El Universal el 20 de mayo de 2008)

El incremento en los precios de los alimentos en el mundo ha puesto en evidencia el fracaso de la política agropecuaria instrumentada durante las últimas décadas por los gobiernos neoliberales, y tira por la borda las tesis que implicaron el desmantelamiento productivo del campo mexicano.

Con una enorme dosis de dogmatismo y sigilo de grandes negocios, la tecnocracia nacional sostuvo durante años que para mantener tasas bajas de inflación era necesario importar alimentos baratos del exterior; que no importaba incrementar nuestra dependencia alimentaria dada la disponibilidad de productos en el mercado internacional, y que no era rentable mantener una política de estímulos y subsidios en un campo que carecía de niveles de competitividad frente a sus homólogos de América del Norte.

La realidad ha mostrado el equívoco de estas medidas: los alimentos se han incorporado al mercado de futuros y a la especulación internacional; la crisis internacional de alimentos a obligado a los países productores a priorizar su abasto, manteniendo altos niveles de subsidio a sus productores; en tanto que el campo mexicano se encuentra incapaz de responder en el corto plazo para garantizar el abasto de alimentos en el país.

Estamos ante un serio problema que va más allá de la especulación de inversionistas que buscan la ganancia rápida, pues como lo ha señalado Jacques Diouf, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, son diversos los factores que han conducido a esta situación: la caída en la producción debido al cambio climático; niveles de existencias sumamente bajos; un mayor nivel de consumo en economías emergentes, como China e India; altos costos de energía y transporte; y, sobre todo, la demanda cada vez mayor para la producción de biocombustibles.

En ese sentido, la FAO ha insistido en que el aumento mundial de la producción de biocombustibles amenaza el acceso a los productos alimenticios de las poblaciones pobres, ya que su producción se hace en detrimento de los cultivos de plantas comestibles utilizando las reservas de agua, desviando tierras y capitales, lo que origina un aumento en los precios de los alimentos, poniendo en riesgo el acceso a los víveres de los sectores menos favorecidos.

Esta situación ha alentado el alza de precios. De acuerdo con datos de la FAO, entre marzo de 2007 y marzo de 2008 el precio del trigo aumentó 130%, la soya 87%, el arroz 74% y el maíz 31%.

El mismo Banco Mundial advirtió que la duplicación en los precios durante los tres últimos años podría hundir más en la miseria a 100 millones de personas, lo que significaría, de acuerdo con la Cepal, que en América Latina más de 84.2 millones de personas vivirán en la indigencia.

En México las expectativas no son distintas. Los resultados dados a conocer por INEGI, Conapo y Sedesol en la presentación del estudio Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005 dan cuenta de que uno de cada tres habitantes de estas ciudades vive en situación de pobreza alimentaria y poco más de la mitad vive en pobreza patrimonial.

Es decir, 5 millones de habitantes de las grandes ciudades no gana lo suficiente para pagar su alimento diario, poco más de 10 millones no satisfacen sus necesidades de educación y salud, y poco más de 20 millones no satisfacen sus necesidades de vivienda, transporte y vestido. Situación que se agrava en el medio rural.

Esta emergencia reclama una renovación urgente del campo mexicano, lo que implica formular una política de Estado que revitalice al sector agropecuario —en la agricultura comercial y en la de autoconsumo—, que permita garantizar la seguridad alimentaria del país y deje atrás la falsa ilusión de las ventajas comparativas que ha llevado a niveles de riesgo el abasto de alimentos a la población.

mayo 18, 2008

CONVOCA LÓPEZ OBRADOR A LA UNIDAD EN DEFENSA DEL PETRÓLEO

A su paso por Michoacán, tierra de José María Morelos, Melchor Ocampo, Francisco Múgica y el general Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador convocó a mantener la unidad en la defensa del petróleo, por encima de cualquier diferencia, porque la patria es primero y “por que está en juego el futuro de las nuevas generaciones, de los hijos de nuestros hijos”.

El presidente legítimo de México hizo un reconocimiento público al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por su apoyo tan importante, significativo y trascendente en el movimiento nacional en defensa del petróleo, así como al “apoyo moral” del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

Al reunirse con integrantes de los comités en defensa del petróleo, López Obrador expresó que “todos tenemos que estar unidos en la defensa del petróleo. No olvidemos que la patria es primero y que ahora se necesita de la unidad de todos”. Llamó a dejar de lado las diferencias, “porque tenemos que estar todos juntos en la lucha en contra de la privatización del sector petrolero”.

Ante cientos de brigadistas de los municipios del estado que gritaban a una sola voz: ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad! , aseguró que la derecha panista no logrará su propósito de ver dividido al movimiento en defensa del petróleo, “para hacer de las suyas”, como transferir los activos de Petróleos Mexicanos a empresas extranjeras.

Acompañado por 15 senadores y diputados federales, por la secretaria de Educación, Ciencia y Cultura del gobierno legítimo, Raquel Sosa, y por dirigentes estatales y municipales del PRD, PT y Convergencia, afirmó que “la intención del presidente pelele, Felipe Calderón, no es abrir el sector energético a la iniciativa privada del país, mucho menos a empresarios nacionales, sino entregar al patrimonio nacional a los grandes tiburones que representan las corporaciones petroleras multinacionales”.

