Miente el Ejecutivo al Congreso sobre las cifras de los beneficios fiscales especiales

Representan una franja de opacidad del 4.3% del PIB, acusa el diputado Lerdo de Tejada

En una iniciativa, legisladores exigen a Hacienda transparentar el manejo de estos indicadores

Roberto Garduño y Enrique Méndez

 Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 8

El gobierno federal está jugando de manera mentirosa con la información que envía al Congreso en materia de deducción y consolidación, afirmó el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Comisión Especial de Gastos Fiscales.

Recordó que la administración calderonista informó a la Cámara de Diputados que el monto de los gastos fiscales (beneficios fiscales) sobrepasaba los 500 mil millones de pesos, ahora nos dicen que no saben y vienen con una serie de justificaciones para mantener una franja brutal de opacidad en el manejo discrecional del Ejecutivo.

El legislador priísta refirió que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su capítulo octavo, obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a enviar anualmente al Congreso los indicadores de beneficio social de los tratamientos fiscales especiales. Y a la fecha, la Cámara de Diputados no tiene un solo mecanismo de evaluación objetivo de esas dispensas, que consisten en tasas diferenciadas o apoyos específicos para un sector, una industria o una franja de la población en particular.

La mayor cantidad de recursos que se dejan de recaudar por gastos fiscales están en la tasa cero de IVA a medicinas y alimentos, en el crédito al salario, y la decisión de que los trabajadores que ganan hasta cinco salarios mínimos no paguen impuesto sobre la renta.

Pero hay otros sectores que se benefician de los tratamientos fiscales especiales: en el sector agropecuario hay deducción total en la compra de tractores, maquinaria, instrumentos para el campo; en el rubro de los transportistas, éstos nos han dicho que están de acuerdo en discutir el tratamiento de los gastos fiscales especiales, pero nos han pedido que el Congreso les ayude a regularizar el transporte pirata.

Al preguntarle el fondo del debate en tan importante tema, expone que más allá de la subjetividad que el Congreso pudiera tener para ubicar qué tratamientos fiscales especiales se dejan de otorgar, “lo que necesitamos antes son los indicadores concretos, no los tenemos, ni discutimos en el año sobre eso, todos decimos que no es posible que 4.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) se deje de recaudar por los tratamientos fiscales especiales, pero caemos en las subjetividades, por eso queremos blindar las opiniones particulares.

Si logramos que esto prospere se va a modificar el debate del presupuesto anual porque el Congreso estará obligado a evaluar esos indicadores y a tomar una decisión sobre si los mantiene o no, o si se incorporan algunos nuevos, porque están jugando de manera mentirosa con la información que nos mandan, por eso es necesario transparentar y darle parámetros específicos.
–¿Qué va a hacer el Congreso para que el Ejecutivo cumpla esta demanda?
–Vamos a impulsar este dictamen que está pendiente en la Comisión de Hacienda; en la Ley de Ingresos 2011, donde viene la referencia al presupuesto de gastos fiscales, agregaremos una redacción que evidencia la obligación de Hacienda para mandarnos los indicadores.

Les mete ruido que la iniciativa haya incluido la aprobación anual y la generación de indicadores, que es el tema de fondo. Queremos que el gobierno asuma su responsabilidad. Cuando se empiezan a hacer preguntas concretas en la materia, se habla de mucho dinero y de una omisión total y brutal en término de reportes al Congreso.

Los indicadores que el legislador demanda son: generación de empleo, derrama económica, regionalización, beneficio específico, cinco salarios mínimos está bien o es necesario que sean siete. “Son obviedades que el Congreso ha renunciado a debatir. Hay una iniciativa que pretende gravar los alimentos chatarra y las medicinas milagro, y se está dispuesto a dar ese debate, pero se necesitan indicadores para saber que son esos artículos para dar un debate de fondo y no de percepciones”.

La postura de la administración federal, adujo Lerdo de Tejada, es la de esconder la información y “exigimos que el Ejecutivo haga su parte y envíe indicadores reales. El año pasado, en el documento que nos enviaron con la estimación de lo que se deja de recaudar pusieron la cifra precisa de 502 mil millones de pesos; como presentamos la iniciativa para exigir indicadores, ahora nos la contestan con argumentos como estos: ‘no se puede agregar, es una tímida aproximación’; es una falta de respeto al Congreso que envíen una texto de esa naturaleza, evidentemente tienen visos de opacidad brutal, y lo que queremos es invertir la discusión”, enfatizó.