Compras onerosas o ineficientes, como la de un edificio de 225 millones de pesos y un sistema de monitoreo de 25 millones de dólares, colocan al Instituto Federal Electoral en el balcón de la sospecha. De acuerdo con diversos testimonios, en la institución que preside Leonardo Valdés Zurita están ocurriendo graves y sistemáticas irregularidades; desorden administrativo e improvisación; irresponsabilidad y robos; adquisiciones que no cumplen con los procedimientos y pagos en exceso e injustificados que, pese a los reportes de la Contraloría General, se mantienen en total impunidad...
Otra RATA chingao!. Valdés Zurita. Bajo sospecha
Álvaro Delgado
Irregularidades administrativas sistemáticas o recurrentes, así como la extraña compra de un edificio, han puesto al presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, bajo sospecha de ineptitud y corrupción.
La Contraloría General del IFE, creada por el Congreso para someter a escrutinio el manejo de recursos de la institución, identificó un desorden administrativo en las áreas centrales y descentralizadas durante 2009, como robos, adquisiciones sin cumplir con los procedimientos y pagos en exceso e injustificados, lo que ya se había observado también en 2008.
Sin embargo, las auditorías y revisiones del contralor Gregorio Guerrero Pozas detectaron un caso que tiene preocupados y molestos a los consejeros y que agudizó sus pugnas: la compra, en diciembre de 2009, del edificio de Acoxpa 436, en la colonia Exhacienda de Tlalpan, por 262 millones de pesos, al que previo a la compra el IFE invirtió 31 millones de pesos en remodelación, pese a que sólo tenía autorizado medio millón de pesos.
En este contexto se produjo, el viernes 11 de junio, la renuncia del director ejecutivo de Administración del IFE, Fernando Santos Madrigal, justamente quien operó la compra del edificio y a quien Valdés sustituyó provisionalmente con Alfredo Ríos Camarena, su coordinador de asesores.
Las sospechas que recaen sobre el presidente del IFE no solamente tienen que ver con la compra del edificio –de la que Valdés, en apego a su estilo, informó a los consejeros sólo cuando ya había cerrado la operación–, sino también con un antecedente igualmente extraño.
En agosto de 2009, el aún secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, solicitó al IFE un ajuste a su presupuesto para afrontar, con austeridad, la crisis económica del país "en el marco de una de las más severas crisis financieras y económicas a nivel internacional, cuando menos en los últimos 60 años", que estaba afectando las finanzas públicas.
En respuesta, Valdés Zurita comunicó a Carstens que sólo podían recortarse 110 millones de pesos, lo que fue avalado por los consejeros electorales e implicó cancelar programas institucionales, como la evaluación de la estrategia en la integración de mesas directivas de casilla, y aun la fiesta de fin de año para el personal de la institución.
Pero cuatro meses después, en diciembre, y ante la sorpresa de los consejeros, Valdés les comunicó que el IFE contaba con "economías" por 300 millones de pesos.
Y justamente de ahí salieron los recursos para comprar el edificio de Acoxpa 436, que el IFE arrendaba desde junio de 2008 y donde despachan la Unidad de Fiscalización y el Centro Nacional de Verificación y Monitoreo, que vigila el cumplimiento de las pautas de spots electorales y políticos.
Según consejeros consultados, Valdés les aseguró que la compra del inmueble representó un importante beneficio económico para el IFE, ya que los propietarios lo vendían inicialmente en 275 millones de pesos y el trato fue cerrado en 225 millones de pesos más impuestos y derechos.
Lo que Valdés no informó a los consejeros es lo que detectó la Contraloría General: desde que se arrendó ese inmueble de siete pisos fueron firmados cuatro contratos para remodelarlo y reacondicionarlo, por un monto de 29 millones de pesos, que luego aumentó a 31 millones 305 mil pesos.
Opacidad y dispendio
Valdés no ha explicado cuál es la lógica de remodelar un edificio que se tenía planeado comprar, pero que además, según evidencias fotográficas, ni siquiera requería de esas onerosas adecuaciones.