En el Centro de Convenciones y de Exposiciones de Morelia, destacó la necesidad de defender el petróleo y de mantener la lucha en contra de la derecha panista y sus seguidores, “para evitar que se salgan con la suya”, con su propósito de entregar a particulares un bien que es propiedad de la Nación.

En la tierra del general Lázaro Cárdenas del Río, López Obrador destacó la importancia de que diputados y senadores del Frente Amplio Progresista hayan tomado la tribuna del Congreso, porque se evitó un albazo y la aprobación al vapor de la propuesta calderonista para privatizar el sector energético. Al aclarar que la toma de la tribuna legislativa permitió que la iniciativa de reforma energética se sometiera a discusión de especialistas en la materia, informó que el movimiento nacional en defensa del petróleo convocará a una consulta pública sobre un tema de carácter nacional y fundamental para el destino del país, como es el petróleo.

“Independientemente de que los legisladores de la Cámara de Diputados o del Senado tengan la última palabra, el pueblo de México tiene la primera palabra y su voz será la que decida sobre el futuro de Pemex”, señaló el dirigente de la izquierda mexicana.

Posteriormente, en la asamblea informativa con los brigadistas del Estado de México, en particular con los de Toluca, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que en los foros de debate que organiza el Senado sobre el tema petrolero, los representantes del movimiento en defensa del petróleo van 2-0 sobre los enviados del proyecto privatizador.

Acompañado por los senadores Yeidckol Polevnsky y Héctor Bautista Morales, así como por la secretaria para el Estado de Bienestardel gobierno legítimo, Martha Pérez Bejarano, señaló que “el gobierno usurpador de Felipe Calderón se sostiene con el apoyo de los medios de comunicación, en particular con la manipulación que ejerce la televisión”. Para contrarrestar los efectos de cualquier campaña manipuladora y de desinformación, propuso que cada brigadista se convierta en un medio de comunicación y mencionó que hacia finales de junio los comités en defensa del petróleo habrán visitado un aproximado de 10 millones de hogares mexicanos.

Al destacar que Calderón es el responsable del clima de inseguridad y de violencia que se vive en el país, López Obrador se preguntó: “¿cómo se va a combatir la delincuencia, si los que están en Los Pinos son unos delincuentes, empezando por Felipe Calderón y el delincuente confeso que goza de total impunidad, Juan Camilo Mouriño? En los últimos 25 años no hay crecimiento económico, bienestar, educación y oportunidades de empleo, porque se aplica un modelo económico de corte neoliberal que sólo beneficia a unos cuantos y, al mismo tiempo, mantiene en la pobreza a millones de mexicanos”, afirmó.

Al término de la reunión informativa que sostuvo con los brigadistas michoacanos, López Obrador se reunió en privado con el gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel. Por espacio de 15 minutos intercambiaron puntos de vistas sobre los principales temas de la agenda nacional, entre ellos el intento de privatizar el petróleo.

Un día antes, el viernes 16 de mayo, en otro punto del territorio nacional, la frontera norte, Andrés Manuel López Obrador reiteró que espera “una respuesta del presidente pelele para sostener un debate sobre la llamada reforma energética y de los proyectos de nación que representan la derecha panista y el movimiento de transformación de México”.

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, al conceder una entrevista a su arribo a la antigua villa de Guadalupe del Paso del Norte, propuso que los excedentes de la venta petrolera se transfieran a Petróleos Mexicanos para fortalecer y modernizar al sector, sin necesidad de privatizarlo.

Destacó la necesidad de formar un comité anticorrupción, “para combatir la corrupción imperante en la paraestatal y para que Calderón Hinojosa y el secretario de Gobernación del gobierno espurio, el delincuente confeso, Juan Camilo Mouriño Terrrazo, y toda una pandilla dejen de hacer negocios al amparo del poder público, y que no se monten en el negocio del petróleo”.

López Obrador indicó que de acuerdo a estimaciones, México captará este año alrededor de 20 mil millones de dólares por concepto de los excedentes petroleros, porque el precio del barril lo fijó la Cámara de Diputados en 49 dólares y actualmente se cotiza la mezcla mexicana en más de 100 dólares por barril, y recordó que desde el sexenio foxista “no se transparenta el uso de los recursos excedentes, no se sabe qué destino tienen”.

Tanto en la entrevista como en el mensaje que dirigió a los ciudadanos de Juárez, afirmó que el petróleo es de todos los mexicanos y que no existe razón alguna para entregarlo a extranjeros, como pretende hacerlo la administración calderonista, cuyo único interés es profundizar la actual política antipopular, entreguista y privatizadora.

Por su importancia, López Obrador planteó que el Instituto Mexicano del Petróleo recupere su carácter de pilar del desarrollo tecnológico, porque hasta el momento no hay investigación alguna que demuestre que haya petróleo en aguas profundas. El hidrocarburo se encuentra en tierra y en aguas someras, puntualizó.

Calderón tiene la intención de que se permita “la celebración de contratos con empresas extranjeras, es decir, cambiar el marco legal para que los particulares se dediquen a la exploración y a la explotación del petróleo”, señaló al mencionar que México dejaría de importar 40 por ciento de las gasolinas, con la construcción de cinco refinerías que se construirían con tecnología propia que aportaría el Instituto Mexicano del Petróleo.

En la asamblea informativa con los integrantes de los comités en Defensa del Petróleo del estado de Chihuahua, el presidente legítimo de México reiteró que no es necesario privatizar Pemex para modernizar el sector energético y que el movimiento en defensa del petróleo no permitirá que se transfieran los activos de la paraestatal a particulares.

Acompañado por la secretaria del Trabajo de su gabinete, Bertha Elena Luján Uranga, insistió en que “nosotros no vamos a permitir la privatización ni mucho menos que se viole la Constitución. Vamos a seguir participando en los debates (que organiza el Senado) y al final vamos a plantear también que se lleve a cabo una consulta ciudadana, para que se le pregunte al pueblo sobre este tema”.

Por la mañana, López Obrador concedió una entrevista a la estación Radio Bemba, de Hermosillo, Sonora. En la cabina de la radiodifusora y acompañado por Alfonso Durazo Montaño, afirmó que la toma pacífica de la tribuna del Poder Legislativo permitió que no se consumara un atraco a la Nación.

Para el domingo, 18 de mayo, el presidente legítimo de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con las brigadas de Chalco, Valle de Chalco y Ciudad Nezahualcóyotl, correspondientes al Estado de México.

■ México 2009: toda forma de oposición quedará proscrita

Desfiladero

Jaime Avilés

■ México 2009: toda forma de oposición quedará proscrita

Bajita la mano, la ultraderecha golpista ha tejido una telaraña de acero para estrangular judicialmente al Frente Amplio Progresista (FAP), sacar del Poder Legislativo al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, colocarlo en el terreno de la ilegalidad, justificar su represión, someter al Gobierno del Distrito Federal y neutralizar a Andrés Manuel López Obrador, con el fin de garantizarle a Estados Unidos y a España, antes o después de las elecciones de 2009, la privatización total de Pemex.

Como no bastó el fraude electoral de 2006 para controlar a los millones que se oponen pacífica, democrática y activamente al programa depredador de Felipe Calderón Hinojosa, éste ha puesto en marcha una ofensiva que se desarrolla en varios frentes. A saber, a) dinamitó desde adentro, con la entusiasta colaboración de los chuchos, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con lo que el FAP perderá la mayor fuerza política que lo integra; b) limpió el Instituto Federal Electoral (IFE) al enterrar los despojos del mafioso Luis Carlos Ugalde para sustituirlo por Leonardo Valdés Zurita (Vazurita), quien prepara desde ya el fraude del año entrante que le robará el máximo número posible de diputaciones al FAP.

De manera simultánea, c) otra vez con el apoyo irrestricto de los chuchos, en este caso representados por Ruth Zavaleta, modificó las leyes que rigen el funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, para destituir a los actuales consejeros del instituto electoral capitalino (IEDF), y remplazarlos por cuadros sumisos a los intereses que aborrecen a Marcelo Ebrard y sueñan obsesivamente con imponerle una mayoría panista en la Asamblea Legislativa, antes de destituirlo.

Todo lo anterior, naturalmente, en función del compromiso que Calderón contrajo con los estadunidenses –a partir de su encuentro con Jeffrey Davidow, en noviembre de 2003, en California– y, a través de Juan Camilo Mouriño, con la gasera gallega Repsol, para entregarles Pemex a cambio de que lo sentaran en la Presidencia de la República.

A tal efecto, el pasado 10 de abril –aniversario luctuoso de Emiliano Zapata– Calderón Hinojosa envió al Senado sus primeras cinco iniciativas de reforma –para permitir la participación de empresas privadas en exploración, explotación, refinación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos–, con los pueriles pretextos de que eso “fortalecerá” a Petróleos Mexicanos (Pemex), “nos” ayudará a extraer el crudo ultrapesado de las aguas profundas y harán posibles “más hospitales, carreteras y escuelas para que ningún mexicano se quede sin estudiar”.

Ante la previsible respuesta del FAP, que tenía lista una huelga legislativa en ambas cámaras del Congreso para evitar el madruguete de los petrosenadores, la ultraderecha usó como de costumbre la artillería pesada de los medios y el bombardeo implacable de los levantacejas y de los espots calumniosos, como el de Hitler. En medio de la gritería por el supuesto “secuestro” del Poder Legislativo, los senadores del PRIAN aprobaron al vapor un conjunto de leyes anticonstitucionales, mientras sus diputados, con la abierta complicidad de Zavaleta, creaban las condiciones necesarias para descabezar al instituto electoral capitalino, cosa que harán la semana próxima.

Así, después de alabar hipócritamente el acuerdo “civilizado” que pactó un debate sobre la reforma calderónica, la ofensiva siguió su curso. Los chuchos se apoderaron de la dirección del PRD, con el respaldo del tribunal federal electoral, sujeto a los designios del gobierno espurio, y el IFE de Vazurita, apenas anteayer, se quitó la máscara al multar con 119 millones de pesos a los partidos integrantes del FAP por sus críticas a las promesas electorales de Calderón, mientras imponía una sanción de sólo 10 millones al PAN y al Verde Ecologista por la campaña sucia que en horario estelar, durantes meses, repitió que López Obrador era “un peligro para México”.

Moraleja: la ultraderecha golpista ha abolido la Constitución. Mouriño es inocente aunque se demuestre lo contrario; el góber precioso también, y con él –ya lo dijo la Suprema Corte– todos los pederastas amigos de los de arriba; Ulises Ruiz puede seguir asesinando a los oaxaqueños; a Etilio González Márquez le asiste el privilegio de mandar a chingar a su madre a sus gobernados; Enrique Peña Nieto avanzará rumbo a la Presidencia cada vez que se ufane de la represión que mató a dos jóvenes, violó a decenas de mujeres y encarceló, después de moler a palos, a un centenar de indígenas en Atenco; Eduardo Bours será condecorado, entre otras cosas, por haber metido presos a los ecologistas que trataban de salvar los últimos árboles de la ciudad de Hermosillo, y nadie será perseguido, investigado ni sentenciado nunca por las desapariciones y los descuartizamientos de mujeres en Ciudad Juárez.

¿Quiénes son entonces los verdaderos destinatarios del “¡ya basta!” que Calderón lanzó el pasado lunes, dando un manotazo de impotencia, desde Los Pinos? ¿Los 110 millones de mexicanos, a quienes les exigió que “no sean cómplices y denuncien los delitos sin solapar la existencia de criminales”? ¿O los jueces, a quienes, sin tener facultades para ello, ordenó que “cierren el paso a la impunidad” e impidan que los malhechores salgan de la cárcel “por su propio pie”? ¿O los medios de comunicación, a los que insultó al acusarlos de “compartir” (sic) la “estrategia de los criminales que buscan sembrar terror”?

¿Quiénes son los culpables de la evidente disolución del gobierno en México? ¿Los medios? ¿Los jueces? ¿Los ciudadanos? ¿O la ineptitud extrema de un fanfarrón sin escrúpulos, que asaltó la Presidencia nada más pero nada menos que para despojarnos del petróleo? Lo cierto es que mientras en el Senado comenzaba el debate sobre el futuro de Pemex, Calderón envió, ahora a los diputados, una sexta iniciativa de reforma, para establecer la reducción de impuestos, de entre 15 y 20 por ciento, que beneficiará a Repsol y Halliburton por extraer el tesoro de las aguas profundas.

¿Más claro? Ni el agua. Al terminar el debate, los senadores y diputados del PRIAN consumarán la privatización de Pemex. La única forma de impedirlo es la movilización popular. Desde ya. ¿Cómo? Impulsando en las calles, en los mercados, en los parques, en las centros de trabajo, de estudio y de entretenimiento, y en todo lugar una profunda deliberación popular sobre el futuro de este país sin leyes ni gobierno, antes que, tras las elecciones de 2009, Calderón decrete que toda forma de oposición a su “gobierno” será proscrita y castigada, si bien nos va, como delito de terrorismo.

Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com

mayo 16, 2008

Con Calderón al frente de Energía se programó beneficiar a los Mouriño

■ Documenta Javier González Garza el entramado político diseñado en esa dependencia

■ El proyecto del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, fue licitado en 2005 por la CFE a la empresa española Gamesa, quien compró torres a Gándara-Censa, adquirida por el padre del funcionario


Georgina Saldierna
El coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, denunció ayer la existencia de un entramado político-empresarial cuidadosamente diseñado desde la Secretaría de Energía (SE) por Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y Dionisio Pérez Jácome, para otorgar contratos que han beneficiado a la familia del actual secretario de Gobernación.

Una demostración de ello, dijo, lo constituye la construcción del parque éolico La Venta II, en Oaxaca, cuyo proyecto fue impulsado por Calderón y Mouriño entre 2003 y 2004, cuando ambos estaban en la mencionada secretaría. Dicho plan fue licitado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otorgado en 2005 a la empresa española Gamesa, quien por su lado compró torres eólicas a la compañía Gándara-Censa, la cual fue adquirida por el padre del actual titular de Gobernación, Manuel Carlos Mouriño Atanes, en 2004, precisamente cuando se elaboraba el plan para construir la planta generadora de electricidad.

El legislador dijo: Mouriño hizo el proyecto, se puso de acuerdo con su padre, quien compró la empresa Gándara, y esa firma es la que fabrica las torres para Gamesa. Todo eso es demostrable, subrayó el perredista, quien tomó parte de esta información de la prensa española y mexicana.

Durante una conferencia de prensa, González Garza recordó que el PRI y el PAN se opusieron a que la comisión especial para el caso Mouriño ampliara sus investigaciones a la CFE. “Con ello lo que se quiere ocultar es la existencia de un diseño empresarial y político cuidadosamente elaborado para beneficiarse de la ilegal apertura del sector energético, promovida y operada por Calderón, Mouriño y Pérez Jácome”, dijo

“Hace unos meses decíamos que este grupito se estaba preparando para participar en el sector energético, y aquí hay una demostración”, insistió, para luego señalar: “Ya basta de raterías”.

