El IFE en las fauces de Azcárraga

ÁLVARO DELGADO / proceso.com
MÉXICO, D.F., 9 de febrero (apro).- Alguna vez militante de la izquierda que hasta emparentó con Heberto Castillo, un hombre de enorme estatura profesional, ética y política, Leonardo Valdés reconoció, en la primera plática que tuve con él, que había sido nombrado consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) por el apoyo de políticos del talante del panista Diego Fernández de Cevallos y del priista Jesús Murillo Karam.

Propuesto para el cargo por la facción perredista Nueva Izquierda, cuyos líderes son astutos para cotizarse alto en el mercadeo político --capaces de alternar alianzas y patrocinios con el felipismo y el beltronismo--, Valdés aseguraba que no tenía compromiso con nadie y que, pese a su obvia debilidad, no claudicaría, por ejemplo, ante Felipe Calderón.

--¿Será capaz de decirle "no"?

--Si cualquier funcionario público propone que el IFE viole la ley, el presidente del IFE contundentemente dirá no.

En esa charla, el mediodía del 10 de marzo del 2008 --un mes después de que fuera nombrado por la Cámara de Diputados, en la que el PAN antepuso sus odios y mezquindades al fortalecimiento del IFE al vetar al ministro Genaro Góngora Pimentel--, el consejero presidente garantizó también que no se dejaría atemorizar por ningún poder informal.

"Digámoslo con toda claridad --predicó--: Los medios de comunicación son un poder en nuestra sociedad y también ejercen presión sobre las autoridades públicas. Yo quiero ser tajante: ¡Ni siquiera el cuarto poder podrá atemorizar al consejero presidente del IFE!"

Justo un año después de su elección, y exactamente cuando comienzan las precampañas, Valdés --y con él los bloques panista y priista de consejeros electorales-- deberá corresponder su prédica con la práctica, no en general ante el "cuarto poder" o "los medios", sino específicamente ante Televisa y Televisión Azteca, que tenazmente han violado la Constitución y las leyes al incumplir su deber legal de transmitir los promocionales partidistas y del propio IFE.

Y aquí comienza el problema: Aunque el viernes inició el procedimiento especial sancionador contra la empresa de Emilio Azcárraga y la de su sicario, Ricardo Salinas Pliego --porque ya no le quedaba opción--, el IFE de Valdés está comenzando a sucumbir a las esperadas y lógicas presiones de las dos televisoras, que hacen lo que les viene en gana con total impunidad, sobre todo por la cobarde y cómplice pasividad de Calderón.

No extraña, por supuesto, el comportamiento de este personaje --prisionero de los peores intereses, como los de la televisión, que lo impusieron en el cargo y que lo sostendrán mientras les sirva-- ni tampoco escandaliza la debilidad de los consejeros del IFE, que por algo están ahí, lo que alarma es que apenas en el inicio del proceso sancionador ya se haya acobardado la autoridad.

En efecto, lo que era --y es-- una contumaz violación a la Constitución y a diversos preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (Cofipe) y de la Ley Federal de Radio y Televisión, fue para el IFE, durante una semana, sólo un conjunto de "comportamientos atípicos", y cuando decidió proceder contra las televisoras, por la obviedad del caso, opta por ignorar la dimensión y gravedad del desafío.

Y es que según los dictámenes elaborados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con base en los cuales el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, dio inicio al proceso de sanción, se acreditan las conductas violatorias de Televisa y Televisión Azteca al Cofipe, y a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, pero también la violación al artículo 41 de la Constitución, al menos en el caso de Sky, la empresa de televisión restringida propiedad también de Azcárraga, tal como lo publicó Proceso en la edición que está en circulación.

Pero resulta que en el comunicado emitido la tarde de ayer domingo por el IFE, en el que se informa que hoy lunes 9 de febrero notificará a las televisoras del inicio del proceso sancionador, sólo se alude a presuntas violaciones a las dos leyes aludidas y a normas reglamentarias, pero se ignora la violación constitucional.

Según comprobaron los funcionarios del IFE, entre otras irregularidades cometidas por la empresa propiedad de Azcárraga, la señal de Sky correspondiente al canal 13 de TV Azteca se modificó de tal manera que en señal abierta se transmitieron los spots partidistas e institucionales, pero en la señal restringida se difundió programación de canal 13, de la Fundación Azteca y aun de la leche Lala y de la Secretaría de Salud.

En su argumentación jurídica, y después de describir ésta y otras irregularidades, el dictamen de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se establece que "los hechos descritos llevan a la convicción de que existe una violación a los artículos 41, base III, apartados A y D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", además de diversos artículos del Cofipe y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El IFE de Valdés, con esta omisión, imita lo que Televisa y Televisión Azteca hacen con quienes consideran enemigos, los desaparece, y con ellos es obvio que, de entrada, las eventuales sanciones estarán desprovistas del rigor que exige el comportamiento golpista de Azcárraga y su sicario Salinas Pliego.

Así, conforme a lo que dispone el artículo 350 del Cofipe, si acaso se les podrá imponer una amonestación pública o multa de hasta 100 mil días de salario mínimo --menos de 5 millones y medio de pesos--, pero ni siquiera puede esperarse que se subsane la omisión de spots en el tiempo comercializable de los canales y menos que se dé vista a la Secretaría de Gobernación para que aplique a su vez otras sanciones.

Lo que se perfila es, así, un castigo más bien simbólico, un rasguño al Trigrillo Azcárraga de fauces grandes y conductas impunes… Salvo que Valdés, efectivamente, no se atemorice y proponga, públicamente, una sanción verdaderamente ejemplar del tamaño de la provocación…



Apuntes

Justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación acreditó las violaciones graves a las garantías individuales en San Salvador Atenco, Estado de México --en las que el gobernador Enrique Peña Nieto y el procurador Eduardo Medina Mora se levantan como los más recientes heraldos de la impunidad; sigue Ulises Ruiz, de Oaxaca--, en el Guanajuato que se pretende imponer al país no sólo se acredita otro caso más de tortura a manos de policías --que a los panistas ni inmuta--, sino que el obispo de Celaya, Lázaro Pérez Jiménez, aplaude la vejación de la que fueron víctimas dos monjas de la Inmaculada Concepción de María, Juana Gómez Ángeles y Josefina Rivera Mata. "Son unas farsantes ladronas", las definió el muy cristiano obispo, a quien le parecen aceptables las vejaciones si se le aplican a la competencia, en virtud de que las religiosas pertenecen a la iglesia de Marcel Lefebvre, el obispo que desafío al Concilio Vaticano II y desde entonces desconoció a la autoridad Papa y en general a la iglesia de Roma, un episodio que hizo dividir al fascismo mexicano: Por un lado, El Yunque, que está ampliamente extendido en el PAN, y por el otro los Tecos, que operan en el PRI y en el PAN, organizaciones que hasta la fecha operan en el secreto… Menos mal que ahora casi todo el mundo se pronuncia por cambiar el modelo económico, porque de otro modo Carlos Slim sería catalogado, desde ya, como "un peligro para México" por advertir, sin catastrofismos, la severa crisis que atormenta el país y que, según Calderón, está de poca…

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