El zafarrancho en Cananea

Por Leopoldo Santos Ramírez

Cananea se ha convertido en un territorio de exclusión donde Grupo México quiere imponer un régimen de excepción contra los trabajadores, apoyado en la fuerza de la Policía Federal y de la Policía Estatal. Hace meses, a partir de que la empresa ilegalmente desalojara a los huelguistas de las instalaciones de la mina, se ha venido desenvolviendo allí un fenómeno curioso. La compañía Minera Cananea contrató a trabajadores cananenses a través de compañías terceras para echar a andar los trabajos en el mineral. A esta forma de "terciarización" en una contratación se le conoce como out sourcing, y le permite a la empresa obtener mano de obra que no está contratada directamente con ella, sino con otra compañía intermediaria. De tal manera que se trata de trabajadores que aunque trabajan para el consorcio, aparentemente no mantienen una relación laboral con él.

Como puede advertirse rápidamente, se trata de trabajadores que pueden ser desechados en cualquier momento, sin responsabilidad para la empresa. Se trata por supuesto de un hecho ilegal que en cualquier caso no libra a la compañía minera de su responsabilidad conforme al derecho laboral.

A este tipo de trabajadores en Cananea se les conoce como "terceros" y en un primer momento estuvieron enfrentados contra los mineros sindicalizados de la Sección 65 en huelga. Pero los malos tratos recibidos dentro del mineral, la ausencia de condiciones de seguridad para realizar sus tareas y la falta de derechos laborales los hicieron protestar contra la empresa, que ni tarda ni perezosa los despidió. Las condiciones de seguridad en la empresa son tan deplorables que al mes de enero de este año se habían contabilizado 14 muertes de trabajadores, de los cuales la prensa no habla, a excepción de Dossier Político que lo ha destacado anteriormente.

Desde su despido, los "trabajadores terceros" mantienen reuniones en la plaza de Cananea bajo la decisión de luchar por sus derechos y contra las arbitrariedades de la empresa. Como puede deducir cualquier observador imparcial, la situación en Cananea es de exacerbación; por un lado mineros sindicalizados en huelga legal, a quienes ilegalmente se les impide acceder a las instalaciones de la mina, y por otra parte los "terceros" tratando también de reivindicar su derecho al trabajo y a buenas condiciones de seguridad que por avaricia e inhumanidad -y porque le valen gorro las leyes- la empresa se niega a otorgarles.

En este punto cualquier lector puede entender que en la ciudad minera  se vive un ambiente de encono provocado por la forma en la que la concesionaria del mineral está llevando las relaciones obrero-patronales, y adicionalmente se está apoderado del control político del mineral frente a un presidente municipal que ha abdicado de sus obligaciones constitucionales, hundiéndose en la miseria moral. Por estas razones el acto del día 13 de abril, antier, en el cual el gobernador Padrés iba a anunciar inversiones federales y estatales para la ciudad, no contaba con el ambiente más adecuado. Cualquiera con el mínimo entendimiento debió prever que el terreno donde la plana mayor del gobierno se proponía el acto, necesariamente convocaría a los actores reclamantes, en este caso los mineros "terceros" y los sindicalizados, con motivos más que suficientes para reclamar. Pero si no se trató de un asunto de prevención o de prudencia, entonces se trataba de una provocación para enconar más los ánimos y con el pretexto de unos gritos subidos de tono, arremeter con la fuerza de las policías contra los reclamantes, en este caso, los terceros, y los sindicalizados que trataron de impedir se golpeara a los terceros. He recibido informes de que la Procuraduría ha revivido viejas órdenes de aprehensión contra los integrantes de la Sección 65, y ahora mantiene en la cárcel a Juan Corrales, Jesús Ochoa y "Chino" Bermúdez. Se trata por supuesto, de una represalia porque el acto no lució como se quería. Así, estos trabajadores se suman a Martín Salazar, minero en prisión desde hace meses enfrentando un juicio penal amañado.

Dado que las instancias gubernamentales intentan imponer una política antiobrera, los detenidos corresponden a la categoría de presos políticos, por más que su situación quiera disfrazarse con acusaciones penales y con trucos leguleyos. Si la Comisión Estatal de Derechos Humanos estaba clamando por defender los derechos de los sonorenses, allí está una tarea para ella. Volver sobre la política y el derecho como formas adecuadas para resolver conflictos sociales resulta urgente en nuestro estado.

De otra manera, en el clima de violencia que se va  enseñoreando en la región, resulta pertinente preguntarse hasta dónde se quiere llevar al estado cuando la policía se utiliza no para defender a los ciudadanos, no para enfrentar al crimen verdadero que todos los días deja muertos, sino para perseguir a los trabajadores que producen la verdadera riqueza de la cual solamente están reclamando la parte que les corresponde.