La millonaria inversión para remodelar y reacondicionar el inmueble no se abordó en la sesión de la Junta General Ejecutiva celebrada el 21 de enero, cuando el director ejecutivo de Administración, Fernando Santos Madrigal, fue felicitado por la adquisición.
Valdés felicitó por la compraventa a Santos Madrigal, a quien él nombró en el cargo y a quien previamente apapachó su jefe directo, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
"Quiero sumarme al reconocimiento expresado por el secretario ejecutivo –señaló– porque creo, y estoy convencido, que la modernización de este instituto debe tener en las cuestiones administrativas, como consecuencia, un uso racional de los recursos; debe orientarnos a la construcción de una autoridad electoral cada vez más austera, y, además, debe permitirnos ser cada vez más eficientes en el uso de los recursos y en la rendición de cuentas del uso de dichos recursos."
Y agregó: "Estoy seguro de que la inversión que se hace en el sistema de Administración, como producto de los ahorros del Ejercicio Presupuestal 2009, nos van a permitir caminar hacia esos objetivos".
En esa sesión de la Junta General Ejecutiva, Santos Madrigal incurrió en un error en las cifras sobre el costo del edificio, por el que ofreció disculpas: "En la cifra de la adquisición, del concepto adquisición del inmueble ubicado en Calzada Acoxpa, dice 282 millones de pesos y debe decir 262 millones 651 mil 890 pesos".
Informó que el 15 de diciembre de 2009 se formalizó la operación ante el notario público 11 del Distrito Federal, Carlos Alejandro Durán Loera, apenas cuatro días después de que precisamente la Junta General Ejecutiva autorizó al secretario ejecutivo formalizar, "en su momento, la compra-venta del inmueble".
El funcionario desglosó la operación que, curiosamente, embonó a la perfección con el avalúo del inmueble: Costo del edificio: 225 millones de pesos; IVA: 25 millones 312 mil 500; impuestos y derechos de escritura: 12 millones 8 mil 130 pesos con 87 centavos; servicios notariales: 331 mil 137 pesos con 45 centavos".
Y aclaró: "Cabe señalar que previo a la adquisición del inmueble se solicitó un avalúo a Banobras, el cual estableció que el valor comercial del mismo era de 262 millones de pesos. Eso significa entonces que la adquisición se hizo de acuerdo con lo establecido por la norma, muy por debajo del resultado del avalúo".
Con esta exposición de Santos Madrigal se finiquitó el tema en esa sesión y no se dijo ni una sola palabra sobre la remodelación y las adecuaciones al edificio adquirido por el IFE.
En cuanto a la "Auditoría a la adecuación de espacios del inmueble ubicado en Acoxpa 436 Primera Fase", identificada como DAOC-26/2009, los resultados relevantes son los siguientes:
Se determinó que el importe final de los trabajos realizados ascendió a $31'305,158, cantidad que se invirtió en un inmueble arrendado; así mismo, esa cantidad excedió el monto límite establecido en el acuerdo JGE-26/2008, el cual asciende a $550,187.
En el desarrollo de la auditoría de la primera etapa se detectaron pagos en exceso y pagos no sustentados por un importe que asciende a $1'779,187.
El convenio modificatorio al contrato, en la primera etapa, es producto de deficiencias en el proyecto ejecutivo, toda vez que el catálogo original de conceptos resultó escaso, lo que generó precios extraordinarios.
Estas irregularidades en el caso del edificio, como muchas otras que halló la Contraloría General del IFE, no fueron abordadas en particular por los consejeros en la sesión del Consejo General del 10 de marzo, cuando se discutió el informe de la gestión 2009.
De hecho, y en términos genéricos, hasta el propio Valdés pidió sanciones contra quienes incurran en irregularidades, una vez que se concluya el proceso para solventar las observaciones del contralor, cuyo informe deberá presentarse en los próximos días.
"Las sanciones que se lleguen a imponer, estoy seguro, se transformarán en incentivos para que el personal de la institución que tiene a su cargo el uso de los recursos públicos del IFE se aplique con mayor responsabilidad y cuidado en el correcto uso de esos recursos que los mexicanos han puesto bajo nuestra custodia."
