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abril 26, 2011

No a la ley de Seguridad Nacional

por Josefina Mena-Abraham

A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

ASUNTO: la Nueva LEY DE SEGURIDAD NACIONAL                               

México DF a 24/04/2011
 

Por este conducto y en mi carácter de ciudadana Mexicana, inventora de tecnología de reciclaje, fundadora de una ONG ambientalista con más de 30 años trabajando en comunidades tanto rurales como urbanas de 23 Estados de la República a favor del medio ambiente y la calidad de vida de mi pueblo, con todo el respeto que ustedes se merecen como representantes del poder Legislativo, les expreso nuestro profundo desacuerdo con la nueva Ley de Seguridad Nacional.

1)    Resulta vergonzosa la falta de argumentación político-filosófica que pretende justificarla: esa “paz” relativa, gris y conflictiva carece de sustento;  más bien parece una caricatura del discurso de Obama defendiendo la Guerra cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz.  Lo importante sobre la PAZ no es su relatividad, ni su color, sino QUIÉN la define como tal, PARA QUÉ y PARA QUIÉN.  De ningún modo se ha justificado la violación a los artículos 29 y 129 de la Constitución vigente que el Ejecutivo Federal viene llevando a cabo desde el inicio de su administración, ante la pasividad del Poder Legislativo que se supone elegimos para defenderla.

2)    La EMERGENCIA NACIONAL en la que vivimos actualmente ha sido generada por una carencia total de instrumentos “políticos” para confrontar al crimen organizado.  En ningún caso hemos visto a las Fuerzas Armadas defendiendo nuestra seguridad cotidiana, y/o evitando masacres o secuestros;  la detención y/o asesinato de los “capos” no altera esta convicción generalizada y reforzada diariamente con el dolor de 40,000 muertos y 50,000 niños huérfanos.  La guerra del Ejecutivo Federal no fue planificada, ni siquiera hay el mínimo consenso sobre cual sería el criterio de evaluación de su éxito o de su  fracaso.  

3)    Incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”.  Serían las Fuerzas Armadas y NO el Congreso de la Unión quién definiría la “paz pública”. ¿Cómo justificaríamos la existencia y el alto costo para nuestro pueblo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial?  Inclusive en el Capítulo Octavo, la ley amplía las facultades del Ejecutivo para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenaza provenientes del exterior”.  Y ¿qué ha hecho el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas con relación al operativo “Rápido y Furioso” que introdujo a nuestro país, más de 2,000 armas por parte de un Gobierno exterior?  Vergonzosamente nada.

4)    El Artículo 74 VIII relativo a la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza al país” atenta contra la permanencia o existencia del Estado Mexicano.  Un ejemplo es el “Michoacanazo” del 2009 antes de las elecciones, donde sin pruebas ni método alguno, se acusan a alcaldes de Michoacán de complicidad con el crimen organizado y años después se les libera “por falta de pruebas” comprobando así que la PGR es un instrumento de persecución política; más aún se le premia a uno de sus autores, Marisela Morales como titular de la PGR.

5)    La política en su conceptualización original, tiene que ver con QUIÉN tiene el poder y POR QUÉ.  Cuando los elegimos a ustedes como nuestros representantes les dimos el poder de legislar a favor de Nostra@s Mexican@s.  Y cuando ese pueblo que los eligió  está pidiendo NO MAS SANGRE, YA BASTA!!!  y ustedes no nos escuchan;  y muy por el contrario aprueban una Ley como ésta, no quedará más remedio que pedirles que renuncien porque un pueblo no puede ser “gobernado” por quienes no tienen facultades para defenderlo,  reivindicando la República como base del Pacto Social que nos une.
 

abril 20, 2011

Para jueces, 1 mil 288 MDP libres de fiscalización


Con recursos de la enajenación de bienes decomisados a la delincuencia organizada, el Consejo de la Judicatura Federal maneja un fondo por 1 mil 288 millones de pesos sin rendir cuentas ante alguna entidad fiscalizadora. Sus recursos –entre los que se encuentra parte de los 205 millones de dólares confiscados al empresario Zhenli Ye Gon– han servido para pagar premios y maestrías de servidores público.

Mayela Sánchez

El Consejo de la Judicatura Federal maneja 1 mil 288 millones 15 mil 420 pesos adicionales a su presupuesto y exentos de toda fiscalización a través del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia (FAAJ).

Los multimillonarios recursos provienen de la enajenación de bienes decomisados a la delincuencia organizada, como los 205 millones de dólares que el gobierno localizó en la residencia del empresario chino, con nacionalidad mexicana, Zhenli Ye Gon, en Lomas de Chapultepec.

Aunque la Constitución no prevé que un Poder reciba y ejerza fondos que no están autorizados en su presupuesto, una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) avaló su entrega al Consejo de la Judicatura desde hace cinco años.

Con ello, se ha legalizado que recursos públicos otorgados al Poder Judicial de la Federación (PJF) no se integren al Presupuesto de Egresos de la Federación y su ejercicio no se reporte en la Cuenta Pública, lo que contraviene la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto del ejercicio y control de los recursos públicos.

Además, la Ley establece que la asignación del presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados; pero fue justamente ahí donde se avaló legalizar un "régimen de excepción" en el uso de recursos públicos, como lo califica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Con la aprobación de la adición del título 12 a la LOPJF en febrero de 2006, los legisladores autorizaron la creación del Fondo de Apoyo y consintieron que fuera el Consejo de la Judicatura el encargado de administrar y vigilar el millonario fondo, cuyo objetivo se delineó en la Ley como "el mejoramiento de la administración de justicia".

Para la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, especialista en transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la existencia del FAAJ constituye la "abdicación del Poder Legislativo" respecto de su tarea de controlar los recursos públicos y como auspiciador de la rendición de cuentas.

La investigadora considera que la legalización del Fondo, aprobada por los diputados, es la "coartada perfecta" para no poder señalar como ilegal algo que, incluso, podría considerarse como anticonstitucional: el uso de recursos públicos sin supervisión ni control.

El "meollo" de la anticonstitucionalidad del Fondo de Apoyo estaría, para la investigadora, en el artículo 244 de la LOPJF, que estipula que "los recursos con que se integre y opere el Fondo serán diferentes de aquéllos que comprenda el presupuesto anual aprobado a favor del PJF, y no afectarán las partidas que sean autorizadas mediante dicho presupuesto".

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, de la ASF, esta disposición excusa al Consejo de la Judicatura Federal no sólo de incluir los recursos del Fondo de Apoyo como parte de su presupuesto, sino de someterlos a fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su informe, la Auditoría recomienda a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Justicia, de la Cámara de Diputados, revisar el título 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues considera que el Fondo de Apoyo se ha convertido "en una masa de recursos fiscales que, sin haber ingresado previamente a la hacienda pública federal, se ha ido acumulando (y) se mantiene invertida en bancos y casas de bolsa, en forma independiente al resto de las disponibilidades del gobierno federal".

El diputado federal con licencia Luis Videgaray Caso, quien se desempeñaba como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la actual Legislatura, se negó a comentar por qué se ha permitido un fondo exento de fiscalización, aun cuando maneja recursos públicos.

Videgaray Caso, ahora coordinador de campaña del priista Eruviel Ávila, arguyó que "por respeto al nuevo presidente (de la Comisión)", no se referiría a asuntos de su anterior encargo, en el que estuvo hasta el 29 de marzo pasado sin que sometiera a revisión la operación del FAAJ.


El permiso de Hacienda

Parte de los ingresos del Fondo de Apoyo proviene de los inmuebles enajenados y los bienes decomisados en procesos penales federales por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), ya que el Código Federal de Procedimientos Penales establece que una tercera parte de los bienes y sus productos debe entregarse al PJF, y la modificación a la LOPJF estipuló que estos recursos fueran para el Fondo.

Esta disposición también contraviene la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público: establece que los bienes decomisados se convierten en propiedad del fisco federal.

Con ello, los ingresos provenientes de su venta adquieren el carácter de aprovechamientos y deben entregarse a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para su registro en la Ley de Ingresos de la Federación y su aplicación mediante el presupuesto de egresos, "considerando que no puede haber pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto".

No obstante esta disposición en la Ley, el Sae entregó directamente al PJF los recursos que le correspondían producto de los decomisos, como consigna la Auditoría Superios, mientras que las otras dos terceras partes, que se entregan a la Secretaría de Salud (Ssa) y a la Procuraduría General de la República (PGR), sí se reportaron en la Ley de Ingresos de la Federación.

El Sae operó de esta forma desde noviembre de 2004, es decir antes de que se modificara la LOPJF y se creara el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.

De acuerdo con la ASF, el Sae tuvo la venia de la SHCP, que alegó que el Poder Judicial cuenta con una tesorería propia, lo que justificaba la entrega directa de recursos, "máxime si se trata de recursos que no han sido recaudados directamente por la Tesofe".

Fondo "sui géneris"

El FAAJ también percibe ingresos por la administración de valores o efectivo y los intereses generados por las inversiones que haga de éstos, así como por donaciones o aportaciones hechas por terceros.

De acuerdo con los informes trimestrales del Fondo de Apoyo, para diciembre de 2010 tenía ingresos por 1 mil 251 millones 857 mil 600 pesos y su patrimonio ascendía a 1 mil 288 millones 15 mil 420 pesos.

Entre 2006 y 2010, las erogaciones del FAAJ ascendieron a 98 millones 350 mil 428 pesos. Hasta 2009, cuando éstas sumaban 61 millones 821 mil 234 pesos, se habían reportado como "gastos de operación"; pero a partir del año pasado, todos los gastos aparecen con el rubro "Egresos".

Según sus estatutos, los recursos del FAAJ servirían para adquirir o remodelar oficinas del PJF y para comprar o dar mantenimiento a su mobiliario.

También se destinarían a la capacitación y especialización para "buscar el desarrollo profesional y humano del personal". La Ley también contempla que con dinero del Fondo de Apoyo se sufraguen los "gastos que origine su administración".

En opinión de la doctora Sandoval Ballesteros, las directrices sobre el destino de los recursos del FAAJ "están hábilmente redactadas", pues son laxas y profusas, lo que podría implicar un manejo discrecional del dinero.

Aunque el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, presidido por el ministro Juan Silva Meza, publica periódicamente informes sobre la situación financiera del Fondo, éstos no especifican el destino de los recursos ejercidos; tampoco, las acciones en las que se invierten sus recursos ni las entidades financieras en las que registran sus operaciones.

Además del señalamiento de la ASF de que tanto el mecanismo de asignación de recursos públicos al FAAJ como su utilización constituyen un "régimen de excepción", el propio Consejo de la Judicatura ha reconocido que el Fondo de Apoyo cuenta con una regulación "sui géneris".

De acuerdo con la ASF, en la presentación de resultados preliminares de la auditoría al FAAJ, el organismo aceptó que por la "autonomía presupuestal" de la que goza, el Fondo tiene un carácter excepcional en el manejo de los recursos públicos que recibe.

Maestrías y premios, los gastos del FAAJ

Aunque el propósito del Fondo de Apoyo es "mejorar el desempeño de las funciones de administración de justicia", la Auditoría observa que, al menos durante 2009, la mayor parte de sus gastos se destinaron a cuestiones operativas.

Durante ese año, el 93 por ciento de las erogaciones del Fondo correspondió a "gastos de operación". Se trató de 24 millones 943 mil 400 pesos: 8 millones 380 mil 200 pesos –la tercera parte– se destinaron a sueldos y prestaciones de los nueve servidores públicos adscritos a la Secretaría Técnica del FAAJ, incluido un chofer que figura como "analista administrativo".

La ASF destaca que el 74 por ciento de ese monto (6 millones 203 mil pesos) se distribuyó en tan sólo cuatro de esos nueve empleados, aunque no detalla sus cargos.

Ese año también se pagaron 9 millones 88 mil 900 pesos para la contratación de personal por honorarios. La cifra amparó sueldos, la compra de equipos de cómputo e "insumos diversos", por 10 mil 200 pesos, incluida la comida de fin de año.

Además, 1 millón 356 mil 200 pesos se usaron para el "subsidio" de cinco maestrías para servidores públicos del PJF. El 70 por ciento de ese monto fue financiado, por lo que sería recuperado a través de descuentos quincenales; sin embargo, el 30 por ciento restante –406 mil 860 pesos– se pagó con recursos del Fondo de Apoyo.

Mas ésos no han sido los únicos financiamientos concedidos por el Fondo. De acuerdo con su informe del último trimestre de 2010, se han entregado apoyos y financiamientos por 11 millones 22 mil 96 pesos, de los cuales 2 millones 855 mil 524 pesos han sido fondos no recuperables. De los 8 millones 166 mil 572 pesos restantes, al final del año pasado se habían reintegrado casi 5.5 millones de pesos.

En 2009, el FAAJ también se usó para pagar el Premio al Mérito Judicial, que consistió en dos medallas de oro, cuyo precio fue de 310 mil pesos. Los galardones se entregaron al exministro Arturo Serrano Robles y a Guadalupe Cano de la Cruz.

A eso se suman 150 mil pesos que se pagaron para asistir al Seminario Internacional Temas Esenciales de Justicia y Mejores Prácticas Ciudadanas, entregados como "donativo" a la organización Tendiendo Puentes, AC.

Dicha organización forma parte del Observatorio Ciudadano de la Justicia, en el que participan las organizaciones Club Rotarios de México y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Además, según la información de su portal electrónico, realiza actividades sin fines de lucro y es "apartidista en beneficio de sectores marginados o excluidos".

Otros pagos realizados al amparo del FAAJ fueron la evaluación externa del Sistema de Seguimiento de Expedientes, que costó 1 millón 150 mil 700 pesos, y la facturación de viáticos, por 322 mil 800 pesos.

Contralínea solicitó entrevista con la secretaria técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, Alicia Kuri Pazos, para que explicara el destino que se le ha dado a los recursos del FAAJ desde su creación y para conocer su postura sobre las observaciones de la ASF. Al cierre de edición, no se tuvo respuesta.

El FAAJ, con recursos de Ye Gon

El 13 de julio de 2007, la PGR notificó al Sae la declaración de abandono de bienes a favor del gobierno federal que habían sido asegurados "a una persona de origen chino". El monto aproximado fue de 2 mil 309 millones de pesos.

Se trataba del dinero del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado de traficar ilegalmente seudoefedrina para la elaboración de metanfetaminas.

Luego de que el 15 de marzo de ese año se encontró una fortuna en efectivo en casa del empresario, ésta se declaró abandonada a favor del gobierno mexicano y el agente del Ministerio Público federal encargó al Sae la administración de esos bienes para donarlos a la Ssa, a la PGR y al Poder Judicial.

Al respecto, la ASF señala que los bienes declarados abandonados tienen una naturaleza jurídica y una aplicación distinta a la de los bienes decomisados, por lo que el Ministerio Público no tenía competencia para instruir al Sae para que dispusiera de ellos.

Lo anterior llevó a que una tercera parte de los bienes declarados abandonados (la que correspondió al PJF) no se concentró en la Tesorería de la Federación para su registro en la Ley de Ingresos de la Federación.

Como consecuencia, esos 753 millones 856 mil 400 pesos tampoco se pudieron reportar como un ingreso excedente en el PEF ni en la Cuenta Pública.

De acuerdo con la Auditoría, la cantidad que el PJF recibió en esa operación representa el 67 por ciento del total de ingresos que el FAAJ tuvo desde su creación y hasta 2009, sin considerar los intereses por su inversión.

Fuente: Contralínea 229 / 17 de abril de 2011

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/04/17/a-jueces-1-mil-300-millones-de-pesos-libres-de-fiscalizacion-parte-del-dinero-decomisado-a-zhenli-ye-gon/

Libios podrían respirar hasta 280 toneladas de óxidos de uranio empobrecido en tres años

Libia: bombardeo "humanitario" matará a miles de civiles

El apoyo militar a los golpistas de Bengasi contra el dictador de Trípoli se está desarrollando en detrimento de la población civil. De cada 10 misiles disparados, aproximadamente uno se sale de control y se estrella en cualquier punto. Todos los misiles, tanto los dotados de una cabeza revestida de uranio empobrecido como los que sólo tienen uranio empobrecido en los estabilizadores, contaminan la zona. El bombardeo "humanitario" matará a miles de civiles en los años venideros

Massimo Zucchetti* / Red Voltaire


En años recientes, la ciencia se ha ocupado de los problemas vinculados al uranio empobrecido y su toxicidad. Ahora, se debe estudiar el impacto que está teniendo el uso de uranio empobrecido en la guerra contra Libia sobre el medio ambiente y la salud. Informes sobre su uso han aparecido en los órganos informativos desde el principio del conflicto.

Dadas sus características físicas específicas, en particular por su densidad que lo hace extremadamente penetrante, así como por su bajo costo –la producción de uranio empobrecido cuesta alrededor de 2 dólares el kilogramo (kg)– y la dificultad que presenta su tratamiento como desecho radioactivo, el uranio empobrecido ha encontrado excelentes modalidades de utilización en el sector militar.

Si recibe el tratamiento adecuado, la aleación U-Ti (uranio-titanio) constituye un material muy eficaz para la construcción de elementos penetrantes impulsados por energía cinética, de barras metálicas densas capaces de perforar un blindaje si se usan como proyectiles de alta velocidad.

El proceso de penetración pulveriza la mayor parte del uranio, que estalla en fragmentos incandescentes –se produce una violenta combustión de casi 5 mil grados centígrados– cuando sale al aire del otro lado del blindaje perforado, aumentando así el efecto destructivo.

Esta propiedad se llama piroforicidad ?característica que se encuentra en el azufre de las cerillas o fósforos domésticos?. Es decir, además de su elevada densidad, la piroforicidad aumenta el interés que presenta el uranio empobrecido para diversas aplicaciones, en particular como arma incendiaria (armour piercing incendiary: elemento penetrante incendiario contra el blindaje).

Finalmente, en la fase de impacto contra el objetivo, la relativa dureza del uranio empobrecido (en una aleación con titanio) proporciona al proyectil la capacidad de afilarse a sí mismo. Esto es que el proyectil "no se aplasta" contra el blindaje –como sucede, por ejemplo, con un proyectil de plomo–, sino que mantiene su forma puntiaguda hasta su total fragmentación, sin perder por lo tanto sus propiedades de penetración.

El uranio empobrecido ha sido empleado en los campos de batalla de la guerra del Golfo en 1991; durante los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)-Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la República serbia de Bosnia, en septiembre de 1995; contra Yugoslavia, durante la primavera de 1999; y en el ataque contra Afganistán e Irak en 2003.

El uso de dispositivos de uranio empobrecido en las guerras de Somalia y de Bosnia central y centro-oriental –sobre todo en amplias zonas alrededor de Sarajevo– en la década de 1990, en Palestina y en los polígonos de tiro sometidos a la autoridad de las fuerzas militares de la OTAN, ha sido documentado de forma incompleta.

Entre los armamentos que utilizan el uranio empobrecido, hay que citar también el misil crucero tipo Tomahawk, cuyo uso en la guerra de los Balcanes de la primavera de 1999 –aunque no ha sido reconocido por la OTAN– ha sido confirmado gracias a lo que se ha encontrado en el lugar, así como por fuentes de la Unión Europea.

Por otro lado, el manual de los oficiales, entregado a todos los uniformados enviados a Kosovo, incluía recomendaciones, a seguir al pie de la letra, sobre la presencia de uranio empobrecido en aquel territorio y, en particular, en los misiles Tomahawk. La introducción del manual indica que "los vehículos y equipamiento del ejército serbio en Kosovo pueden constituir una amenaza para la salud de los militares y civiles en contacto con ellos. Los vehículos y el equipamiento que se encuentren destruidos, averiados o abandonados deben ser inspeccionados y manipulados solamente por personal calificado. Los peligros pueden provenir del uranio empobrecido como consecuencia de los daños provocados por la campaña de bombardeos de la OTAN, en el caso de los artefactos alcanzados directa o indirectamente. Además, los colimadores contienen tritio (un isótopo radioactivo) y los instrumentos e indicadores pueden haber sido tratados con un barniz radioactivo, peligroso para quienes se pongan en contacto con los artefactos para inspeccionarlos". Lo anterior aparece después de una serie de consejos sobre cómo evitar la explosión del uranio empobrecido.

El manual dice: "Evítese todo artefacto o material que usted sospeche que pueda haber sido alcanzado por municiones que contengan uranio empobrecido o por misiles crucero Tomahawk. No recoja o coleccione municiones de uranio empobrecido encontradas en el terreno. Informe inmediatamente a su puesto de mando sobre el área que usted estima que pueda estar contaminada. Donde quiera que usted se encuentre, delimite la zona contaminada con cualquier material encontrado en el lugar. Si se encuentra usted en una zona contaminada, póngase, como mínimo, la máscara y los guantes protectores. Aplique la mejor higiene personal. Lave frecuentemente su cuerpo y su ropa".

Las evaluaciones sobre la cantidad de uranio empobrecido utilizado en los misiles son divergentes. Varían, en particular, según la diversas fuentes, entre valores de alrededor de 3 kg hasta unos 400 kg. Véase la nota que contiene la compilación de las distintas fuentes que se pueden encontrar sobre el tema, lo suficiente importante como para permitir la elaboración de un estimado del impacto medio ambiental.

Esta gran variabilidad en los datos se explica fácilmente. Algunos misiles crucero son de cabeza reforzada con uranio empobrecido y otros no; pero estos últimos también contienen uranio empobrecido, no en la cabeza sino en las alas, como elemento estabilizador del vuelo. Se pueden, entonces, definir dos casos:

-Hipótesis alta: misil crucero con uranio en la cabeza del misil: 400 kg de uranio empobrecido.

-Hipótesis baja: misil crucero sin presencia de uranio en la cabeza: 3 kg de uranio empobrecido en las alas.

Cálculo del impacto sobre el medio ambiente y la salud

En la amplia literatura dedicada al problema del uranio empobrecido, ya se había abordado anteriormente el cálculo de la contaminación radioactiva con uranio imputable a los misiles crucero, en particular a los que se dispararon contra Bosnia en 1995. El estudio puede consultarse en internet, al igual que en la revista científica Tribuna biológica y médica.

Si se toman los modelos utilizados, es posible deducir cuál es la situación en el terreno, en los lugares de inhalación, mediante un cálculo destinado sólo a precisar si el volumen de las dosis en el lugar permite restar importancia al problema.

Si se considera el impacto de un misil crucero del tipo Tomahawk portador de 3 kg (en el mejor de los casos) o de 400 kg (en el peor de los casos) de uranio empobrecido.

El impacto produce una nube de residuos cuya dimensión es variable, después de una violenta combustión de unos 5 mil grados centígrados. Los granos de polvo se componen de partículas cuyas dimensiones son del orden de la micra (0.5-5). A 500 o 1 mil metros del punto de impacto, se pueden respirar nubes con densidad suficiente como para causar dosis significativas, compuestas de partículas cuya masa es de cerca de 0.6 hasta unos 5 nanogramos (6-50 por 10-10 gramos).

Se hizo una estimación siguiendo el código de cálculo de dosis GEN II, despreciando los efectos provenientes del incendio y considerando sólo la exposición debida a la inhalación durante una hora por dispersión simple del material, sin considerar ciertos factores que pudieran traducirse en un incremento ulterior de la exposición. En una hora, es posible inhalar granos de polvo radioactivo provenientes de la nube en cantidades notables.

Numerosos fluidos y dinámicas del cuerpo atmosférico (dirección del viento, gradiente vertical de la temperatura, etcétera) pueden causar, en ángulos sólidos relativamente pequeños, concentraciones de contaminante de varios órdenes de importancia superiores, incluso, a los que se obtendrían con un cálculo de dispersión uniforme, no compatible con ese escenario.

El grupo crítico, en ese caso, resulta ser el de las personas "afectadas" por la nube de granos de polvo.

Según la estimación de probabilidades que se expondrá en este trabajo, un misil que alcanza su objetivo puede quemarse y esparcir partículas oxidadas de polvo en el medio ambiente.

Alrededor del 70 por ciento del uranio empobrecido que contienen los misiles ?de los que se supone que por ser "inteligentes" siempre dan en el blanco? se quema. Alrededor de la mitad, es óxido soluble.

La granulometría de las partículas que conforman el polvo de óxido de uranio empobrecido pertenece totalmente al tipo de polvo que puede respirarse, así se crea polvo ultrafino. En particular, el diámetro de las partículas es, en ese caso, más fino que el polvo de uranio empobrecido de origen industrial, que resulta común en el medio de la industria nuclear. Se habla aquí de la gran mayoría del polvo contenido en el rango (1-10) micra, del cual una parte significativa es de un diámetro inferior a 1 micra.

En cuanto al destino del polvo de uranio empobrecido en el cuerpo humano, la principal vía de absorción es la inhalación. Una parte del polvo es soluble y otra parte no se disuelve en los fluidos corporales.

Debido a las características de los óxidos de uranio empobrecido de origen militar, es necesario subrayar cómo difiere el comportamiento de éstos en relación con el de los polvos industriales de uranio. En todo caso, es posible suponer, según la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP, por sus siglas en inglés), que alrededor del 60 por ciento de lo que se inhala se deposita en el aparato respiratorio, y que el resto es expulsado a través de la expiración.

Se debe tener en cuenta que alrededor del 25 por ciento de las partículas que presentan un diámetro cercano a 1 micra se mantiene durante largo tiempo en los pulmones, mientras que el resto se deposita en las vías aéreas superiores, pasa al aparato digestivo y es eliminado de allí en su mayor parte a través de las vías urinarias; mientras que pequeñas partes se acumulan en los huesos.

Alrededor del 25 por ciento de las micropartículas que se mantuvieron en los pulmones, se comporta como un material de clase M, según la ICRP, es decir que se disuelve lentamente en los fluidos corporales; el resto es insoluble.

Ese tipo de comportamiento y de exposición no se ha estudiado en ninguna situación anterior de exposición a emisores alfa en los pulmones, que se haya detectado en el medio civil. La modalidad de exposición es muy diferente de las que han servido como base a la hora de recoger las equivalencias entre dosis y daños en materia de protección radiológica.

Es totalmente incorrecto –aunque constituya un punto de referencia– extrapolar evaluaciones de riesgo por exposición a ese tipo de micropolvos radioactivos a partir de datos recogidos en los casos de los mineros que trabajan con uranio, y también en los casos de las personas gravemente contaminadas por la radiación en Hiroshima y Nagasaki. Los estándares de protección radiológica de la ICRP se basan solamente en esas experiencias y, por consiguiente, pueden resultar en subestimaciones del riesgo.

Al pasar posteriormente a otros tipos de toxicidad diferentes a la radiológica, resulta entonces plausible que, dado el componente fino y ultrafino de los polvos de uranio empobrecido de origen militar, y dada la toxicidad química del uranio, la contaminación ambiental debida a los óxidos de uranio empobrecido de origen militar presente toxicidad tanto química como radiológica. Es necesario evaluar el efecto sinérgico de ambos componentes.

Así, la radioactividad y la toxicidad química del uranio empobrecido podrían actuar juntas y crear un efecto "cóctel" que aumenta el peligro posteriormente.

Aunado a ello, el clima árido de Libia favorece la dispersión de las partículas de uranio empobrecido en el aire que los civiles seguirán respirando durante años. El principal mecanismo de exposición a mediano y largo plazos tiene que ver con la resuspensión de polvos y con la subsiguiente inhalación de éstos.

La metodología y los resultados vinculados a ese modelo ya se han publicado en otros trabajos. Sólo se resaltan aquí las aplicaciones y variaciones del modelo aplicado y ya publicado:

-El cálculo de compromiso (semivida) de dosis es de 70 años, no de 50 años, según lo recomendado por el ICRP.

-Se utilizaron datos actualmente aproximados sobre la distribución de la población alrededor de los puntos de impacto, que también toman en cuenta la utilización principal de los proyectiles de uranio empobrecido en zonas pobladas.

Los resultados del modelo pueden resumirse de la siguiente manera:

-Committed Effective Dose Equivalent (CEDE) ?dosis colectiva?: 370 mSvp en 70, y por 1 kg de uranio empobrecido oxidado y esparcido en el medio ambiente.

-CEDE anual máxima durante el primer año, 76 mSvp; durante el segundo año, 47 mSvp, y durante el tercer año, 33mSvp.

-La vía de exposición es enteramente la inhalación del polvo. Son los pulmones el órgano que se convierte en blanco (97.5 por ciento de la contribución a la CEDE).

-Entre los nucleidos responsables, el U238 representa el 83 por ciento de la CEDE, y el U234, el 14 por ciento.

En cuanto a la cantidad total de uranio empobrecido oxidado disperso en el medio ambiente, esta evaluación se basa en los datos que reporta la prensa internacional: durante el primer día de la guerra, el Pentágono declara haber disparado –junto con los británicos– 112 misiles crucero hacia el territorio libio. ¿Cuántos misiles van a disparar antes de que termine la guerra? Como no puede saberse, la hipótesis se basará en 1 mil misiles para que el lector pueda estimar fácilmente el impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud mediante una regla de tres, que incluiría la cantidad exacta de misiles que se contabilicen al final del conflicto.

Si las cabezas de todos los misiles estuvieran "desprovistas" de uranio empobrecido, tendríamos una cantidad de 1 mil por 3, que es igual a 3 mil kg, equivalentes a 3 toneladas de uranio empobrecido (en el mejor de los casos).

Si todos los misiles tuvieran cabezas de uranio empobrecido, tendríamos una cantidad de hasta 400 mil kg, es decir 400 toneladas de uranio empobrecido.

Para evaluar la gravedad, basta con comparar ese dato con las 10 o 15 toneladas de uranio empobrecido que se lanzaron en Kosovo en 1999. Suponiendo que alrededor del 70 por ciento del uranio se quema y se esparce en el medio ambiente, se llega así a un estimado de la cantidad de óxidos de uranio empobrecido igual a 2.1 toneladas (en el mejor de los casos) y 280 toneladas (en el peor de los casos). Lo anterior permite estimar una CEDE (dosis colectiva) para toda la población equivalente a, en el mejor de los casos, 370 mSvp/kg por 2 mil 100 kg igual a 780 Svp aproximadamente; en el peor de los casos, 370 mSvp/kg por 280 mil kg igual a 104 mil Svp, aproximadamente.

No es correcto –aunque constituya un punto de referencia– extrapolar evaluaciones por exposición a este tipo de micropolvos radioactivos a partir de los estándares de protección radiológica de la ICRP, que son los adoptados para el código GEN II. Si de todas formas se aplica también aquí el coeficiente de 6 por ciento Sv-1 para el riesgo de aparición de tumores, obtenemos aproximadamente, en el mejor de los casos, alrededor de 50 casos más de tumores previstos en 70 años; en el peor de los casos, alrededor de 6 mil 200 casos más de tumores previstos en 70 años.

Conclusiones

Los riesgos de exposición al uranio empobrecido que corre la población libia como consecuencia del uso de esa sustancia en la guerra de 2011 han sido evaluados con el enfoque más amplio posible, tratando de tener en cuenta algunos resultados recientes de estudios en la materia.

Este tipo de exposición no ha sido estudiada en ninguna situación anterior de exposición a receptores alfa en los pulmones que se hayan encontrado en el entorno civil.

Sin embargo, la evaluación que se ha hecho de las dosis y del consiguiente riesgo en las dos situaciones (según se trate de misiles "sin uranio" o "con uranio") permite llagar a ciertas conclusiones.

En el primer caso (el mejor), el número de tumores esperados es muy exiguo y absolutamente no significativo desde el punto de vista estadístico. Esta dificultad estadística no tiene nada que ver con una absolución de ese tipo de práctica, con su aceptación y menos aún con una afirmación de que tenga poca importancia, o incluso de que pueda ser inocua. Por el contrario, en el segundo caso (que es el peor), hay un número de aparición de tumores que se sitúa en varios miles. Dichos tumores alcanzarían evidentemente un nivel epidemiológico.

Es necesario, por lo tanto, que los ejércitos que están bombardeando Libia aclaren con pruebas reales, no con cómodas afirmaciones, la presencia o no, y en qué cantidades, de uranio empobrecido en sus misiles. En el pasado, se produjeron "desmentidos oficiales" sobre la presencia de uranio en los misiles crucero. Sin embargo, al ser estos desmentidos provenientes de medios militares, se estima considerarlos, como mínimo, con cierta prudencia.

Basadas en los datos que son públicos, las estimaciones sobre la evolución de los casos de tumores para los próximos años en Libia resultan, debido a esta práctica totalmente injustificada, absolutamente preocupantes. La discusión sobre la incidencia relativa de cada uno de los agentes teratógenos utilizados en una guerra (químicos, radioactivos, etcétera) parece poco importante, e incluso poco respetuosa: los muertos en Libia por causa de este ataque sobrepasan y sobrepasarán cualquier cifra que pueda definirse algún día como "el precio necesario".

Es importante, finalmente, recoger datos y estudios –existen muchos– sobre los efectos que las "nuevas guerras" tienen en el hombre y en el medio ambiente. Hay que mostrar cómo las armas modernas, que nada tienen de "quirúrgicas", producen daños inaceptables. Hay que estudiar el impacto que han tenido, en los hombres y en el medio ambiente que las han sufrido, las guerras "humanitarias" registradas desde 1991.

*Profesor de instalaciones nucleares en el Instituto Politécnico de Turín; titular de los cursos de Seguridad y Análisis de Riesgos y de Protección contra las Radiaciones

Fuente: Contralínea 229 / 17 de abril de 2011

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/04/19/por-la-guerra-libios-podrian-respirar-hasta-280-toneladas-de-oxidos-de-uranio-empobrecido-en-tres-anos/

abril 15, 2011

El zafarrancho en Cananea

Por Leopoldo Santos Ramírez


Cananea se ha convertido en un territorio de exclusión donde Grupo México quiere imponer un régimen de excepción contra los trabajadores, apoyado en la fuerza de la Policía Federal y de la Policía Estatal. Hace meses, a partir de que la empresa ilegalmente desalojara a los huelguistas de las instalaciones de la mina, se ha venido desenvolviendo allí un fenómeno curioso. La compañía Minera Cananea contrató a trabajadores cananenses a través de compañías terceras para echar a andar los trabajos en el mineral. A esta forma de "terciarización" en una contratación se le conoce como out sourcing, y le permite a la empresa obtener mano de obra que no está contratada directamente con ella, sino con otra compañía intermediaria. De tal manera que se trata de trabajadores que aunque trabajan para el consorcio, aparentemente no mantienen una relación laboral con él.

Como puede advertirse rápidamente, se trata de trabajadores que pueden ser desechados en cualquier momento, sin responsabilidad para la empresa. Se trata por supuesto de un hecho ilegal que en cualquier caso no libra a la compañía minera de su responsabilidad conforme al derecho laboral.

A este tipo de trabajadores en Cananea se les conoce como "terceros" y en un primer momento estuvieron enfrentados contra los mineros sindicalizados de la Sección 65 en huelga. Pero los malos tratos recibidos dentro del mineral, la ausencia de condiciones de seguridad para realizar sus tareas y la falta de derechos laborales los hicieron protestar contra la empresa, que ni tarda ni perezosa los despidió. Las condiciones de seguridad en la empresa son tan deplorables que al mes de enero de este año se habían contabilizado 14 muertes de trabajadores, de los cuales la prensa no habla, a excepción de Dossier Político que lo ha destacado anteriormente.

