abril 30, 2008

Carta de general

por Sergio Aguayo Quezada
saguayo@colmex.mx
La carta del general divisionario Sergio Aponte Polito al procurador de Baja California, Rommel Moreño Manjarrez, es un tapabocas, una confirmación del poder alcanzado por el narco y por el Ejército, y un recordatorio de algunos pendientotes.

El procurador bajacaliforniano había pedido pruebas sobre la corrupción de las policías estatales y el general se las dio en una carta publicada el 22 de abril. Es un texto largo (3 mil 801 palabras) con los nombres de los mandos policiacos y judiciales asociados al crimen organizado. De confirmarse lo ahí dicho se entiende que el poder alcanzado por la delincuencia en Baja California se debe, en buena medida, a la infiltración que hizo en la política y el gobierno.


En un buen número de estados el narco ofrece dinero a candidatos a cargos de
elección popular; quienes lo aceptan deben nombrar a gente cercana al narco para
dirigir las corporaciones policiacas. En este terreno ha fracasado el Partido
Acción Nacional que gobierna Baja California desde 1989. En la actualidad es
una sociedad que vive atemorizada frente al caos y la anarquía en donde la
esperanza se deposita en las decisiones individuales... y en los militares.

La carta ratifica el creciente poder de los militares. El general Aponte Polito
reconoce que "constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir
a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables
responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted
representa" (no olvidar que le escribe al procurador). Sin embargo, como los
civiles no han cumplido con esa tarea, las Fuerzas Armadas han tomado el
control de la guerra de tres maneras: haciendo funciones de policía, enviando a
sus cuadros a dirigir corporaciones policiacas y estableciendo una relación de
nuevo tipo con la sociedad.

En Baja California se confirma lo que las encuestas de opinión dicen: la
ciudadanía desconfía de las policías y respeta al Ejército. Cuando los militares
pidieron denuncias anónimas la ciudadanía les respondió. "Debido a la confianza
que la sociedad le tiene al Ejército -escribe el general-, actualmente las unidades
militares de la II región militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias

ciudadanas".

La carta del general tiene otras facetas. Un soldado no puede hablar en público
sin la autorización del secretario de la Defensa. Eso dice la ley, eso impone la
tradición y eso hacen quienes viven en ese mundo jerárquico. Las excepciones
son raras y ninguna tiene la explosividad del texto aquí comentado. Aunque me
resultó imposible obtener otro escrito del general Aponte Polito para compararlo
con la sintaxis de su carta, el texto está tan cuidado y equilibrado que propongo
como hipótesis que el mensaje fue pulido en la capital para enviar un mensaje a
Baja California, México y el extranjero. Lo pienso porque si el general sigue
firme en el cargo, su carta fue aprobada por el general secretario de la Defensa
y... por el comandante en jefe, Felipe Calderón Hinojosa.

¿Por qué asumiría Felipe Calderón el costo de reconocer que en su partido hay
mgobernantes que ni son tan eficientes ni tan honestos como los jilgueros
blanquiazules pregonan? Adelanto un par de explicaciones que se complementan
entre sí. La situación es tan desesperada que quiere lanzar una señal de que su
gobierno va con todo en esta guerra. ¿Se imaginan qué pasaría si el Ejército
extendiera el programa de denuncias anónimas a todo el país? Es igualmente
posible que esté lanzando una señal al gobierno de Estados Unidos sobre la
urgencia que tiene la aprobación de la Iniciativa Mérida.

Desde otro punto de vista, la carta entrega datos y cifras pero no adelanta
conclusiones. Es útil conocer lo mal que anda la policía de Baja California pero,
¿qué relación tiene eso con la estrategia integral suponiendo que ésta exista?

Como la información se presenta en bruto es imposible responder a esa pregunta
incómoda que todos los funcionarios evaden: ¿se está perdiendo o ganando la
guerra contra las drogas en Baja California... y en México? ¿Baja California es la
excepción o la regla?

Estarían, por otro lado, las nuevas formas de relación Ejército-sociedad. Es muy
saludable que el general Aponte Polito informe a la ciudadanía sobre la gravedad
de la situación. Corresponde así a la confianza depositada por los miles de
bajacalifornianos que se atrevieron a dar información anónima sabiendo que sus
llamadas podrían ser interceptadas por la delincuencia.

Un ángulo más sombrío de la carta es el menosprecio hacia las autoridades
civiles y la exaltación de la honestidad y compromiso de las Fuerzas Armadas.

Comparto en parte esas opiniones y el general Aponte Polito tiene la trayectoria y
la congruencia para respaldar su severísimo "yo acuso". Sin embargo, en la carta
no hay disposición a reconocer que una dimensión de la guerra es el choque al
interior de las corporaciones donde también hay policías honestos y
comprometidos. El general tampoco reconoce las violaciones a los derechos
humanos que cometen las Fuerzas Armadas concentradas en obedecer la orden
de ganar una guerra cada vez más sanguinaria.

Finalmente, la carta está montada sobre una contradicción monumental. La
normatividad de las Fuerzas Armadas -por naturaleza jerárquicas- no está
suficientemente integrada a las reglas democráticas que tenemos en parte por la
frivolidad e indolencia de los gobernantes civiles. La ligereza de las autoridades

de Baja California es tan inaceptable como el silencio del Congreso de la Unión,
incapaz de reconocer la urgencia de los diagnósticos y de las adecuaciones
legales construidas sobre un consenso amplio sobre la forma en que el país
enfrentará la principal amenaza a la seguridad nacional. Una carta del general

que espera respuesta de estadistas.

La Miscelánea

La elaboración de una estrategia integral se beneficiaría de los ensayos escritos
por Leonardo Curzio en su último libro, La seguridad nacional en México y la
relación con Estados Unidos, México, UNAM-CISAN, 2007. Es una reflexión
útil sobre los efectos en México de las transformaciones vividas por el nuevo
contexto internacional.

Nota. Esta columna se benefició de los comentarios de José Luis Pérez Canchola,
un bajacaliforniano defensor de derechos humanos que también conoce de
corporaciones policiacas, y de Raúl Benítez Manaut, uno de los académicos que
mejor entienden a las Fuerzas Armadas mexicanas.

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