Cananea, Pemex, política antiobrera

Arturo Alcalde Justiniani

Finalmente el Grupo Minera México venció el último bastión jurídico en el que los trabajadores huelguistas de Cananea tenían cifradas sus esperanzas. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo en esta ciudad no tuvo la capacidad para entender la dimensión del problema planteado y avaló en un solo acto la destrucción del sindicato, del contrato colectivo, de la huelga y además, el despido masivo de los huelguistas. El argumento es grotesco: supuestas causas de fuerza mayor que han provocado que la mina no pueda seguir operando y, en consecuencia, actualizar lo señalado en la fracción I del artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Difícil será saber cuál fue la razón que orilló a los magistrados a legitimar la maniobra. Lo evidente es que el estado de derecho sufrió un golpe de graves consecuencias.

No sólo los mineros de Cananea y de todo el país han resultado agraviados, se trata de un golpe contra la sociedad, quien observa cómo nuestras instituciones sucumben ante los intereses creados, la influencia de los grupos poderosos y las consignas. La pregunta obligada que queda es adónde acudir para obtener justicia.
La aberrante decisión asumida por el tribunal el pasado jueves no puede verse aislada del conjunto de acciones que el gobierno federal, haciendo causa común con el Grupo Minera México, ha desplegado en contra del sindicato nacional minero. Huelgas inexistentes por razones tan absurdas como el que la suspensión de labores se haya llevado a cabo minutos después de la fecha anunciada, tomas de nota en base a documentos falsificados, represión policiaca, creación artificial de sindicatos, sometimiento de jueces, financiamiento a abogados para inventar demandas, contratación de cabilderos para convencer a funcionarios, en fin, una campaña en la que toda la fuerza del Estado se puso al servicio de un consorcio privado.
Como lo ha confesado recientemente el abogado de la empresa, hoy ninguna duda cabe: la minera se reabrirá y se contratarán trabajadores en peores condiciones laborales, se firmará un contrato colectivo con un sindicato subordinado y corrupto y se armará un teatro para recuperar al pueblo de Cananea buscando esconder la responsabilidad del golpe. Seguramente se abrirán changarros al estilo Luz y Fuerza del Centro, con el apoyo del gobierno se perseguirá a algunos dirigentes para someter a los demás, se acudirá como siempre a la publicidad para desorientar a la opinión pública, y por último, se utilizará este marco represivo para promover una reforma laboral que permita, en términos prácticos, el despido libre y la cancelación del efecto protector del derecho colectivo del trabajo.
El golpe brutal a los mineros, a pesar de su gigantesca dimensión, no constituye un hecho aislado. En otro sector, y en varias partes del país, se aplica un esquema de acoso laboral que atiende a la misma política represiva. La semana pasada fueron llamados uno a uno los miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros; algunos de ellos fueron violentamente sacados de su centro de trabajo, otros, amenazados con su despido, a todos se les condicionó la permanencia en su empleo y la atención médica a la firma de dos cartas. La primera dirigida a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, en la que se le comunica la decisión personal y voluntaria de renunciar a dicha unión, solicitándole: “…hago uso de los medios legales procedentes para que se proceda a la cancelación del registro como sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros…”.

La segunda carta que forma parte del chantaje está dirigida al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la que expresan su renuncia voluntaria a la unión, señalando que: “…obedece a que dicha unión no persigue los fines con los que engañosamente se me afilió, ya que se me dijo que la constitución de la misma era para recibir capacitación y actualización en materia petrolera y sobre otras disciplinas, por lo que solicité con ese engaño mi afiliación a la misma, pero nunca con la idea de constituir un sindicato, por lo que reitero y ratifico mi renuncia a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, aspecto que en su oportunidad hice saber a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social…” En este comunicado se señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Paseo del Pedregal número 8l7, Jardines del Pedregal, delegación Alvaro Obregón, C.P. l800, DF, autorizando para ese efecto al licenciado Eric Roel Pavón. Ni más ni menos que uno de los abogados de Pemex.
La represión fue la respuesta de la paraestatal y del gobierno federal a los trabajadores técnicos y profesionistas de Pemex que tuvieron la osadía de formar la unión, partiendo de la creencia de que en nuestro país existía la libre asociación profesional. El pasado 21 de diciembre, la Secretaría del Trabajo les notificó el registro legal de su organización, no por voluntad propia, sino por órdenes de la jueza primera de distrito en materia de trabajo en nuestra ciudad, confirmada por los integrantes del decimocuarto tribunal colegiado en materia de trabajo. Con esta resolución, parecía concluir su quinto intento de organización, cada uno de ellos con su propia cuota de represión, incluyendo el condicionamiento del servicio médico, también para enfermos terminales.
Apenas celebraban su triunfo legal, cuando recibieron el golpe concertado de la paraestatal y el gobierno federal. Se trata de los ingenieros, geólogos, físicos, médicos y otros especialistas responsables de la operación diaria de la empresa, quienes decidieron organizarse no sólo para representar sus derechos gremiales, sino para colaborar con el desarrollo de los planes y programas de Pemex.
Estas, y no lo que encontramos en los discursos oficiales, son las realidades que viven los trabajadores del país y que seguirán reproduciéndose si no reaccionamos de inmediato con un mínimo de solidaridad.