Desde su despido, los "trabajadores terceros" mantienen reuniones en la plaza de Cananea bajo la decisión de luchar por sus derechos y contra las arbitrariedades de la empresa. Como puede deducir cualquier observador imparcial, la situación en Cananea es de exacerbación; por un lado mineros sindicalizados en huelga legal, a quienes ilegalmente se les impide acceder a las instalaciones de la mina, y por otra parte los "terceros" tratando también de reivindicar su derecho al trabajo y a buenas condiciones de seguridad que por avaricia e inhumanidad -y porque le valen gorro las leyes- la empresa se niega a otorgarles.

En este punto cualquier lector puede entender que en la ciudad minera  se vive un ambiente de encono provocado por la forma en la que la concesionaria del mineral está llevando las relaciones obrero-patronales, y adicionalmente se está apoderado del control político del mineral frente a un presidente municipal que ha abdicado de sus obligaciones constitucionales, hundiéndose en la miseria moral. Por estas razones el acto del día 13 de abril, antier, en el cual el gobernador Padrés iba a anunciar inversiones federales y estatales para la ciudad, no contaba con el ambiente más adecuado. Cualquiera con el mínimo entendimiento debió prever que el terreno donde la plana mayor del gobierno se proponía el acto, necesariamente convocaría a los actores reclamantes, en este caso los mineros "terceros" y los sindicalizados, con motivos más que suficientes para reclamar. Pero si no se trató de un asunto de prevención o de prudencia, entonces se trataba de una provocación para enconar más los ánimos y con el pretexto de unos gritos subidos de tono, arremeter con la fuerza de las policías contra los reclamantes, en este caso, los terceros, y los sindicalizados que trataron de impedir se golpeara a los terceros. He recibido informes de que la Procuraduría ha revivido viejas órdenes de aprehensión contra los integrantes de la Sección 65, y ahora mantiene en la cárcel a Juan Corrales, Jesús Ochoa y "Chino" Bermúdez. Se trata por supuesto, de una represalia porque el acto no lució como se quería. Así, estos trabajadores se suman a Martín Salazar, minero en prisión desde hace meses enfrentando un juicio penal amañado.

Dado que las instancias gubernamentales intentan imponer una política antiobrera, los detenidos corresponden a la categoría de presos políticos, por más que su situación quiera disfrazarse con acusaciones penales y con trucos leguleyos. Si la Comisión Estatal de Derechos Humanos estaba clamando por defender los derechos de los sonorenses, allí está una tarea para ella. Volver sobre la política y el derecho como formas adecuadas para resolver conflictos sociales resulta urgente en nuestro estado.

De otra manera, en el clima de violencia que se va  enseñoreando en la región, resulta pertinente preguntarse hasta dónde se quiere llevar al estado cuando la policía se utiliza no para defender a los ciudadanos, no para enfrentar al crimen verdadero que todos los días deja muertos, sino para perseguir a los trabajadores que producen la verdadera riqueza de la cual solamente están reclamando la parte que les corresponde.

Trasnacionales se benefician del fondo para microempresas

Distribuidores de las trasnacionales Chevrolet, General Motors, Ford, Volkswagen, Nissan, así como tiendas departamentales son beneficiarios del programa gubernamental que financia a micros, pequeñas y medianas empresas del país. El Fondo Pyme carece de mecanismos de operación y control a pesar de ejercer 5 mil 300 millones de pesos anuales, advierte el máximo órgano de fiscalización en México. En duda, la conservación de empleos formales en las compañías subsidiadas.

Érika Ramírez

La Secretaría de Economía (SE) entrega casi el 40 por ciento de los recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) a las grandes empresas del país, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre los beneficiarios, se encuentran distribuidores de las marcas Chevrolet, General Motors, Ford, Volkswagen y Nissan, muestran los kárdex correspondientes a 2010 de la SE, encabezada por Bruno Ferrari García de Alba.

Sin metas definidas ni indicadores que permitieran medir la cobertura del programa, la dependencia encargada de coordinar las estrategias económicas del país le destinó más de 5 mil 300 millones de pesos en 2009, según el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 elaborado por la ASF.

Con una disminución en el número de proyectos financiados, el año pasado le fueron asignados 5 mil 290 millones de pesos. En 2011, opera con más de 6 mil 700 millones de pesos, indica el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de los distribuidores de la industria automotriz, el Fondo Pyme financia 475 empresas pertenecientes a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) de Jalisco, a través del Proyecto Pabellón Hecho en México en el Marco de Expo ANTAD, con un ejercicio de 9.5 millones de pesos.

En marzo de 2010, Contralínea reveló que General Motors y Ford Motor Company –trasnacionales de origen estadunidense– han sido incentivadas con más de 3 mil millones de pesos mediante subsidios del Fondo Pyme y exenciones en el pago de impuestos, desde el inicio de las administraciones panistas, mediante la SE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Sin mecanismos de control

Con la auditoría de desempeño 09-0-10100-07-0040, el máximo órgano de fiscalización del país determina que el Fondo no dispone de "la evidencia documental de practicar estudios y formular planes y proyectos en los que se establecieran prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como un diagnóstico de las necesidades de apoyo de las Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)".

La SE, resalta el informe, "no cuantificó en las Reglas de Operación del Fondo PYME 2009 la población objetivo por atender; tampoco identificó el número de empresas que requieren ser apoyadas con recursos por cada una de las categorías de apoyo, ni por región del país, entidad federativa y municipio, lo que limita el direccionamiento de los recursos".

Fue a través de la auditoría que la ASF determinó que hay 5 millones 144 mil 56 unidades económicas. De las cuales, 4 millones 877 mil 70 son micreoempresas y representan el 94.8 por ciento de la "población potencial susceptible de ser apoyada por el Fondo Pyme". Otras 214 mil 956 fueron clasificadas como pequeñas empresas y representan el 4.2 por ciento; 42 mil 415 medianas, 0.8 por ciento, y apenas 9 mil 615, que son el 0.2 por ciento, entran en el rubro de las grandes compañías.

El documento indica que de las más de 5 millones de unidades, 10 mil 782 empresas fueron atendidas a través del Fondo, el 0.2 por ciento del total; de ellas, "no fue posible comprobar la cobertura de atención de las pequeñas y de las medianas empresas respecto del total existente en el país, debido a que la SE las reportó en un solo rubro". En tanto, la mayor cobertura por tamaño correspondió a las grandes empresas, con el 39 por ciento.

Los beneficiarios

De acuerdo con la lista de beneficiarios del Fondo Pyme de la SE, en 2009 se apoyaron a 170 Organismos Intermedios (OI) –encargados de facilitar su acceso al financiamiento y proporcionar servicios de capacitación, comercialización, gestión empresarial y desarrollo tecnológico.

Los proyectos de este ejercicio llegaron a 390 e implicaron un importe de 3 mil 337 millones 686 mil 700 pesos. El principal grupo de OI apoyado correspondió a las asociaciones civiles y mercantiles, con 101 organismos y 205 proyectos, seguido por las cámaras nacionales de Industria y Comercio, con 29 organismos y 70 proyectos.

Sin embargo, la Secretaría de Economía "no estableció criterios y parámetros para determinar en qué medida se deberían canalizar los apoyos a cada uno de los OI, por lo que no fue posible evaluar la eficacia en el cumplimiento de estas acciones".

Según el kárdex de 2009, entre los primeros cinco beneficiarios, se encuentran el Programa Nacional de Incubadoras Fase 2009, con 4 mil 959 empresas; Semana Regional Pyme Puebla, 2 mil 577; Programa Nacional de Consultoría Moderniza, 2 mil 459; Programa de Apoyo Emergente para la Reactivación Económica, 2 mil 263, y la Cruzada por los Negocios y el Autoempleo, 2 mil.

Durante 2010, la lista es encabezada por el proyecto Fortalecer la Red de Distribuidores del Sector Automotor, autorizado a través de tres folios (FP2010-485, FP2010-1120, FP2010-1155), que implica el subsidio a 1 mil 983 agencias distribuidoras de las marcas Chevrolet, General Motors, Ford, Volkswagen y Nissan, entre otras.


Falta de impulso

Entre las observaciones realizadas, la ASF destaca que durante 2009 no se le asignaron recursos a empresas localizadas en 13 estados del país: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Además, dice el informe, la SE "no estableció metas de las empresas por desarrollar y consolidar por cada una de las categorías previstas con los recursos del Fondo Pyme", como se tiene previsto en las Reglas de Operación del Fondo Pyme.

Entre los incisos de las Reglas de Operación –publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008–, se ordena la generación y conservación de empleos, creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, así como la contribución al desarrollo regional, sectorial, económico y sustentable, entre otras.

La dependencia que encabeza Bruno Ferrari no estableció metas y parámetros ni contó con la evidencia documental de las empresas que se integraron a las cadenas productivas, lo que impidió evaluar el cumplimiento del propósito establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que señala como "prioridad nacional" la generación de empleos.

Se solicitó entrevista con el titular de la Secretaría de Economía, a través de Joaquín Álvarez, director de Prensa, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta.

Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/04/13/40-de-los-recursos-destinados-a-microempresas-termina-en-trasnacionales-como-ford-y-gmc/

En riesgo, la divulgación de la ciencia en la UNAM

Una de las labores sustantivas de la UNAM se encuentra en riesgo. Reducida a un museo y a un público juvenil, lejos de la academia, la divulgación de la ciencia aún no logra su cometido: "Poner los resultados de la investigación científica en manos de la población", asegura Luis Estrada Martínez, pionero de la divulgación científica en México. René Drucker Colín, actual titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad, reivindica el nuevo carácter "administrativo y de servicio" desarrollado en los últimos tres años. Durante su gestión, la dependencia universitaria ha renovado 5 mil 30 metros cuadrados del Universum, dice, orgulloso.

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Flor Goche

A un costado del Universum Museo de las Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un espacio ajeno al bullicio, se encuentra la Casita de las Ciencias. Allí, en un rincón, está la oficina de Luis Estrada Martínez, el divulgador de ciencia más reconocido del país.

Un convenio con el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, al que formalmente pertenece, le ha permitido conservar este modesto lugar en la dependencia universitaria "más aproximada" a la divulgación científica: la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM.

En 1997, por decreto del entonces rector Francisco Barnés de Castro, el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia (CUCC), que además de hacer divulgación invertía en formar divulgadores, dejó de existir y en su lugar se creó la DGDC.

El carácter administrativo de esta Dirección impidió que los académicos e investigadores que laboraban en el Centro se incorporaran al nuevo proyecto. "Busquen a dónde ir", les dijeron, recuerda Estrada Martínez.

Este hecho y la creación, a principios de la década de 1990, del Universum cambiaron el enfoque de la divulgación científica en la UNAM. La parte académica se debilitó, no obstante que el Reglamento Interno de la DGDC establece que la formación y capacitación de divulgadores y el establecimiento de criterios de evaluación de la divulgación de la ciencia son parte de las funciones de esta dependencia.

Estrada Martínez –el primer mexicano en recibir el premio Kalinga, que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por una labor excepcional en el campo de la divulgación científica– dice que la situación por la que atraviesa la divulgación de la ciencia en la UNAM es "triste". Reducida a un museo y a un público juvenil, particularmente estudiantil, la divulgación científica está lejos de lograr su cometido: "Poner los resultados de la investigación científica en manos de un público grande".

Por eso, aunque conserva un cubículo de escasos 9 metros cuadrados en la DGDC, Estrada Martínez ha optado por "encerrarse en cosas" que buscan recuperar la esencia del proyecto original de la divulgación científica.

—A la larga, mantener un museo [el Universum] de tal tamaño y tal ambición resultó un poco contraproducente porque [la divulgación de la ciencia] se redujo a una sola actividad y todo lo demás quedó volando o muy debilitado.

René Drucker Colín, quien desde marzo de 2008 está al frente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, está satisfecho con los resultados de su administración, especialmente con la renovación de 5 mil 30 metros cuadrados del Universum, que fue posible gracias a los patrocinios de los sectores público y privado, y con el incremento, durante 2010, del número de visitas a este museo.

Al preguntarle sobre su proyecto de trabajo, el doctor en fisiología solamente refiere el Reglamento Interno de la DGDC que él, con la aprobación del Consejo Técnico de la Investigación Científica, modificó. La razón: "Ordenar la dependencia de una manera más apropiada" para que ésta responda a las dos formas de hacer divulgación que, a decir de Drucker Colín, son los museos y la divulgación "hacia fuera", es decir, a través de los medios de comunicación.

En el organigrama anterior, la Coordinación de Prensa y Radio y la de Innovación Tecnológica, así como las subdirecciones de Conservación Museográfica, Exposiciones, Estudios y Formación en Divulgación de la Ciencia, Medios Electrónicos, Medios Audiovisuales y las del Museo de la Luz y el Universum compartían la misma jerarquía.

Con las modificaciones al Reglamento Interno de la DGDC, la dependencia se dividió en dos áreas: la Coordinación de Museos y la de Medios. La Comisión Evaluadora desapareció y la Subdirección de Estudios y Formación en Divulgación de la Ciencia se convirtió en la Unidad de Formación de Divulgadores, que actualmente se encuentra en el nivel de las unidades de Servicios Audiovisuales, Cómputo y Biblioteca.

Drucker Colín reconoce que existe una forma más académica de hacer divulgación de la ciencia. La revista ¿Cómo Ves?, que la UNAM edita desde hace 13 años, y el diplomado en divulgación de la ciencia, que en 2011 cumple 16 años, contribuyen en este aspecto. Sin embargo, el titular de la DGDC asegura que "ese esfuerzo alcanza a un público relativamente reducido; un público dedicado que le interesa leer artículos largos".

Cuando el CUCC se convirtió en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, esta dependencia perdió su carácter estrictamente académico y se volcó en una "dependencia de servicio", explica el científico. Julia Tagüeña Parga, quien lo antecedió en su cargo, piensa que este lugar debe tener una función académica. "Aquí no hay investigadores; no es esto un centro de divulgación de la ciencia", revira, tajante, Drucker Colín.

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Profesionalizar la divulgación

A decir de Estrada Martínez, quien fuera director del CUCC, aunque en México cada vez más personas se dedican a la divulgación científica, en realidad son pocas las que tienen una formación que les permita profundizar en sus labores.

La UNAM cuenta con un diplomado en divulgación de la ciencia, además una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia con una línea en comunicación de la ciencia. No obstante, Luis Estrada considera que sería muy importante que en la UNAM se creara un posgrado especializado en divulgación de la ciencia.

Refiere que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente es la única institución en el país que imparte la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. "Pero eso es bastante irreal; aquí no ve usted la puerta", manifiesta el también fundador de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.

Drucker Colín comparte la idea de profesionalizar la divulgación científica. "En realidad, no son los científicos [como él mismo] quienes deberían dedicarse a la divulgación", reconoce. La divulgación debe recaer en aquéllos que estudian comunicación y deciden orientarse hacia la comunicación de la ciencia.

Integrantes de la DGDC propusieron a Drucker Colín la creación de una maestría en divulgación de la ciencia. El funcionario rechazó la petición.

—¿Maestría aquí? No se puede. No porque yo no quiera; porque no se puede por reglamento [General de Estudios de Posgrado]. Aún si se pudiera, yo no lo permitiría porque esto no es una unidad académica. Es una dirección general que da servicio; no puede tener posgrados.

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La divulgación, "el patito feo"

En la UNAM, como en muchos otros recintos del país, quienes ejercen la divulgación de la ciencia lo hacen de manera marginal y complementaria a lo realmente prioritario, asegura Estrada Martínez. "Para mucha gente, esto sigue siendo el patito feo; la cosa que a nadie le preocupa mucho", lamenta el doctor en física.

Los bajos sueldos que perciben los profesores universitarios se compensan con las remuneraciones adicionales que consiguen. No es el caso de los divulgadores. En la UNAM, la divulgación científica "no da puntos".

Así, al desconocimiento de la labor del divulgador, aun entre la propia comunidad universitaria, se suma que los investigadores que son entusiastas de la divulgación científica pocas veces pueden dedicarse a ella porque están ocupados en otras cosas, explica Estrada Martínez. "Si no, no hay puntos; les va a ir mal en la evaluación".

Drucker Colín considera que la divulgación científica sí es prioritaria para la UNAM. Tan es así que tiene una dirección dedicada a ello. El problema en la Universidad, dice, es que "la divulgación no se toma mucho en cuenta para las promociones y todo ese tipo de cosas".

Además, el dinero que se destina a la dependencia a su cargo es insuficiente. El 80 por ciento del presupuesto de la DGDC (169 millones 662 mil 47 pesos, incluidos los 44 millones 545 mil 47 pesos que se obtienen de ingresos extraordinarios y apoyos) es para cubrir los sueldos de las 786 personas que integran esta Dirección, asegura Drucker Colín.

A decir del director General de Divulgación de la Ciencia, el gobierno federal debería apoyar el Universum como lo hace con otros museos. "El museo requiere urgentemente más fondos para ser un museo más moderno, más al día".

Estrada Martínez no se rinde. Su actitud jovial y entusiasta contrasta con la blancura de su cabellera. Para el destacado divulgador, a pesar de que la UNAM ya no cuenta con un programa sistemático e integral en materia de divulgación científica, "la idea es que sí lo haya", y hay gente trabajando en ello, asegura.

—¿Ha platicado con las autoridades de la UNAM al respecto?

—Con el doctor Narro [actual rector], no he pedido verlo ni mucho menos. No sé si he hecho mal. Con De la Fuente [rector de la UNAM de 1999 a 2007], sí. Insistí mucho, y finalmente logré que me diera una cita. Y platicamos, y dijimos, pero [nada]… Lo más importante que he logrado en esta época fue hablar con el secretario general, con el doctor Alcocer. Él no me dijo nada ni contestó nada, pero sí entendió de qué se trataba. Sé que lo entendió, pero tampoco hizo nada.

