Alianza por la privatización de la educación

Octavio Rodríguez Araujo
La Jornada
Uno de los personajes políticos más siniestros en el México de los últimos años es la señora Elba Esther Gordillo. Después de maroma y media, y con acopio de todos los ardides que aprendió desde joven en las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se hizo nombrar presidenta del gremio burlando así la traba estatutaria para relegirse de por vida como secretaria general de esta poderosa organización.

Esta supuesta representante del magisterio jugó un papel importante para que Felipe Calderón pudiera ocupar Los Pinos. Movió a sus huestes, afiliadas al oportunista partido de su creación, el Nueva Alianza (Panal), para que votaran por el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, y convirtió a Roberto Campa Cifrián no sólo en su candidato títere sino, posteriormente, en el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Colocó, asimismo, a su gente en la dirección de la Lotería Nacional, en cargos importantes de la Secretaría de Educación Pública y en la dirección del ISSSTE, de donde emanó la impugnada ley que privatiza, de facto, las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.

Al principio varios analistas desestimamos el nombre del partido gordillista. Ahora sabemos muy bien por qué fue denominado Nueva Alianza. Es la nueva alianza con Calderón y con las fuerzas políticas y económicas más derechistas del país. Sin embargo, sus seguidores y domesticados profesores por largos años han comenzado a rebelarse más allá de la tradicional oposición interna de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).

Parte de la nueva alianza de la señora Gordillo ha sido precisamente la Alianza por la Calidad Educativa, estimada por los profesores de base de algunos estados (entre éstos Morelos) como una trampa del gobierno federal para privatizar la educación pública y colar, por la puerta de servicio, las aportaciones privadas, incluso empresariales, a las escuelas que debieran ser gratuitas y atendidas totalmente por el Estado (si entendemos bien el texto del artículo tercero constitucional). So pretexto de mejorar los niveles profesionales de los docentes, se les han practicado exámenes mañosos que han “demostrado” su baja preparación. La idea ha sido incitar a la opinión pública a que demande mejor educación y a que escoja, como mejor alternativa, las escuelas privadas, las mismas que gracias a ENLACE 2008 (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares), son las mejores en el Distrito Federal y en otras entidades de la Federación (las escuelas privadas son, según esta prueba, las que ocupan los primeros lugares de calificación, con algunas excepciones). Todo un plan con maña, al que se agrega la iniciativa gordillista de cerrar las escuelas normales o convertirlas en formadoras de técnicos “útiles” para el desarrollo del país porque –dijo– no hay plazas suficientes para absorber a sus egresados.

Lo más curioso de la propuesta de Elba Esther Gordillo fue lo que no dijo y que, con buena fe, era de esperarse de una dirigente sindical del magisterio: por ejemplo, que se ampliara el número de escuelas en el país para que nuevos profesores (egresados de las normales y no sólo de la Universidad Pedagógica o de otras instituciones) pudieran llevar a cabo la urgente educación que requieren todavía la mayoría de los niños y jovencitos del país. No. Su nueva alianza con el derechista e inepto gobierno federal (inepto incluso para garantizar la seguridad de los mexicanos) es, en realidad, una vieja estrategia que se ha seguido en Estados Unidos desde hace casi tres décadas (con Reagan): abandonar a su suerte a las escuelas públicas, regatearles presupuestos para aulas, sueldos de profesores y laboratorios, de tal forma que cuando sus egresados quisieran ingresar a las universidades de prestigio reprobaran el examen de admisión. La idea de esa estrategia era, como es obvio, que sólo ingresaran a las mejores universidades quienes hubieran estudiado en las escuelas privadas, con recursos siempre más altos que las públicas. En otras palabras, que sólo llegaran a las más prestigiadas universidades los hijos de los ricos y algunos pobres excepcionales que ya no están protegidos por la antigua “acción afirmativa” que eliminó Bush.

Los ataques a la escuela pública, por ahora a la primaria y a la secundaria (aunque también ya alcanzan al bachillerato en algunas ciudades), están dirigidos no sólo a privilegiar a las escuelas privadas, sino a combatir poco a poco a las instituciones públicas de educación superior y bajarlas del nivel que ocupan en el ranking mundial de las mejores universidades. Esta tendencia ha sido vista con anticipación y preocupación por los rectores de la UNAM, tanto por De la Fuente como por Narro, pero no así por los que promovieron, por ejemplo, la larga y sospechosa huelga pasada en la Universidad Autónoma Metropolitana (¿caballitos de Troya de esta nueva alianza contra las universidades públicas?), otra universidad pública de prestigio en México.

No son exclusivamente los energéticos los que están en la mira de los privatizadores, es también la educación pública. De aquí la importancia del movimiento de varias secciones del SNTE que están rechazando no sólo a Elba Esther y sus nuevas alianzas, sino el funesto plan gubernamental para abandonar a su suerte a las escuelas públicas.

PD: ¿No es curioso que los organizadores de la marcha con veladoras contra la inseguridad, y que se llenan la boca hablando de pluralidad, no se hayan coordinado con las muchas ONG que no están dirigidas por personas pertenecientes a las elites empresariales ni ligadas a la derechista Unión Nacional de Padres de Familia? ¿Qué más veremos?