Destacó que ese tipo de negocios son los que se tratan de evitar ante la apertura a una iniciativa privada que tiene nexos y que está encumbrada en los principales puestos políticos del país.

Acompañado por los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) Ricardo Cantú, Elías Cárdenas y Octavio Martínez, González Garza calificó de falsas las conclusiones de la comisión especial ya citada, según las cuales el secretario de Gobernación no cometió tráfico de influencias al firmar, como apoderado legal de las empresas de su familia, contratos con Pemex cuando era diputado y subsecretario de Energía. Explicó que el funcionario violentó el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual refiere que las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esa legislación, con las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública, cosa que no tiene Mouriño.

Pese a lo anterior, expuso que el FAP no presentará ninguna denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque al titular lo nombró Calderón y tienen esa complicidad. No va a poder actuar contra su jefe, lamentó.

Sobre la empresa Gándara-Censa, informó que está ubicada en Pontevedra, España, y fabrica equipo para la industria de refinación y petróleo, reactores Rise, separadores de alta presión y tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo, así como torres eólicas.

La firma fue adquirida por Manuel Carlos Mouriño Atanes en 2004, cuando su hijo Juan Camilo era subsecretario de Energía, Calderón el secretario y Pérez Jácome el director de la Comisión Reguladora de Energía, que aprobó el proyecto de La Venta.

La compra de la firma se hizo a pesar de que presentaba pérdidas. En 2004 tenía ventas por 12.8 millones de euros, pero para finales del presente año se estima que dicha cifra se elevará a 28.4 millones y tendrá ganancias por un millón.

Además de proveer a Gamesa de la torres eólicas, en diciembre del año pasado la alcaldesa de Progreso, Yucatán, Reina Quintal, informó que Gándara-Censa iniciaría en 2008 la construcción de una planta en un terreno que fue comprado al gobierno de Yucatán por la inmobiliaria GES, que pertenece al Grupo Energético del Sureste, también propiedad de los Mouriño.

González Garza señaló que faltan muchas cosas por aclarar, por ejemplo, los contratos de GES con el IMSS, el ISSSTE y secretarías de Estado; concesiones de gasolineras, apoyos ilícitos de las Pymes, más contratos con Pemex, así como el convenio para modernizar la central nucleoeléctrica Laguna Verde y concesiones de transportes. También se refirió a contratos de gas de la Comisión Federal de Electricidad con Repsol, que representan una ganancia de millones de dólares.

mayo 15, 2008

FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR ENERGÉTICO SIN PRIVATIZACIÓN

EXPONE EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA LA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR ENERGÉTICO SIN PRIVATIZACIÓN

Discurso de la secretaria del Patrimonio Nacional del gobierno legítimo de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el foro de debate sobre la reforma energética, con el tema “Principios que deben regir la reforma energética”, realizado en el Senado

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los legisladores del Frente Amplio Progresista y a las mujeres y hombres brigadistas en defensa del petróleo por haber abierto este debate.

El martes pasado, en este foro, el licenciado Ortiz Pinchetti, como secretario del gobierno legítimo, informó que presentaríamos una propuesta alternativa de fortalecimiento del sector energético. El día de hoy, en el mismo carácter, vengo a presentarla.

Las iniciativas de reforma y creación de nuevas leyes y entidades presentada por Felipe Calderón, presidente espurio, incluida la presentada el día de ayer, tienen como propósito central privatizar áreas estratégicas de la industria petrolera nacional, violando la Constitución.

Este plan entreguista obedece a los lineamientos de los organismos financieros internacionales que han obligado a países en desarrollo a aplicar una política de reformas donde se privilegia la ganancia privada sobre el desarrollo independiente y el bienestar de la mayoría del pueblo.

Aún así, la privatización que se propone va en sentido contrario a lo que está ocurriendo en el mundo en materia de empresas petroleras, donde la orientación es cada vez más hacia el control estatal y mayor integración vertical. No sólo es el caso de América Latina, sino de Rusia, Europa y Medio Oriente.

No sólo eso, en la concepción del gobierno de facto, sustentada en la iniciativa presentada en el Senado y las prospectivas del sector energético, las metas para la industria petrolera nacional siguen siendo la sobreexplotación del recurso, la importación de los hidrocarburos y el desmantelamiento de la empresa pública.

Contrario a esta visión, nuestra propuesta corresponde a una política energética integral soberana que visualiza al sector energético nacional como motor de la economía, fortalece a Pemex, promueve la seguridad en el suministro de energéticos, disminuye las importaciones, aumenta las reservas, promueve el uso racional de los hidrocarburos y las fuentes renovables de energía, disminuye los precios de los energéticos y la electricidad y busca cubrir las necesidades energéticas básicas para la población.

La propuesta que a continuación presento, que viene trabajándose desde hace tiempo, consta de cinco líneas estratégicas para el fortalecimiento del sector energético, principalmente el de los hidrocarburos, no se requieren grandes reformas jurídicas para llevarla a cabo, más bien es un asunto de voluntad política y visión de soberanía.

Uno, Pemex como motor de la economía nacional.

Convertir a Pemex en motor de la economía nacional significa que éste aproveche las oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización de los productos.

Si Pemex garantiza un abastecimiento adecuado de productos con certidumbre de volúmenes y precios competitivos, no sólo se fortalece a la entidad pública sino se genera un impulso a la actividad industria nacional.

Esto es así por la gran ventaja competitiva que es de disponer de granares reservas, contar con una empresa integrada con una experiencia de 70 años de operación y por la derrama económica que las nuevas inversiones generarían.

La aseveración oficial de que Pemex no tiene capacidad técnica para mantenerse eficientemente en la industria contradice estos 70 años de experiencia. Que hoy Pemex tenga problemas operativos, financieros y de eficiencia que no le permiten aprovechar estas oportunidades es un problema muy diferente que corresponde a una política deliberada de desmantelamiento y descapitalización que lleva al menos dos décadas.

El reto es revertir la desintegración de la cadena de valor, misma que nos obliga a importar el 40 por ciento de gasolinas, el nueve por ciento del diesel , el 15 por ciento del gas LP y 15 por ciento del gas natural, que representan una erogación de más de 20 mil millones de dólares anuales.

Al argumento oficial que se sostuvo durante años, incluidos el gobierno panista, de que estas importaciones no tienen mayor importancia mientras las podamos comprar fuera, nosotros respondemos que los petrolíferos deben elaborarse en México con inversión y operación de Pemex porque representan valor agregado, empleo, ingeniería y desarrollo tecnológico, así como certidumbre en la disponibilidad de los productos.

Al argumento de que estas instalaciones deben ser privadas nosotros respondemos que los ingresos de los empresarios privados para construir, operar la refinación, transporte y almacenamiento, vendrían de la misma fuente que para Pemex: es decir, la venta de hidrocarburos en el mercado nacional.

Sin embargo, la ventaja económica de que estas instalaciones las construya y opere Pemex es que ésta cuenta con experiencia, materia prima, puede manejar de manera integral todo el proceso de industrialización petrolera y lo más importante, Pemex utilizaría las ganancias para su fortalecimiento y el beneficio del país en vez de que éstas se quedaran en unas cuantas manos privadas.

Para lograr este objetivo proponemos:

A) Reintegrar a Pemex como una sola entidad y no como está ahora, dividida en subsidiarias y filiales.

Esto permitirá establecer una política de planeación integral, revertir el sistema de precios interorganismos que ha dañado tanto la inversión y la competitividad de la empresa, y evitar la duplicidad de gastos administrativos y burocráticos.

También proponemos una mayor integración energética entre Pemex, Comisión Federal y Luz y Fuerza del Centro, a través, de entre otras acciones, sustentar parte del crecimiento de la generación eléctrica en el uso de los derivados pesados, utilizando nuevas tecnologías que disminuyen los impactos ambientales.

Esto permitiría reducir el costo de la electricidad y las importaciones de gas. El incremento en la generación eléctrica debe sustentarse también en otros fuentes de energía, como las renovables.

La decisión de seguir usando gas natural es totalmente irracional y en gran medida obedece a negocios de los más altos funcionarios del sector energético que se evidencian en los contratos de compra de gas a Perú, Nigeria, de bajo costo pero vendido a la Comisión Federal a precios mucho más altos.

B) Generar un nuevo sistema de preciso dentro del sector energético.

Este sistema debe de estar sustentado en el costo de producción y la renta petrolera nacional y no como actualmente se establece, con los precios de los hidrocarburos en los Estados Unidos. Debemos construir los precios con base en el costo de producción de crudo y gas natural, con el objetivo de maximizar el valor y el uso de la infraestructura y los activos existentes, además, esto permitirá reducir los precios de los hidrocarburos y la electricidad a la población.

Bajo esta premisa, se harían altamente rentables de inmediato las actividades de refinación y petroquímica de Pemex, tanto las actuales como las nuevas inversiones que apoyarán las diversas ramas industriales del país.

Dos, canalizar el grueso de los excedentes presupuestales del petróleo hacia Pemex y que el Estado asuma la deuda de Pidiregas para liberar a Pemex de su carga fiscal.

Proponemos una nueva política de asignación de prioridades presupuestales mediante la cual todo el excedente presupuestal petrolero que hoy no se sabe a dónde va y que hoy no se reparte a los estados y municipios sea invertido en el sector energético. Estimamos este potencial en 2008 es de 200 mil millones de pesos.

Al disponer de 150 mil millones de pesos anuales, el total de excedentes menos las aportaciones a estados y municipios, que son adicionales a lo que hoy se invierten en Pemex, se podrían asignar cantidades específicas a las diversas áreas, que de acuerdo con las necesidades pudiesen, en una primera propuesta, quedar como sigue:

40 mil millones de pesos a exploración de petróleo crudo, 20 mil millones de pesos a producción de crudo, 50 mil millones de pesos a inversión en refinación, 10 mil millones a inversión en petroquímica, 20 mil millones en mantenimiento e inversión de ductos y almacenamiento, y 10 mil millones en investigación y desarrollo de hidrocarburos y nuevas fuentes de energía.

Sólo para dar un ejemplo, la inversión anual en refinación para los próximos seis años, para dejar de importar hidrocarburos debería de ser de alrededor de 30 mil millones de pesos anuales.

