Acuerdos pactados ayer, incumplidos desde 2001

El Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado ayer por los tres niveles de gobierno y la sociedad tiene, en esencia, compromisos pactados desde 2001 que no han podido ser resueltos en los últimos siete años; sin embargo, por primera vez el Consejo Nacional de Seguridad Pública fija plazos para su cumplimiento.
Por ejemplo, el gobierno federal y el Poder Legislativo se comprometieron a elaborar una estrategia nacional contra el narcomenudeo que incluye legislar una ley en la materia, para lo cual se ponen como plazo perentorio el próximo periodo ordinario de sesiones, que concluye en diciembre.

Sin embargo, la Ley contra el Narcomenudeo fue aprobada ya por la anterior Legislatura, pero el ex presidente Vicente Fox la vetó en octubre de 2006. Esta legislación fue calificada por el gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia antidrogas, la DEA, como un conjunto de normas que legalizaba el consumo de drogas.

El gobierno estadunidense había advertido a México que, de aprobarse estas reformas en sus términos, se legalizaba el consumo de drogas, por lo que Fox no la promulgó.

La iniciativa fue enviada por Fox al Congreso en enero de 2004 y aprobada dos años después, en abril de 2006, pero el Ejecutivo la regresó al Legislativo por considerar que la “excusa absolutoria” que se había establecido para consumo personal de narcóticos era muy amplia.

Otro de los acuerdos establecidos en anteriores reuniones del consejo fue asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias, denominado 066, y para denuncia ciudadana anónima, 089, propuestas que se establecieron en las reuniones de 2005 y 2006.

Otro de los acuerdos pendientes por resolverse desde hace varios años es regular el registro, establecimiento y acceso a base de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a información sobre la ubicación física de los celulares en tiempo real, propuesta que, por cierto, fue hecha en 2004 por el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha, cuando México era el segundo país con mayor incidencia de secuestros.

En materia de privación ilegal de la libertad, y ante el incremento en 2008 de 9 por ciento en plagios, el Acuerdo establece que en un plazo de seis meses se apoyará a los gobiernos estatales a crear unidades para el combate al secuestro ubicadas a lo largo del país, además de legislar todas las modalidades del delito.

Una novedad que se presenta entre los compromisos establecidos es la creación de “juzgados de control”, establecidos en el Distrito Federal, pero con jurisdicción en toda la República para conceder de manera expedita a distintas instancias de seguridad, órdenes de cateo, de arraigo e intervenciones de comunicaciones telefónicas. Para ello, el Poder Judicial de la Federación se fijó un plazo de cuatro meses.

En materia de lavado de dinero, el acuerdo pretende que se formule y se emita una estrategia nacional que combata dicho delito, en la que se pretende presentar una iniciativa en un tiempo máximo de seis meses, que regule las transacciones en efectivo, así como definir mecanismos de control de gestión y evaluación por parte de dependencias como la PGR, la Secretaría de Hacienda y Gobernación, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El gobierno federal ofreció que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que deberá presentar a más tardar el próximo 8 de septiembre, se reasignen partidas para el rubro de seguridad y garantizar el cumplimiento de los compromisos, por lo que otro acuerdo pretende auditar a las entidades federativas para garantizar el ejercicio oportuno de los recursos de seguridad y procuración de justicia, a través de la Auditoría Superior de la Federación.

Los tres niveles de gobierno se comprometieron a depurar y fortalecer en un año los niveles de confianza de los cuerpos policíacos, ministeriales y de jueces. En tres meses se deberán actualizar, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional las licencias colectivas que portan los cuerpos de seguridad pública.

Mientras los gobiernos locales se comprometieron a adaptar los registros electrónicos de trabajadores, proveedores y clientes a las normas del padrón único del Registro Nacional de Población para Prevenir el Fraude y el Robo de Identidad.
Omar Sánchez de Tagle, Milenio, 22 de agosto.