Extingamos el “Consenso de Washington”

Ricardo Andrade Jardí / Poresto.net
¿Cuánto nos costó y nos sigue costando el rescate bancario? ¿Cuánto cuesta mantener la inútil secretaria de Economía, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta mantener la mediocre burocracia de confianza del CONACULTA? ¿Cuánto le cuesta a los mexicanos mantener cientos de direcciones gubernamentales, que no sólo no resuelvan nada, sino que además son inexistentes en el imaginario de millones de ciudadanos? ¿Cuánto dinero público se invierte en la PFP que en lo que a la pretendida lucha contra el “crimen organizado” ha demostrado su ineficiencia, su corrupción y su plena inutilidad? ¿Cuántas compañías de electricidad podríamos tener en el país si no estuviéramos pagando la deuda privada de los ladrones banqueros?

No hay validez en uno solo de los argumentos del “tardío decreto” con el que se pretende extinguir a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC); no hay argumento posible a favor. La quiebra del estado fallido no es responsabilidad de los trabajadores ni de los sindicatos. Es responsabilidad de una mala política económica que no responde a la realidad de una nación rica en recursos, sino a los lineamientos de una mundial economía de mercado, que justifica el saqueo en nombre de una libertad inexistente y reproduce la pobreza en nombre de una democracia que jamás llega.

No nos equivoquemos. El golpe contra la LyFC es un golpe contra el sindicalismo mexicano y un aviso de la suerte que correrá toda forma de organización que no se someta a lo “políticamente correcto y necesariamente tolerado” en nombre de la farsa electoral, que maquilla la dictadura y la toma de decisiones de “democracia”.

Nos hemos acostumbrado tanto al “Consenso de Washington”*, “al fin de la historia”, que nos es difícil asumir que el enemigo es y será siempre el capitalismo. Cientos de intelectuales, incluso los que se pretenden lejos del sistema “mexicanizan” los acontecimientos y sus “sesudos análisis de la realidad” pretenden responsabilizar nuestra desgracia “nacional” a la mexicanidad, evitando, como sea, la utilización no sólo de las palabras sino de los conceptos mismos como: capitalismo, imperialismo, lucha de clases, dialéctica, explotación, fascismo, marxismo, socialismo, comunismo, cooperativismo, etc.

Y mientras entramos en el enajenante “Consenso de Washington”, ellos: los criollos oligarcas, las jerarquías católicas, los consorcios transnacionales ideológicamente fuertes han ido haciendo su tarea y han trabajado por implantar una cultura, o mejor dicho una seudo cultura, que responde a sus intereses, que responde a sus objetivos de control financiero, político y militar. Los sectores conservadores apoyados por las telecracias han implantado un imaginario que responde a planos de la realidad que no son coincidentes con la realidad concreta, han trabajo por fomentar subjetividades opresivas que responden al “Consenso de Washington” y que han terminado por influir en los movimientos sociales y de izquierda a tal grado que durante las últimas tres décadas se ha abandonado todo el trabajo cultural de base. Lo abandonaron los partidos políticos y los sindicatos mismos. El SME no esta exento de culpa. Ejemplo: En este preciso momento histórico, en el que han pasado más de 48hrs. del asalto militar a LyFC y seguramente “cuantificando el costo político” ni sindicatos, ni intelectuales, ni pretendidos partidos de izquierda han planteado una acción de lucha que golpeé el corazón mismo del capitalismo mexicano, es decir: sus bolsillos: un paro nacional, una huelga general, nada de eso, inmersos en la idea de lo maduro, de lo moderno, de lo correcto, de lo que se espera… ¿quién lo espera, la televisión comercial, el desgobierno usurpador, el empresariado chatarra, los banqueros FOBAPROA? de la izquierda y de los movimientos sociales, que no es otra cosa que el “Consenso de Washington”.

Pretendemos seguir suponiendo que la vía legal puede dar marcha atrás de una acción de gobierno fascista que responde a la lógica de la nación que las oligarquías pretende construir en nombre de Dios y una Democracia Corporation S.A. que en México se traduce en más de 70 millones de pobres, en 45 de ellos en miseria extrema, en millones de desempleados, en pagos públicos de deudas privadas, en 5, 750 ejecutados al año, en fraudes electorales, en IMPUNIDAD y en corrupción sin límite alguno para los que esto imponen porque aceptamos que así lo hagan.

El camino de su legalidad será el camino de nuestra segura derrota. Es momento de que todas las organizaciones sociales y civiles, los sindicatos independientes, los universitarios, las cooperativas, la CNTE, los mexicanos: todos, hagamos un llamado, en acción, a detener el golpe contra el SME o todos deberemos, como se dice en un comunicado del CLETA asumir el costo de la represión, la persecución y la cárcel que es lo que esta detrás del decreto de extinción de LyFC.

Abandonemos el “Consenso de Washington” y llamemos a las cosas por su nombre. Es una lucha de clases. Y la derecha burguesa está dando los pasos estratégicos para someter definitivamente al pueblo trabajador de México a la sobre explotación, la opresión y la miseria. Y no es una estrategia solitaria es un plan de acción que responde a los intereses de los grandes capitales imperialistas.


*Tomo para este articulo como “Consenso de Washington” la siguiente idea comentada por Eduardo Pavlovsky en Pagina 12 (abril del 2001) a un comentario de Petras.

“El Objetivo: Crear un nuevo tipo de intelectual en América Latina, generar liberales en vez de marxistas, especialistas en derechos humanos, en vez de intelectuales antiimperialistas. Suprimir la identidad cultural de los países latinoamericanos.

Producir al intelectual académico, más preocupado por sus viajes, becas y subsidios que por las luchas sociales.

Intelectuales que cambian la lucha de clases por la lucha por conseguir pasajes para asistir a conferencias en Washington y demás mecas del mundo académico desarrollado”.

Siempre en lo políticamente correcto, en un lenguaje que no suena arcaico o anacrónico a la los oídos de las globales instituciones del los desarrollados países democráticos y occidentales.