Las instituciones mancilladas.

Por José Luis Pérez Canchola
La semana pasado los mexicanos fuimos testigos de cómo dos de las instituciones de más fama y reconocimiento público se pusieron de rodillas ante el poder del dinero y de la política. Se trata nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Federal Electoral.

La resolución de los magistrados miembros de la Corte sobre los hechos sucedidos en San Salvador Atenco y en Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006, es una resolución indigna de la ciencia del derecho. El ministro Ortiz Mayagoitia con su discurso ante el pleno de la Corte convirtió a esta Institución en un moderno Areópago al servicio de una aristocracia política que siempre sale impune sin importar las tropelías que comete en contra del país o de la gente. Por lo trascendente del asunto me permito transcribir sólo una parte de la mencionada resolución:
“El Alto Tribunal resolvió que sí existieron violaciones graves de garantías individuales, en los sucesos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Los ministros determinaron que no puede atribuirse participación a las autoridades y funcionarios que se reunieron el 3 de mayo de 2006 y que autorizaron el uso de la fuerza pública, así como aquéllos que participaron en la reunión en la que diseñaron la estrategia para implementar el operativo. Asimismo, que conforme a los datos de la investigación, sí podrán establecerse participaciones individuales y concretas en los hechos constitutivos de violaciones graves de garantías individuales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las instancias respectivas pueden ampliar las investigaciones, en torno a quienes pudieren haber incurrido en graves violaciones a las garantías individuales”.
Lo anterior significa que en el supuesto de llegarse a castigar delitos, atropellos y violaciones a garantías individuales –no se mencionan derechos humanos-, tal castigo será en contra solamente de los policías. El saldo final de aquel suceso fue de dos muertos, decenas de heridos, más de 200 detenidos incluyendo niños y 30 denuncias de abuso sexual por parte de diversas autoridades en contra de mujeres al estar bajo arresto. Por supuesto que un buen número de los 4 mil policías que intervinieron en aquellos hechos deben responder de su conducta, sin embargo las órdenes para que la fuerza pública interviniera con la fuerza que lo hizo en contra de aquella población fueron dictadas en las oficinas del gobernador Peña Nieto y del secretario de Seguridad Pública Federal. Al mismo tiempo debemos preguntarnos ¿dónde queda la responsabilidad de los mandos superiores y de los supervisores encargados de coordinar aquella acción policíaca?
Todo indica que la resolución de la Suprema Corte de Justicia está protegiendo al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y a otros altos funcionarios del poder público, promoviendo con esto más impunidad y más corrupción.
La otra institución que atrajo la atención nacional lo fue el Instituto Federal Electoral, con motivo de su resolución del 13 de febrero pasado en la que disculpó sanciones, en una votación de 5 contra 4, a los monopolios de la televisión por violaciones a las disposiciones legales al caer en una “conducta atípica” en el manejo publicitario de las precampañas electorales. El argumento fue que ambas empresas “ya entraron en un proceso de corrección”, es decir prometieron no volver a hacerlo. El consejero Marco Antonio Baños alegó que los concesionarios de las televisoras ya “se habían sensibilizado para firmar y cumplir con un acuerdo y así corregir las transmisiones de los spots”. Es como si cualquiera de nosotros, estrellamos nuestro auto contra un edificio público y pedimos no ser multados bajo la promesa de que tal accidente no lo volveremos a repetir.
La verdad de las cosas es que el poder de las televisoras se impuso de nuevo sobre el poder de las instituciones públicas. Más aún resultaron con ventaja, sobre todo por el gran negocio que representa transmitir más de 20 millones de comerciales políticos entre febrero y junio del presente año. Todo con miras a las elecciones de diputados federales del 4 de julio.
Se podría pensar que ambas resoluciones, una de la SCJN y otra del IFE, son dos hechos aislados. Pero no es así. La naturaleza de ambos asuntos es de tal importancia que nos obliga a pensar que los discursos oficiales sobre el Estado de Derecho y la democracia no son sino una fachada para ocultar los verdaderos propósitos de quienes realmente son los dueños del poder político y económico.
En el asalto de los 4 mil policías a la comunidad de Atenco en el 2006, cientos de ciudadanos quedaron atrapados en las garras de leyes y procedimiento judiciales. En el caso de los monopolios de la televisión, los concesionarios se impusieron a la ley con sólo la promesa de portarse bien. Como acertadamente lo decía Solón, uno de los precursores de la democracia en Atenas “las leyes son como las telas de araña, detienen al débil pero son deshechas por el más fuerte”.
Así las cosas, tenemos que concluir que dos instituciones del país, ambas importantes y pilares de toda democracia, han sido mancilladas por sus propios integrantes y de esto debe quedar memoria.