IFAI: otra institución corrompida

ALVARO DELGADO / Proceso

MÉXICO, D.F., 9 de marzo (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) no ha cumplido siquiera cinco años de haberse fundado, en 2004, y ya claudicó en su deber de garantizar el derecho de de los mexicanos a obtener la información que genera el gobierno de Felipe Calderón, cómplice de la opacidad.

Contemplado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada a mediados del foxismo por el Congreso y celebrada en su momento como una prueba de que México entraba irreversiblemente a la democracia, el IFAI se ha convertido, en los hechos, en una dependencia más del gobierno de Calderón y practica la misma cerrazón informativa, particularmente en la materia que más le importa, la seguridad pública.


Se trata de otra regresión -una más en el largo rosario involutivo desde el 2006– en los derechos de los mexicanos, porque la opacidad informativa neutraliza el escrutinio y control de los ciudadanos sobre las instituciones de federales, particularmente las de seguridad, en un contexto de “guerra” que alienta la corrupción y la impunidad de quienes forman parte de los cuerpos policíacos y del Ejército.

Tal y como lo ha denunciado públicamente el comisionado Juan Pablo Guerrero, el gobierno de Calderón impone una política de cerrazón semejante a la de George W. Bush en Estado Unidos, a raíz del ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York.

“¿Qué ganó Bush con eso? Nada sustancial -dice Guerrero–. La cerrazón no fortaleció sus esquemas de seguridad. Prueba de ello es que su sucesor, Barak Obama, decidió abrir los archivos en cuanto entró a la Casa Blanca. La transparencia no merma la seguridad nacional.”

Y es que, con la engañifa de la seguridad nacional, Calderón envió al Congreso una iniciativa de reforma legal para impedir que jamás se pueda conocer el contenido de las averiguaciones previas, aun cuando ya estén cerradas.

La cerrazón del gobierno de Calderón puede acreditarse también cuantitativamente: El rechazo a solicitudes de información se ha disparado: En 2007, el primer año de gestión, 4 mil 222 solicitudes ciudadanas no tuvieron respuesta, pero para el 2008 la cifra se duplicó: Ocho mil 208.

Pero si es de suyo deleznable este comportamiento de Calderón –la integridad no es lo suyo–, lo más grave es que el IFAI sea acompañante y a menudo cómplice, como ocurrió en la reciente decisión -por mayoría de los comisionados– de reservar por 12 años la identidad de los asesores del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y los datos estadísticos sobre los cuerpos de seguridad.

Si lo que el IFAI pretendió ocultar fue la identidad de los asesores de García Luna, es claro que fracasó, sobre todo uno de ellos: Juan Pablo Galindo Morera, un muchacho de 24 años de edad, estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad Anáhuac. Todo mundo sabe que es el hijo de la hasta hace unos días presidenta de México Unido contra la Delincuencia, la organización fundada en 1997 por la señora Josefina Nava de Ricaño y que con María Elena Morera perdió su perfil ciudadano por su cercanía afectiva y económica con el gobierno federal y particularmente con García Luna.

Lo que privó en el IFAI fue el ánimo de ocultamiento y sólo exhibió la subordinación a Calderón, algo que ya había sido advertido desde que el exconsejero electoral Alonso Lujambio ingresó a esa institución y, sobre todo, cómo fue que llevó a presidirlo, en julio de 2006.

Lujambio llegó al IFAI propuesto por Vicente Fox, quien operó junto con Calderón su llegada a la presidencia del IFAI, cuando éste ni siquiera había sido legalizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Había dos candidatos: Lujambio, asesor de Calderón y exconsejero electoral filopanista, y Juan Pablo Guerrero, académico de conocida independencia. Gracias a una operación política desde el poder, el primero fue impuesto, apenas una semana después de las elecciones presidenciales.

Los detalles de esta trama los contó a Proceso el comisionado Horacio Aguilar Álvarez de Alba, quien tuvo que acatar como militante panista durante 35 años las instrucciones que le dieron de dar su voto a Lujambio y no a Guerrero, su amigo.

“La administración del presidente Fox me dice: ‘El presidente Fox, por el cartel de Lujambio, prefiere que él sea el presidente’, y (luego se produce) la inducción de un cercano colaborador de Felipe Calderón en los mismos términos. ¡No sólo me discipliné a uno y a otro, me discipliné a los dos!”

–¿Quién fue el personaje cercano a Calderón? -le pregunté a Aguilar.

–César Nava.

Sí, el mismo que fue secretario particular de Calderón en la Presidencia de la república y que ahora pretende ser diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PAN.