Se atoran en el Senado iniciativas de Calderón sobre seguridad

Se turnan a comisiones con miras a analizarlas hasta septiembre, luego de realizar foros

Pretenden dar sustento legal a la intervención del Ejército en la lucha antinarco y crear estados de emergencia en el país

La propuesta es "intransitable", sostiene el perredista Pablo Gómez
Andrea Becerril y Víctor Ballinas / La Jornada


El paquete de iniciativas presidenciales sobre seguridad pública, por el que se pretende dar sustento legal a la intervención del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y crear estados de emergencia o de excepción en el país, fueron turnadas ayer a comisiones por el pleno del Senado de la República, con miras a que se discutan hasta el próximo periodo de sesiones de septiembre, luego de la realización de foros de consulta similares a los que se llevaron a cabo en el caso de la reforma de Pemex.

El coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, planteó la posibilidad de que las cuatro iniciativas de Felipe Calderón pudieran aprobarse en un periodo extraordinario de sesiones, pero el priísta Manlio Fabio Beltrones y el perredista Carlos Navarrete lo consideraron poco probable, dado lo delicado del tema.

El senador del PRD Pablo Gómez advirtió que la propuesta de Calderón para modificar la Ley de Seguridad Nacional "es intransitable", ya que la Constitución no permite que el presidente de la República pueda "crear estados de sitio donde quiera y cuando quiera", ni dar facultades al Ejército para intervenir en todo. Con esas iniciativas, dijo, se busca avanzar hacia un Estado policiaco, violando lo que establece la Carta Magna.

Beltrones, a su vez, hizo notar que de una primera lectura apresurada de las reformas de Calderón surgieron opiniones favorables, pero también otras que consideran que las facultades que se le están dando a las fuerzas armadas "pudieran llevarnos a algo que pareciera un régimen de excepción". Por ello, dijo, lo mejor es no apresurarse, sino abrir una consulta en la que todos los interesados puedan participar.

Con ello coincidió el perredista Navarrete, quien dijo que su bancada analizará a profundidad, renglón por renglón, las cuatro iniciativas para entrar luego a una consulta pública, toda vez que "cuando se trata de las fuerzas armadas nadie tiene derecho a actuar con irresponsabilidad o prisas, porque es un asunto mayor".

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el priísta Fernando Castro Trenti, dijo que propondrá que la UNAM y los demás integrantes de la comunidad académica y científica participen en la consulta. "Estamos dispuestos a cambiar todo tipo de leyes para ganar la batalla al crimen organizado, pero necesitamos que el gobierno federal nos explique por qué generar regímenes o estados de excepción".

Por otra parte, ayer finalmente se aprobó en comisiones el dictamen que reforma la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer una serie de disposiciones en materia de combate al narcotráfico.

Es una iniciativa que fue motivo de discusión y controversia los dos años y medio de la actual legislatura, ya que los senadores recibieron la ley contra el narcomenudeo que el presidente Vicente Fox vetó al final de su administración, y no pudieron ponerse de acuerdo en ese texto; finalmente, Calderón envió una nueva reforma, que ayer aprobaron con cambios.

Es fundamental, explicó Pablo Gómez, eliminar de la Ley General de Salud la penalización del consumo de drogas. El PAN aceptó el cambio ante la mayoría PRI-PRD, que decidió además dejar en cinco gramos de mariguana –y no dos, como proponía Calderón– la cantidad máxima que los farmacodependientes pueden traer consigo para no ser considerados narcomenudistas.

"No podíamos aceptar en forma alguna que se criminalizara el consumo y se llenaran las cárceles de jóvenes adictos en lugar de narcotraficantes."

Asimismo, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de sancionar con mayor rigor a los servidores públicos que permitan la introducción ilegal de armamento al país.

Se establece una pena mínima de 15 años y una máxima de 45 a aquellos funcionarios que tengan la obligación de impedir que entren de manera ilegal armas al territorio nacional y no la cumplan. Además de ello, quedarán inhabilitados para desempeñar cualquier otro cargo o comisión pública.