Fraude a la ley

Francisco Rojas
29 de abril de 2008

Así llaman los expertos al intento de modificar la Carta Magna a través de leyes secundarias, principalmente con cambios en los artículos cuarto y sexto de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional. En el primero, los privados podrán refinar bajo contrato y ser permisionarios para transportar, almacenar y distribuir petrolíferos y petroquímicos básicos; en ambos casos podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos. Pemex debe solicitar permiso para participar en este mercado y ya sabemos la respuesta. También se da plena libertad para que los privados se conecten directamente del pozo a las plantas de gas.

Con el artículo sexto y el 46 de la Ley Orgánica de Pemex se abre la puerta a la discrecionalidad y confidencialidad para que empresas extranjeras exploren y desarrollen integralmente yacimientos mediante contratos incentivados, internacionalmente conocidos como risk contracts, aplicables no sólo en aguas profundas, Chicontepec y campos abandonados, sino también en aguas someras y en tierra. Con lo anterior, las empresas mexicanas pasarían sin duda a ser subcontratistas o a desarrollar trabajos marginales, perdiéndose la oportunidad de reimpulsar una industria nacional de construcción y partes petroleras, como sucede en Brasil y Noruega.

La cacareada autonomía de gestión queda en entredicho al nombrar el Ejecutivo cuatro consejeros profesionales, con funciones extraordinarias, que trascenderán el sexenio en su cargo y preservarían los intereses de quien los designó. Hacienda retiene facultades para condicionar y vetar endeudamientos y la pretendida autonomía presupuestal se otorgaría, conforme a los artículos transitorios, hasta el onceavo año después de expedida la Ley Orgánica, siempre que Pemex cumpla con ciertos montos de venta de bonos y metas de balance financiero y, el colmo, aunque obtenga ingresos extraordinarios, no podrá nunca aplicar más de 15 mil millones de pesos a inversiones o mantenimiento.

Este año, el gobierno a través del Congreso le fijó a Pemex un superávit primario de 15 mil millones de dólares, es decir, un excedente de ingresos que no puede gastar y que se ocupa para cubrir el déficit gubernamental. Pemex requiere invertir en cinco años 17 mil millones de dólares para construir dos refinerías y dar mantenimiento a todas las instalaciones y ductos, es decir, 3 mil 400 millones de dólares anuales, 23% del superávit primario de 2008; esa es la importancia de los recursos congelados, que seguramente crecerán dadas las tendencias de los precios del petróleo, y los candados que el gobierno impone como metas de balance financiero.

Los mitos caen: el efecto popote, el tesoro escondido y el futuro promisorio se complementan ahora con que Pemex se fortalece y no se privatiza. Privatizar no sólo significa vender edificios o instalaciones, sino también compartir la renta petrolera y el mercado interno; y Pemex se debilita y “enaniza” al crearse prácticamente una industria petrolera integrada privada, que impedirá absorber tecnologías y prácticas modernas de administración y marginará la investigación y el desarrollo tecnológico. Pemex se convertiría en administrador de contratos y, paulatinamente, sin decirlo, la parte industrial morirá de inanición y obsolescencia y únicamente quedará el sumiso monoexportador de crudo.

Pretenden consumar el fraude constitucional. Los que tienen compromisos los defenderán, pero los que todavía vemos a Pemex como un factor de unidad, dignidad y orgullo defenderemos el usufructo de la renta petrolera para los mexicanos, cuya memoria histórica se hará presente en 2009, por no hablar de 2012.

Analista político