noviembre 09, 2011

Estados Unidos: Abusos sexuales contra mujeres inmigrantes


Un agente del ICE hace una inspección.


MÉXICO, (apro).- El abuso sexual de inmigrantes detenidas a manos de guardias es una constante en las prisiones de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

Tres víctimas –de Eritrea, Brasil y Guatemala– demandaron a funcionarios de ICE del condado tejano de Williamson y a la empresa Corporación de Correccionales de América (CCA), la mayor gestora privada carcelaria de Estados Unidos.

"La historia de ataques ha durado tanto porque la agencia se ha negado a actuar al respecto. Lo ha sabido por décadas y parece haber cultivado una cultura de indiferencia hacia estos asaltos", dijo a Apro Mark Whitburn, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU, por sus siglas en inglés), y uno de los representantes legales de Sarah, Kimberly y Raquel Doe, nombres ficticios de las víctimas, quienes se presentan así en los documentos por razones de seguridad.

El pasado miércoles 19, las tres inmigrantes demandaron ante la Corte del Distrito Oeste de Texas a tres funcionarios de ICE y a otros dos no identificados, así como al Condado de Williamson y a uno de sus funcionarios. También a CCA, a uno de sus guardias y a una exadministradora de un centro de detención.

El pliego consultado por Apro, identificado con la clave 1:11-cv-907, de 76 páginas, narra que el acusado Donald Dunn, un oficial de acompañamiento y supervisor residente en el Centro Residencial Familiar T. Don Hutto en Taylor, Texas, abusó sexualmente –el 20 de marzo de 2010– de Sarah Doe, una inmigrante guatemalteca detenida por ICE, cuando era trasladaba hacia el aeropuerto.

El pasado 15 de abril, Dunn hizo lo mismo con la brasileña Kimberly Doe, interna también en Hutto. Poco después, el 6 de mayo, el guardia actuó de la misma forma en contra de la guatemalteca Raquel Doe, otra residente de ese lugar.
En los tres casos, Dunn se estacionó en una calle poco iluminada, bajó a las mujeres de la camioneta e hizo que levantaran los brazos, separaran las piernas y luego tocó sus pechos, su área genital y sus caderas.


El acusado "tuvo la oportunidad de asaltar a estas mujeres porque, contrariamente a los contratos de administración y manejo de Hutto y las políticas y estándares de ICE, las transportaba él solo a sus respectivos destinos, sin otro oficial presente, mucho menos uno del mismo género" que las inmigrantes, cita el documento.

Asimismo, resalta que la larga historia de rampante abuso sexual en los centros de detención de ICE respalda una inferencia razonable que otros acompañantes en Hutto incurrieron en abusos similares, pues se han registrado al menos 22 fallas documentadas de otros oficiales masculinos que no han respetado la política establecida.

Esperanzas rotas

El denominador común de las tres acusadoras es el padecimiento violento en sus naciones de origen y su deseo de dejar atrás esa opresión. Pero hasta ahora Estados Unidos, su nuevo destino, no ha curado ese pasado, más bien ha agravado su sufrimiento.

Sarah, de 24 años y oriunda de Eritrea, fue reclutada a la fuerza y enviada a un campo militar de entrenamiento a la edad de 21 años para completar sus estudios y comenzar el servicio militar obligatorio. En el campamento fue golpeada y violada repetidamente por un comandante.

En octubre de 2008 logró escapar y cruzó a pie la frontera con Sudán, hasta la capital Khartoum. De ahí voló a Dubai, Moscú, Cuba, Ecuador, Guatemala y México, desde donde pasó a Estados Unidos.

Kimberly salió de Brasil en noviembre de 2008 para alejarse de su esposo drogadicto y golpeador. Luego de dejar a sus tres hijos a cargo de su suegra, viajó a Guatemala y después a México, donde quedó varada en la frontera porque un "coyote" la abandonó. Regresó a Guatemala y pudo completar la travesía a Estados Unidos en marzo de 2010.

Raquel, analfabeta de 34 años y madre de cuatro niños, salió de Guatemala en febrero de 2010 por las múltiples amenazas recibidas de los asesinos de su esposo. Llegó a Estados Unidos después de caminar cinco días por el desierto, y su denuncia permitió investigar los actos deshonestos de Dunn.

Las tres fueron aprehendidas al llegar a Estados Unidos y puestas en libertad al testimoniar la violencia sufrida. Actualmente viven en un lugar no revelado en suelo estadunidense.

Whitburn, encargado del caso junto con su colega Lisa Graybill, prefirió no comentar sobre la situación de las víctimas.

