Carmen, la historia de una agresión impune

SARA LOVERA / PROCESO
MEXICO, DF, 13 de agosto (apro).- Carmen Santiago Hernández, una joven periodista de 35 años quien decidió terminar su relación con Ramón Rubén Mora Peralta, profesor de Educación Física, fue castigada con dureza, golpeada hasta la saciedad el 25 de julio pasado, por ese individuo. Su vida peligra.

El diagnóstico: traumatismo craneoencefálico y edema que produjo infarto cerebral y desprendimiento de masa encefálica. Al momento de escribir estas líneas, Carmen está en coma inducida para ver si logra reaccionar y vivir.

Ramón Rubén Mora Peralta, detenido tardíamente por el Ministerio Público, investigado a bote pronto, fue liberado a las cinco de la tarde el viernes 7 de agosto con una fianza de 80 mil pesos. La investigación elaborada en 72 horas cumplió rigurosamente con el término constitucional, pero estuvo torcida.

Eso vale para las autoridades policiacas de Guerrero la vida de Carmen Santiago; el presidente municipal de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, le extendió al delincuente una carta de hombre pobre y, de 120 mil, le bajaron a 80 mil pesos esa fianza.


Los motivos de la liberación de Mora Peralta son indignantes. En Guerrero lesiones graves, privación ilegal de la libertad y no cuidados a la salud en momentos de una vida en peligro, no son considerados delitos graves, por tanto quien los comete tiene derecho a fianza. Para el caso tampoco existe el arraigo.

Es decir, en Guerrero no se protege a las personas de los atentados de homicidio, no se investigan los hechos a fondo y no se considera el tamaño de la violencia contra las mujeres, a pesar de los discursos, la firma de acuerdos, los millones de pesos invertidos en promover, extender, ampliar, diagnosticar leyes y alertas.

Nada sirve si debajo de tan preciosos deseos hay fango, corrupción, indolencia, machismo e indiferencia social y gubernamental.

Mientras el golpeador era liberado, el gobernador Zeferino Torreblanca, en ceremonia espléndida en Acapulco, celebraba la firma de un Acuerdo Estatal por la Igualdad de las Mujeres y los Hombres, acuerdos que promueve por toda la República el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), de modo que quede claro que aquí no hay discriminación.

Mientras Carmen era sometida al coma inducido, en Acapulco, ese primigenio y conocidísimo puerto de diversión, se departía felizmente porque el estado de Guerrero se sumaba a la igualdad entre hombres y mujeres. En Guerrero, donde el feminicidio no es grave, donde golpes que te pueden llevar la vida, no son graves, en fin.

Lo más grave es que Carmen Santiago Hernández es empleada de la dirección de Comunicación Social del gobierno de Torreblanca Galindo y él fue informado de los hechos muchos días antes de la fiesta en Acapulco.

A pesar de ello, nadie vigiló que se cumpliera simplemente con la ley, con el derecho: ser atendida en el ISSSTE, contar con la seguridad hospitalaria y hacer una limpia y profunda investigación policiaca.

Por el contrario, Mora Peralta, su expareja, pudo manipular la situación. Sacó a Carmen del hospital en complicidad con el director del ISSSTE de Guerrero, para ocultar su brutalidad. La retuvo en una casa, sin atenderla, en horas preciosas para la vida de Carmen, y sólo por la intervención de sus colegas periodistas fue rescatada y, finalmente, enviada a un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México.

En tanto se hacían averiguaciones judiciales, lentas y tortuosas. La fiscal especializada para la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, Dominga Chávez Pineda, a pesar de las charlas, talleres y su segura convicción sobre los derechos de las mujeres, no pudo elaborar un expediente ligado a los convenios y convenciones internacionales que obligan al estado de Guerrero a enviar a un juicio sin libertad al victimario, con todas las garantías, pero con el probable culpable ahí, físicamente presente para ser juzgado.

Ahora que ni la fiscalía ni la Secretaría de la Mujer pudieron hacer algo, Mora Peralta formalmente tendrá un juicio en libertad. Todas y todos sabemos que muy pronto se dará a conocer que se dio a la fuga y que los tribunales solamente acumularán el expediente en su voluminoso archivo de pendientes sin solución.

La vida de Carmen, la de su pequeño hijo de 5 años ahora en custodia, el abandono de su padre anciano y enfermo de quien ella es la responsable y que estuvo más de doce días sin cuidados estatales, porque dijeron no hay lugar en el DIF ni en ninguna parte, penden de un hilo.

Como la de ella, miles. De todas las que no nos enteramos, de los pasillos burocráticos, indiferentes y sin vigilancia, de una justicia de género que solamente está en los discursos, en las agendas, en los foros o en los presupuestos –siempre ínfimos-- estatales, federales e internacionales, sin resultado.

Me pregunto qué hacen las autoridades de género, los institutos, las fiscalías, las investigaciones millonarias, los recursos para enderezar a policías y jueces que manejan los institutos de las mujeres, que reparten "talleres" como hace años, se trata de números, porque se realizan al 'ahí se va', sin información, sin profundidad, sin seguimiento, sin verdadera convicción.

Durante años deseamos muchas leyes y muchas instituciones. Diagnosticamos la violencia contra las mujeres, elaboramos perfiles, y todavía una Secretaría, la primera, la única, de la Mujer en Guerrero.

Lo que hay en la actualidad es una fiscal sin formación ni convicción necesaria, genérica; un grupo de aguerridas feministas en Guerrero, sin capacidad de alianza y cercanía para lograr la defensa de las mujeres; un gremio, el periodístico, que dio toda su solidaridad e invirtió todo su empeño.

Un esquema doloroso. Porque el caso de Carmen no es único y los estudios e investigaciones no son referentes para las políticas públicas ni les importa a los políticos misóginos, se trata sólo de simular, de firmar convenios y convenciones, pero no de hacer justicia.

Si otra cosa fuera el caso de Carmen, no sería tan tremendamente insultante y gigantesco para nuestra inteligencia. Nos tendría que llevar a revisar dónde estamos. Qué estamos haciendo respecto de la violencia contra las mujeres; tendríamos que ir a exigir que cese el contenido vil de los medios de comunicación, pero ahí, donde se discute la ley, donde los prohombres y mujeres preocupados por la libertad de expresión, son también omisos y misóginos, siguen viendo a las mujeres como madres y prostitutas, no como lo que valemos; tendríamos que revisar los millones invertidos en spots que no borran todo lo que está atrás.

Las legisladoras tendrían que dejar de hacer tanto tango y buscar simplemente que las leyes nacional e internacional se cumplan, tendríamos que invertir los millones en cosas concretas, en vigilar y en formar, no "tallerear" al personal.

Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx