Economía mexicana, inviable sin Pemex

Nancy Flores /Fortuna.com.mx
Mientras que, en 2008, el gobierno de Calderón condonará impuestos por más de 770 mil millones de pesos a grandes corporaciones, a Pemex le quitará 800 mil millones de pesos por este concepto. Sin reforma fiscal, la economía mexicana no resistiría la apertura de la paraestatal a la iniciativa privada, coinciden académicos.
La economía mexicana es incapaz de resistir la apertura a la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos (Pemex), pues una tercera parte del presupuesto público se obtiene de las ventas del energético. Para compensar la pérdida de la renta petrolera y garantizar la viabilidad de las finanzas públicas es necesaria una reforma fiscal, advierten académicos.

La economía mexicana es incapaz de resistir la apertura a la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos (Pemex), pues una tercera parte del presupuesto público se obtiene de las ventas del energético. Para compensar la pérdida de la renta petrolera y garantizar la viabilidad de las finanzas públicas es necesaria una reforma fiscal, advierten académicos.
El doctor en economía Arturo Huerta, investigador y académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que una reforma integral en el ámbito fiscal bastaría para liberar recursos a favor de Pemex. “Así se podrían encarar sus problemas de inversión, sin necesidad de la participación del sector privado. Ésa sería una medida soberana, y no la que presentó el Ejecutivo al Senado”.
Lejos de promover una reforma fiscal, el Ejecutivo exime a grandes corporativos y bancos del pago de impuestos. Tan sólo en el actual ejercicio, el gobierno de Felipe Calderón estima condonar impuestos por 772 mil 364 millones 500 mil pesos, revela el Presupuesto de Gastos Fiscales 2008.
En este mismo año, el gasto federal destinado a Cochoapa el Grande, Guerrero, México –considerado uno de los municipios más pobres de América Latina por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo–, es de apenas 0.003 por ciento de las exenciones fiscales, es decir, 29 millones 10 mil 706 pesos.
El 0.77 por ciento de las condonaciones es equivalente al presupuesto del programa IMSS-Oportunidades, que en este ejercicio asciende a 6 mil millones de pesos; y el 2.56 por ciento, al subsidio que el gobierno federal da en 2008 a la UNAM, por 19 mil 816 millones 670 mil pesos.
Pemex, el gran contribuyente
De acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2008, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los 772 mil 364 millones de pesos representan 7.41 por ciento del producto interno bruto del país y comprenden exenciones, tasas diferenciadas, subsidios, créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos y deducciones.
De las pérdidas recaudatorias, el impuesto sobre la renta concentrará el 32.7 por ciento, 252 mil 563 millones 191 mil pesos. Le seguirán el impuesto al valor agregado (IVA), 27.2 por ciento, 210 mil 83 millones 144 mil pesos; los impuestos especiales, 25.8 por ciento, 199 mil 270 millones 41 mil pesos; el impuesto empresarial a tasa única (IETU), 12.5 por ciento, 96 mil 545 millones 562 mil pesos, y los estímulos fiscales, 1.8 por ciento, 13 mil 902 millones 561 mil pesos.
En este mismo ejercicio, Hacienda busca “recaudar” poco más de 800 mil millones de pesos de Pemex. Tan sólo en el primer semestre de 2008, la paraestatal ha pagado impuestos, derechos y aprovechamientos por 433 mil 428 millones 250 mil pesos –86.45 por ciento de su ingreso corriente–, según informaron Juan Antonio Zúñiga e Israel Rodríguez, reporteros de La Jornada, el pasado 29 de julio.
La severa carga impositiva que el gobierno aplica contra la petrolera mexicana es su principal lastre, pues la mantiene en quiebra técnica. Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del “Gobierno Legítimo”, asegura que se ha generado un círculo vicioso: a las autoridades fiscales no les preocupa cumplir con las metas de recaudación porque saben que tienen los ingresos que Pemex paga por impuestos y los excedentes petroleros.
Para el doctor Arturo Huerta, de lograrse la apertura en la industria energética, el gobierno vería disminuidos sus ingresos, pues las empresas privadas no aceptarían ser sujetas al mismo régimen tributario de Pemex. Al tiempo aumentaría la transferencia de la riqueza petrolera a favor de éstas, por el pago de sus servicios. Esto, agrega, obligaría a la administración federal a restringir gastos y aumentar impuestos, con su correspondiente impacto recesivo e inflacionario.
El investigador indica que el gobierno debe hacer ya la reforma tributaria y que ésta debe gravar sobre todo al sector bancario-financiero. No obstante, en este ejercicio fiscal la banca dejará de enterar 1 mil 317 millones 200 mil pesos del recién creado IETU, al deducir sus reservas preventivas globales. Las instituciones de seguros también podrán deducir 174 millones 700 mil pesos de este impuesto, por reservas catastróficas, indica el Presupuesto de Gastos Fiscales 2008.
“El capital financiero es tan poderoso que nadie lo regula; al tiempo, impide que se le controle y se le grave. Todo actúa a su favor: las políticas monetaria, cambiaria, fiscal y la reforma energética van orientadas a ampliarle su esfera de influencia, para seguir canalizando flujos de capital que aseguren la estabilidad de la moneda y, por lo tanto, sus ganancias. No por nada John Maynard Keynes hablaba de la eutanasia del capital financiero, para poder privilegiar el crecimiento económico y el pleno empleo. El problema es: dónde está la fuerza política para ello”, explica Huerta.
En consecuencia, resulta casi imposible que, de existir, la reforma tributaria grave dicho capital. Por el contrario, advierte, ésta recaería en el IVA, en detrimento de las grandes mayorías de la sociedad y con los descontentos políticos y sociales correspondientes.
Respecto de los impuestos que el gobierno cobraría a las compañías que contratara la petrolera para realizar servicios o detentar refinerías, indica que no contrarrestarían los ingresos que recauda actualmente de Pemex. Esto es previsible, porque, en países donde hay participación de empresas privadas en el sector energético, éstas pagan muy poco en relación con las ganancias que obtienen.
Destino de los ingresos petroleros
Miguel García Reyes, doctor en petróleo y geopolítica y académico del Instituto Politécnico Nacional, explica que “de los 100 mil millones de dólares anuales que obtiene Pemex, 80 mil millones se transfieren al gobierno mexicano: a pagar Fobaproa (ahora Instituto de Protección al Ahorro Bancario), deuda externa y programas sociales”.
Agrega que mientras el gobierno no tenga una reforma fiscal integral que grave a las grandes empresas y con ese dinero sustituya el que le puede dar Pemex, mientras no haya un proyecto industrial nuevo que le dé recursos, no puede “deshacerse” de la paraestatal.
Tan sólo en 2008, las pérdidas recaudatorias por consolidación fiscal de los grandes corporativos ascenderán a 51 mil 794 millones 700 mil pesos –31 mil 801 millones por ISR y 19 mil 993 millones 700 mil pesos por el recién creado IETU–, calcula la SHCP.
“En la consolidación fiscal, las empresas que poseen filiales se consolidan. Por ejemplo, una de sus empresas tiene ganancias por 1 millón de pesos y otra, pérdidas por 1 millón de pesos, la consolidación fiscal le permite juntar las contabilidades y tener cero ganancias”, explica Di Costanzo.
El funcionario del “Gobierno Legítimo” asegura que los beneficiarios de los regímenes especiales son los grandes grupos empresariales: “Son los que pueden organizarse para llevar a cabo estas elusiones fiscales”.
Para el doctor Arturo Huerta, con la privatización del sector energético el panorama sería de mayores rezagos productivos, mayor desempleo, menores salarios sociales y menores ingresos para el sector público. Aunado a ello, no habría dinero para desarrollar programas sociales encaminados a contrarrestar el deterioro del nivel de vida, previsiblemente ocasionado por la apertura.
Explica que el problema no sólo se reduce a la posibilidad de privatizar el sector: “La cuestión es que lo social no debería financiarse con los recursos petroleros, sino con impuestos. Los recursos derivados del petróleo provienen de un recurso no renovable, por lo que deben destinarse a la inversión de la industria energética, como al sector agrícola e industrial, para producir internamente los bienes que estamos importando y financiando con los recursos del petróleo.
Y es que, dice, “no siempre vamos a tener petróleo ni las divisas que de él se derivan, por lo que debemos utilizar dichos recursos para impulsar la producción nacional, lograr la autosuficiencia alimentaria y avanzar en la sustitución de importaciones de bienes manufacturados. Con esto se podrán disminuir las presiones sobre el sector externo y nuestros requerimientos de entrada de capitales. Lo social debe ser mejorado a través de la generación de empleos y mejores salarios que resulten del incremento de la producción y productividad.
“Por más que se dice que dicha reforma vendrá a disminuir la pobreza, acontecerá todo lo contrario, tal como ha sucedido con todas las políticas de privatización y extranjerización que se han impulsado en la banca, la minería, la industria y el comercio”, explica.
Miguel García Reyes dice que es casi un hecho la aprobación de la mayor apertura a la iniciativa privada en el sector petrolero: “Sobre todo por los compromisos que (Felipe Calderón) tiene en el exterior. Él va a llegar hasta el final incluso con una revuelta social, la cual tendría que acallar de inmediato con la represión. Está comprometido políticamente con las empresas que lo apoyaron para llegar al poder, es por eso que quiere sacar adelante su propuesta de abrir más a Pemex”.