En la discusión, sin tampoco particularizar en el caso del edificio, el consejero Marco Antonio Baños propuso crear una comisión de miembros del Consejo General para dar seguimiento a las observaciones del contralor y evitar que éstas se repitan cada año.
"Que se cree una comisión de consejeros electorales que revise de manera puntual no solamente la administración general de la institución, sino que dé un seguimiento puntual, en coordinación con la Contraloría General, sobre todas las observaciones que se han presentado en los informes de referencia", planteó.
La propuesta de Baños –que no se ha materializado– fue vista con simpatía por los consejeros, inclusive por Valdés, quien sin embargo insistió en que los resultados de la revisión de la Contraría General eran preliminares.
Pero el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar advirtió:
"Este es un informe que se presentó sobre un ejercicio que establece una serie de irregularidades administrativas varias y que se parece mucho a todos los informes, o cuando menos al informe anterior que presentó el contralor, y de ahí la necesidad urgente de que estos temas se corrijan."
Y es que Gómez Alcántar asegura, en entrevista, que las irregularidades detectadas por la Contraloría General del IFE en la revisión del gasto en 2009 son casi idénticas a las encontradas en 2008 y no ha habido decisión de Valdés Zurita de poner orden.
"El punto de fondo es que cada año, cuando menos en las auditorías de 2008 y 2009, las observaciones son exactamente las mismas y no pasa absolutamente nada. Y si revisamos las auditorías atrás realizadas por firmas y despachos externos, se da uno cuenta de que las faltas siguen siendo las mismas; de que el desorden administrativo, la improvisación y la irresponsabilidad son formas constantes como se maneja el IFE."
Improvisación y equidad
Por eso, después de las revisiones, el que debe deslindar responsabilidades es el contralor Guerrero Pozas, quien ocupa un ente independiente del Consejo General del IFE. "Yo a eso me atengo –continúa Gómez Alcántar–, a que sea el instrumento que corrija todo este tipo de deformaciones que a través de los años se han venido generando".
–¿En el caso del edificio de Acoxpa se puede presumir corrupción?
–No tengo elementos, ahorita, para presumir corrupción. Cuando menos sí se puede desprender que hay decisiones administrativas muy cuestionables que pudieran llegar a incurrir en responsabilidad, y eso es algo que espero que determine el contralor.
"Si el contralor determina que hay responsabilidad, que se sancione, y si no la hay, que se explique por qué estuvo bien el actuar del instituto en el tema de Acoxpa."
Gómez Alcántar aclara que, si no hubo corrupción en el proceso de arrendamiento y compra del edificio de Acoxpa, existió al menos ineptitud. "Hay mucha improvisación, y esa improvisación y falta de capacidad se desprende desde el momento en que vemos los perfiles que han llegado al IFE a partir del arribo de Leonardo Valdés".
Pone los ejemplos del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, quien es filósofo, y de la directora jurídica, Rosa María Cano Melgoza, "especialista en divorcios".
Explica: "Ellos son los responsables de resolver los procedimientos sancionadores. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que la equidad de la contienda está en manos de gente inexperta, que es la que determina desechar o no desechar (las quejas)".
Pero además, agrega, el desorden administrativo implica que se haya contratado un sistema de monitoreo que, a un precio de 25 millones de dólares, no es eficaz para cumplir con el deber del IFE de verificar si se cumple o se viola el modelo de comunicación política resultado de la reforma de 2008.
"Me parece inconcebible que el monitoreo del IFE no sirva para desahogar los procedimientos especiales sancionadores, que tienen que ser resueltos en cinco días. Eso no lo digo yo, sino que lo ha puesto por escrito innumerables veces el responsable."
En efecto, Horacio Gamboa Chabbán, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y secretario técnico del Comité de Radio y Televisión, que Gómez presidió, reconoce inclusive que el monitoreo no sirve para detectar spots ilegales –es decir, los que no han sido pautados por el IFE– o los transmitidos desde estaciones "piratas" o desde países vecinos.
