Fox y Calderón: diatriba de cómplices

ALVARO DELGADO
MEXICO, D.F., 22 de diciembre (apro).- Hijos de la misma entraña, el Partido Acción Nacional (PAN), y afines en ideas e intereses --¿en cuáles chocan?--, Felipe Calderón y Vicente Fox han sido siempre rivales y cómplices, y la diatriba que ahora protagonizan en torno del crimen organizado que cruza sus gobiernos no parece trascender los meros artificios retóricos.

Calderón, quien en buena medida gracias a su antecesor ha asegurado su futuro económico no sólo por la pensión vitalicia que disfrutará, sino por los negocios que le gestiona el abogado Julio Esponda Ugartechea -socio del flamante secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la defensa de criminales de cuello blanco--, reactivó la ofensiva verbal contra Fox en el marco del desbarajuste de la "guerra" contra el narcotráfico.
Sólo en este tema, del que el PAN echará mano para no hundirse en las elecciones del 2009, las acusaciones de Calderón a Fox son directas e inequívocas: Le heredó un "Estado doblegado" por el poder de grupos criminales, debido a que los ignoró y/o pactó con ellos.
"Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio", afirmó Calderón en un informe enviado, por escrito, a la Cámara de Diputados, a finales de noviembre.
Un mes después, apenas el viernes 19 de diciembre, añadió: "El haber ignorado o haber pretendido administrar a la delincuencia, en lugar de enfrentarla con determinación en el pasado, trajo consecuencias funestas para México. Afortunadamente, así como los mexicanos de hoy estamos pagando las consecuencias de lo que no se hizo ayer, también sabemos que lo que hoy hacemos es una semilla que dará resultados y cuyos frutos podrán verdaderamente tener los mexicanos del mañana."
Y añadió: "Mi gobierno no negocia ni negociará jamás con las organizaciones criminales a las que combatimos sin distingo alguno, que estamos decididos no sólo a enfrentar, sino a vencer con toda la fuerza del Estado a los enemigos de México y seguros de ello derrotaremos a quienes quieren ver paralizado al gobierno y a la sociedad sembrando el temor, la desesperanza y la corrupción."
Justo en la ceremonia en la que Calderón pronunció estas sentencias, con clara dirección, el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, fue más obvio, aunque sin referirse específicamente a Fox, cuando afirmó que al inicio de este gobierno la delincuencia organizada operaba impunemente, en una situación que no podía ser tolerada.
"No podíamos aceptar más actitudes de indiferencia ante un problema de inseguridad que, de continuar ignorado o solapado, llevaría a un alto riesgo para la seguridad nacional", expuso, en vísperas de que ocho militares fueran asesinados y decapitados en Guerrero.
Aunque es una obviedad decir que, después de tales acusaciones, Calderón está obligado a proceder contra Fox, conviene recodar que entre ambos ha habido siempre una convergencia de intereses que se anteponen a diatribas transitorias.
La más remota puede encontrarse hace casi tres lustros, en 1995, cuando Calderón compartía las furias de Carlos Castillo Peraza por el locuaz Fox de Guanajuato, lo que jamás dio lugar a un distanciamiento mayor, como ocurrió tres años después, en 1998, cuando los hermanó un episodio que condujo al triunfo del 2000: La convalidación del Fobaproa, las deudas de grandes inversionistas privados que los mexicanos seguimos pagando.
A los berrinches del Calderón diputado con el gobierno de Fox, siguió el pleito por el despido de aquél de la Secretaría de Energía y desde ahí, tras una elección fraudulenta cuyos responsables siguen impunes, su lanzamiento como candidato presidencial del PAN, cuyo triunfo en la elección del 2006 no se explica sin la decidida intervención del aparato gubernamental federal y los intereses que sobre él gravitaban.
Cómplices, por tanto, en la retención del poder presidencial, poco puede esperarse de que Calderón traduzca en acciones punibles las acusaciones de complicidad e ineptitud del foxiato, salvo que estén ya integrados los expedientes para proceder contra los responsables en el gobierno anterior.
Aunque remota, es una posibilidad que no puede descartarse de plano por razones de carácter electoral: El operativo con agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para detener brevemente a Manuel Bribiesca, el miércoles de la semana pasada, por un asunto hacendario menor, es un calambre para Fox.
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Aun con dos pesos de aumento al salario mínimo y, al contrario, el alza número 32 a los combustibles, ¡felices fiestas a los lectores! delgado@proceso.com.mx