Los acusados enfrentan diez cargos por fallar en proteger o en remediar un riesgo obvio, así como en llevar a cabo políticas, prácticas y hábitos deliberadamente indiferentes para proteger o remediar "un riesgo obvio".

También enfrentan cargos por negación del debido proceso, negligencia, supervisión negligente, trato cruel, inhumano y degradante, ataque sexual y encarcelamiento indebido.

Por todo ello las mujeres reclaman daños compensatorios y punitivos.

Antecedentes oscuros

Los servicios migratorios de Estados Unidos ostentan un historial reprobatorio en materia de derechos humanos, especialmente en abusos sexuales, a pesar de los cambios introducidos en la última década.

En 2005, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) anunció un cambio en sus políticas de inmigración y detención: de "capturar y liberar" a "capturar y detener" inmigrantes. En consecuencia, la cifra de detenidos bajo custodia de ICE ha saltado en años recientes de unos 200 mil en 2005 a más de 400 mil en 2010. Aproximadamente 10% de ellos son mujeres.

Las denuncias de agresiones sexuales datan de años previos. En 1998, el Servicio de Inmigración y Naturalización, el predecesor del ICE, se defendía de querellas entabladas por residentes de centros de detención que alegaban abuso sexual y estaba envuelto en investigaciones de empleados sindicados por esos hechos.

Por ejemplo, la Comisión de Mujeres para Niños y Mujeres Refugiados documentó "abuso sexual extenso" de internas en el Centro Krome del INS en Miami, Florida.

Ese mismo año, una investigación del Departamento de Justicia reveló que cerca de 10% de las detenidas en Krome habían presentado reportes de conducta inapropiada por parte de funcionarios del INS que incluían acoso sexual, toqueteos durante inspecciones físicas y asalto sexual. Esos reportes se prolongaron al menos hasta 2008.

En 2002, Tony Hefner, un exguardia de seguridad en el Centro Port Isabel en la localidad tejana de Los Fresnos, publicó el libro Entre los alambrados: dentro de un campo estadunidense de inmigración, en el que detalló cómo funcionarios pidieron favores sexuales a cambio de trato preferencial u otras consideraciones, o bien simplemente obligaron a las mujeres a tener relaciones sexuales.

Por ese y otros motivos, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 4 de septiembre de 2003 la Ley para la Eliminación de la Violación en Prisiones (PERA, por sus siglas en inglés).

"ICE no parece querer aplicarla en sus centros. El gobierno ha requerido que esta agencia se apegue a la ley. Además, ICE argumenta que tiene una política de cero tolerancia, pero eso no se ha reflejado en la rendición de cuentas", argumentó Whitburn.

En diciembre de 2007, ICE emitió políticas y estándares en referencia a la PREA y anunció que aplicaría medidas de tolerancia cero hacia el asalto y abuso sexuales.

En los últimos años se registraron al menos 185 alegatos de abuso sexual citados en documentos del ICE, las oficinas del Inspector General y de Derechos y Libertades Civiles del DHS. De estos, al menos 56 denuncias tienen que ver con detenidos en Texas.

El 29 de junio de 2010, un colectivo de 11 organizaciones de derechos humanos dirigieron una carta a Janet Napolitano, titular del DHS, sobre sus preocupaciones acerca de las políticas y prácticas de detención de ICE y sobre abuso sexual en sus instalaciones, y la urgieron a establecer una supervisión independiente externa del sistema de detención de esa agencia y a promulgar regulaciones vinculantes sobre el trato a los inmigrantes capturados.

Modelo inoperante

El centro de detención de Hutto ilustra los vicios del modelo de prisiones privatizadas aplicado desde los años noventa en Estados Unidos, que ha servido para enriquecer a los contratistas privados en detrimento de los derechos de los reclusos.

La agencia migratoria mantiene a los detenidos en una serie de instalaciones distribuidas a lo largo de 28 estados. Algunas son de su propiedad y ella misma las administra, pero muchas son posesión de entes gubernamentales locales o contratistas privados, que son quienes las administran. 11 de esos centros se localizan en Texas, incluyendo Hutto.
CCA posee el inmueble y el terreno sobre el que el centro de detención fue construido. Lo adquirió en 1996 durante la primera oleada de la expansión de cárceles privadas, y edificó el centro en 1997 para albergar a prisioneros federales. Pero hacia 2004 los títulos de CCA se habían hundido y la empresa estaba al borde de la quiebra por construcción excesiva, mala administración y motines y muertes en sus cárceles.

