Lucha sin pacto

La estrategia de combate a la delincuencia organizada sólo atiende a la parte violenta, no es una estrategia que vaya más allá de una simple limpia de los agentes más perniciosos.
Ernesto Hernández Norzagaray / Noroeste Mazatlan

La estrategia de combate a la delincuencia organizada sólo atiende a la parte violenta, no es una estrategia que vaya más allá de una simple limpia de los agentes más perniciosos. Y ese vacío reclamaría, como ha sucedido en otras latitudes, un acuerdo político.

Quizá el principal descubrimiento de la incursión de las fuerzas federales en Culiacán no ha sido las casas de seguridad de los cárteles de la droga, ni los múltiples jóvenes contratados por el sicariato, menos aún los depósitos de armas y droga en zonas residenciales, como tampoco la vecindad de los narcotraficantes con la sede de los poderes públicos o las fuertes cantidades de dinero que mueven los lavadores del centro de la ciudad, los servicios de telecomunicaciones que prestan a quien paga bien, los moteles que circundan la ciudad y reciben no sólo a parejas amorosas y apasionadas o a quienes necesitan un lugar de resguardo momentáneo; sino seguramente la sorpresa de que todo esto ocurría sin que las autoridades locales se dieran cuenta de lo que cualquier ciudadano sabía que sucedía con sistemática oportunidad.

Por miedo, complicidad o por instrucción superior, estas autoridades no movían un solo dedo. Esa dialéctica singular de ejercicio del poder se ha vivido desde hace mucho tiempo en Sinaloa y determinados territorios, no sólo físicos, sino económicos, sociales, políticos y hasta culturales. En todos ellos parece dominar la máxima balcanizada de que lo que es de Dios es de Dios y lo que es del Papa es del Papa.

Luego entonces, cuando presenciamos las operaciones de las fuerzas federales contra el sector más violento del narco, contra la parte más visible de los circuitos del lavado de dinero como el que ocurre en la Avenida Juárez o los aseguramientos de inmuebles y bienes en colonias, bien colegimos el grado de indefensión en que se encuentra cada uno de los sinaloenses.

Pero también la evidente zozobra ante lo inesperado. Cuando superado este momento de respiro nervioso que puede ser lo mismo unas horas o semanas, se vuelva a lo mismo como lo indican los acontecimientos del pasado jueves negro (Noroeste, 23 de Mayo). Lo hemos visto desde la Operación Cóndor en los años 70, pasando por aquellos fatídicos días de principios de los 90, cuando ante la violencia y la dejadez de las policías, el Ejército, sin decir agua va, tomó posesión de Culiacán y todo esto ocurría mientras el Gobernador Francisco Labastida nadaba en las aguas bermejas del Mar de Cortés.

A eso estamos expuestos los sinaloenses mientras la estrategia de combate a la delincuencia organizada sólo parezca atender a la parte violenta y no sea una estrategia que vaya más allá de una simple limpia de los agentes más perniciosos. Y ese vacío reclamaría, como ha sucedido en otras latitudes, un acuerdo político.

Está claro que este combate desde el punto de vista político es un asunto de especial interés para la Presidencia de la República. En el mejor de los casos del PAN, pero no de todas las fuerzas políticas. Quizá nos encontremos unas ochocolumnas donde alguno que otro actor político se pronuncie en contra del crimen organizado, pero difícilmente vemos un acuerdo político mayor, suscrito por las principales fuerzas con visión de Estado. Aun cuando ir todos y con todo pueda significar la apertura de una caja de Pandora, donde podrían caerse cuotas de legitimidad de los partidos y generarse un problema de gobernabilidad en algunos estados de la República.


Feudalización del narco


La feudalización del narco, entendida ésta como la invasión del dinero sucio en el espacio de la política, de la que tanto han hablado especialistas y periodistas, es una realidad en algunos estados y muchos municipios del País. Ha sido desde hace un buen tiempo un lubricante eficaz que retuerce las funciones de segmentos de las policías locales y hay sospecha de que entronca en el espacio de la política. Sobre todo ahora que los cargos públicos no se ganan con ideas, sino con dinero que no se sabe si es de procedencia buena o mala. Dinero que no únicamente se obtiene del financiamiento público, sino frecuentemente de procedencia desconocida, como ha ocurrido con los gastos excesivos en medios de comunicación, y al menos en las elecciones federales de 2006 hubo 281 mil spots que nunca se sabrá de dónde vino su contratación y quién pago esos servicios mediáticos. No necesariamente proceden del dinero mal habido, pero es difícil pensar que al menos uno de ellos no haya sido pagado con ese dinero.

Es conocido que en condiciones de alta competitividad de las principales ciudades, las candidaturas con mayor potencialidad llegan a tener patrocinios ajenos a la política formal, con lo que se alteran las reglas del juego y se desequilibra la balanza de la justicia electoral. Las todavía insuficientes disposiciones legales y la escasa voluntad de los organismos electorales de ir al fondo en estas cuestiones complican más la situación y como sociedad estamos dejando pendientes que tarde o temprano nos caerán encima. Si no es que ya están aquí. Y eso ensucia el escenario de la competencia interpartidaria y la representación política, y por esta vía la política cae en el descrédito sobre todo cuando estos recursos, además de ilegales, son ostentosos.