150 mil millones, todos los excedentes que se destinarían a Pemex significarían la inversión en refinación para los próximos cinco años.

Reiteramos que lo anterior se suma a la inversión que hoy se está haciendo en Pemex y que se concentra fundamentalmente en producción en campos ya existentes y desarrollados y en la exploración de gas en el norte.

La utilización de excedentes en actividades estratégicas permitiría invertir en proyectos urgentes, sobre todo para mantener la producción de crudo en campos existentes y recuperar reservas; este esfuerzo es factible dirigirlo principalmente a las aguas someras y tierra, en donde tenemos, cuando menos, y de acuerdo con Pemex, 45 mil millones de barriles de reservas probadas, probables y posibles.

Un esfuerzo sostenido en estos campos, así como la investigación y desarrollo en nuevas áreas, a lo largo de varios años, nos daría, eventualmente, la capacidad tecnológica y la capacidad de negociación en la compra o renta de la tecnología que fuera necesarias para emprender en su momento y cuando sea necesario la exploración y producción en mayores profundidades.

Este volumen de inversión es factible por los altos precios del crudo, entendiéndose que su desembolso debe hacerse en la medida de la capacidad de ejecución de proyectos por parte de Pemex y asegurando que estos fondos excedentes se le destinen con independencia de las limitaciones programables anuales.

Conviene señalar que la fórmula con la que actualmente se proyecta el precio del petróleo en el Presupuesto de Egresos de la Federación permite que se generen estos excedentes que para los próximos años deberán ser destinados en la misma proporción a los estados y municipios y a Pemex.

En caso de que el barril de petróleo registre una baja en el mercado internacional, proponemos que se reduzca el gasto corriente suntuario como las remuneraciones excesivas del gobierno federal en una proporción tal que se compense con la caída de los ingresos petroleros.

Por otro lado, la deuda de Pidiregas de todo el sector energético a diciembre de 2007 era de 62 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 50 mil corresponden a Pemex y el resto a Comisión Federal.

Esta deuda, que resulta sumamente cara porque está financiada por los contratistas privados, dadas las restricciones presupuestales que le impone Hacienda a Pemex está frecuentemente inflada pues incluyen costos que los contratistas agregan simplemente para asegurarse que sus operaciones son rentables, por ello este no puede seguir siendo el esquema de financiamiento en las inversiones del sector energético.

Cabe mencionar también que parte de los recursos que Pemex ha dado al gobierno han servido para aumentar las reservas del Banco de México, que ya están rondando los 85 mil millones de dólares. Estos recursos los invierte el Banco en instrumentos que le dan tasas del cinco por ciento anual, mientras en cambio los pidiregas tiene un costo de aproximadamente el doble.

Sin embargo, para la deuda contraída previamente a través de Pidiregas ésta debe ser absorbida por el Estado, afirmamos que la deuda contratada por Pemex es, ante todo, una deuda del país y del Estado y éste debe sumir esas obligaciones.

Primero, para liberar a Pemex de los fuertes vencimientos de Pidiregas en los próximos años y, segundo, para reducir el costo efectivo de sus servicio.

Esta propuesta liberaría a Pemex de una pesada carga financiera con ahorros potenciales de dos mil 500 millones de dólares en intereses y también daría una señal inequívoca a los mercados financieros internacionales de que en materia petrolera la nación es garante de Pemex y se mantiene como empresa de la nación y que estamos comenzando a poner la casa en orden en materia de deuda.

Tres, fortalecimiento de las áreas estratégicas de Pemex.

La contratación de empresas transnacionales para la ingeniería y ejecución de proyectos que viene realizando Pemex junto con los Contratos de Servicios Múltiples, actividades que las iniciativas oficiales pretenden ampliar, incluida la que se presentó ayer, han ido disminuyendo las capacidades operativas y tecnológicas de Pemex, vulnerando la verdadera autonomía y la gestión de Pemex y por ello, deben establecerse acciones de fortalecimiento de las capacidades sustantivas de la empresa, basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional.

Además, las propuestas de Calderón no atiende los problemas operativos de Pemex que impiden una mayor productividad en la entidad.

Por ejemplo, al sólo interesarles hacer negocios para beneficio de grandes empresas y algunos funcionarios públicos prefieren comprar el gas a precios muy elevados que resolver problemas de operación para evitar que 700 millones de pies cúbicos de gas natural se quemen diariamente en la sonda de Campeche, los cuales equivalen al 30 por ciento de lo que se utiliza actualmente para la generación eléctrica.

Por eso, nuestra propuesta consiste en fortalecer las áreas sustantivas de Pemex y la ingeniería nacional, dotándolas de recursos y enfrentando la negligencia.

De manera específica proponemos lo siguiente:

Resolver el problema de la contaminación del gas y crudo con nitrógeno que ha originado el cierre de 80 pozos, o al menos 80 pozos, los cuales en promedio, de acuerdo con los propios ingenieros de Pemex, arrojarían en conjunto una producción de 500 mil barriles de petróleo crudo diarios.

Cabe mencionar que el cierre de dichos pozos y la quema de gas en la atmósfera es producto de la negligencia en la construcción de una planta de separación entre gas y nitrógeno que debería haber estado en operación desde 2002.

Repito, el cierre de 80 pozos que nos darían una producción de 500 mil barriles diarios y la quema de 700 millones de pies cúbicos en la atmósfera son producto de la negligencia en la construcción de una planta de separación entre el gas y el nitrógeno que debería haber estado en operación desde 1992.

Asimismo, intensificar la actividad exploratoria en la totalidad del territorio nacional, sólo hemos explorado el 20 por ciento, que permitiría incrementar el ritmo de reposición de reservas de bajo costo, en particular intensificación y desarrollo de las actividades exploratorias en aguas someras donde Pemex es líder mundial en tecnología de producción en las áreas de Coatzacoalcos Marino, Campeche poniente y región marina suroeste, así como en las áreas de crudo de Ku-Mallob-Zaap y Sihil, donde se encuentra la mayor parte de estas reservas.

La reactivación de la explotación de campos maduros, hay que decir que cerca del 48 por ciento de la producción mundial proviene de dichos campos, a través del desarrollo de tecnología de recuperación mejorada donde tenemos actualmente más de mil pozos con posibilidades de aportar importantes volúmenes de hidrocarburos.

Intensificar la exploración, desarrollo y producción en la Cuenca de Burgos pero no bajo el esquema de Contratos de Servicios Múltiples, así como las posibilidades en Veracruz, en Block Holok poniente del proyecto del Golfo de México B.

Aumentar la capacidad de refinación en Salina Cruz y Minatitlán y construir tres nuevas refinerías que tentativamente podrían estar una en Tuxpan para aprovechar la construcción de puertos por donde entra la gasolina importada, Atasta, Campeche y Dos Bocas, Tabasco, para aprovechar el crudo que se produce en estas zonas.

Cuatro, fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de la energía, con la vinculación entre Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo y otras entidades públicas, planeación, inversión y desarrollo para la transición energética.

El Instituto Mexicano del Petróleo debe volver a jugar un papel importante en la investigación y desarrollo de tecnología, como institución rectora en la investigación y desarrollo en hidrocarburos, generando concordancias con otras instituciones.

Entre el IMP y Pemex debe haber una gran constante sinergia. El IMP es formador de técnicos y científicos que a la larga van a dar a Pemex un horizonte nuevo de posibilidades tecnológicas.

También debe establecerse programas permanentes de investigación y desarrollo con la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y otras instituciones públicas de educación superior e investigación, así como en el desarrollo de fuentes rentables de energía, el ahorro y el uso eficiente de la energía y al disminución de impactos ambientales.

El IMP y las instituciones públicas de educación e investigación deben salir fortalecidazas de una reforma energética, nuestra propuesta se sustenta en utilizar y potenciar la ingeniería y la ciencia mexicana. La propuesta oficial es que esta investigación se haga en el extranjero por empresas privadas.

Asimismo, el país debe consolidar su sector petrolero pero también debe ir desarrollando paralelamente fuentes alternas de energía que disminuyan la dependencia del consumo de los hidrocarburos, minimicen los impactos ambiéntales y promuevan un uso eficiente y racional de los recursos.

En esta perspectiva deben canalizarse recursos para la investigación y desarrollo tecnológico de estas fuentes, pero también debe reorientarse la planeación energética para ir incorporándolas. Esto generará un uso racional del petróleo que incluso permitirá una vida más larga de las reservas.

Cinco, garantizar el funcionamiento de un Comité Anticorrupción en el Consejo de Administración de Pemex.

Todos los mexicanos sabemos que uno de los principales problemas de Pemex es la corrupción, tan sólo baste mencionar los casos del Pemexgate, Juan Camilo Mouriño, Repsol y los Bribiesca.

De nada sirve, como lo hace la propuesta oficial, copiar modelos de rendición de cuentas y de gobierno empresarial de la legislación extranjera que nada tienen que ver con la realidad de la entidad pública mexicana y al mismo tiempo crear un régimen de excepción para entregar contratos por asignación directa a sus empresas favoritas.

Por ello, proponemos que además de los actuales mecanismos de auditoría de Pemex, como su propia contraloría y la Auditoría Superior de la Federación, como parte del Consejo de Administración de Pemex se forme un Comité Anticorrución con la tarea primordial de vigilar los contratos públicos, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias.

Este comité debe formarse con ciudadanos mexicanos con los antecedentes profesionales y éticos suficientes que les den plena independencia de criterio de Pemex y del Ejecutivo. Su nombramiento debe recaer en el Congreso, de forma condensada, y formalizarse a través de un riguroso proceso de selección.

Legisladores, amigas y amigos, señoras y señores, la propuesta integral que hoy presentamos representa una visión radicalmente distinta a la visión oficial, a la visión que presentaron las iniciativas del señor Calderón, la nuestra está sustentada en una visión nacional, de crecimiento económico, fortalecimiento de las instituciones públicas y soberanía nacional, una política de planeación y desarrollo energético soberanos, son posibles.

Tenemos los recursos económicos, tenemos las capacidades humanas, sólo resta la voluntad política.

Muchas gracias.