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Abel González Alayón (AIN, especial para ARGENPRESS.info)
El estudio muestra cómo el Comité de Acción Pública por la Democracia Cuba-Estados Unidos (PAC), entidad lobista financiada por la mafia miamense, junto a otros donantes, contribuyeron con unos diez millones de dólares a las campañas de los congresistas demócratas desde 2004.
Según Public Campaign, al menos 18 legisladores cambiaron sus posiciones con respecto a La Habana una vez que empezaron a recibir dinero del PAC, entre los cuales se incluyen el representante Mike McIntrye, demócrata por Carolina del Norte, quien varió su postura en contra del bloqueo después de recibir 14 mil 500 dólares.
Consultado al respeto por el Washington Post el año pasado, McIntrye desmintió la relación entre su voto y las contribuciones, pero los ejemplos parecen corroborar las sospechas.
El representante Dennis Cardoza, demócrata por California, cambió sus votos ese propio año, y ha recibido casi 10 mil dólares del PAC y sus partidarios.
En el supuesto lado contrario del espectro político, John Shimkus, republicano por Illinois, hizo lo mismo en el 2005 y a partir de ahí el PAC le entregó tres mil dólares.
Además, los mafiosos no se ocultan para celebrar: Mauricio Claver-Carone, director del Comité, ve un vínculo directo entre sus generosas contribuciones y la política de la actual administración con respecto a la Isla.
Claver-Carone declaró a Reuters que “nuestro objetivo era derrumbar la barrera entre los dos partidos y hacer de la política hacia Cuba un problema de todos”
En noviembre pasado, 53 legisladores demócratas firmaron una carta contra cualquier cambio en la política estadounidense hacia Cuba, basados en “preocupaciones por los derechos humanos”.
Public Campaign en su estudio plantea que 51 de los 53 habían recibido contribuciones del grupo de Claver-Carone y otros cabilderos por valor de 850 mil dólares. ¿Coincidencia?
El congresista demócrata Bill Delahunt, autor de un proyecto de ley que eliminaría las restricciones de viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba, consideró que los extensos debates de la reforma sanitaria han demorado su discusión cameral. Otros plantean que las restricciones de viajes es un asunto de segundo grado, y puede esperar.
Proyectos similares han sido sistemáticamente asfixiados a pesar de la posición creciente dentro de los Estados Unidos a favor del mejoramiento de las relaciones. Así, 178 legisladores se pronunciaron a favor del levantamiento de esta coerción al derecho de viajar libremente del pueblo norteamericano, pero el dinero anticubano les robó la oportunidad de reparar un error que ya dura más de 50 años.
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