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 |  Mujeres indígenas de Chiapas, México Crédito: Mauricio Ramos/IPS |
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El Comité, integrado por 18 expertos independientes, va a realizar su primer periodo de sesiones del año entre el 8 y el 26, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Sus dos primeras jornadas las dedicará a evaluar el cumplimiento del Estado mexicano de sus compromisos en derechos humanos.
Entre los temas que examinará están la violencia de género, la aplicación de tortura, los abusos del ejército en su lucha contra el narcotráfico, los derechos de los pueblos indígenas y las agresiones contra los defensores de derechos humanos y los periodistas.
"Lo que esperamos es que el Comité reconozca esta problemática y, con su pericia, identifique las medidas concretas para revertir cosas como la impunidad y las fallas del sistema de justicia", dijo a IPS Luis Arriaga, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En su 98 sesión, el Comité va a evaluar el informe presentado en agosto de 2008 por el gobierno del derechista Felipe Calderón, en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976 y ratificado por México en 1981. La última vez que el Comité sometió a examen especial al Estado mexicano fue en 1999.
En agosto pasado, el Comité remitió un listado de inquietudes respecto del documento del gobierno, al que éste contestó en diciembre. Todo ello será evaluado ahora en audiencia pública y el Comité difundirá a fin de mes sus observaciones.
"Las recomendaciones deben ser vinculantes. Este ejercicio se vuelve ocioso, porque el gobierno no las acata. Es una simulación", dijo a IPS Darío Ramírez, director para México y América Central del Artículo 19, una organización dedicada a la promoción de la libertad de expresión, cuya sede central está en Londres.
El examen ante el Comité llega cuando México vive una ola de violaciones a los derechos humanos, según organizaciones humanitarias nacionales y foráneas, varias de las cuales estarán presentes en la audiencia.
Los defensores de derechos humanos padecen intimidaciones, agresiones y asesinatos por su labor, según han constatado en varios informes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y organizaciones no gubernamentales de este país.
A ello se suman los hechos de violencia contra periodistas en el último periodo. En 2009 fueron asesinados 13 profesionales de la comunicación y en los dos primeros meses del año hubo otros tres homicidios, lo que ha convertido a México en el país latinoamericano más peligroso para ejercer esa profesión, desplazando a Colombia.
En su reporte de 1999, el Comité expresó preocupación en torno a 16 asuntos, como la tortura, la desaparición forzada, la intervención de efectivos militares en tareas de seguridad pública, el asesinato de periodistas y la violencia de género, entre otros.
El Congreso legislativo mexicano aprobó desde entonces varias leyes para controlar estos fenómenos. Pero en la práctica estas violaciones no han hecho sino agravarse en esta nación norteamericana, enfrentada a una nueva violencia al haberse convertido en centro de la actividad de los carteles de la droga.
"Hay poca evidencia de la efectividad de la aplicación del marco jurídico. Llegamos con varios problemas, con avances legales pero de corto alcance en cuanto a su aplicación", señaló el martes 2 Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, durante un foro sobre la comparecencia mexicana ante el Comité.
"La inexistencia de un mecanismo de Estado para cumplir con las recomendaciones internacionales" es otro importante déficit, destacó Cortez.
La reunión del Comité coincide con la agudización de la violencia relacionada con el tráfico de drogas. Luego de asumir el poder en diciembre de 2006, Calderón ordenó el despliegue de miles de policías y soldados para enfrentar a las bandas de narcotraficantes.
Tres años después, las muertes vinculadas al comercio ilícito de estupefacientes bordean las 17.000, según estadísticas de prensa. Mientras, la Secretaría (ministerio) de Defensa sitúa en casi 95.000 los efectivos militares que participan sobre el terreno en el combate al narcotráfico.
El informe preparado para el Comité "refleja el proceso de transición democrática y su impacto específico en materia de derechos humanos", reconoció en el foro Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, responsable final del documento.
"Hay un proceso de construcción institucional, de legislación, de políticas públicas y de conciencia ciudadana. Nadie va a negar los problemas que hay", manifestó.
Las visiones del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales difieren en su apreciación sobre su situación.
El gobierno subraya su adhesión a todos los tratados internacionales en ese campo, y los entes sociales reclaman un apego estricto al contenido y compromisos de esos instrumentos, tanto en el sistema interamericano como en el mundial de la ONU.
"No es tanto un problema de leyes, hay un problema de debilidad de las herramientas. Hay derechos pero no garantías", declaró Miguel Sarre, académico del privado Instituto Tecnológico Autónomo de México.
El gobierno aplaza desde 2008 una visita del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el australiano Philip Alston, y la programó para 2011, cuando ese funcionario habrá dejado el cargo.
Alston pretendía elaborar un informe para ser analizado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el más nuevo de los órganos del foro mundial dedicados a proteger los derechos fundamentales.
En 2009, el gobierno decidió mantener confidencial por 12 años el informe del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, elaborado tras una visita al país el año anterior, mientras organizaciones humanitarias demandan el acceso a este reporte.
En noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, dictó una condena histórica contra el Estado mexicano por feminicidio, al considerarlo responsable de violación de garantías fundamentales de tres jóvenes asesinadas en 2001 en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
La sentencia estableció un precedente sobre la responsabilidad del Estado en los llamados "asesinatos de Ciudad Juárez", donde más de 300 mujeres fueron ultimadas entre 1993 y 2003. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes, según denuncian Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias.
En el bienio 2007-2008 un total de 1.221 mujeres fueron asesinadas en 12 de los 32 estados en que está dividido administrativamente México, según el Observatorio contra el Feminicidio.
Además, la Corte condenó al Estado por la desaparición forzada en 1974 de un dirigente comunitario tras ser detenido por unos soldados. Demandó una ley contra las desapariciones forzosas y que se revise el fuero militar, para que no rija para los delitos civiles cometidos por los uniformados en el ejercicio de sus funciones.
Ese fuero, que data de 1933, es muy criticado por activistas de derechos humanos como falto de transparencia y escudo de impunidad para el estamento castrense.
"La evaluación es de una relevancia incuestionable. Los temas son de gran pertinencia y actualidad. El principal reto será la aplicación integral de las observaciones", sostuvo la argentina Liliana Valiña, representante adjunta en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
"Se reconocen los problemas, pero hay una ignorancia absoluta para resolver las cuestiones de fondo. Hay un enorme cinismo", dijo Ramírez, de Artículo 19, que participará en la audiencia del Comité.
Y los exámenes para México van a seguir. El gobierno anunció la visita en agosto de los relatores sobre la Libertad de Expresión, Frank La Rue, de la ONU, y Catalina Botero, de la Organización de los Estados Americanos.
Además, también visitará el país en el segundo semestre del año el relator sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Leandro Despouy. (FIN/2010)
Entre los temas que examinará están la violencia de género, la aplicación de tortura, los abusos del ejército en su lucha contra el narcotráfico, los derechos de los pueblos indígenas y las agresiones contra los defensores de derechos humanos y los periodistas.
"Lo que esperamos es que el Comité reconozca esta problemática y, con su pericia, identifique las medidas concretas para revertir cosas como la impunidad y las fallas del sistema de justicia", dijo a IPS Luis Arriaga, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En su 98 sesión, el Comité va a evaluar el informe presentado en agosto de 2008 por el gobierno del derechista Felipe Calderón, en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976 y ratificado por México en 1981. La última vez que el Comité sometió a examen especial al Estado mexicano fue en 1999.
En agosto pasado, el Comité remitió un listado de inquietudes respecto del documento del gobierno, al que éste contestó en diciembre. Todo ello será evaluado ahora en audiencia pública y el Comité difundirá a fin de mes sus observaciones.
"Las recomendaciones deben ser vinculantes. Este ejercicio se vuelve ocioso, porque el gobierno no las acata. Es una simulación", dijo a IPS Darío Ramírez, director para México y América Central del Artículo 19, una organización dedicada a la promoción de la libertad de expresión, cuya sede central está en Londres.
El examen ante el Comité llega cuando México vive una ola de violaciones a los derechos humanos, según organizaciones humanitarias nacionales y foráneas, varias de las cuales estarán presentes en la audiencia.
Los defensores de derechos humanos padecen intimidaciones, agresiones y asesinatos por su labor, según han constatado en varios informes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y organizaciones no gubernamentales de este país.
A ello se suman los hechos de violencia contra periodistas en el último periodo. En 2009 fueron asesinados 13 profesionales de la comunicación y en los dos primeros meses del año hubo otros tres homicidios, lo que ha convertido a México en el país latinoamericano más peligroso para ejercer esa profesión, desplazando a Colombia.
En su reporte de 1999, el Comité expresó preocupación en torno a 16 asuntos, como la tortura, la desaparición forzada, la intervención de efectivos militares en tareas de seguridad pública, el asesinato de periodistas y la violencia de género, entre otros.
El Congreso legislativo mexicano aprobó desde entonces varias leyes para controlar estos fenómenos. Pero en la práctica estas violaciones no han hecho sino agravarse en esta nación norteamericana, enfrentada a una nueva violencia al haberse convertido en centro de la actividad de los carteles de la droga.
"Hay poca evidencia de la efectividad de la aplicación del marco jurídico. Llegamos con varios problemas, con avances legales pero de corto alcance en cuanto a su aplicación", señaló el martes 2 Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, durante un foro sobre la comparecencia mexicana ante el Comité.
"La inexistencia de un mecanismo de Estado para cumplir con las recomendaciones internacionales" es otro importante déficit, destacó Cortez.
La reunión del Comité coincide con la agudización de la violencia relacionada con el tráfico de drogas. Luego de asumir el poder en diciembre de 2006, Calderón ordenó el despliegue de miles de policías y soldados para enfrentar a las bandas de narcotraficantes.
Tres años después, las muertes vinculadas al comercio ilícito de estupefacientes bordean las 17.000, según estadísticas de prensa. Mientras, la Secretaría (ministerio) de Defensa sitúa en casi 95.000 los efectivos militares que participan sobre el terreno en el combate al narcotráfico.
El informe preparado para el Comité "refleja el proceso de transición democrática y su impacto específico en materia de derechos humanos", reconoció en el foro Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, responsable final del documento.
"Hay un proceso de construcción institucional, de legislación, de políticas públicas y de conciencia ciudadana. Nadie va a negar los problemas que hay", manifestó.
Las visiones del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales difieren en su apreciación sobre su situación.
El gobierno subraya su adhesión a todos los tratados internacionales en ese campo, y los entes sociales reclaman un apego estricto al contenido y compromisos de esos instrumentos, tanto en el sistema interamericano como en el mundial de la ONU.
"No es tanto un problema de leyes, hay un problema de debilidad de las herramientas. Hay derechos pero no garantías", declaró Miguel Sarre, académico del privado Instituto Tecnológico Autónomo de México.
El gobierno aplaza desde 2008 una visita del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el australiano Philip Alston, y la programó para 2011, cuando ese funcionario habrá dejado el cargo.
Alston pretendía elaborar un informe para ser analizado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el más nuevo de los órganos del foro mundial dedicados a proteger los derechos fundamentales.
En 2009, el gobierno decidió mantener confidencial por 12 años el informe del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, elaborado tras una visita al país el año anterior, mientras organizaciones humanitarias demandan el acceso a este reporte.
En noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, dictó una condena histórica contra el Estado mexicano por feminicidio, al considerarlo responsable de violación de garantías fundamentales de tres jóvenes asesinadas en 2001 en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
La sentencia estableció un precedente sobre la responsabilidad del Estado en los llamados "asesinatos de Ciudad Juárez", donde más de 300 mujeres fueron ultimadas entre 1993 y 2003. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes, según denuncian Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias.
En el bienio 2007-2008 un total de 1.221 mujeres fueron asesinadas en 12 de los 32 estados en que está dividido administrativamente México, según el Observatorio contra el Feminicidio.
Además, la Corte condenó al Estado por la desaparición forzada en 1974 de un dirigente comunitario tras ser detenido por unos soldados. Demandó una ley contra las desapariciones forzosas y que se revise el fuero militar, para que no rija para los delitos civiles cometidos por los uniformados en el ejercicio de sus funciones.
Ese fuero, que data de 1933, es muy criticado por activistas de derechos humanos como falto de transparencia y escudo de impunidad para el estamento castrense.
"La evaluación es de una relevancia incuestionable. Los temas son de gran pertinencia y actualidad. El principal reto será la aplicación integral de las observaciones", sostuvo la argentina Liliana Valiña, representante adjunta en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
"Se reconocen los problemas, pero hay una ignorancia absoluta para resolver las cuestiones de fondo. Hay un enorme cinismo", dijo Ramírez, de Artículo 19, que participará en la audiencia del Comité.
Y los exámenes para México van a seguir. El gobierno anunció la visita en agosto de los relatores sobre la Libertad de Expresión, Frank La Rue, de la ONU, y Catalina Botero, de la Organización de los Estados Americanos.
Además, también visitará el país en el segundo semestre del año el relator sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Leandro Despouy. (FIN/2010)
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