Fraude millonario en fideicomiso público del frijol

Más de 115 millones de pesos fueron extraídos “indebidamente” del fideicomiso 316-07-02, del Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión de Frijol en Zacatecas. Tres funcionarios de Aserca están involucrados en el supuesto desfalco al erario, indica el Órgano Interno de Control en la entidad

Érika Ramírez / Revista Contralínea
El Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión en Frijol, que tiene como principal objetivo incentivar la producción del grano, presenta irregularidades por más de 115 millones de pesos, según determina el expediente R/03/07 del Órgano Interno de Control en Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Las autoridades de la contraloría señalan a tres funcionarios involucrados en este daño al erario, a quienes no se les han fincado responsabilidades; dos de ellos continúan en sus cargos.
La auditoría 17/2004, practicada a este programa por el Órgano Interno de Control (OIC) en Aserca, indica que se utilizaron “indebidamente” 117 millones 500 mil pesos, otorgados a través de préstamos a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste del Estado de Zacatecas y a la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas.
Los recursos comprometidos fueron extraídos en 2002 del fideicomiso 316-07-02 –que financia el programa dedicado al segundo grano más importante en la canasta básica de los mexicanos–, en medio de una crisis agropecuaria que ha dejado a los productores de frijol en la debacle económica.
Los servidores públicos involucrados, señalados por el OIC, son: Mario Sosa Uribe, coordinador general de Comercialización de Aserca –durante las administraciones de Javier Usabiaga Arroyo y, posteriormente, Francisco Mayorga Castañeda, al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)–; Pablo Velarde Magaña, director Regional de Aserca, y Alfredo Martínez González, jefe de Atención a Productores en la Dirección Regional con sede en Zacatecas, estos dos últimos aún en funciones.
El expediente emitido por la Secretaría de la Función Pública consignó, hasta marzo de 2007, que Sosa Uribe “autorizó la disposición de recursos para fines distintos a los establecidos en las reglas de operación del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión en Frijol, en el Convenio de Colaboración y en el Contrato del Fideicomiso por 117 millones 500 mil, como préstamo a la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas y a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste del Estado de Zacatecas, recursos que a la fecha no se han reintegrado al fideicomiso”.
Los funcionarios zacatecanos Velarde Magaña y Martínez González resultaron responsables de contratar, fuera de regla, a Gustavo Carmona Martínez, para dar seguimiento a la evolución del proyecto. El gasto no estaba contemplado y ocasionó un detrimento a la hacienda pública por 684 mil pesos.
Irregularidades millonarias
El 7 de noviembre de 2002, Mario Sosa Uribe autorizó la salida de 10 millones de pesos del fideicomiso, mediante el oficio F00.4000/415/02, ostentando el cargo de presidente suplente del Comité Central. Sin embargo, no contaba con la facultad para hacerlo, pues fue hasta el 17 de diciembre de ese año cuando se le concedió el derecho en una sesión extraordinaria del organismo. Los recursos fueron solicitados por el Comité Técnico Estatal, a través del oficio 358/2002, el 6 de noviembre de 2002, y validados al siguiente día. La operación monetaria estaba dirigida a la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas.

