Se tambalea negociazo de los Mouriño

Por Daniel Sánchez  /  poresto.net
Se exhibe la venta ilegal de tierras del ejido de Lerma/ En audiencia del Tribunal Unitario Agrario, declaran integrantes del Comisariado Ejidal, entre contradicciones y revelaciones

CAMPECHE, Cam. 23 de febrero.- Las múltiples contradicciones en que cayeron los tres integrantes del Comisariado Ejidal de Lerma y la confirmación de que se hizo una venta ilegal de tierras de uso común a una empresa del traficante peninsular, Antonino Almazán Arteaga, hacen tambalear el negociazo de la familia consentida del espurio Felipe Calderón Hinojosa, los Mouriño, al apropiarse de dos mil 300 hectáreas ejidales para construir un desarrollo turístico, con campo de golf, y un centro deportivo en honor al fallecido ex secretario de Gobernación.

En sus comparecencias ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), el presidente, el secretario y el tesorero del Comisariado Ejidal, Angel Felipe Dzib Can, Isidro Vázquez Ac e Isidro de la Cruz Poot Sánchez, admitieron que no fue de mayoría calificada la asamblea en la que se decidió firmar el contrato de prestación de servicios profesionales con la compañía de Almazán Arteaga, Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México, para delimitar las tierras de uso común en parcelas y titularlas, pagando con parte de esas mismas tierras.

Contrario a sus compañeros, el secretario Isidro Vázquez, incluso, reconoció que sólo fueron 40 de los 172 ejidatarios quienes firmaron el acta de la asamblea efectuada el 20 de enero de 2008, porque los demás estuvieron inconformes, entre ellos el ex comisario Pedro Celestino Can y el presidente de la mesa de debates, y afirmó que quienes estuvieron a favor, signaron, sin su nombre, en una hoja en blanco del libro de actas, la que tiene el número 194. Mencionó, igualmente, que no se leyó el contenido del contrato.

Asimismo, las tres autoridades ejidales de Lerma aseguraron que la empresa de Antonino Almazán, representada en la asamblea de enero de 2008 por Francisco Javier Hernández Cruz, no ha cumplido con el programa de trabajo para la delimitación y escrituración de las tierras de uso común, ya que dio un plazo de ocho a 10 meses y ya lleva más de dos años y no concluye.

Tanto Dzib Can, como Vázquez Ac y Poot Sánchez, aceptaron que el Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México no ha cumplido con el contrato, ya que faltan por delimitar las tierras de uso común donde se encuentran los asentamientos humanos del poblado de Lerma, a las cuales todavía se está haciendo un diagnóstico, y ya se terminó con la delimitación de las ocho mil 686 hectáreas, que se distribuyeron a razón de 50.5 hectáreas a cada uno de los 172 ejidatarios, pero no se han entregado los certificados de propiedad respectivos.

En la audiencia celebrada este miércoles, en el Tribunal Unitario Agrario número 50, el secretario de Acuerdos, Jesús Ramón Viana Gutiérrez, interrogó uno por uno a los tres integrantes del Comisariado Ejidal de Lerma, entre las 10:50 y las 13:00 horas, en cumplimiento del amparo ganado por Guillermo Can, contra el resolutivo inicial del TUA que avalaba la actuación de las autoridades ejidales.

En la diligencia para desahogar la prueba confesional, Viana Gutiérrez autorizó al abogado del reclamante obtener copia del contrato de prestación de servicios profesionales, guardado celosamente por la parte acusada, y le dio tres días para hacer manifestaciones sobre este documento.

Angel Felipe Dzib fue el primero en comparecer y un tanto con desgano, como para no comprometerse, respondió a varias preguntas con "no sé, no lo recuerdo, no me di cuenta de eso, no era comisario" a algunos de los puntos incluidos en la convocatoria del 11 de enero de 2008, emitida para la asamblea del 20 de enero de 2008 y a los detalles sobre el contrato firmado con la empresa de Antonino Almazán.

"Quedan todavía una proporción de tierras de uso común, a pesar de que se pagó con tierras a Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México, al no contar con recursos", recalcó y reveló que "el trámite para el dominio pleno de cada parcela, la está haciendo por su propia cuenta cada ejidatario".

El proyecto de los Mouriño
POR ESTO! publicó en su edición del 24 de enero que la familia del fallecido ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, construye un complejo turístico, el Campeche Country Club, sobre las tierras que compraron ilegalmente al ejido de Lerma, a través del traficante peninsular de tierras ejidales, Antonino Almazán Arteaga, cuyo contrato actualmente está en suspenso, luego de que un grupo de ejidatarios recibiera el amparo de la justicia federal.

Para este nuevo proyecto, la familia española Mouriño creó la empresa Inmobiliaria Supermex S.A. de C.V., cuyo apoderado legal es el director ejecutivo de su grupo empresarial, Grupo Energético del Sureste (GES), Jorge Hernández Villanueva, y la construcción de la empresa fue hecha por la notaria de la familia, la número 40, la también delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en Campeche, la panista Nelia del Pilar Pérez Curmina.

Según la manifestación de impacto ambiental, modalidad particular (MIA-P), los notarios que convalidaron los contratos de compraventa de los cuatro lotes de predio Playa Alegre, entre los cuales están las tierras de los ejidatarios lermeros, son el secretario de Gobierno de Jorge Salomón Azar García, Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, padre del actual secretario de Finanzas, Tirso R. de la Gala Gómez, y Domingo Wilberth Ortiz Pazos.

El documento, elaborado por la empresa Soluciones Productivas Ambientales S.A. de C.V. –vinculada a José del Carmen Hernández Chávez, ex delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ex secretario de Ecología y actual asesor de la Secretaría de Gobierno- revela que los Mouriño ya obtuvieron la autorización ambiental estatal para la construcción del fraccionamiento residencial, que se realiza desde el año 2010 en 321.5 hectáreas.

Sin embargo, aún tiene pendiente el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el campo de golf de 18 hoyos, apenas el segundo existente en el Estado de Campeche, y en el que invertirá 250 millones de pesos.

"El proyecto se ubica en un área denominada como turístico hotelero y turístico habitacional de baja densidad, lo conforman cuatro lotes (denominados 3, 4, 5, y Selem) del predio denominado Playa Alegre, localizado en el kilómetro 193 al 195+150 de la carretera federal 180, tramo Campeche-Champotón, en el municipio de Campeche", indica.
El amparo a los ejidatarios

Antes, en su edición del 21 de enero, el Diario de la Dignidad, la Identidad y la Soberanía dio a conocer que ejidatarios de Lerma revelaron que quedó en suspenso el contrato del Comisariado Ejidal con la familia Mouriño, a través de la empresa Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México, encabezada por Antonino Almazán Arteaga, para apropiarse de dos mil 300 hectáreas del ejido, valuadas en más de 50 millones de pesos.

Los campesinos inconformes se presentaron, encabezados por Pedro Celestino May Can, en las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario de Campeche, donde distribuyeron el resolutivo del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que los ampara, deja sin efecto la sentencia del18 de marzo de 2010 y ordena el desahogo de más pruebas.
Los lermeros señalaron que la asamblea efectuada el 20 de enero de 2008, que avaló el contrato de compra-venta, no es legal, ya que sólo asistieron 40 de los 170 ejidatarios, no el 50 por ciento más uno, que serían 86 integrantes del ejido.