Acusan juristas a Felipe Calderón de ejercer su cargo “con fines ilícitos”

■ Someter la industria petrolera al capital privado equivale a “traición a la patria”, advierten
■ Lo culpan de pedir la “complicidad” del Congreso de la Unión para que su reforma sea aprobada

Alma E. Muñoz

Felipe Calderón ejerció “con fines ilícitos” su cargo de presidente de la República al enviar seis iniciativas de ley en materia energética a fin de “someter” la industria petrolera nacional al capital privado extranjero, y con ello incurrió en “traición a la patria”, señala el borrador del documento que un grupo de juristas prepara en torno al desempeño del jefe del Ejecutivo.

Como parte de los argumentos, se le acusa de solicitar la “complicidad” del Congreso de la Unión, al enviar esas iniciativas en abril y mayo pasados a las cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, para que las aprueben.

Los juristas, vía legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), solicitarán que se inicie el procedimiento correspondiente en San Lázaro en contra del panista y, con base en los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución, se le acuse ante el Senado de la República.

Los juristas y expertos –Jaime Cárdenas Gracia, Jesús González Schmal, Raúl Carrancá y Rivas, además de Virgilio Caballero– consideran que Calderón Hinojosa, “presidente por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, promovió las iniciativas “en demérito de la independencia y soberanía de la nación mexicana”, y por tanto incurrió en delito.

Señalan que se atacan los artículos 27 y 28 constitucionales al pretender que se anulen efectos normativos para entregar el crudo a particulares, especialmente extranjeros, con base en una norma secundaria, lo que implica “un fraude a la Constitución, pues anula preceptos que aseguran el control exclusivo del Estado respecto de la localización, extracción, procesamiento, almacenamiento, así como distribución, transporte y comercialización de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica”.

De igual manera cuestionan que, con la reforma a la legislación secundaria, el jefe del Ejecutivo federal intente que las decisiones en el caso de las tres últimas áreas las tomen conjuntamente las empresas privadas y el gobierno, y las relaciones entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y particulares se rijan por el derecho privado, además de que se dejaría en manos de árbitros y tribunales extranjeros las controversias que puedan surgir.

Industria paralela

La participación de inversionistas, principalmente extranjeros, haría que en México se creara –según los expertos y juristas– una industria petrolera paralela a la del sector público, con carácter de negocio totalmente particular, que permitiría blindar jurídicamente sus negocios contra cualquier medida que afecte sus intereses, incluyendo la expropiación, con base en el convenio relativo a la Agencia Multilateral de Garantía de las Inversiones, a cargo del Banco Mundial.

Así que la industria nacional estaría totalmente en desventaja y, por tanto, “el monopolio del Estado, previsto por el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, quedaría desvanecido”.

En el documento se plantea que la iniciativa de Calderón permite contratos de riesgo prohibidos por el párrafo sexto del 27 constitucional y deja que funcionarios de Pemex queden “exentos de las responsabilidades que obligan al resto de los servidores públicos”, y favorece, “con un velo de opacidad mayor al de los otros entes públicos”, las decisiones que se tomen en la paraestatal.

Asimismo, consideran que, con su actuar, Calderón Hinojosa modifica “subrepticiamente” el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al hacer que el Estado mexicano abandone la reserva que hizo para sí mismo en el capítulo sexto, Energía y petroquímica básica, donde se apartaron petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica, en sus diferentes fases de explotación, de la zona que incluye el acuerdo comercial.

Con ello, indican los juristas, “quedamos colocados en los supuestos de los capítulos XI y XV del mismo, donde se estipula que si un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares un área sujeta al control estatal, ésta ya no puede ser asumida libremente por el Estado”.

El 8 de abril pasado, Felipe Calderón envió al Senado de la República cinco iniciativas: Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, reformas a las leyes de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión del Petróleo, Orgánica de la Administración Pública Federal y, además de cambios, adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.

El 14 de mayo siguiente, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados reformas a la Ley Federal de Derechos. Todo lo anterior, con “preceptos opuestos a la Constitución”, concluyen.