IFE: en vez de corregir, ocultar

JESúS CANTú / Proceso
En 2006 las inconsistencias manifiestas en las actas de escrutinio y cómputo generaron dudas fundadas sobre el resultado de la elección presidencial; las actas y los datos capturados en el PREP mostraban cómo la suma de votos no correspondía al número de votantes que acudieron a las urnas y/o a las boletas depositadas.
El número de votos para partidos, coaliciones y candidatos, más el de sufragios anulados, debe obtenerse de la cuenta de esas boletas, bajo el principio lógico de que tiene que haber concordancia entre la cantidad de votantes, de boletas depositadas y del total de sufragios.
Puede emprenderse una verificación adicional con los datos del número de electores inscritos en la lista nominal de cada una de las casillas, la cifra de boletas enviadas a cada una de ellas (que corresponde a la cantidad de electores más el doble del número de los partidos políticos participantes en la elección –cada uno de los cuales tiene derecho a acreditar hasta dos representantes que no siempre viven dentro de esa sección), el número de boletas depositadas en las urnas y la cifra de boletas sobrantes.

Esta información se encuentra en los archivos del PREP y está disponible para cualquier persona que desee revisarla. Y aunque no toda es indispensable para saber quién es el triunfador en la elección, sí es necesaria para las siguientes tres acciones: a) evaluar la calidad del trabajo institucional; b) detectar oportunamente las inconsistencias, con la posibilidad de corregirlas en las sesiones de cómputo; y c) evaluar la calidad de la elección.
En cuanto a la calidad del trabajo institucional, la excelencia se alcanza si no existe una sola inconsistencia. Debido a que la organización de comicios es una actividad intensiva en el uso del recurso humano, es prácticamente imposible que no existan inconsistencias, pero debe buscarse que se reduzcan al mínimo, y para ello hay que trabajar en tres sentidos: revisar la documentación electoral para tratar de simplificarla al máximo; evaluar los procesos y procedimientos en las casillas (dentro de los límites legales) para incorporar elementos que permitan detectar y corregir inmediatamente cualquier inconsistencia; y perfeccionar el trabajo de capacitación de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla.
En lo referente a la posibilidad de detectar y enmendar los errores, la presencia de toda esta información en el PREP es el resultado de muchas reflexiones colectivas acerca de cómo dotar a los integrantes de los Consejos Distritales (consejeros electorales y representantes de los partidos políticos) de los instrumentos para identificar oportunamente todas las actas con inconsistencias para poder proceder al recuento de los votos en la sesión de cómputo distrital, en función de la causal establecida en el numeral I del inciso “d” del artículo 295: Cuando “existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado”.
A menor número de inconsistencias, la calidad de la elección es mejor y genera confiabilidad y certeza. En sentido inverso, cuanto más crezca la cifra de inconsistencias –ya sea por errores humanos o manipulaciones de votos o resultados de casilla–, mayores serán las inquietudes y la desconfianza. Y, obviamente, si las inconsistencias se presentan en 47% de las casillas, como reconoce Luis Carlos Ugalde en su libro sobre las elecciones de 2006, y la diferencia entre el primero y el segundo lugares en la contienda por la Presidencia es tan cerrada como se registró, la sospecha envuelve a toda la elección.
Dado que la organización de unos comicios es un proceso continuo en el que la calidad del trabajo que se realiza en una etapa repercute en la siguiente, lo que no se logre corregir con el ejercicio institucional en la preparación de la contienda puede enmendarse en las sesiones de escrutinio y cómputo que celebran los Consejos Distritales a partir del miércoles siguiente al día de la elección. Fue precisamente esto lo que no se hizo en 2006 y eso radicalizó el conflicto poselectoral.
Lo anterior viene a cuento porque nuevamente se pretende suprimir toda esta información del PREP (no es la primera vez que se intenta: ya había sido motivo de discusión en el Consejo 1996-2003), precisamente para evitar que se detecten las inconsistencias y, en su caso, se cuestione la calidad del trabajo institucional y de la elección misma.
Esto muestra en toda su dimensión la lógica del IFE: en lugar de corregir el problema, ocultarlo, y, aún más, pretender que lo que no se conoce no existe. Se trata de una vuelta a los tiempos en que la autoridad electoral dosificaba la información pública y buscaba ocultar y/o desaparecer todas las huellas de su actuación.
De concretarse esta intención, se consumaría un retroceso mayúsculo.