¡Gracias, señor Presidente!

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa
11 Ene. 09 / Reforma / 11-01-09

Criticado por incompleto, el plan anticrisis del gobierno calderonista dejó de lado una reducción en los precios del diesel, combustible de uso principal en el sector productivo, como el pesquero

Como ocurre en el combate a la inseguridad, la consecuencia más grave de que ante la crisis económica en curso el presidente de la República prefiera aparentar un programa en vez de construirlo y ponerlo en práctica es que la realidad que presumiblemente se busca modificar permanezca inalterable, lo que en último término significa que empeora por falta de atención.


En diciembre de 2006, Felipe Calderón buscó un efecto mediático, aparencial, ante la delincuencia organizada. Montó un aparato vistoso, con la participación del Ejército y una Policía Federal presuntamente renovada, resultante de fusionar dos corporaciones, para generar la percepción de que se combatía con eficacia al crimen organizado. El resultado de esa opción es que la guerra contra el narcotráfico y otras actividades contrarias a la sociedad está siendo perdida por las instituciones, al punto de que no sólo padecemos un auge de la criminalidad sino que la penetración delictuosa en las áreas encargadas de embatirla es imparable. Es de temerse que una consecuencia semejante suceda a la decisión de privilegiar la forma sobre el fondo en el combate a la recesión que afecta ya a la economía mexicana, que no crecerá en el año que comienza. Y es claro para todos que no crecer es decrecer, porque la población no frena su crecimiento.

El miércoles pasado fue firmado el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, que se supone es el instrumento anticrisis, el resumen de la estrategia especialmente diseñada para detener los estragos del desorden financiero y económico mundial unidos al deterioro estructural de la economía mexicana. Todavía la víspera el documento respectivo se llamaba de otro modo: Programa de política económica para apoyo al crecimiento y el empleo. Pero se cambió su denominación para hacer creer que eran las instituciones y la sociedad, y no sólo el gobierno, las que encaran la crisis. Por eso se le denominó acuerdo nacional, igual que se llamó el firmado el 21 de agosto relativo a la inseguridad. A diferencia del de esta semana, aquél contenía compromisos específicos, por más vagos que fueran, cuyo cumplimiento corría a cargo de los firmantes. Ahora no es así. Se trata de un programa gubernamental al que se adhirieron o apoyan, las más de las veces con retórica vana, los firmantes, que no conocieron el documento en que estamparon su rúbrica sino a la hora de signarlo. Eso quedó claro por la ausencia del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, que había confirmado su asistencia al acto en que se emitiría el nuevo programa anticrisis del gobierno federal. Se le informó después que se trataba de un acuerdo y por lo tanto se requeriría su firma. Pidió el documento pero en la víspera no estaba listo aún, por lo cual no pudo conocerlo. Decidió entonces no sólo no firmarlo sino ni siquiera acudir a la reunión. Ninguno de los demás firmantes, 74 en total (sentados todos en un presídium como los que encabezaban las sesiones del politburó soviético, muy pobladas pero donde contaba sólo una voluntad, la de Stalin o Kruschev o sus sucesores), fue asaltado por un remilgo como el del sonorense. Todos firmaron, aunque la mayoría ignorara el contenido que avalaba, con un desdén inconsciente respecto de lo que allí se dijera.

El paisaje construido en Palacio Nacional el miércoles 7 trajo del pasado las formas del priismo autoritario y sujeto a la preeminencia de la figura presidencial. Como reliquia de aquel ayer, formalmente viva hoy, Joaquín Gamboa Pascoe actuó como lo habría hecho (como lo hizo realmente) en los años setenta y ochenta. De ser cierto que se trataba de un acuerdo en cuya elaboración la CTM que encabeza hubiera participado, habría motivo para que se gloriara de logros destinados a los trabajadores. Pero como se trataba de un documento preparado al margen de los firmantes, el millonario dirigente sindical no pudo contenerse y lanzó el "¡gracias, señor Presidente!", que era resumen del acatamiento servil de las "¡fuerzas vivas!" al todopoderoso que encarnaba la institución presidencial.

También a la antigua usanza, en los días posteriores a la firma del documento, algunos de los suscritores se adhirieron a él, como el gobernador de Tabasco. Varias empresas aprovecharon para hacer publicidad a sus servicios y productos en sus mensajes de felicitación al Presidente. No se dirigían a la sociedad mexicana, presumible beneficiaria de las medidas destinadas a paliar la crisis; felicitaban a su autor. La unidad nacional, la reunión de la República, que eran lemas y modos de fingir consenso, reaparecieron para permitir al gobierno dar la impresión de unión incondicional en torno suyo al mismo tiempo que para eludir la atribución de responsabilidades. Por eso la ceremonia de firma tomó el aspecto de una fiesta, en que abundaron los chascarrillos que causaron expresiones de gran júbilo en un acto que debió estar regido por la severidad que corresponde a la dimensión del problema que se enfrenta. El verso de Mario Benedetti -"¿de qué se ríe, señor ministro, de qué se ríe?"- debió ser el "pie" de la foto que muestra al ministro presidente de la Suprema Corte, uno de los dos Guillermo Ortiz presentes en la ceremonia, pero no firmantes sino sólo testigos (el otro es el gobernador del Banco de México, que llama optimista al pronóstico de Hacienda de que la economía crecerá cero por ciento) en carcajada compartida con el secretario Fernando Gómez Mont, que gastará 29 millones de pesos en remodelar la oficina que le servía bien a Juan Camilo Mouriño.

Ya en marzo y en octubre del año pasado Calderón había presentado programas a favor del crecimiento y el empleo. No hay noticia formal cierta respecto de sus resultados. Ni el Ejecutivo ni el Congreso han examinado el curso de esas estrategias, ni formularon todavía un diagnóstico de los efectos de la crisis que viene de fuera al golpear un cuerpo social maltrecho. Sin evaluación de los programas previos, sin conocimiento preciso de las dolencias que ya hoy atosigan a productores y consumidores mexicanos, mal podría trazarse la terapia respectiva. Pero urgía generar la impresión de que sí es posible y que allí está. Y por eso se presentó apenas al concluir la primera semana del año.

Es un amasijo de medidas nuevas con otras, las más, establecidas en la ley y acordadas al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación. Aun las más positivas quedaron marcadas por su insuficiencia. Es el caso típico del precio de las gasolinas, que fue congelado. Nadie puede objetar que se suspenda el mecanismo de alzas semanales. Pero se critica que la decisión no haya sido precedida por otra que completara su mérito, y que es la reducción del precio. Durante el año pasado los dos tipos de ese combustible que utiliza la planta vehicular en México sufrieron 33 incrementos en su precio, y el 3 de enero se aplicó el número 34. Esa alza continua ha hecho que los combustibles sean más caros hoy aquí que en Estados Unidos. Y contrariamente al argumento de que era preciso alinear su precio a los internacionales, hoy la gasolina Premium cuesta 39 por ciento más en México que al otro lado de la frontera y la Magna se compra aquí un 20 por ciento más cara que en la Unión Americana.

A pesar del expreso pedido de camaroneros y otros pescadores, no se incluyó al diesel marino entre los combustibles cuyo precio fue congelado, y mucho menos se le aplicará una de las pocas medidas incuestionables y plausibles, que es la reducción de 10 por ciento en el precio del gas LP, o la reducción de algunas tarifas eléctricas hasta en 20 por ciento. Si el programa disfrazado de acuerdo hubiera partido de una detección adecuada de las comarcas económicas y sociales que pueden quedar en riesgo con el acendramiento de la crisis hubiera incluido medidas específicas para la pesca: no sólo la suspensión del precio de su insumo material más importante sino otras que detengan su proceso de deterioro, cuya consecuencia extrema está siendo y será el crecimiento de las importaciones respectivas, cada vez más gravosas por la devaluación del peso.

Amén de la crítica puntual que desde diversos sectores se ha formulado al programa anunciado el miércoles anterior es de hacerse notar una omisión mayúscula. No hay anuncio de austeridad alguna, por lo cual se ahondará la brecha entre el gobierno rico y la sociedad empobrecida.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com