Fin al diálogo

JOSé GIL OLMOS
MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- En víspera del inicio de las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados, la gubernatura en seis estados, así como alcaldías y congresos locales en otros ocho más, el anuncio del rompimiento del dialogo con el EPR, por una irresponsabilidad del gobierno de Felipe Calderón, representa un riesgo que ni el propio Germán Martínez puede conjurar con su propaganda sucia en tiempos de elecciones.

Nadie en el gobierno había considerado que la comisión de mediación tomaría la medida de poner fin a sus buenos oficios tras considerar que no ha habido voluntad para enfrentar la desaparición de los dos cuadros políticos del EPR.

Durante casi un año, dicha instancia, integrada por un grupo de intelectuales, periodistas, legisladores y representantes de organizaciones sociales, buscó en el gobierno calderonista disposición para aclarar este caso catalogado como desaparición forzada. Pero durante todo este tiempo la Secretaría de Gobernación jugó a las apariencias y trató de ocultar este delito que ha sido impugnado por tribunales internacionales.
Ahora que se hizo el anuncio por parte de la comisión de mediación, que podría repercutir en el rompimiento de la tregua por parte del EPR, la Secretaría de Gobernación reaccionó culpando a dicha comisión de no querer seguir el dialogo, asegurando que de su parte siempre ha habido respuesta a sus peticiones.

Pero más allá de esta declaración tardía, lo que al parecer intenta la instancia gubernamental es ganar tiempo, y retomar este asunto, como también el de la francesa Florence Cassez, hasta que pasen las elecciones. Esto es, quiere administrar los conflictos que hay en el país para que no empañen el proceso electoral, como si se pudiera manipular la realidad nacional.

Es evidente que una posible acción del EPR en estos tiempos preocupa a Calderón pues mostraría, una vez más, su incapacidad para manejar temas delicados que ponen en riesgo la seguridad nacional. Esta impericia es tan evidente que durante todo un año le dio largas a investigar el paradero de los dos guerrilleros desaparecidos en Oaxaca, en un operativo en que, al parecer, participaron policías de esa entidad y militares a quienes les entregaron los eperristas con vida.

En varias ocasiones, la comisión de mediación, en la que participan el obispo Samuel Ruiz, el historiador Carlos Montemayor, la senadora Rosario Ibarra y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, pidieron a Calderón mostrar su voluntad para localizar a los guerrilleros, incluso convencieron a los familiares acudir a las instancias judiciales a presentar la denuncia respectiva. Si embargo, la respuesta de la Secretaría de Gobernación fue nombrar a un representante, al subsecretario Abraham González, quien dejó el puesto dejando acéfala la representación gubernamental.

El desinterés del gobierno se mantuvo a lo largo de todo este año, tanto que a veces ni siquiera atendían los llamados a reuniones de trabajo que hacían los mediadores y tampoco hicieron caso a los comunicados del EPR, el último emitido en enero, donde hacían la advertencia de que si no les hacían caso habrían de reanudar las hostilidades suspendidas hace unos meses como muestra de dialogo.

Lamentablemente, hasta que se anunció la disolución de la instancia mediadora es que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hace declaraciones en el sentido de que sólo la política, el diálogo y la comunicación son las vías para cambiar a México, y cualquier negación al diálogo es impensable.

Pero es precisamente la negación al dialogo por parte del gobierno federal la causa del rompimiento con el EPR, una posibilidad que por primera vez se había establecido con este grupo desde que apareció públicamente en 1996, y que fue desperdiciada por una actitud soberbia de cuyas consecuencias habrán de hacerse responsables desde Los Pinos.

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