Uno de los oficios en los que reconoce, por escrito, las limitaciones del sistema de monitoreo es el DEPPP/STCTR/11450/2009: "En virtud de que el material requerido no fue presentado por ningún partido político o autoridad electoral, éste no cuenta con la huella acústica referida y, en consecuencia, el mismo no puede ser identificado por el citado sistema.
"En ese sentido, para localizar la transmisión de los promocionales referidos se requiere efectuar una revisión manual de los testigos de grabación de las transmisiones, la cual debe realizarse, en el caso de las difundidas por radio, en tiempo real, razón por la cual resulta materialmente imposible proporcionarle la información requerida en el plazo conferido para tal efecto."
Al respecto, Gómez exclama: "¿De qué sirve que hayamos invertido casi 30 millones de dólares? Lo único que el sistema puede hacer es dar seguimiento a las pautas, pero no puede detectar spots ilegales que se contraten, por ejemplo, en Estados Unidos y que se escuchen en México a través de la radio o que se difundan a través de estaciones ilegales –hay más de 200 sólo en Oaxaca–. ¿De qué sirve si no detecta propaganda gubernamental que está violando las restricciones?".
El consejero, quien concluirá su encargo en octubre de este año, afirma que el IFE debe perfeccionar muchos instrumentos para afrontar una contienda electoral compleja en 2012. "El IFE tiene que llegar a principios de 2011 totalmente saneado, modernizado y con gente capaz e instrumentos totalmente óptimos para enfrentar los comicios y garantizar la equidad en la contienda.
"¿Qué significa esto? Que todas las quejas que se presenten en un proceso electoral, por un bando o por otro, tienen que ser resueltas dentro del mismo proceso electoral para que no lleguemos a otro escenario de elección cerrada y parte de las imputaciones sean que el IFE no resolvió, en tiempo, las faltas y violaciones a la ley que cometió el contrincante en una competencia electoral, sobre todo si es cerrada como la de 2006."
Concluye: "Yo veo un IFE ineficiente, peor que el de antes, y puede haber una turbulencia innecesaria por causa del órgano electoral. Eso puede suceder si nosotros no lo arreglamos". l
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Intrusión abierta y velada 
La crisis fue, al principio, financiera. Luego económica. Ahora política… y, si no se detiene con firmeza en la instancia que debe prevalecer sobre todas las demás, devendrá una crisis social, de consecuencias muy graves.
Fue un grandísimo error que en noviembre de 2008 se ofreciera a Bush –elegido ya el Presidente Obama- el liderazgo de la salida de la crisis, porque –“free market, free trade”- lo encomendó al G-20 (grupo de los países más ricos) 
centenares de aviones, de barcos y submarinos… pero no lo estamos para hacer frente a inundaciones, terremotos, etc.).
Sin embargo, detrás de esa obligación no hay ningún tipo de análisis científico que pruebe que el límite del 3% es mejor que el del 2% o el del 7% o que cualquier otro. Nada de nada. Nadie ha demostrado ni podrá hacerlo nunca que lo óptimo sea mantener los déficit en ese nivel, nadie ha demostrado ni podrá hacerlo nunca que la estabilidad presupuestaria sea mejor que los déficit. Nunca se podrá mantener como una verdad científica que la estabilidad presupuestaria o el límite europeo del 3% y no otro, es lo que más conviene para el crecimiento económico, para el bienestar o para nada. Más bien sabemos con certeza lo contrario: cuando la economía se ha venido abajo en docenas de veces lo más adecuado ha sido lo contrario, incurrir en déficit hasta ponerla de nuevo en marcha. O también gastar más de lo que se ingresa sin miedo cuando de esa manera se capitaliza la economía y se sientan las bases para un rendimiento mayor en el futuro.
Afirmar que los gobiernos europeos deben liquidar sus presupuestos con déficit menores al 3% de su PIB es una simple convención establecida por los gobernantes. Podrían haber puesto el 0%, el 4% o el 9% y hubieran tenido detrás el mismo fundamento científico: ninguno.
