Secuestro electoral

Porfirio Muñoz Ledo / Por esto

Cuando la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, en 1972, acuñamos una frase esclarecedora: “no hay peor contaminante que la miseria”. Queríamos prevenir cualquier operación de los países avanzados tendiente a imponer pautas de desarrollo a los demás y colocar además el énfasis en la injusticia económica internacional y la degradación material generada por la desigualdad.

Unas son las causas de las enfermedades –su etiología- y otras las condiciones sociales y la debilidad institucional que contribuyen a su propagación y lastran su combate oportuno y eficaz. El caso de la influenza A/H1N1, diseminada en nuestro país, es un ejemplo palmario de la incuria y la decadencia como detonadores de una PANdemia.
Los estragos que el huracán Katrina –agosto del 2005- provocó en Nueva Orleáns evidenciaron la mortandad incubada en la indefensión de la pobreza. Un reducto del tercer mundo -en medio de la opulencia- pagó elevado precio por las condiciones de insalubridad, marginación, precaria infraestructura, servicios públicos insuficientes y descuidos culpables de la administración Bush.
La tragedia fue utilizada para desencadenar privatizaciones, de acuerdo a la estrategia descrita por Naomi Klein en Capitalismo de Shock. Las crisis debían ser aprovechadas para profundizar el modelo neoliberal, que era -paradójicamente- la causa última del desamparo y la excesiva mortandad.

Sin contar con la cínica manipulación política de la que fueron objeto el derrumbe de las torres gemelas en Nueva York y el atentado terrorista de Atocha en víspera de las elecciones españolas. Cada quien padece el fundamentalismo que le toca. El “comité de salud pública” de los jacobinos franceses los condujo a la guillotina y el nuestro está programado para la entronización de El Yunque.
La acción eficaz, la transparencia y la mesura son pruebas de la racionalidad del Estado. En nuestro caso deslumbra la exhibición de lo contrario. Aparecen datos sobre el conocimiento que tenían desde hace tiempo las instancias médicas respecto del probable desencadenamiento de la epidemia y la existencia de brotes específicos a finales del año pasado.
Debido a que en Estados Unidos surgieron casos de esta influenza desde diciembre del 2005, sus autoridades determinaron las sustancias idóneas para contrarrestarla. El Boletín de Práctica Médica divulgó aquí en diciembre del 2006 un catálogo de “acciones básicas ante una pandemia de influenza” y el Seminario Internacional de Influenza de octubre último predijo que podría precipitarse en razón de “los daños causados por la situación económica que atraviesa el mundo”.
Es claro que el 18 de marzo “expropiamos” el virus procedente del Canadá y que de inmediato comenzó su propagación: hospitalizaciones, diagnósticos erráticos, decesos y comunicaciones cruzadas entre autoridades de salud. Nada se hizo público durante las visitas de Sarkozy y de Obama, que tuvieron sin embargo limitantes por razones sanitarias.
No fue sino hasta el 25 de abril que el Ejecutivo desencadenó un operativo sigilosamente preparado. Reunión del Consejo Nacional de Salud, adoctrinamiento a los medios electrónicos y aparición de Calderón otorgando facultades de excepción al Secretario de Salud. Decreto ostentosamente violatorio de garantías constitucionales.
Sorprende el silencio, cuando no la complicidad del Congreso ante esta “dictadura sanitaria”. Remedo de la militarización del país y la declaración de guerra al crimen organizado. Esta vez Calderón no se vistió de médico, como entonces lo hizo de general, pero tal vez se disfrace -antes de las elecciones- para anunciar que ha derrotado el mal.
Asombra más la declaración del propio Ejecutivo en el sentido de que el país carece de los medios técnicos “capaces de identificar el diagnóstico, el tratamiento y la estrategia preventivas”, pero que en 72 horas los tendría- plazo que se ha prolongado indefinidamente. Como en tiempos de la Revolución: “primero disparas y luego averiguas”.
¿Por qué México produce el mayor número de muertos? Si no somos un Estado fallido, nos parecemos mucho. Obedecemos a la definición de Fukuyama sobre la debilidad institucional de los países periféricos -la otra cara de la globalización- que combina en el mismo saco apocalíptico: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, éxodos migratorios y epidemias que amenazan al “mundo civilizado”.
El proceso electoral obliga a una reflexión colectiva y una acción responsable. No podríamos aceptar el secuestro de la conciencia pública y la desmovilización ciudadana por la manipulación mediática. Cubrebocas sí, “cubrementes” no. El manejo de la salud debiera quedar en manos de expertos y su difusión confiada a la pluralidad política. Conjuremos el golpe de estado sanitario.