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Científicos y divulgadores

Paula Ximena García Reynaldos es profesora de asignatura en la Facultad de Química de la UNAM; además, divulgadora científica. Actualmente colabora en el programa de radio La feria carrusel cultural, del Instituto Mexicano de la Radio, que destina un espacio a la divulgación de la ciencia. También dirige una tesis de licenciatura donde se "creará un manual de experimentos químicos, fáciles, divertidos y seguros".

En mayo de 2010, la candidata a doctora en química renunció a su plaza de técnico académico titular "A" de tiempo completo en la DGDC; con ello, a los 19 mil pesos que le proveía su puesto en el Universum. "No me siento satisfecha con las perspectivas de desarrollo profesional y académico de las labores que realizo en la dependencia", expuso a Drucker Colín en su carta de renuncia.

La maestra en ciencias químicas recuerda la emoción que experimentó cuando supo que la sala de química, de la que ella se encargaba, sería remodelada. Luego, la decepción que le produjo enterarse, de boca de Lourdes Guevara, la coordinadora de Museos de la DGDC, que ella no podría participar en la elaboración del guión científico de la nueva sala.

Más tarde, García Reynaldos se enteró también de que, una vez concluido el guion científico –en el que finalmente logró participar como profesora de la Facultad de Química, sin que esto se reflejara en los informes y planes de trabajo que, para conservar su plaza de técnico académico, presentaba anualmente–, la DGDC contrató a una persona externa para que lo revisara.

A casi un año de haber dejado el Universum, García Reynaldos no se arrepiente de su decisión. No obstante, lamenta que sus expectativas de servir a la UNAM, a través de la DGDC, en la que cursó el diplomado en divulgación de la ciencia, no se hayan cumplido a plenitud.

—Yo creo que en esta Dirección parten de que tú eres incapaz; no se te da el beneficio de la duda, no se te da la oportunidad.

A pesar de que en la DGDC laboran 27 técnicos académicos, la mayoría con estudios de posgrado y con una gran trayectoria en la divulgación científica, su labor es poco valorada, considera Ana María Sánchez Mora, representante de esta Dirección ante el posgrado en filosofía de la ciencia.

La razón es el estatus que les confiere su nombramiento de técnicos académicos y su pertenencia a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, una instancia dependiente de la Coordinación de la Investigación Científica, cuyos criterios responden a los intereses de los científicos, no así a los de los divulgadores.

Los divulgadores y los científicos son como los hombres y las mujeres: complementarios, explica Sánchez Mora, quien ha dedicado más de tres décadas a la divulgación científica. Sin embargo, algunos de los científicos que han dirigido la DGDC "nos consideran seres de quinta, pues, según los criterios de la Coordinación de la Investigación Científica, no damos el ancho".

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¿Qué es la divulgación científica?

"Una ventana que nos permite mirar hacia otro lado", así define Luis Estrada Martínez, el divulgador mexicano más reconocido, la divulgación de la ciencia. Sin esta parte de la cultura –pues el entendimiento de la ciencia forma parte de ésta–, los prejuicios se imponen.

—Es indispensable, en toda cultura, tener una idea del mundo en que uno vive. Todas las culturas han tenido su visión del mundo y, obviamente, la nuestra la tiene, pero la que tiene es del siglo XIX. Todas las discusiones sobre el aborto no tienen base de conocimiento; se mueven por conveniencias, por influencias. Las discusiones de género están llenas de prejuicios; la ciencia moderna ya piensa de otra manera.

Es ahí donde entra el papel de la divulgación. Crear una conciencia, en el mejor de los casos, de cuál es la situación más aproximada del mundo en que vivimos o, por lo menos, dar las pistas de dónde aprender eso. Si nosotros queremos cambiar el enfoque y el modo de proceder en este país, tenemos que abrir esa ventana y ver cómo están las cosas

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Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/04/14/en-riesgo-la-divulgacion-de-la-ciencia-en-la-unam/

La telenovela de las telecomunicaciones

Azcárraga y Salinas. Alianza.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 5 de abril (apro).- Después de los airados desmentidos de Televisa y de Grupo Salinas en contra del columnista Miguel Ángel Granados Chapa, quien publicó el domingo 23 de enero que la empresa de Azcárraga Jean "tendría ya en sus manos la totalidad de las acciones de Iusacell", este martes 5 de abril, Televisa finalmente confirmó que sí está en negociaciones para adquirir la deuda que la compañía de telefonía móvil -la tercera más grande del país-- adquirió con David Martínez, el regiomontano dueño de Fintech.

El columnista Alberto Aguilar publicó el 4 de abril el adelanto de este proceso que puede constituir una nueva bomba en medio de la guerra entre Telcel-Telmex y las dos grandes televisoras porque revelaría una recomposición en el mercado de la telefonía móvil en México. También explicaría por qué en los canales de Televisa se ha estado promocionando de manera intensa Iusacell y sus promociones de la red 4G, en clara competencia con Telcel.

Aguilar advierte en su columna, publicada en El Universal:

"En efecto, le adelanto que esa televisora (Televisa) podría aliarse al Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego en Iusacell, asunto en el que aparentemente ya hay negociaciones muy avanzadas.

"Éstas encajan en los tiempos que vive la telefónica que dirige Adrián Steckel, quien ya alcanzó un arreglo con sus acreedores y que prácticamente está a punto de dejar su actual estatus de concurso mercantil.

"Hasta donde se sabe, Televisa adquirirá la importante tenencia de deuda del regiomontano David Martínez, dueño de Fintech Advisory, de la que ya le he platicado.

"El aguzado financiero fue comprando en los mercados deuda de Iusacell y a la fecha es propietario del 98% del papel de la emisión 2011; 92%, de la de 2012; y 76%, de las de 2013. Ésta la adquirió con un descuento entre 40 y 50% por algo así como unos 200 millones de dólares.

"Martínez visualizó hace ya tiempo la oportunidad de Iusacell, cuando Verizon ya no se sentía a gusto en México, sin embargo Salinas Pliego se le adelantó.

"Desde entonces ha buscado convertir esa deuda en capital, pero a Grupo Salinas no le han parecido los términos del intercambio propuesto.

"De ahí su oferta ahora con Televisa, aprovechando la coyuntura actual y dado que esta televisora ha buscado contar con una plataforma más fuerte en telefonía.

"A la misma Iusacell contar con un socio como Televisa debería potenciar su presencia en el mercado, máxime la rivalidad que hoy une a las dos grandes televisoras contra Grupo Carso, dueño de Telmex y Telcel".

La trama de simulaciones

Los consumidores del mercado de telecomunicaciones somos espectadores de una gran mascarada en este terreno pantanoso que ha sido la disputa por un mercado de más de 30 mil millones de dólares anuales y el intento de Televisa de convertirse en propietario de una red de telefonía móvil que rivalice con Telcel, que concentra el 76% de los consumidores.

La simulación empieza con la guerra que Iusacell emprendió el año pasado contra la Licitación 21. La empresa de Ricardo Salinas Pliego argumentó ante tribunales que las bases para licitar 90 Mhz de la banda 1.7Ghz estaban orientadas a favor de la sociedad formada por Televisa y Nextel.

Grupo Iusacell presentó más de 40 demandas en distintos tribunales y obtuvo hasta dos órdenes de medidas cautelares para suspender la entrega de la "ganga" a favor de Televisa-Nextel que con 180.1 millones de pesos se quedaron con la banda más preciada del espectro: la de 30 Mhz.

La Licitación 21 se volvió un escándalo político, legislativo y mediático. Las dos principales autoridades, Juan Molinar Horcasitas, entonces titular de la SCT, y Mony de Swaan, presidente de Cofetel, negaron una y otra vez que las bases se hubieran redactado para favorecer a Televisa. Grupo Iusacell litigó en tribunales en contra de esta opinión, volviéndose una auténtica "piedra en el zapato".

En octubre de 2010, después de que las autoridades de la SCT entregaron el título de concesión a los representantes de Nextel, Televisa emitió un críptico comunicado en el que anunció que rompía sus negociaciones con Nextel. A esta empresa, dirigida en México por Peter Foyo la dejaron como las novias de las bodas mexicanas: vestida y alborotada, en medio del escándalo.

Televisa manejó que debido a la "politización" de esta licitación decidió retirarse y privilegiar su inversión en Univisión, la cadena estadunidense de televisión en español que desde tiempo atrás se ha vuelto una obsesión para Emilio Azcárraga Jean, quien perdió en junio de 2006 la posibilidad de adquirir la mayoría accionaria de esta compañía.

Alberto Aguilar revela que tras la salida de Televisa de su sociedad con Nextel "se hicieron esfuerzos por parte de Televisa para buscar una alianza con Telefónica Movistar que encabeza el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, aunque los resultados no fueron satisfactorios por las altas exigencias de los españoles".

En diciembre de 2010, los dos acérrimos rivales en el mercado telefónico –Telmex y Telefónica-- dieron a conocer un acuerdo de interconexión que fijó una tarifa en 0.95 centavos, engendrando la futura guerra que ahora vemos en las pantallas televisivas y en los medios impresos.

El 23 de enero de 2011, el columnista Granados Chapa afirmó en su colaboración en Reforma que la operación de Televisa para quedarse con "la totalidad" de las acciones de Iusacell le permitiría "además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales y contar de golpe y porrazo con 53 Mhz del espectro, lo cual posee Iusacell".

El desmentido a Granados Chapa fue furioso y hasta ofensivo. Televisa y Grupo Salinas salieron a acusar al periodista, reconocido con la medalla Belisario Domínguez por el Senado, de haber mentido y no haber consultado a las propias empresas.

El comunicado de Televisa, firmado por Manuel Compeán, señaló que el texto de Granados Chapa se trató de "un desafortunado artículo que no cuenta con el mínimo rigor periodístico". Como si fuera autoridad reguladora, Compeán se dio el lujo de aclarar que Telcel no posee 77.1 Mhz –como decía el artículo de Granados Chapa--, sino 123 Mhz del espectro y que con Nextel "no hay planes de regresar a la sociedad que se conformó para participar en las pasadas licitaciones del espectro".

Menos de un mes, inició la guerra abierta de Televisa y TV Azteca en contra de la poderosa dupla formada por Telmex-Telcel. El comienzo de las hostilidades se generó a raíz de la suspensión de las pautas publicitarias de las empresas de Carlos Slim en los canales de Televisa. El vicepresidente ejecutivo, Alfonso de Angoitia confirmó a finales de febrero este boicot, pero minimizó el impacto en términos de ingresos para el consorcio de Azcárraga. Menos de una semana después, TV Azteca anunció que suspendía los anuncios de Telmex-Telcel por desacuerdos en las negociaciones de las tarifas de interconexión de Iusacell con las empresas de Slim.

A partir de entonces, es clara y abierta la acción concertada y acordada entre Televisa y Grupo Salinas, supuestos competidores en televisión abierta, en sus espacios de la pantalla para acusar a Grupo Carso de monopólico y de afectar a los consumidores.

Entró en acción Iusacell, reproduciendo casi la misma estrategia aplicada en la Licitación 21. Su director jurídico, Francisco Borrego, interpuso ante la Comisión Federal de Comunicaciones una demanda en contra de Telcel, el 30 de marzo, por presuntas prácticas discriminatorias, al cobrar tarifas distintas a sus usuarios en función de la red de destino u origen de sus llamadas.

Iusacell también demandó a Telmex por el pago correspondiente al mes de febrero por interconexión.

Telcel-Telmex no se han quedado cruzados de brazos y, acostumbrados a jugar rudo, también han contrademandado a Televisa y a Iusacell. A la primera, por concentración en la televisión de paga y a la segunda, por mantener la tarifa de facturación más alta de todos los operadores.

En sus inserciones pagadas en medios impresos y en internet, Telmex afirmó: "Iusacell, exmonopolio celular pierde participación del mercado del 100 por ciento a 4.4% y usa noticiero con mentiras para presionar a las autoridades."

El misterioso David Martínez

En este melodrama por el control del mercado de telefonía móvil que representa más del 60% de lo que anualmente genera el sector, el personaje más enigmático es David Martínez, un empresario de origen regiomontano que ha construido un emporio a través de Fintech Advisory, que controla tres fondos distintos de inversión.

Martínez vive entre Londres y Nueva York. Estudió en el Tec de Monterrey y tras ser rechazado en varios de los poderosos consorcios regiomontanos porque su personalidad no compaginaba con "el perfil" empresarial, estudió maestría de negocios en Harvard y se ha convertido en un poderoso financiero multinacional.

El gran negocio de David Martínez es comprar deuda de corporativos, a descuento, a través de múltiples instrumentos financieros. Recientemente, compró, con descuento, entre 40 y 50% de la deuda de los derivados que el poderoso Grupo Vitro mantenía con varios bancos europeos. El pasivo de 240 millones de dólares lo adquirió en 177 millones de dólares. También adquirió los derechos al cobro de los derivados propiedad de los bancos acreedores por el uso de instrumentos derivados en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Desde 2003, Fintech Advisory se constituyó en socio de Grupo Iusacell. En su informe ante la SEC (File 5-50672), Martínez declaró al organismo regulador bursátil de Estados Unidos:

"Hemos duplicado el precio de la oferta y ofrece una prueba más de nuestros compromisos y otras partes interesadas de Iusacell. Instamos a la junta directiva de Iusacell para evaluar nuestra oferta de acuerdos con sus obligaciones fiduciarias y recomendar que los accionistas de Iusacell participen en nuestra oferta con el fin de proteger los intereses de los accionistas minoritarios que, a diferencia de los ejecutivos de Verizon y Vodafone, no tienen el lujo de deshacerse de millones de dólares".

A partir de esta operación, Julio Herrera, CEO de Fintech Advisory y de Nortel, forma parte del directorio de Iusacell, la empresa prácticamente quebrada de Ricardo Salinas Pliego.

Ahora, David Martínez jugaría un papel fundamental en esta trama de la guerra de las televisoras y Carlos Slim.

No sólo en esto ha tenido un papel más que importante. Martínez fue uno de los principales asesores legales y financieros de la demanda que interpuso Paula Cussi, la última esposa legalmente reconocida de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, en contra de Emilio Azcárraga Jean por violación al reparto de la herencia del hombre que consolidó el imperio de Televisa.

Pero esto forma parte de otra telenovela.

www.jenarovillamil.wordpress.com

Concentración contra iniciativa de reforma de la ley del trabajo PRI-PAN





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abril 13, 2011

La otra guerra

por Isabel Dorado Auz


Excelente la caricatura política de Helguera en el periódico la Jornada de este lunes 11 de abril, donde queda clara la otra guerra que está enfrentando el desgobierno del espurio y que dio origen a la mal llamada guerra en contra del narcotráfico.

Parece ser que los "grandes" empresarios mexicanos ya se percataron que la imposición de Felipe Calderón en el 2006 no representa  ninguna garantía de que podrán conservar sus privilegios. Por ello, antes de las elecciones del 2012 quieren llevar  cabo todas las reformas "necesarias" a las leyes laborales para, por la vía legal, defender sus tropelías de los últimos años.  Dice el caricaturista, poniéndole la voz a Javier Lozano Alarcón: "Se trata de decapitar sindicatos…, mutilar contratos colectivos…, abatir salarios…"

Esta guerra, la verdaderamente importante para los grupos económicos de nuestro país, inicio casi al mismo tiempo que la otra, solo que los medios de comunicación masiva se han encargado de ocultarla dándole mayor proyección a la nota roja generada por el "ataque frontal" al narcotráfico que está llevando a cabo el gobierno federal.

En este espacio hemos dado cuenta de cómo el secretario del trabajo se ha prestado para golpear, torciendo la ley, a los sindicatos independientes. El intento de decapitar sindicatos lo podemos observar en los casos del SME,  el Sindicato Minero y, últimamente, el sindicato de Mexicana de Aviación, mismos que han mostrado una increíble capacidad de respuesta, lo cual nos permite verlos todavía organizados a pesar del embate permanente.  Lamentablemente, no sucede lo mismo con sindicatos o secciones sindicales más pequeñas, las cuales, prácticamente, han desaparecido o se encuentran en condiciones muy precarias. Tal es el caso, acá en Sonora, de la sección 207 del sindicato minero en Esqueda, el sindicato de Agua de Hermosillo, el sindicato de la Universidad Tecnológica de Hermosillo y otros más que no han alcanzado relevancia en los medios de comunicación, pero que de igual forma han padecido el mismo destino.

La mutilación de contratos colectivos se presentó, hace tiempo, también por rumbos de Esqueda, donde el grupo Larrea les cancelo el contrato a los mineros de Nacozari. Además, cada día es más común la violación a las clausulas de los contratos colectivos de un sinnúmero de sindicatos. La lógica empresarial es muy clara, si no puedes imponerles un contrato colectivo a modo para el patrón, puedes violar las clausulas más importantes, ya que siempre tendrás el apoyo de las juntas de conciliación y arbitraje.

Finalmente, lo que representa la joya de la corona es abatir los salarios. Existen diversos mecanismos: cancelar o disminuir al mínimo las prestaciones laborales; modificar el tipo de contratación, la moda actual será pagar por horas de trabajo, con lo cual ya no será necesario garantizarle al trabajador  la percepción de un salario mínimo; o bien, cancelar la seguridad laboral, para poder correr al trabajador en el momento que mejor le plazca al patrón.

La preguntas finales serían: ¿Hasta cuándo van a entender que profundizar la desigualdad social será la causa de la pérdida de sus actuales privilegios?, ¿Podrán entender , algún día, que la corrupción, auspiciada por ellos, es la causa que los tiene enfrentados a ellos mismos, a propósito de las telecomunicaciones?                       

No al esclavismo laboral propuesto por PRI y PAN