Concluyen fraude en el Seguro Popular

Erika Ramírez /revistafortuna.com.mx

La administración de Daniel Karam Toumch al frente del Seguro Popular concluyó el contrato firmado con la empresa Image Technology, que en 2006 costara la inhabilitación del excomisionado Juan Antonio Fernández Ortiz, por “abuso de autoridad”. La compañía ha recibido más de 800 millones de pesos para elaborar las credenciales del programa de salud, mientras la ASF señala no encontrar evidencias de la distribución y entrega de éstas.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) asignó más de 800 millones de pesos a favor de Image Technology para llevar a cabo el proceso de credencialización del Seguro Popular, no obstante que de las negociaciones con esta empresa se derivaron irregularidades por más de 300 millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El 15 de marzo de 2007, ya en la administración de Daniel Karam Toumch, se concluyó el contrato CNPSS/S/LP/2005, mismo por el que se inhabilitó al excomisionado del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó al exfuncionario, el 31 de mayo de 2006, por encontrarlo responsable de “abuso de autoridad”. Según el expediente 15/2007-BIS, el entonces titular del programa de salud quedó inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y le fue impuesta una multa por 454 mil 528 pesos (Contralínea 81).

Sin embargo, el acta para el cierre finiquito del contrato CNPSS/S/LP/2005 –entregada a Fortuna a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– indica que fueron entregados al ciento por ciento los productos y servicios de infraestructura de operación, credenciales y transferencia tecnológica, entre otros.

Mientras concluían las negociaciones entre los representantes del Seguro Popular e Image Technology –al finalizar el primer trimestre de este año–, Arturo González de Aragón, titular de la ASF, presentó el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, que afirma que “no se tuvo evidencia de la distribución y entrega, tanto a las entidades federativas como a los beneficiarios, de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como del funcionamiento y operación de los procesos de credencialización y operación de los módulos antes mencionados…”.

Según el máximo órgano de fiscalización, el monto pagado través de los contratos CNPSS/S/LP/020/2005 y CNPSS/S/LP/056/2006 fue de 330 millones de pesos. Del documento con terminación 020/2005 se habían gastado 274 millones pesos y otros 56 millones de pesos más del 056/2006.

En tanto, la página electrónica Compranet, en la que se registran todas las compras y adquisiciones que hace el gobierno federal, muestra que el gasto asignado a estas operaciones asciende a 806 millones 122 mil 962 pesos.

Image Technology –dedicada a la investigación científica, desarrollo de programas, software y procesamiento electrónico de datos– obtuvo 320 millones 399 mil 650 pesos mediante la licitación 12161001-004-05, y otros 485 millones 723 mil 312 pesos a través del procedimiento 1216001-002-06, indica Compranet.

Por lo menos el proceso de licitación 12161001-004-05 provocó que el 20 de diciembre de 2005 los representantes de la empresa Técnica Comercial Vilsa –otro de los concursantes interesados en obtener el contrato de la credencialización– denunciaran ante la SFP que el concurso había estado supuestamente amañado para beneficiar a Image Technology. De ésta y otras denuncias se inició la investigación 779/2005.

La negociación

A través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la CNPSS entregó el acta que finiquita el contrato CNPSS/S/LP/020/2005 y el convenio modificatorio CM/ CNPSS/S/LP/020/2005, celebrados entre el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y la empresa.

De acuerdo con el documento, el 15 de marzo de 2007, Carlos Cabrera Hidalgo, director general de Afiliación y Operación, y Manuel Martínez Olguín, director general de Procesos y Tecnología, ambos del Seguro Popular, se reunieron con Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology.

En las instalaciones de la CNPSS, ubicadas en la Calzada de Tlalpan, los servidores públicos y el representante empresarial dieron cuenta de que se “cumplieron” con todos los productos y servicios comprometidos en el contrato del servicio de credencialización y sus convenios modificatorios.

El acta concluye que se “cumplieron con los estándares y la arquitectura propuesta para la operación de los sistemas que se implementaron como parte del contrato”. Además, que la CNPSS “cumplió en tiempo y forma” con los pagos correspondientes, en los términos establecidos (320 millones 399 mil 650 pesos en total).

Ante la “continuación” de un supuesto fraude, iniciado en 2005 bajo la administración de Juan Antonio Fernández Ortiz, el legislador perredista Víctor Varela López dice que esto es muestra de que no han habido “sanciones ejemplares” para quien abusa de los recursos públicos: “Este acto debió llevar a la promoción de una acción penal en contra de Fernández Ortiz”.

Agrega que “si el actual comisionado (Karam Toumch) es reincidente, que lo inhabiliten también. Que no aprovechen sus periodos de vacas gordas a costa del erario, para que cuando los sancionen puedan vivir sin preocupación. Es el colmo, los contratos siguen y cualquier situación que implique favorecer a un particular mediante instancias públicas es corrupción”, considera el diputado por el Partido de la Revolución Democrática.

Varela López, secretario de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, critica que el Seguro Popular “no ha cumplido con sus metas de atención. Es un programa mal planeado, una ocurrencia de la derecha que no tiene un efecto real en la población más desprotegida”.

