Petróleo: crisis constitucional

John Saxe-Fernández

Como hace 20 años y bajo otro régimen de usurpación electoral, estamos sumidos en una crisis constitucional y de legitimidad de orden mayor. La ofensiva contra la normatividad de la Carta Magna vigente en materia petrolera, impulsada por Estados Unidos y un grupo de empresas contratistas –locales y extranjeras– por medio de una iniciativa energética con endoso formal de Felipe Calderón, fue enviada al Congreso el 10 de abril. Desde entonces Los Pinos actúa como sugirió el aparato publicitario y de espionaje estadunidense en México: una vez tomada la decisión de privatizar y entregar la renta petrolera, “todo se reduce a un juego de relaciones públicas”.

Salinas profundizó la privatización de facto, mientras “aseguraba” al público mexicano que Pemex “no se privatizaba” y que “el petróleo seguiría siendo de los mexicanos”.

En un análisis realizado para el Congreso estadunidense por la Comisión de Comercio Internacional (CCI), uno de los cabildos más poderosos, se decía que, “por razones de seguridad nacional, México no incluirá al petróleo en el TLC, aunque las autoridades mexicanas estudian ya mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución y conservando para Pemex el control nominal sobre el hidrocarburo, permitan la participación extranjera en ese sector, por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la exploración y subcontratación de diferentes servicios” (La compra-venta de México, 2002, p. 314). Según la CCI, “... se afirmaría el interés nacional de EU”, ya que “Pemex es candidato a la liberación en el futuro y la paraestatal será reorganizada en varias divisiones, lo que parece ser el primer paso para abrir el camino a la inversión foránea”. Como hacen Felipe Calderón y Reyes Heroles hijo, los encargados de entonces siguieron el guión de la Casa Blanca y las petroleras.

Ni la vigencia del estado de derecho o las trabas constitucionales a la participación extranjera en Pemex preocupan a la CCI, cuyo análisis confidencial celebraba que “el actual régimen mexicano ha dado muestras de desapego al ordenamiento constitucional por su inclinación de aplicar mecanismos que le den la vuelta a la Constitución”. Luego, con maña, agregó: “… la actitud del gobierno tiene más que ver con la seguridad nacional que con una auténtica reverencia por la Constitución, por lo que no se considera que nuevas reformas serán gran problema”. Pero esa “seguridad nacional” mencionada por la CCI es la de Estados Unidos, no la de México. Como percibió Michael Wilson, de la Fundación Heritage, para Salinas “la seguridad mexicana es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos”. También para Calderón, cuyo polkismo lo corroboró al inicio del sexenio Tony Garza, embajador de Estados Unidos.

En la versión polka, México sería un “apéndice” de la potencia norteña. Más grave: esto ocurre en un contexto de anexionismo sui generis (“integración profunda”) y de unilateralidad policial-militar (ASPAN-Iniciativa Mérida) que pone en grave riesgo la noción misma de México como Estado-nación soberano e independiente y, por tanto, la seguridad nacional. Pero las fuerzas armadas de México sólo operan con legitimidad bajo el supuesto de que “la seguridad mexicana” está subsumida en la “soberanía” formalizada en la Constitución vigente. En sentido estricto quienes desde el Ejecutivo o Legislativo auspician la entrega de la renta petrolera por medio de modificaciones a las leyes que regulan el artículo 27 son “transgresores constitucionales” carentes de legitimidad para el ejercicio de la administración pública y el uso de los instrumentos policial-militares en la jurisdicción territorial federal y donde están localizados los recursos naturales codiciados por Washington.

La traición se consuma, como advirtió el general Lázaro Cárdenas, con “engendros que inconstitucionalmente vuelven a reconocer a favor de titulares extranjeros, derechos y prerrogativas que les son explícitamente negados por la Constitución”.