Jugarreta política

JOSé GIL OLMOS
Para Marco A. Cruz, ganador del Grange Prize de Fotografía

MÉXICO, DF, 27 de mayo (apro).- Con uno de los operativos más fuertes y de mayor alcance político que haya llevado a cabo hasta el momento contra el narco, Felipe Calderón ha recuperado la agenda político-electoral que en días pasados estaba perdiendo por los ataques del PRI al fracaso de su estrategia económica, que ha llevado al país a una de sus peores crisis en la última década.

La detención de diez alcaldes y 17 funcionarios y exfuncionarios de Michoacán presuntamente vinculados al cartel de La Familia, efecatuada por el Ejército y la policía federal, no puede ser vista de otra manera sino en el marco de la lucha electoral, pues el PAN ya iba perdiendo aire en su pelea y necesitaba de una bocanada fresca que le diera fuerza a su campaña de promoción del voto basada precisamente en la actuación del gobierno de Calderón.

Seguramente esta acción la capitalizará el PAN y el propio Calderón, no obstante que el operativo haya sido en contra de ediles de todos los partidos, incluyendo a los panistas. La argumentación oficial que se desplegará estará seguramente en la línea discursiva de que en la lucha contra el narcotráfico el gobierno panista no hace distingos

Pero en los hechos sí hay distinciones o si no, ¿por qué el gobierno federal no actuó de la misma manera en contra de los funcionarios del gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame?, a quienes se les vincula con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

El propio titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, confirmó que hay "elementos" para suponer una vinculación de los exsecretarios de Seguridad Pública estatal y de Cuernavaca, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez y Francisco Sánchez González, respectivamente, con dicho cártel.

Incluso desde antes del gobierno de Adame ya se tenía registro de vínculos entre funcionarios y narcotraficantes en Morelos.

Cuando gobernaba la entidad el también panista Sergio Estrada Cajigal, se le acusó de estar estrechamente relacionado con Nadia Esparragoza, hija del famoso narcotraficante Juan José Esparragoza El Azul.

Por eso una acción como la que se efectuó en Michoacán, en el caso de Morelos hubiera tenido una lectura totalmente distinta, se tomaría como la confirmación de que el narco también tiene vínculos con los gobiernos emanados del PAN.

Hasta la realización del operativo en Michoacán en la opinión pública comenzaba a permear el malestar social por la crisis económica que sufrimos los mexicanos desde hace un par de años.

Las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de que el producto interno bruto (PIB) tuvo su peor momento en 14 años al registrar una caída de -8.2% en el primer trimestre del año, así como el dato del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de que la economía retrocederá -5.5% y no -4.1% como se había previsto, puso en evidencia el manejo tramposo que el gobierno calderonista pretendía darle a esa situación de crisis que ya pega en el bolsillo de la gente.

La pérdida de al menos 500 mil empleos en este año era otro dato que pegaba precisamente en la imagen de Calderón que, durante su campaña, precisamente se autodenominó como el "presidente del empleo".

El operativo militar-policiaco que se desplegó el martes pasado de manera simultánea en varios municipios de Michoacán, y en el cual se detuvo a 27 funcionarios –diez de ellos presidentes municipales--, bien se pudo llevar a cabo en cualquier otro momento, pues según la información de la PGR, desde hacía meses se venía investigando su vinculación con el narcotráfico.

Pero no fue así, el Ejército y la SIEDO efectuaron el operativo precisamente cuando más lo necesitaba Calderón y el PAN, cuando su imagen de un gobierno eficiente y efectivo estaba en entredicho por los errores cometidos en las estimaciones del impacto económico de la crisis financiera.

En política no hay coincidencias, dice un refrán, y esto bien se aplica en las acciones que está tomando Calderón, pues una de sus principales banderas, la lucha contra el narcotráfico, se estaba cayendo ante la opinión pública por los escasos resultados.

Por eso la jugarreta política aplicada en Michoacán cobra mayor relevancia, pues se trata de un mensaje directo al PRI y a sus gobernadores, ya que no se descartaría que este tipo de operativos se pudieran extender a entidades que son cotos de poder del narcotráfico, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Durango, Chihuahua y Veracruz y, al mismo tiempo, son básicos para los planes de recuperación del poder presidencial de los priistas.

El problema para Calderón es que si actúa así en contra de las entidades gobernadas por el PRI, lo mismo tendría que hacer con las del PAN, donde los cárteles del narcotráfico también tienen vínculos, como son los casos de Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Morelos, Querétaro y San Luis Potosí.

De ahí que sea probable que el operativo en Michoacán no vaya a extenderse o a repetirse en otros estados, pues ya cumplió su fin: que Calderón tuviera de nuevo el control político de las elecciones