Sosa Uribe autorizó a la integradora, que aglutina a 39 organizaciones, para que comercializara el grano, sin que este fin estuviera establecido en el programa, ya que sólo se pueden utilizar los recursos para garantías líquidas, complemento al crédito, contingencias y promoción comercial, “motivos por los que se presume que los recursos fueron autorizados para fines distintos en las reglas de operación”.
Otros 10 millones fueron solicitados en el oficio 380/2002, signado el 15 de noviembre de ese año. Fue el segundo préstamo a la integradora que mereció observaciones. También fue avalado por Sosa Uribe con el documento FOO/4000/424/02, pero la contraloría en Aserca precisa que “el Comité Central no sesionó para autorizar el ejercicio del monto referido, es decir, antes del 7 de noviembre de 2002, fecha en que el entonces coordinador general de Comercialización emitió el oficio FOO/4000/424/02, sin contar con las facultades para ello”.
Sin haber transcurrido un mes se dispusieron de otros 6 millones de pesos, el 25 de noviembre de 2002, teniendo como involucrados a los mismos beneficiarios y al funcionario federal. El dinero se dispuso de manera “inmediata”, según indica el OIC, sin corresponder a las reglas de operación del programa. Finalmente, el 2 de diciembre de 2002 fueron transferidos otros 5 millones 500 mil pesos, avalados mediante el oficio FOO/4000/440/02 y bajo los mismos procedimientos.
El OIC presume que los recursos por 31 millones 500 mil 500 pesos, del Fondo Especial a la Inversión en Frijol, “se autorizaron para fines distintos a los establecidos en las reglas de operación”. No obstante, la auditoría observó que se cubrieron 4 millones de pesos del adeudo por parte de la integradora, que ahora dirige Ramón Ochoa Ruiz.
La organización de agricultores depositó al Banco del Bajío, entidad financiera donde se constituyó el fideicomiso 316-07-02, apenas el 12.69 por ciento de su deuda con el gobierno federal. Los movimientos bancarios se realizaron el 18 y 28 de noviembre por 2 millones 700 mil pesos y 1 millón 300 mil, respectivamente. Sin embargo, la integradora sigue comprometida con 27 millones 500 mil pesos.
El funcionario de Aserca, órgano desconcentrado de la Sagarpa, volvió a incurrir en irregularidades el 11 de febrero de 2004. Mediante los oficios F00.4000/025/04 y F00.4000/034/04 autorizó un “préstamo” de 90 millones de pesos a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste del Estado de Zacatecas, objetivo que no está señalado dentro de los conceptos que recibirán apoyos, “por lo que se presume que los recursos se autorizaron para fines distintos a los establecidos en las reglas de operación del programa. La entrega de los recursos fue inmediata a través de un traspaso electrónico a la cuenta principal del fideicomiso 522243-02-01”.
Pablo Velarde Magaña, director regional de Aserca y secretario del Comité Técnico del fideicomiso 316-07-02, también es señalado por el OIC como responsable de las irregularidades detectadas, ya que “no ejecutó eficientemente el programa”.
El expediente revela que Velarde Magaña estuvo presente en las reuniones del Comité Técnico, que se llevaron a cabo el 25 y 29 de noviembre de 2002, y “nunca se opuso a los acuerdos a los que se llegaba y en los que se acordaba realizar solicitudes al Comité Central para poder disponer indebidamente de los recursos del fondo, para realizar préstamos a la Integradora Estatal de Productores de Frijol y a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste de Zacatecas”.
Las autoridades del OIC en Aserca acreditaron que Velarde Magaña solicitó indebidamente la autorización de 111 millones 500 mil pesos para préstamos; 21 millones 500 mil pesos a favor de la Integradora Estatal y 90 millones de pesos para la Asociación de Pozos, a sabiendas de que dichos préstamos eran para fines distintos a los autorizados.

Defensa de la integradora
Ramón Ochoa Ruiz, presidente de la Integradora Estatal de Productores de Frijol en Zacatecas, se deslinda de cualquier responsabilidad en el manejo indebido de los recursos del fideicomiso. Asegura que los servidores públicos han sido los responsables de que haya irregularidades en la operación de los fondos, como lo indica el OIC.
El ingeniero agrónomo explica que la dotación de 31.5 millones de pesos se dio en la pasada administración, cuando la integradora era encabezada por Gildardo Santos. Pero, indica, “fueron los funcionarios los que hicieron un préstamo a la organización, extraído del fideicomiso, cuando no eran banco y en las reglas de operación no estaba contemplada esa figura. Nosotros decimos que ellos son los responsables de los malos manejos”.
Esta situación, dice, “ocasionó que los encargados del Comité Técnico del fideicomiso interpusieran una demanda contra la integradora (misma que perdieron). Por el contrario, autoridades de la contraloría han determinado que el daño al erario fue por parte de los que aún están en sus cargos”.
Desde 2005, las 39 organizaciones que conforman la integradora hicieron peticiones ante las secretarías de la Función Pública y Agricultura, Aserca y la Auditoría Superior de la Federación para que nuevamente sea revisado el fondo 316-07-02, “sin que hasta ahora tengamos ninguna respuesta”, se queja Ochoa Ruiz.