No son pocos los ciudadanos que luego de ver esto se preguntan, en los estados donde se han llevado a cabo este tipo de operativos, cómo es que no se abre una línea de investigación sobre la connivencia del narco y la política. Acaso es un infundio de los periodistas. O ésta llega a ser tan sutil que simple y sencillamente sea indirecta, silenciosa.

Pero vamos al punto. Una lucha que busca "acabar" con el crimen organizado, con el matiz que le impone el Presidente de la República, aquella de que quizá esta lucha no concluya en esta administración, pero que sin duda alguna el Estado terminará derrotando a estas fuerzas del mal (El Universal, 20 de Mayo de 2008) no puede prescindir de un pacto político sólido.

Uno similar como el que en su momento ocurrió en la Italia de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borselini a principios de los 90, y aun cuando este pacto y este ejercicio de independencia judicial, del que deberíamos aprender como sociedad, acabó con el estallido de sendos coches bomba que acabaron con la vida de estos hombres ilustres, se logró un golpe severo a la mafia de ese País Mediterráneo con el llamado macroproceso o, más recientemente, la experiencia de los llamados jueces sin rostros que juzgaron a líderes de los cárteles colombianos de la droga y promovieron la salida de los extraditables a las prisiones de alta seguridad de los Estados Unidos. Y es que si no se le detiene, como lo ha dicho Eduardo Valle "El Búho", en una entrevista reciente que tuvo con Carmen Aristegui, el narco puede llegar a las más altas esferas de la política. Y con ello se reeditará esa historia que vimos en el cabildeo de la mafia italiana con los partidos socialistas y democratacristianos; incluso más visible y ostensible, la habilitación de Pablo Escobar como senador de la República de Colombia.

El pacto político

Si Felipe Calderón verdaderamente quiere consolidar esta lucha, debe convocar a ese pacto político, porque simple y sencillamente el narcotráfico se ha vuelto un problema para la gobernabilidad del País. Ya dirán los otros actores si le entran a este ajuste de las políticas que debe modificar la estrategia contra el crimen organizado so riesgo de sacudir a la clase política. Seguramente, ese pronunciamiento tendría muchas críticas y podría ser juzgado de excesivo. Pero sin duda sería en sí mismo una toma de postura ante este factor de inestabilidad. Quizá el Presidente no se decide a hacerlo porque sabe de las resistencias que se encontrará con esa clase política que alguna vez siendo diputado señaló "que le daba asco", pero hay algo más en este tema, que no es solamente de tipo policiaco o militar, sino recordar que cualquier estrategia parte de reconocer de un problema sistémico.

Si el narcotráfico es un sistema de relaciones e intereses, que diversos estudiosos han revelado en toda su complejidad, pues toca la economía por la vía del lavado de dinero sucio en las múltiples inversiones que se realizan en los paraísos fiscales, que en franjas de los estados con mecanismos de control débiles o visiblemente corrompidos. En donde hay un segmento de la clase política dispuesta a servirse de sus apoyos para sus carreras políticas y, donde hay sectores de la sociedad, como alguna vez lo dijo Jesús Aguilar Padilla, Gobernador constitucional de Sinaloa, que manejan una doble moral. Ya que por un lado critican al narco y por otra conviven con ellos. Al margen del exceso de este planteamiento, que no excluye a nadie, es claro que existe en una parte de sociedades como la sinaloense.

Incluso, podríamos afirmar que existe cada día una más vigorosa subcultura de la violencia que se irradia como un flujo maldito entre los jóvenes que se involucran unas veces por imitación, como afirmación de una mal entendida hombría; pero los hay también quienes lo hacen por exclusión y necesidad. Por falta de oportunidades en los eslabones más débiles del sistema social. La primera parte la podemos constatar en los números de asistentes del buscador Youtube, que tiene varias ventanas escatológicas de esas expresiones que lejos se encuentran de los raiting de nuestros mejores exponentes de la cultura sinaloense. Quizá, por eso, serían muy importantes los términos bajo los cuales se podría construir un eventual pacto político, el calendario, la participación de la ciudadanía, la manera de cómo excluir a los sectores de la narcopolítica o, incluso, tomar medidas sin trastocar la estabilidad social. La segunda de ellas se encuentra en cualquier esquina de un barrio pobre o pueblos perdidos en la serranía.

En suma, los mexicanos, pero especialmente sociedades como la sinaloense, requieren de pactos políticos que replanteen una estrategia que por su escaso alcance está destinada a obtener más de lo mismo. A cobrar más víctimas. A no tocar las bases de sustentación de un sistema de relaciones de las que sólo conocemos su expresión más violenta, pero que se encuentra conectada a nuestras vidas.