PRESENTA ROSARIO IBARRA NUEVA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

El pasado 25 de septiembre, la senadora de la República Rosario Ibarra presentó ante el pleno del Senado una iniciativa de modificación a la Constitución Política mexicana a fin de que este documento magno pueda garantizar con plenitud a todos los mexicanos el respeto y la defensa de sus más elementales derechos como seres humanos.

El documento, su exposición de motivos y su articulado representan un texto de valiosa riqueza en torno de los rezagos que México padece en la materia y sobre los caminos para repararlos. El servicio de noticias ISA presenta aquí las palabras iniciales con las que la senadora presentó ante los legisladores su propuesta. Una versión completa del documento se encuentra en: http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2008/09/25/1&documento=19

Señoras y señores senadores.

Estoy presentando en esta ocasión una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre derechos humanos.

Como deben recordar, desde principios de 2007, el Congreso de la Unión suscribió un acuerdo de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema de derechos humanos, así como con académicos y especialistas, trabajamos durante meses en la discusión y elaboración de propuestas para una reforma constitucional en este tema.

En noviembre del año pasado, habiéndose iniciado en forma paralela las discusiones en las mesas de la reforma del Estado, se dijo que era inminente la presentación de una iniciativa también sobre derechos humanos producto de esos trabajos. Fue entonces que decidí presentar una primera iniciativa de reforma constitucional que recogiera lo que hasta entonces se había trabajado con las organizaciones de la sociedad civil mexicana en el marco del convenio antes mencionado. Aunque los trabajos de elaboración con las organizaciones de la sociedad civil no había concluido pues teníamos en la agenda todavía varios temas pendientes en ese momento, pensé que era necesario presentar en tribuna la iniciativa de reforma constitucional ante el riesgo de que el tema fuera presentado en el pleno sobre la base del acuerdo de la llamada reforma del Estado, excluyendo o no tomando en cuenta lo que ya habíamos elaborado con las organizaciones de la sociedad civil hasta ese momento. Al mismo tiempo advertí o expresé mis dudas de que hubiera condiciones para la aprobación de una integral reforma constitucional de derechos humanos en el marco de la llamada reforma del Estado, más preocupada por negociaciones interpartidarias para enfrentar la crisis en el terreno político después de los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales del 2006.

El caso es que, efectivamente, de las mesas sobre la reforma del Estado no hubo resultado alguno sobre el tema de derechos humanos. Mientras tanto la elaboración sobre el tema con las organizaciones de la sociedad civil continuó y al concluir sus trabajos entregaron al Congreso, a las Comisiones de Derechos Humanos y para el conocimiento de los grupos parlamentarios, en reunión formal que encabezamos las propuestas sobre este tema. Al mismo tiempo las presiones políticas lograron que el encargado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas el señor Amérigo Incalcaterra, con quien el Congreso había suscrito el convenio de colaboración, fuera sacado de la oficina de México y que ésta permanezca formalmente acéfala hasta la fecha.

Mucho se ha hablado y discutido en estos tiempos al respecto de los derechos humanos. Me parece que por varias razones urgentes estas propuestas de las organizaciones de la sociedad civil no deben en general quedar fuera de la consideración formal del Congreso. Por eso es que en esta ocasión estando de acuerdo en lo general con la mayor parte de esas propuestas y su sentido general es que me he permitido presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional que recoge la que presenté en noviembre pasado pero que se completa con otros aspectos que no incluía aquella ya que no había concluido la discusión y elaboración al respecto y que ahora incluyo apoyándome en sus conclusiones. Los nuevos aspectos tienen que ver, entre otras cosas, con los derechos económicos y sociales. No detallo ahora el contenido concreto y sus justificaciones que Ustedes pueden conocer directamente en la exposición de motivos ya publicada en la Gaceta.

Pero además me ha parecido urgente presentarla pues la dinámica general que se vive en el país apunta a una profundización a un curso autoritario y de otorgarle mayores poderes represivos al Estado en detrimento de los derechos humanos. Reformas legales como la relativa al terrorismo aprobada a principios del 2007 y sobre todo la llamada reforma judicial debatida y finalmente aprobada como reforma constitucional entre los meses de diciembre del 2007 y mayo de este año apuntan a lo que he denunciado antes como la práctica de convertir en legal lo que era ilegal en el terreno del respeto a los derechos humanos. En política no existe el hubiera, pero ciertamente una reforma que constitucionaliza los derechos humanos como la que venimos proponiendo desde al año pasado, hubiera sido un importante valladar para evitar las medidas autoritarias que ya fueron aprobadas.

Nuevamente el riesgo está presente de una profundización del curso autoritario, represivo, que busca enfrentar la crisis que se vive en el terreno de la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada, sobre todo del narcotráfico, exclusivamente con medidas policiacas, represivas, punitivas, de sostenimiento y expansión de la militarización de la sociedad, con sus secuelas de abusos (como los que hemos denunciado ocurren en estados como Chihuahua o antes en casos como los de Zongolica) haciendo abstracción de las causas políticas y sociales que están en el fondo de estos fenómenos. Y el riesgo es que renovado el curso autoritario en medio de los gritos y escándalos por la inseguridad que se vive, nuevamente se sacrifiquen los derechos humanos. Recientemente un gobernador de uno de los estados asolados por la violencia abiertamente propuso que para combatir al crimen organizado y la violencia había que restringir las libertades políticas. Nuevas iniciativas legales ya se preparan en esa dirección, incluso buscando aprobar lo que no consiguieron hacer en la llamada reforma judicial.

Antes que eso suceda es que quiero insistir en la urgencia de aprobar la reforma constitucional sobre derechos humanos. Y por eso nuevamente la presento ampliando la que presenté en noviembre.

Pero tampoco quiero que este esfuerzo conjunto con organizaciones de la sociedad civil quede como mero esfuerzo simbólico, como una declaración ante la historia presentada en tribuna y congelada en el archivo. Que simplemente lleve a que en el futuro vuelva a lamentar, incluso en tribuna, lo que quizá se hubiera impedido si se hubiera aprobado una reforma de este tipo.

Desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos también se cuestiona al congreso preguntando que si tantas iniciativas de reformas constitucionales sobre derechos humanos se han presentado en los últimos tiempos, independientemente de la coincidencia o no con todas ellas, ¿por qué no se dictaminan ya? Nosotros hemos respondido que aunque el tema le corresponde a las comisiones de derechos humanos por tratarse de reformas constitucionales no vamos en primer turno para dictaminarlas. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la gravedad de la situación. En varios temas se impone una lógica de posponer y retrasar las resoluciones sobre derechos humanos. En cuanto a la reforma constitucional además de presentar hoy esta iniciativa renovada y que pretende recoger lo que a mi juicio es más valioso de las aportaciones recibidas, me propongo entregar en los próximos días, bajo mi responsabilidad, una propuesta de dictamen sobre todas las propuestas de reformas constitucionales de derechos humanos recibidas en la Comisión para ofrecerla como respetuosa colaboración a ser considerada por la Comisión correspondiente de modo que pueda abrirse la discusión sobre el tema en las instancias y comisiones regulares de trabajo legislativo y no en mesas paralelas generadas por necesidades políticas coyunturales.

Solicito que se inserte íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

Rosario Ibarra