Evidencias de la ASF

De acuerdo con el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la ASF, fueron verificados los pagos para “hacer efectivo el proceso de credencialización, de 700 mil tarjetas, así como del servicio de instalación, control y operación de 1 mil módulos de enrolamiento en 2006”.

Los servicios habían quedado estipulados en el contrato CNPSS/S/LP/056/2006, que significaría un gasto al erario de 558 millones 582 mil 800 pesos a favor de Image Technology. Sin embargo, el contrato tuvo que concluir anticipadamente en mayo de 2007 “debido a inconformidades presentadas por algunas de las empresas participantes en el proceso de licitación pública, con base en la resolución 115.5.1176 de la Secretaría de la Función Pública”, indica la Auditoría.

Al momento en que los auditores de la ASF revisaban las cuentas del Seguro Popular, ya se había erogado un total de 159 millones 680 mil 500 pesos, de los cuales 55 millones 716 mil 800 pesos corresponden al ejercicio 2006 y 103 millones 963 mil 700 pesos al presupuesto de 2007.

Como resultado de la revisión, el máximo órgano de fiscalización del país consignó que “no se obtuvo evidencia por parte de la entidad fiscalizada (CNPSS) sobre la correcta distribución de 700 mil credenciales y 850 módulos de enrolamiento entregados a las entidades federativas ni de la documentación sobre su destino final; tampoco se comprobó el seguimiento en su operación ni el establecimiento de estrategias para dar continuidad al objetivo del programa o los análisis para determinar su cancelación. En Puebla se constató que ni las credenciales ni los módulos de enrolamiento se encuentran en operación”.

Los gastos que documentó la ASF correspondientes al contrato CNPSS/S/LP/020/2005, asignado a Image Technology México para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes, tampoco arrojó ninguna evidencia del funcionamiento y operación de las credenciales “Tu Salud”.

Ante esta situación, la Auditoría recomendó que se iniciara el procedimiento administrativo correspondiente para fincar las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias a “servidores públicos que en su gestión acreditaron la entrega-recepción de credenciales y la instalación, control y operación de 1 mil módulos de enrolamiento por parte de la empresa Image Technology México, para el pago de sus facturas sin verificar su operación…”.

Oralia Vega Ortiz, secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara del Diputados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dice que al interior de su grupo parlamentario hay “dudas” respecto del manejo de los recursos con los que cuenta el Seguro Popular.

La legisladora priista indica que cuando se inhabilitó a Fernández Ortiz “pedimos que se investigara a fondo el tema. Actualmente, el comisionado del Seguro Popular (Daniel Karam) tiene que entregar trimestralmente los avances del programa. Esto nos ha motivado observaciones de cómo está contemplado el presupuesto. En el PRI hay muchas dudas e inquietudes relacionadas con la transparencia en el listado de afiliados y la operatividad”.

Recursos para Image Technology

El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Compranet, a cargo de la SFP, precisa que el proveedor Image Technology ha obtenido contratos por 840 millones 706 mil 712 pesos, registrados a partir de 2002 y hasta 2007 en ese portal de internet.

De acuerdo con los datos oficiales, la CNPSS es la instancia que mayores recursos ha dejado a la empresa encargada de desarrollar programas y soportes tecnológicos. Más del 96 por ciento de sus ganancias, es decir 806 millones 122 mil 962 pesos, lo obtuvo a través los contratos que comprometían la elaboración de 3.7 millones de credenciales con “chip”, para los afiliados al Seguro Popular.

Entre sus clientes también se encuentran: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Administración del gobierno del estado de Colima y la Comisión Federal del Telecomunicaciones.

El portal del gobierno federal indica que la empresa Image Technology México, con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ITM-920206-MUA, obtuvo 520 millones 306 mil 062 pesos, de los cuales 485 millones 732 mil 312 fueron erogados por el Seguro Popular. Los recursos fueron resultado de siete procesos de licitación, cinco adjudicaciones directas y una invitación para la prestación de servicios a dependencias gubernamentales. La misma empresa –con un RFC distinto (ITM-920206-MQA)– registra en 2005 el monto de 320 millones 399 mil 650 pesos, erogados por la CNPSS.

Compranet muestra que la SSP asignó un total de 5 millones 309 mil 806 pesos; el gobierno de Colima, 394 mil 897 pesos; la SRE, 368 mil 325 pesos, y el Seguro Popular, 806 millones 122 mil 962 pesos, todos en el periodo de 2002 a 2007.

La ASF concluyó que, “debido a las limitaciones que representó la falta de evidencia de la distribución y entrega, tanto a las entidades federativas como a los beneficiarios de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como de su funcionamiento y operación, la actualización y eficientización de la operación del Programa de Seguro Popular de Salud se vio afectada por la falta de aplicación de los equipos y sistemas informáticos no utilizados o recibidos, situación que repercute en los controles sobre la dotación de medicamentos y actualización de los expedientes clínicos de los beneficiarios, así como en la actualización del padrón de beneficiarios del programa”.

Se solicitó entrevista con el comisionado del Seguro Popular, Daniel Karam Toumch, a través de su secretaria particular, Yolanda Pérez; asimismo, con Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de la empresa Image Technology, sin que hasta el cierre de esta edición se haya obtenido respuesta de ambas partes.