La corporación creía que Hutto estaba subutilizada y planeaba cerrarla, cuando el gobierno federal pidió ofertas para un sitio donde fueran detenidas las familias inmigrantes. CCA ganó la licitación y empezó a usar el inmueble, luego de un acuerdo con ICE, mediante el condado, en mayo de 2006.

En 2008, el DHS catalogó de "incumplido" a Hutto en su Revisión Anual de Cumplimiento respecto de los estándares sobre abuso sexual, prevención del asalto e intervención. Desde septiembre de 2009, ICE empezó a usar ese centro exclusivamente para mantener a mujeres inmigrantes.

La Oficina del Inspector General del DHS y el ICE investigaron al menos 54 incidentes de acoso sexual, contacto o asalto perpetrados por funcionarios de esa agencia en contra de detenidas bajo custodia de ICE en los tres años precedentes al 18 de diciembre de 2009, fecha del primer ataque de Dunn sobre una inmigrante en Hutto.

Al menos 32 de estos sucesos ocurrieron en Texas y, de ellos, al menos cuatro sucedieron en esa penal.

"Es claro que el sistema privatizado no está funcionando. Hay muchos incentivos financieros para que estas corporaciones se olviden de proteger a la gente que tiene en custodia. Si ICE no los hace responsables, nada va a cambiar. La empresa no ha sido llamada a cuentas", aseguró Whitburn.

El gobierno federal paga a CCA, a través de Williamson, alrededor de 2 millones 800 mil dólares mensuales para hospedar al menos 461 detenidos por día. El condado cobra a su vez a la empresa una cuota administrativa de unos 15 mil dólares mensuales. Adicionalmente, la compañía le paga 6 mil dólares mensuales para descontar los costos de los representantes gubernamentales contratados para monitorear.

Bajo el Contrato Intergubernamental de Servicios (IGSA por sus siglas en inglés) con el condado, ICE requirió expresamente que "durante todas las actividades de transportación, al menos un oficial debe ser del mismo sexo que los residentes trasladados".

El contrato entre Williamson y CCA incorporó expresamente los términos del IGSA.

"A pesar de los reportes crónicos de asalto sexual contra detenidas en custodia de ICE por parte del personal en los centros de detención, de la creciente visibilidad y la publicidad de esos asaltos, y las promesas de ICE de hacer cumplir agresivamente los términos contractuales, los acusados fallaron en garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato sobre transportes y prevención del asalto sexual en Hutto", arguye la demanda.

En al menos 46 ocasiones, entre el 19 de octubre de 2009 y el 6 de mayo de 2010, un oficial masculino transportó a una detenida y en el menos 14 veces el traslado ocurrió entre la medianoche y las seis de la mañana desde Hutto hasta el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom o la central camionera Greyhound, según los registros de ACLU.

En al menos 31 veces, entre el 19 de octubre de 2009 y el 7 de mayo de 2010, un oficial masculino transportó a un grupo de detenidas y en al menos siete ocasiones el desplazamiento sucedió entre la medianoche y las seis de la mañana.

Dunn condujo solo a detenidas hacia el aeropuerto o la central camionera en al menos 11 veces y, de ellas, en 10 el viaje tuvo lugar entre la medianoche y las seis de la mañana.

ACLU cree posible que Dunn pudo haber atacado a al menos otras seis inmigrantes entre el 19 de octubre de 2009 y el 7 de mayo de 2010 cuando las transportaba al aeropuerto o la estación de autobuses, luego de ser liberadas del centro de detención.

Whitburn no descartó que pueda haber mexicanas entre las afectadas. "Estamos reuniendo más información sobre los ataques para hallar más víctimas. No hay duda de que estos problemas persisten y no tengo duda de que puede haber víctimas mexicanas", adelantó.

Dunn se declaró culpable el 9 de noviembre de 2010 y fue sentenciado a un año de cárcel y a un lapso de libertad condicional.

El pasado 24 de mayo, el gobierno federal abrió un proceso criminal en su contra en la Corte del Distrito Oeste de Texas basada en cuatro asaltos sexuales e igual número de cargo de privación de derechos civiles, adicionales a los casos suscitados en Williamson.

En octubre de 2007 el gobierno de Estados Unidos comenzó a emitir la visa U, destinada a las víctimas de violencia doméstica, maltrato sexual, rapto, encarcelamiento forzado, chantaje, violación o tortura.

La brasileña Kimberly finalmente recibió ese visado el 13 de septiembre pasado, mientras que la africana Sarah tiene una audiencia relacionada con su solicitud de asilo el 9 de enero de 2012. En tanto, el proceso de la guatemalteca Raquel sigue adelante.

http://www.proceso.com.mx/?p=286554

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