Cien testimonios por desalojo de Ebulá

Más de cien testimonios conforman la ofensiva legal contra el empresario Eduardo Escalante Escalante por el desalojo de San Antonio Ebulá, que investigarán la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión de Derechos Humanos, por el presunto abuso policiaco durante el zipizape del que habría desaparecido un anciano. Jorge Cocom, representante de las familias expulsadas violentamente por Escalante Escalante, informó que preparan también los argumentos que sustentarán el amparo directo con el que pretenden dejar sin efecto cualquier nuevo mandamiento judicial que deje sin hogar a las más de 50 familias que fundaron en 1968 San Antonio Ebulá.Por lo pronto, la PGJE inició el trámite de la denuncia penal interpuesta por las lesiones inferidas a ocho “ebuleños”, los daños a sus viviendas y el presunto robo de sus pertenencias, que habrían cometido los vándalos contratados por Gilberto Francisco “Potoco” Farfán Talango, quien estaría operando sin el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues no hay ninguna empresa a su nombre.

La SSP confirmó que su intervención en los hechos ocurridos en el terreno en disputa no fue para apoyar alguna orden de desalojo. Acudieron a San Antonio Ebulá porque la SSP recibió dos llamadas telefónicas de que había un enfrentamiento, y el objetivo era disuadirlo.Ranulfo Ramírez Naal y su hijo Marco Antonio Ramírez sólo fueron trasladados a la SSP y de inmediato quedaron en libertad, tras recibir asistencia médica, sin pisar los separos ministeriales. Los subieron a la patrulla porque eran de los que estaban más violentos.La SSP no informó sin embargo por qué no detuvieron a alguno de los 100 jóvenes —reclutados por Escalante Escalante—, que bolacearon y apalearon a hombres y mujeres, dejando a seis heridos.Jorge Cocom confirmó que para la denuncia por lesiones tienen como víctimas a María Lina Lázaro Méndez, de 39 años de edad; Luis Antonio Díaz Lázaro, de 12; José Vaca Concha, de 23; Joaquín Vaca Ayala, de 51; Ranulfo Ramírez y Marco Antonio Ramírez, de 76 y 29, respectivamente. “Nos preocupa que no aparece Félix Quen Pech, de 76 años. Está desaparecido desde ese día”. La última vez que lo vieron fue cuando se cubría con unas láminas para no ser visto por los vándalos, ni ser lesionado a pedradas y palos. Ahora nadie sabe dónde ni cómo está.Unas 100 personas intentaron llegar a San Antonio Ebulá en busca del anciano y para recoger sus pertenencias de valor, pero no pudieron acercarse, porque los vigilantes, armados con piedras y palos, se mantienen ahí. Hicieron barricadas con sascab, ramas y troncos.Los afectados pidieron que se investigue a Farfán Talango, porque no tiene autorización para operar empresas de seguridad privada. De acuerdo a la SSP, no hay ninguna empresa a nombre del ex jefe policiaco, quien el año pasado fue aprehendido por la PGR por problemas de tipo hacendario.Sólo están autorizadas Grupo Cóndor, Corporativo Franco, Transportes Blindados Tameme, Sistemas Privados de Orden y Vigilancia, Grupo Puma y Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste.