El Senado debe “enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”, dijo Luis Javier Garrido, catedrático de la UNAM.
La Jornada On Line / Publicado: 22/05/2008 12:45
México, DF. El investigador de la máxima casa de estudios Luis Javier Garrido sostuvo que el Senado debe desechar por "notoriamente improcedente" la iniciativa de reforma presentada por el presidente Felipe Calderón “y enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”, además de que se pronunció a favor de una consulta al pueblo de México.
Al participar en el segundo tema del debate sobre la reforma en materia petrolera, “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”, Garrido sostuvo que el paquete de siete iniciativas del Ejecutivo son “a todas luces anticonstitucionales y contrarias a los intereses de México”.
Dijo que las iniciativas deben desecharse porque el Congreso no tiene atribuciones “para establecer normas que transgredan el orden constitucional”, por lo que al Senado no le queda más que desecharlas “por notoriamente improcedentes”.
Advirtió que México se encuentra ante una situación “de excepcional gravedad”, pues se está abriendo un escenario en el que los poderes Ejecutivo y Legislativo “pueden concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución” y llevar al país “a un acuerdo de ilegalidad, y todo para servir a los grandes consorcios petroleros”.
El profesor de la Facultad de Derecho y de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que “el principio fundamental de todo estado de Derecho es el de la supremacía constitucional”.
Calderón exige al Congreso que viole este principio “al aprobar una serie de leyes secundarias que entrañan decenas de normas abiertamente anticonstitucionales, pues contradicen mandatos fundamentales de la Constitución de 1917”, remató.
Se busca también, dijo, “hacer de México un posible objetivo militar de Washington”, y acusó que éste tiene ya “una importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano y en especial de la frontera, de las aduanas, de los litorales y del espacio aéreo, así como de la seguridad interna de México”.
Dijo que la iniciativa calderonista “no se apega ni a la letra ni al espíritu de la Constitución” y que viola el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre los recursos naturales del subsuelo y en particular de los hidrocarburos, la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares, el principio que considera los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país.
Además, violan los principios de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico de excepción, y “como consecuencia de todo ello, violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional fortaleciendo la soberanía de la nación”.
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