México: Exoneran en SCJN a las autoridades que planearon operativo Atenco

viernes 13 de febrero de 2009
Gladis Torres Ruiz - Sandra Torres Pastrana (CIMAC)

Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fincaron responsabilidad al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ni al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora --actual procurador general de la República-- por la violación grave de garantías individuales, tales como tortura y violación sexual, durante el operativo policíaco ocurrido en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

La mayoría de ministras y ministros de la SCJN se pronunciaron a favor de declarar que ni Peña Nieto, ni Medina Mora son responsables de las violaciones graves a las garantías que se registraron en la comunidad de Atenco. De los 11 ministros que integran el máximo tribunal, únicamente Genaro Góngora Pimentel solicitó que al Gobernador y al Procurador se les declarara responsables.

Góngora Pimentel responsabilizó al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, de la violación grave de garantías individuales tales como tortura y violación sexual en San Salvador Atenco.

A tres días de iniciadas las discusiones en la SCJN sobre el llamado "Caso Atenco" --que incluye las agresiones sexuales a 31 mujeres y 43 detenidas—las y los ministros se dividieron entre quienes estaban a favor de fincar responsabilidades a los mandos superiores que organizaron y ejecutaron el desalojo y detención de los manifestantes en San Salvador Atenco, y quienes los exoneran.

Los primeros dos días, la discusión se centró en si se cometieron violaciones graves a las garantías constitucionales y a los derechos humanos o si la fuerza que se ejerció esos días fue debido a la "falta de preparación de los elementos policíacos".

Se acordó finalmente que en Atenco se cometieron graves violaciones debido al uso indebido de la fuerza pública. La mayoría de los ministros, salvo Sergio Salvador Aguirre Anguiano, resolvieron que en aquel municipio los cuerpos policíacos abusaron y cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Hoy, el ministro Góngora Pimentel señaló que los mandos superiores, que planearon, organizaron y ejecutaron el desalojo y detención de los manifestantes, son responsables directos e indirectos por no haber supervisado el actuar de sus subordinados.

Y son responsables también de no dar seguimiento a los hechos violatorios de garantías cometidos por los policías federales y estatales en los operativos, por su omisión en investigar de manera rápida las denuncias presentadas por las víctimas por actos de tortura, violencia desmedida y agresiones sexuales, en el caso de 31 mujeres.

Genaro Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue "un acto de venganza" en donde intervinieron mandos superiores que aplicaron "técnicas de control de masas utilizadas en la guerra sucia", dando como ejemplo casos como los de Chile, Argentina, Guatemala, Vietnam y México.

Por ello, se pronunció en contra del proyecto de dictamen del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, que propone que en los hechos se consideren graves las violaciones a las garantías individuales, porque alteraron de manera significativa la forma de vida de la comunidad en que acontecieron, así como sus relaciones con la autoridad.

"Da cuenta de lesiones y agresiones físicas, sicológicas y sexuales recibidas por muchos civiles detenidos y otros que se encontraban en el lugar y no fueron privados de su libertad, y de la intensidad con que fueron proferidas", señaló Góngora.

Puntualizó que se trata de omisiones legislativas en cuanto al uso de la fuerza pública, a las que se relacionan estrechamente las omisiones reglamentarias y la falta de protocolos de la actividad policial. Sin embargo-- recalcó Góngora-- el ministro Gudiño se refiere de manera genérica a los funcionarios involucrados en los operativos, pero no finca responsabilidad alguna.

En su momento, los ministros Sergio Valls y Mariano Azuela señalaron que no procede que la Corte responsabilice a funcionarios involucrados, en tanto José Ramón Cossío dijo que sí debía señalarse a quienes estaban a cargo directo de los operativos.

Siete ministros se dijeron convencidos de que las violaciones y los abusos fueron cometidos "sólo por algunos de los policías de los pelotones y secciones que participaron en los enfrentamientos, así como por algunos de los mandos medios que tenían la obligación de supervisar los operativos en marcha".

En tanto que José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza se manifestaron en el sentido de "no fijarle responsabilidades a ningún funcionario".

Olga Sánchez Cordero, Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro Góngora Pimentel, Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández, Mariano Azuela Güitrón, José Ramón Cossío Díaz, Fernando Franco González Salas, y Guillermo Ortiz Mayagoitia, coincidieron con el dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño, aunque con diversos matices, en que en Atenco sí era necesario emplear la fuerza pública, pero al aplicarla se incurrió en las violaciones citadas.

Para el ministro Gudiño el uso de la fuerza es un debate que en México ha sido poco incursionado y que resulta novedoso para el Tribunal, "se trata de un tema cuyas aristas y límites has sido objeto de discusión en el ámbito internacional desde hace varios lustros", indicó.

La discusión y votación sobre la fijación de las responsabilidades atribuibles a alguna autoridad sobre el "Caso Atenco" continuará mañana a las 11 de la mañana.

Atenco frente a la SCJN

Durante los tres días de discusión del "Caso Atenco", afuera del recinto se han dado cita integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Estado de México, bajo las consignas libertad para los presos políticos y justicia para su pueblo.

En este sentido, María Trinidad Ramírez, esposa del Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra preso en el penal del Altiplano, acusó ante medios nacionales que en San Salvador Atenco no hay paz social, "la desestabilizaron" desde el 22 de octubre de 2001, cuando el Gobierno Federal pretendió imponer un proyecto expropiatorio para construir un aeropuerto.

"Reto al ministro Sergio Aguirre Anguiano a que visite ese municipio y pregunte si realmente existe paz social en la comunidad, como lo afirmó", dijo a la prensa Ramírez.

Por su parte, Paloma Soria, abogada de Cristina Walls, ciudadana española detenida y agredida por la policía en San Salvador Atenco, lamentó que la discusión en la SCJN no derive en una acción penal contra los responsables, lo que evidencia la impunidad en México.

Criticó que a casi tres años, la justicia mexicana aún no tenga un responsable intelectual tras las rejas, cuando es "claro que alguien dio la orden de atacar a más de 250 ciudadanas y ciudadanos.

Agregó que el análisis del caso Atenco en la SCJN es un procedimiento no jurisdiccional y es un claro mensaje de impunidad.