Especialistas califican el pacto de “gran faramalla mediática”

■ Es un paso necesario en seguridad, dice la directiva interina de PRD

Roberto Garduño, Gabriel León, Georgina Saldierna y Mariana Norandi/ La Jornada

Diputados de oposición advirtieron que el acuerdo por la seguridad firmado ayer en Palacio Nacional constituye sólo el primer eslabón del combate a la delincuencia, pero no resuelve la descomposición en que se encuentra el país en esa materia.
En tanto, Pablo Monsalvo y Elena Azaola, especialistas en seguridad, dijeron que el acuerdo es una “gran faramalla mediática”, donde se exhibió la incompetencia del sistema nacional de seguridad pública. El pacto –agregaron– no aporta nada nuevo contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La dirigencia interina del PRD calificó de “buen esfuerzo” la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. “Fue un encuentro saludable, importante, una reunión que no resuelve los problemas de seguridad, pero era un paso necesario que se tenía que dar”.
Consideró necesario dar seguimiento a los acuerdos con objeto de que no queden en buenos deseos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Consideró también el plazo de un mes como razonable para proveer de resultados a la sociedad.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, celebró que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, haya respondido de manera inmediata al reto lanzado por el empresario Alejandro Martí, quien pidió a los funcionarios renunciar si no pueden con la inseguridad.
Destacó que el jueves por la noche nadie más asumió el ultimátum del empresario, padre de Fernando Martí, secuestrado y asesinado en julio pasado. “Espero que en los próximos días y sobre todo a partir del 30 de agosto, con la marcha de los ciudadanos, otros ejecutivos acepten compromisos públicos en los términos en que lo hizo Ebrard”, subrayó.
Los diputados José Manuel del Río (Convergencia), Silvano Garay (PT), Humberto Zazueta y Emilio Ulloa (PRD) coincidieron en que el éxito de las acciones oficiales en el ámbito de la seguridad de los ciudadanos debe pasar por la creación de empleos y el compromiso del Estado para proveer mejores condiciones de educación y salud.
Alejandro Chanona Burguete (Convergencia) sostuvo que existe una “círculo perverso” entre la exclusión social, la falta de oportunidades y el reclutamiento de jóvenes para las filas del crimen organizado. Por ello “debe de haber una visión de Estado, donde la seguridad pública y nacional pase por la seguridad social”.
Por su parte el panista Héctor Larios anunció que su partido en el Congreso respaldará los compromisos asumidos el jueves.
Acerca de la consulta que anunció Ebrard para revocar su mandato, expuso: “Ya conocemos las consultas de Ebrard, hay que recordar aquella consulta ecológica sin ninguna participación. Me parece que no son serios sus planteamientos. Espero que él, igual que todos los gobernadores y funcionarios, cumplan con los compromisos que se establecieron”.
Del mismo tema opinaron representantes de otros partidos, quienes se sumaron al reto que planteó Martí a los políticos durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El senador del Partido Verde Arturo Escobar y Vega dijo que su fracción respalda totalmente el reto planteado por Martí; el país requiere, dijo, establecer la figura de revocación de mandato. Ojalá que todos los políticos puedan tener la valentía de Ebrard y levanten también la mano para asumir el reto”.
El vocero del Partido Alternativa Socialdemócrata, Luciano Pascoe Rippey, dijo que esta agrupación recibió bien el acuerdo, siempre y cuando se cumplan los compromisos y los recursos que se destinen a este fin sea “un dinero bien gastado”.
Sin sustento jurídico
Pablo Monsalvo, académico del diplomado en seguridad pública de la Universidad Iberoamericana, aseguró que el encuentro en Palacio Nacional fue un buen intento de solucionar el problema delictivo en el país, “pero tiene una profunda raíz política, porque carece de sustento jurídico”.
Explicó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es sólo un órgano de coordinación, donde asiste quien políticamente lo considera necesario, ya que no hay ninguna obligatoriedad legal para emprender algún tipo de acciones. “Los acuerdos y las cosas que ahí se declaran son buenas intenciones y deseos de coordinar”, matizó.
Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en temas de seguridad nacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que en la reunión se perdió la oportunidad para ampliar la convocatoria a organizaciones sociales, de seguridad y educativas, “que puedan aportar soluciones prácticas y una visión más clara y con conocimiento de causa del fenómeno delictivo que padece la población”.
Dijo que el encuentro careció de un pronunciamiento claro del “hasta dónde el Ejército va a seguir permeando en la estrategia federal contra el crimen organizado y el narcotráfico”.
Elena Azaola, coordinadora de la Red de Especialistas en Seguridad Pública (que agrupa a 60 académicos), dijo que en cuanto a discurso el encuentro fue “positivo”, pero en los hechos “no habrá transformación de las instituciones”.
Agregó que los asistentes “no nos han dicho cómo lograrán esas metas que se firmaron ni nos han hablado de que se requiere una transformación profunda y sostenida, en el largo plazo, de reforma a las instituciones policiacas”.
■ Senadores critican el pacto recién firmado; le falta sustento jurídico