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La construcción de represas en México desplaza a más de 170 mil personas de sus lugares de origen. El país ocupa el segundo lugar en el número de afectados por la construcción de los grandes diques en Latinoamérica. Organismos internacionales de protección al medio ambiente calculan 500 millones de personas damnificadas en todo el mundo por los proyectos contenedores de agua o generadores de energía eléctrica. La Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad son las paraestatales encargadas de edificar estos proyectos en el país
Érika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Temacapulín, Jalisco. Vive a salto de mata, amenazado de muerte. Dice que su trabajo con los pobladores de seis comunidades en Mazatlán, Sinaloa, ha incomodado a funcionarios de gobierno del estado y del federal. El temor que le sobresalta se justifica luego del asesinato de 19 de sus compañeros de lucha. Las autoridades dicen que fueron víctimas del fuego cruzado en la “guerra” contra el narcotráfico, emprendida por la Presidencia de la República desde diciembre de 2006. Él lo atribuye al activismo en contra de la construcción de la presa Picachos.
Octavio Román Tirado es uno de los 4 mil desplazados de las comunidades Copales, El Placer, San Marcos, Puerta de San Marcos, Casas Viejas e Iguanas y los municipios de Mazatlán y Concordia. La migración forzada de 800 familias inició luego de que las aguas de la presa construida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno estatal inundaron sus viviendas en octubre pasado.
Presidente de la Comunidad de San Marcos, Román Tirado no puede regresar al lugar donde fue reubicado. Ahí dejó a su esposa e hijos, casa, ganado, empresa. “¡Tienes que quitarte de en medio; el que sigue eres tú!”, dijo una voz masculina que había marcado a su teléfono móvil. La advertencia lo dejó frío. Sabe que la amenaza podría cumplirse en cualquier momento, pues ya ha sido golpeado y allanada su vivienda.
“Tenemos pueblos que fueron masacrados por un gobierno insensible, que construyó una presa sin darle a la gente lo más elemental. Son cinco años de lucha permanentemente”, dice a Contralínea.
El 22 de mayo de 2005, representantes de los tres niveles de gobierno –municipal, estatal y federal– hicieron un compromiso con los pobladores que serían afectados por la presa que se levantaría en una cortina de 35 metros de altura y una longitud de corona de 817 metros.
Ofrecieron vivienda digna, desarrollo social, carreteras, pueblos urbanizados, con servicios médicos, escuelas e indemnización por las pérdidas económicas que sufrieran. La resistencia de los pueblos no se hizo esperar. Ahí comenzó todo un movimiento social que tomó las playas de Mazatlán, el Congreso estatal, avenidas principales y edificios de gobierno.
Nada echó para atrás el proyecto gubernamental financiado a través del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa –constituido por el gobierno federal a través de la Conagua y el gobierno de Sinaloa–, y que significó una inversión de 802 millones de pesos.
La presa, concluida en 2009, se llenó con las lluvias que dejó a su paso el huracán Alex. Carente de estudio de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y trámite expropiatorio de los terrenos afectados, las aguas de la construcción arrasaron con las primeras comunidades que se encontraban a su paso.
El desalojo no sólo ocurrió por la inclemencia del tiempo. Elementos de las policías federal y estatal sacaron a los colonos de sus viviendas. “Lo hicieron con mucha violencia: con gases lacrimógenos, golpearon mujeres embarazadas, hubo compañeros a quienes les quebraron sus brazos y pies”, recuerda Octavio.
“Hoy, tenemos a más de 100 personas que se tuvieron que salir del pueblo por las amenazas. Son gente que ha luchado contra el gobierno y por amenazas de muerte han tenido que huir del pueblo, para no ser asesinados”, relata.
Millones de afectados por grandes diques
Cálculos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente indican que, hasta 2000, en México se registraron más de 170 mil desplazados por la construcción de represas, resultado del levantamiento de tan sólo 20 de más de 4 mil proyectos que hay en el país. Mientras, los afectados por este mismo tipo de edificaciones en América Latina llegan a 580 mil 595 personas, con 62 obras de este tipo.
La organización internacional –representada en México por Astrid Puentes Riaño– calcula que son 170 mil 625 mexicanos los que han tenido que abandonar sus lugares de origen para dar paso a la construcción de estos grandes diques. Es decir que el 29 por ciento de la población damnificada en Latinoamérica radica en el país.
Estadísticas del agua en México, edición 2010. 10 años de presentar el agua en cifras, informe editado por la Conagua, indica que la infraestructura hidráulica con que cuenta el país tiene 4 mil 462 presas y bordos de almacenamiento, de las cuales 667 están clasificadas como grandes presas, de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de Grandes Presas.
“La capacidad de almacenamiento de las presas del país es de aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos”. En tanto que el volumen almacenado anualmente en las 100 principales presas representa casi el 79 por ciento a nivel nacional.
Tres de la primera centena fueron edificadas en las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa: El Cajón, 2006; Rompepicos, 2004; Las Blancas, 2000.
El documento Proyectos estratégicos de la Conagua –elaborado por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento– indica, al 20 de agosto de este año, que entre las principales construcciones que tiene planeadas concluir la administración de Felipe Calderón se encuentran El Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco; El Realito, en San Luis Potosí, y Paso Ancho, en Oaxaca.
Además, el 22 de octubre pasado, la Comisión Federal de Electricidad anunció que, durante 2011, se licitará el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero. El director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, aseguró que este proyecto es “prioritario”, por lo cual fue integrado al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.
Los desplazados
Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, expone que el principal impacto social que provoca la construcción de presas es el abandono del trabajo en la tierra y los diversos modos de producción que dependen de ella, y de los lugares en donde la población vive y se alimenta. “Cuando la población es desplazada, por lo general sale con lujo de violencia, con mucha represión. Los afectados son enviados a viviendas que son de muy mala calidad”, dice.El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la organización ambientalista más grande del mundo, calcula que el impacto social por la construcción de represas en todo el planeta es de 500 millones de personas, según indica en su informe Planeta vivo 2010-biodiversidad, biocapacidad y desarrollo.
El WWF indica que “la creciente demanda por la energía baja en carbono, el almacenamiento de agua y el control de las inundaciones son nuevas motivaciones para construir presas y otras infraestructuras en el mundo… Las infraestructuras hídricas pueden tener beneficios, pero también tienen impactos muy graves sobre los ecosistemas dulceacuícolas y sobre las personas que dependen de los servicios que proporcionan dichos ecosistemas”, muestra el documento.
Daños ambientales
El director de la organización Otros Mundos explica que también existe un impacto ambiental, ya que el agua de las presas es altamente contaminada, “consecuencia del arrastre de agroquímicos, la salinización de las obras, la muerte de peces en los embalses, la generación de gases de efecto invernadero y metano. Estos efectos tienen otras implicaciones, como problemas de salud, ya que las grandes presas generan enfermedades gastrointestinales, plagas y moscos”.
Juan Pablo Soler, integrante de la Red Latinoamericana Afectados por Represas y representante de Otros Mundos, capítulo Colombia, añade que, a nivel mundial, se ha demostrado que el impacto de las represas es el mismo en términos sociales y ambientales.
El ambientalista colombiano explica que algunas de las consecuencias que trae la construcción de represas son una gran ruptura del tejido social de las comunidades: tradiciones y valores culturales. También se acaba con los medios de subsistencia o sobrevivencia que tienen las comunidades, que generalmente viven en la rivera, los ríos o el cultivo de las comunidades rurales.
En Colombia, comenta, “la mayor parte de proyectos afectan a personas que carecen de ingresos, viven en extrema pobreza y no tienen títulos de propiedad. Esto ocasiona que no se les considere como afectados”.
Toda edificación de los contenedores de agua o generación de energía eléctrica, dice, “se basa en el discurso del desarrollo, de la atracción de progreso a las comunidades; en el marco de lo que plantea el Banco Mundial: los países tienen que ser competitivos e insertarse en la economía global”.
Luchas sociales
Marco Ramírez, originario de la comunidad de Ixcan, Guatemala, dice que, en el país centroamericano, actualmente la población se enfrenta a “cinco grandes problemas” y por los que luchan comunidades enteras.El gobierno guatemalteco, dice, tiene planeada la construcción de las represas hidroeléctricas Xalalá y San Luis, mismas que hasta ahora están detenidas debido a la movilización social que se ha generado en esta zona. Éstas despojarían de sus tierras a alrededor de 50 comunidades, una población cercana a los 10 mil habitantes.
“Además, la construcción de una carretera que conforma la franja transversal del Norte. La siembra de la planta africana está provocando la venta de tierras a gente rica. A ello se suma el problema de la militarización y el narcotráfico; se está militarizando Ixcan con la intención de darle protección a estas empresas”.
El ambientalista chileno Antonio Belmar, de la Agrupación por Defensa del Corredor Biológico Nevado de Chillán, dice que, en el país suramericano, el agua se ha convertido en “un bien comercial, ya que el 99 por ciento de las aguas de los ríos está en manos de empresas extranjeras. La mayoría de los proyectos en Chile está financiado por fondos internacionales de Europa, principalmente con capitales de España, Noruega e Italia”.
Como efecto de la construcción de represas en Chile, dice Antonio Belmar, han sido desplazados los territorios mapuche, se han inundando cementerios y aldeas enteras, pese a la promesa de la Organización de las Naciones Unidas de que no se volverían a construir más diques en la zona.
Alcides Díaz, afectado por el proyecto hidroeléctrico San Francisco, en Ecuador, comenta que esta obra ha despojado a 700 personas en aquel país. “Se abandonaron los terrenos y ahora terminan con la minería y el petróleo que se generaba en la zona”.
Dice que el gobierno de Rafael Correa tiene contemplado instalar nueve hidroeléctricas más en la comunidad de Baños, una de las localidades más visitadas a nivel mundial. Con estos diques, critica, “de aquí a unos 15 años los niños van a tener que comprar garrafones de agua para poderse bañar”.
Esto demuestra que “no existe la democracia. Todo es un despilfarro de dinero. Favorecen a los que están al frente y el resto de la gente no les importa. Somos utilizados cada año que vienen las votaciones”.
Violaciones a los derechos ambientales y humanos
Los daños ambientales por la construcción de represas causan un “impacto grave y repetido a los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas”, dice el informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad?, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
La organización indica que este tipo de proyectos desconocen las normas del derecho internacional ambiental, así como diversos estándares internacionales sobre el desarrollo y operación de represas.
Entre los impactos, destaca: afectaciones a la salud, pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida tradicionales, desplazamientos forzados, inexistencia de evaluaciones de impacto ambiental y social integrales, carencia de procesos de consulta y participación pública, falta de acceso a la información, afectación a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, criminalización de la protesta social, hostigamiento de las personas y comunidades que defiende sus derechos.
Los daños al ambiente
El informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad?, editado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente con la organización International Rivers, indica que los principales impactos ambientales de las grandes represas son:
• Empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas, río arriba y río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas.
• Degradación de los ecosistemas acuáticos. Al menos 400 mil kilómetros cuadrados de los ecosistemas ribereños más diversos del mundo se han perdido al ser inundados para crear represas.
• Impactos a la biodiversidad: afectaciones a especies de peces migratorios.
• Impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, causados por la descomposición de materia orgánica inundada por la obra.
• Efectos sísmicos que las grandes represas y los embalses pueden producir por la alta presión del agua del embalse, lo cual puede lubricar las fallas tectónicas y reducir el rozamiento entre las superficies de las rocas subterráneas.
ONU estudia a México
Carlos de la Torre Martínez, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anuncia que la organización mundial emitirá en 2011 un estudio sobre el derecho a la consulta en México.
El informe tendrá como eje principal la construcción de la presa El Zapotillo, en Temacapulín, Jalisco –que despojará de su lugar de origen a unas 800 personas–, y 10 proyectos más que se desarrollan en México, relacionados con presas, minas, concesiones de agua.
Lo que la oficina ha observado, dice de la Torre Martínez, “es que este tipo de proyectos tiene un impacto muy fuerte en las comunidades: se afectan su derechos al agua, a la vivienda, a la educación y a un nivel de vida adecuado.
“Desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha construido un derecho a la consulta que les permite a las comunidades tener un diálogo directo con las autoridades, para ser tomados en cuenta cuando se hacen estos proyectos. En México, existe un vacío, es decir, nuestra Constitución tiene un reconocimiento débil de este derecho a la consulta.
“El impacto social que tienen estos proyectos tienen que ser parte de la política pública del Estado. No se rechaza la construcción de grandes proyectos, pero éstos deben de estar en el marco de la protección a los derechos humanos y de las personas”, dice el funcionario de la ONU.
Se solicitó entrevista con Felipe Arreguín, subdirector técnico de la Conagua, a través de Fernando Melo, jefe de Atención a Medios. Asimismo, con Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, mediante Gerardo Cubos, subgerente de Información, sin que hasta el cierre de la edición se haya obtenido respuesta.
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