Impunidad garantizada

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, DF, 13 de febrero (apro).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco es una garantía a la impunidad.
Como se esperaba, la Corte limitó su propia investigación y resolvió "en estricto derecho" sin tomar en cuenta la larga historia de abusos cometidos por el Estado mexicano contra sus ciudadanos y que no han sido castigados.
Aunque diez de los once ministros reconocieron que sí hubo grave violación a los derechos humanos los días 3 y 4 de mayo del 2006 cuando policías federales y estatales detuvieron a pobladores de esa comunidad mexiquense, al final el criterio dominante fue que las autoridades que ordenaron el uso de la fuerza no son responsables de lo que sucedió: desde muertes, cateos extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y hasta agresiones sexuales.
Sólo tres ministros insistieron hasta el final, después de una semana de debates, que las más altas autoridades debían hacerse responsables de sus órdenes: José de Jesús Gudiño Pelayo –autor del proyecto de resolución y responsable de la investigación–, Genaro Góngora Pimentel y Juan Silva Meza.
Los tres intentaron que la responsabilidad alcanzara al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, y al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública y como tal principal mando de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Los ministros mencionaron a otros funcionarios, pero Peña Nieto y Medina Mora representaban la oportunidad para que por primera vez los encargados de la administración de la vida pública del país respondieran por las consecuencias de sus decisiones.
El único ministro que se opuso en todo momento a cuestionar la actuación de la autoridad federal y estatal fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien con sus características y burlonas descalificaciones se reafirmó como el extremo conservador del máximo tribunal.
Lo que ya es mucho decir, pues ni siquiera el ministro Mariano Azuela Güitrón se atrevió a cerrar los ojos ante los abusos cometidos contra una parte de los pobladores del municipio de San Salvador Atenco.
Pero los ministros de la Corte, en una de sus típicas salidas a potenciales conflictos políticos, diluyeron el efecto de su investigación y dejaron las responsabilidades –si es que se establecen– en los mandos medios y los policías encargados de los operativos.
Si bien es cierto que por mandato constitucional, artículo 97, las investigaciones que hace la Corte cuando ocurren graves violaciones a los derechos humanos carecen de carácter vinculante, los propios ministros se ataron las manos desde agosto del 2007, cuando establecieron las reglas para sus indagatorias en este tipo de casos.
En esas reglas, establecidas a propósito del caso Lydia Cacho –otra pifia de la Corte–, los ministros decidieron que esas investigaciones deben excluir los nombres de los funcionarios responsables, limitándose exclusivamente a los hechos consumados.
Es claro que tal y como está el mandato constitucional no hay garantía para sancionar a los gobernantes responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
En lugar de modificar o legislar sobre el artículo 97, empieza a predominar la opinión para que de plano se elimine esa facultad de la Corte.
Esa posición, que apoyan algunos ministros, propone que desaparezca porque los resultados de las investigaciones de la Corte acaban en el establecimiento de criterios jurídicos que pueden ser seguidos o no –como en este caso fue sobre el uso de la fuerza– o en la entrega de su resolución para que las autoridades involucradas, si lo quieren, investiguen y establezcan responsabilidades.
Además, rematan los promotores de la eliminación, ya existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Esa propuesta, que está en manos del Poder Legislativo, es la salida fácil, pero irresponsable, pues con el actual diseño de la CNDH, cuyas recomendaciones tampoco son obligatorias, lo único que haría sería garantizar jurídicamente la impunidad del Estado mexicano.
Un Estado de por sí cuestionado internacionalmente por la falta de castigo a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos, como quedó demostrado la semana pasada en Ginebra, durante las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, al tiempo que una mayoría de ministros eximía de toda responsabilidad a Peña Nieto y Medina Mora.
Los ministros de la Corte soslayaron que en los próximos meses el Estado mexicano, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), podrá ser sentado por la impunidad en que dejó los crímenes cometidos por el Ejército durante la guerra sucia.
Atenco se configura entonces como una cara más de la impunidad con que han actuado quienes han estado al frente del Estado mexicano.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx