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La reciente iniciativa que en materia de trabajo ha propuesto el PRI, y que se pretende sea votada pronto en la Cámara de Diputados, no considera seriamente los derechos de los trabajadores. Los temas fundamentales del derecho del trabajo no se encuentran en ella: se omiten, se dejan de lado o se trastocan.
Toda la iniciativa estima al trabajo como una mercancía y no como un derecho fundamental cuyos titulares son los trabajadores. Así, el derecho a un salario remunerador no es ni mencionado en la iniciativa. Pareciera que los trabajadores de este país deben seguir recibiendo un salario mísero, insuficiente para cubrir las necesidades materiales y culturales de un trabajador y su familia. No está en el horizonte de la propuesta priista proponer un salario digno. Algunos diputados, a diferencia de esa iniciativa, hemos insistido en un salario de 10 mil pesos mensuales como salario mínimo para todos los trabajadores de la República.
Tampoco es parte de la iniciativa el incremento en los derechos inherentes al trabajo como el aumento en el periodo vacacional, la disminución de la jornada de trabajo o la mejoría en las primas de antigüedad. La propuesta priista no está orientada a favorecer las condiciones de trabajo.
La iniciativa se guía por la llamada "flexibilidad laboral".
Ello quiere decir que se legaliza la subcontratación o outsourcing y se favorecen los contratos temporales: contratos de capacitación por 60 días, contratos a prueba para principiantes por 30 días y el trabajo de temporada.
Lo anterior les permitirá a los patrones reducir los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores, y facilitará el despido de personal, minimizando las obligaciones patronales.
En materia de libertad sindical, la que ha sido reconocida y garantizada por diversos convenios de la OIT y patentizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la iniciativa impide la existencia de los sindicatos gremiales, tales como los del sector aeronáutico y universitario, mismos que promueven la afiliación de trabajadores de otras empresas o instituciones.
Fiel a su origen, la iniciativa para nada se ocupa de la democracia interna sindical y patronal, o de la rendición de cuentas de los líderes sindicales a sus agremiados sobre la administración de las cuotas sindicales. Y tampoco atiende la necesaria transparencia en la vida sindical.
Es, por tanto, una propuesta que maximiza el charrismo y el poder de las cúpulas sindicales y de los organismos empresariales.
Sobre la justicia laboral, no se plantea un cambio que permita constituir en México tribunales de trabajo que formen parte del poder judicial. Se mantienen las obsoletas y corruptas Juntas de Conciliación y Arbitraje, que seguirán estando integradas a los poderes ejecutivos del país.
La absurda iniciativa contiene disposiciones discriminatorias contrarias al artículo primero de la Constitución.
Por ejemplo, la redacción propuesta al artículo 133 de la Ley Federal de Trabajo permite que el patrón pueda negarse a aceptar y contratar personas con Sida/VIH.
Toda la propuesta está diseñada para vulnerar la Constitución. Preserva los peores vicios del mundo laboral mexicano —el corporativismo, la corrupción y la antidemocracia— y alienta los derechos y beneficios de la clase empresarial. Se trata de una iniciativa promovida por la clase empresarial aliada con el sindicalismo charro para restringir y menoscabar los derechos de la clase trabajadora.
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