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Con el pretexto de combatir el narcotráfico en México, el gobierno de Barack Obama impone su agenda de seguridad a la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. A cambio, este último ha recibido, en tres años, 1 mil 300 millones de dólares como "ayuda" antinarcóticos.
A pesar de los nulos resultados de la "guerra" contra las drogas –que ha costado la vida a más de 23 mil civiles y sólo ha enjuiciado a 1 mil 306 miembros de la mafia mexicana (Contralínea 184)–, la intervención estadunidense está en marcha.
Y es que, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) –firmada en el sexenio de Vicente Fox Quesada y ratificada por Calderón Hinojosa– se promueve no sólo la adhesión de las Fuerzas Armadas mexicanas al Comando Norte, sino también las "operaciones conjuntas" en territorio nacional, amparadas en la Iniciativa Mérida.
—Calderón está de acuerdo con la intromisión [de Estados Unidos] en los asuntos internos del país, con la participación de la potencia del norte en operativos conjuntos y acciones antidrogas en territorio mexicano. El tráfico de drogas dentro de su país los tiene sin cuidado [a los estadunidenses], únicamente les preocupa que su mercado pueda quedar desabastecido –señala el general brigadier en retiro, Samuel Lara Villa.
Entre las formas de intrusión que ya se aplican en el país, destaca la oficina bilateral de la Iniciativa Mérida, que reunirá a 75 funcionarios: 45 estadunidenses y 30 mexicanos. A decir de la embajada de Estados Unidos, se trata de un "espacio de trabajo compartido que será utilizado únicamente para la implementación de proyectos de capacitación y equipo de la Iniciativa, y de ningún modo tendrá un enfoque de realización de operativos". No obstante, su sede se localiza físicamente en México, no en el país vecino.
Intrusión abierta y velada
El general brigadier y doctor en administración pública, Francisco Gallardo, opina que "hay una política de entrega de la soberanía que se radicaliza más con la llegada de la derecha en 2000".
—México no es un Estado fallido. Ése es un pretexto para justificar la intromisión de las fuerzas de seguridad [estadunidenses]. Dijeron que, como México no podía con el asunto de la lucha contra las drogas y como es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, ellos se pueden meter aquí. Así lo han dicho abiertamente. Tenemos un gobierno fallido, no un Estado fallido. El gobierno es lo que está fallando: están colapsados los sistemas de justicia, seguridad, salud. Lo que no está colapsado es el pueblo, aunque lo quieren someter a través del miedo.
A mediados de marzo pasado ocurrió la primera intervención de Estados Unidos en México, sin la participación de las fuerzas del orden nacionales. Entonces, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se trasladaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, para investigar los asesinatos de Lesley Enriquez –funcionaria del Consulado de Estados Unidos en esa entidad–, su esposo y el marido de otra empleada de esa misma delegación, ocurridos en un par ataques simultáneos y atribuidos al narcotráfico.
Otras operaciones, sin embargo, son veladas. Tal sería el caso de la Operation Black Flag, a cargo de la Drug Enforcement Administration (DEA), que tiene por objetivo debilitar a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que estaría proveyendo de información a la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Arturo Chávez Chávez.
"El principal objetivo del programa es realizar un seguimiento e informar, con recursos de inteligencia, la capacidad y la probabilidad de que esos cárteles de la droga mexicana ejecuten actos violentos en Estados Unidos", señala la DEA en su presupuesto para 2010.
Agrega que los trabajos de inteligencia se hacen en Estados Unidos y en México y que incluyen el uso de fuentes confidenciales, el seguimiento a trabajos periodísticos y la "intercepción de telecomunicaciones".
"La operación Bandera Negra cubrirá los cambios en las estructuras de comando y transporte de los cárteles en ambos lados de la frontera con México. Al rastrear los cambios en sus estructuras de liderazgo, la DEA desarrollará un conocimiento único dentro de las actividades y motivaciones detrás de los cárteles del Golfo y Sinaloa en su lucha por el control de la frontera", indica el presupuesto.
Sometimiento total
Militarización, el fin
El sometimiento de México a Estados Unidos no sólo abarca al aparato de seguridad pública. También toca al sistema judicial. De diciembre de 2006 a mayo de 2010, el gobierno del panista Calderón Hinojosa ha concedido 320 extradiciones, principalmente de presuntos narcotraficantes.
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