Criminaliza el Infonavit a deudores de vivienda en Sonora y Sinaloa, afirman

■ Un “ejército de abogados panistas” acosa a derechoabientes, afirman defensores

■ El instituto presenta denuncias penales contra ciudadanos que optan por organizarse

Javier Valdez Cárdenas (Corresponsal)

Culiacán, Sin., 6 de enero. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) emprendió una campaña de criminalización, mediante denuncias penales que derivan en órdenes de aprehensión, contra los ciudadanos que optan por organizarse y defender su propiedad ante el acoso de despachos de abogados que buscan despojar a los derechohabientes de su patrimonio, denunciaron organizaciones sociales.

El Frente en Defensa de la Vivienda de Sinaloa, el Colectivo Ciudadano por la Defensa del Patrimonio Familiar de Mazatlán, el Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora y Ciudadanos en Defensa de la Vivienda del estado de México acusaron al gobierno federal de acudir a la represión judicial en lugar de atender y resolver los problemas de los derechohabientes.

Con miras a formar la coordinadora nacional del movimiento urbano popular, estas agrupaciones acordaron convocar para los días 14 y 15 de febrero a un foro nacional por la defensa del patrimonio social y la vivienda, a efectuarse en la ciudad de Durango, para analizar los problemas que tienen con sus créditos y las acciones de defensa que emprenderán.

Aseveraron que aproximadamente 38 mil familias de Sinaloa y Sonora están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron por conducto del Infonavit, pues el instituto vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y SCRAP II (Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad) alrededor de 110 mil casas de todo el país que están en cartera vencida, informaron organismos defensores de derechohabientes en esos estados.

Con un “ejército de abogados panistas, encubiertos en corporaciones de rescate de cartera vencida, empezaron la escalada de despojo contra los derechohabientes (…) y la política de despojo del Infonavit hoy se hace acompañar con métodos que sugieren la pretensión de criminalizar la defensa de los derechohabientes”, señalaron a La Jornada.

Representantes de las organizaciones advirtieron que se defenderán de la “política neoliberal y privatizadora del gobierno federal”.

José Hilario Román González, Novel Galván Hernández, Verónica Villarreal Moreno, Miguel Luna Pardo, Berta Samaniego, Graciela Ramírez, Patricia Ortega Andalon, Rogelio Chávez Palomo, David Ignacio Ruiz Robledo, Ana Montes López Portillo y César del Pardo Escalante, integrantes de la coordinadora provisional, afirmaron que el gobierno ha emprendido una jornada contra quienes se han inconformado con esa política de despojo, como ocurre en Durango y Sonora.

En Sinaloa, agregaron, hay varios procesos penales contra derechohabientes, mientras en Sonora fue detenido Juan Murguía Franco, acusado de despojo por el Infonavit y por el delegado en aquella entidad, César Tapia Abascal, quien también denuncia por daños en propiedad ajena a César del Pardo Escalante, del Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora.

“En Durango, acompañados por las policías ministerial del estado y preventiva municipal, abogados de Pendulum y del Infonavit, con lujo de violencia, desalojaron a más de 150 familias de fraccionamientos, y gracias a la organización de los derechohabientes, que integran el Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), se logró detener en parte la ofensiva, porque la pretensión era un desalojo masivo”, señalaron.

Las organizaciones recibieron el respaldo del Frente Nacional contra la Represión y de Rosario Ibarra de Piedra, senadora por el PRD.

Intervendrán diputados

Eduardo Ortiz Hernández, legislador federal por el PAN y secretario de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, señaló que revisarán el problema para evitar el despojo de las viviendas a que tienen derecho los trabajadores.

Indicó que este mes se realizará en Culiacán, Sinaloa, un foro de soluciones para aquellos que tienen problemas con el Infonavit y que son acosados y hostigados por despachos de abogados, para que cada caso sea revisado y se le dé seguimiento.

“El director general (del Infonavit), Víctor Borrás, se comprometió a realizar este acto en Culiacán, en enero, aunque no hay fecha, con el propósito de revisar los casos de personas que tienen problemas de pago de sus créditos de vivienda, para buscar soluciones, no complicaciones”, manifestó.

La Cámara de Diputados, agregó, hizo un llamado al Infonavit para que no vuelva a vender cartera vencida, como hizo con estas empresas estadunidenses, lo que ha permitido que despachos de abogados cometan acosos, abusos, violaciones a la ley y hostigamiento contra las familias que necesitan esas viviendas.

Ortiz informó que propuso a Borrás disminuir los descuentos a los trabajadores con créditos en el Infonavit que reciben ingresos hasta de tres salarios mínimos y están al corriente en sus pagos, para que, ante la recesión económica, no tengan dificultades ni se les complique seguir pagando; “por ejemplo, los que pagan 500, que paguen 400 o 450 pesos quincenales”, señaló.