La Corte frente al Ejército

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F., 7 de agosto (apro).- Por primera vez en este sexenio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mostrará si es capaz de acotar al gobierno de Felipe Calderón y cerrar la puerta a los abusos cometidos por militares en los operativos contra el narcotráfico.

El amparo presentado por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de uno de los civiles asesinados sin motivo por el Ejército, en mayo de 2008, en la sierra de Sinaloa, ha puesto a los ministros de la Corte ante la oportunidad de reivindicar al llamado máximo tribunal del país o ceder a las presiones del gobierno de Calderón.


Si en los tiempos del autoritarismo priista bastaba una llamada del presidente de la República para decidir las votaciones en la Corte, ahora el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ejerce una presión distinta.

La semana que pasó, Gómez Mont se dedicó a hacer labor en la SCJN para que los ministros dejen las cosas tal y como están en materia de fuero militar, cuando discutan, a partir del lunes, el alcance de la jurisdicción castrense en el caso de violaciones a los derechos humanos.

Como encargado de la política interior del país, Gómez Mont no es, desde luego, un mero cabildero más.

Ha sido el designado por Calderón para responder los cuestionamientos judiciales –nacionales e internacionales– en contra del Ejército mexicano, no sólo por el incremento en más de un 600% de las quejas de violaciones a la dignidad humana en lo que va del sexenio, sino porque ante esas denuncias los militares se investigan a sí mismos.

Eso es posible porque el Código de Justicia Militar, en su artículo 57, establece que las agresiones de ese tipo cometidas contra civiles –así se trate de ejecuciones, torturas o secuestros– deben ser consideradas como "faltas a la disciplina militar" y, por lo tanto, ser investigadas por los tribunales castrenses.

El amparo de Reynalda Morales Rodríguez busca precisamente que los ministros revisen la constitucionalidad de esa disposición del Código de Justicia castrense elaborado en 1933, en el México de la posrevolución dominado políticamente por los militares.

Tanto el Ejército como la Marina se oponen a cualquier cambio en esa disposición del fuero militar, y como principales aliados políticos y sostén de Calderón en sus operativos contra el narcotráfico, quieren en retribución dejar las cosas como están.

Lo que buscan, a toda costa, es evitar que elementos militares sean juzgados por tribunales civiles en casos de violaciones a los derechos humanos.

Prácticamente en toda América Latina, que viene de una historia de dictaduras militares, ese tipo de legislación ha sido cambiada, ya sea por decisión del Ejecutivo, del Congreso o por resoluciones de la propia Corte.

El propósito ha sido el de evitar la impunidad cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.

Los estándares internacionales indican precisamente que los tribunales castrenses no pueden llevar casos en los que hay civiles involucrados.

Así lo reconoce México en el artículo 13 de la Constitución Política, pero en la práctica el Código de Justicia Militar es el que prevalece. Un Código que por lo demás fue publicado por el Ejecutivo sin ser sancionado por el Legislativo.

El margen de interpretación de la SCJN respecto de la inconstitucionalidad de esa práctica es reducido. Pero las dudas sobre lo que decida la mayoría de ministros son amplias.

De lo que decidan los ministros dependerá en buena medida lo que ocurra con los operativos de Calderón contra el narcotráfico en lo que resta del sexenio. Pues si la Corte acota el fuero, los militares se verán obligados a limitar sus arbitrariedades; lo contrario no sólo les daría carta blanca, sino garantía de impunidad.

jcarrasco@proceso.com.mx