Contratación indebida
De acuerdo con el expediente R/03/07, concluido en marzo del año pasado, el jefe de Atención a Productores en la Dirección Regional con sede en Zacatecas, Alfredo Martínez González, solicitó la autorización para contratar a Gustavo Carmona Martínez, con el fin de que diera seguimiento a la evolución del proyecto.
La petición, hecha a través de diversos oficios dirigidos al presidente del Comité Central y al delegado fiduciario del Banco del Bajío, implicaba el pago de 19 mil pesos mensuales como sueldo, del 21 de noviembre de 2002 al 31 de octubre de 2005.
El resultado de la contratación significó un gasto total de 684 mil pesos, mismos que no estaban contemplados en las reglas de operación del programa, “considerándose que dichos gastos ocasionaron perjuicio al fondo sustituido con recursos federales”. Además, el servidor público fue acusado de disponer de recursos para favorecer a la Integradora Estatal de Productores de Frijol en Zacatecas.
No obstante, Martínez González, señalado como uno de los supuestos responsables del daño al erario, asegura que la auditoría 17/2004 fue “mal” practicada por los contralores federales. “Hace poco recibimos la resolución del OIC en la que nos absuelven de los cargos”, asegura.
En entrevista, defiende a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste del Estado de Zacatecas, pues dice ésta sí ha utilizado los recursos conforme a lo dispuesto en la ley. Además, responsabiliza a la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas de operar irregularmente los más de 27 millones de pesos que adeuda: “Ellos se comprometieron a pagar el préstamo con la recuperación económica de su producción y no lo han hecho, por lo que se les han interpuesto tres demandas”.
El ingeniero agrónomo anticipa que el fideicomiso será disuelto y transferido al gobierno de Zacatecas, encabezado por Amalia García Medina, pues sólo le quedan 32 millones de pesos para su operación.
Martínez González dice sentirse ofendido por las observaciones que hicieran los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, pero advierte que “ya se desahogaron las pruebas. Fue una situación muy incómoda”. El funcionario local no accedió a proporcionar las evidencias de su absolución, pues “éste es un asunto personal”.

Crisis en el campo zacatecano
Considerado como un cultivo estratégico para México, el frijol ocupa el segundo lugar en la canasta básica de los mexicanos y en su cultivo a nivel nacional, con un promedio de siembra de 1.85 millones de hectáreas, en la que se desempeñan 570 mil productores.
Anualmente, indica el estudio La competitividad del frijol en México –realizado por los investigadores Alma Velia Ayala Garay, Rita E. Schwentesius Rindermann y Gustavo Almaguer Vargas, de la Universidad Autónoma de Chapingo–, su producción es de 1.31 millones de toneladas, con un valor de 7.5 mil millones de pesos, y genera un total de 76 millones de jornales, que equivalen a 382 mil empleos permanentes.
No obstante la importancia del frijol, México dejó de ser un país autosuficiente en su producción, y desde la década de 1980 comenzó la dependencia hacia los productores estadunidenses.
Mientras Estados Unidos produce en promedio 1.6 toneladas por hectárea, en el país el promedio es de 731 kilogramos por hectárea. “De este modo, los productores de Estados Unidos incursionan en el mercado mexicano con ventajas competitivas, a pesar de la distancia de sus zonas de producción con los principales mercados en México” (Fortuna, negocios y finanzas, 64, mayo de 2008). (ER)

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 01 de septiembre de 2008 | Año 7 | No. 109