Autoridades ignoran crímenes del Ejército: AI

Afirman que no se investigan exhaustivamente las denuncias de abuso que incluyen desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias

REDACCIÓN    /   EL UNIVERSAL

Amnistía Internacional (AI) señaló que existe un patrón de crímenes cometidos por el Ejército en sus operaciones de seguridad, los cuales tanto autoridades civiles como militares mexicanas niegan e ignoran.

En un comunicado difundido por la organización, acusan a las autoridades del país de no investigar exhaustivamente las denuncias de abuso cometidos por el Ejército, que incluyen desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales e ilegítimos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.

"Los casos que hemos podido investigar son realmente escandalosos. Pero más escandaloso aún es que sabemos que esto es sólo la punta del iceberg. Pudimos averiguar detalles concretos de varios casos mientras el gobierno sigue negando que existan casos de abusos contra los derechos humanos que hay que investigar", afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del programa de América de Amnistía Internacional.

Según AI, a finales de junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México había recibido casi 2 mil quejas de abusos a manos del ejército desde comienzos de 2008. En 2007 sólo se recibieron 367, 182 en 2006.

AI "cree que estos datos no reflejan en toda su extensión los abusos que se cometen, aunque indican la tendencia al aumento de los abusos".

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En los dos últimos años se ha producido un marcado aumento de los abusos a manos del ejército.

En los seis primeros meses de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 559 quejas de abusos cometidos por el ejército, mil 230 en todo el año 2008, frente a sólo 367 en 2007 y 182 en 2006.
Tras estudiar estas quejas, la Comisión ha formulado un número creciente de recomendaciones respecto a abusos cometidos por el ejército: ninguna en 2006, 6 en 2007, 14 en 2008 y 25 al acabar octubre de 2009.
Entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y una oficina municipal de presentación de quejas en Ciudad Juárez recibieron más de mil 300 quejas de abusos del ejército (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 2009).
Entre enero y noviembre de 2008, las procuradurías civiles trasladaron a las militares 381 quejas contra el ejército por abusos en las que las víctimas eran civiles.
El ejército abrió 110 investigaciones que desembocaron en sólo 6 casos en los que se formularon acusaciones (acceso a petición de información por Centro Prodh a través de IFAI/Infomex a SEDENA, [folio 0000700175808, 0000700176108, 0000700176308, 16 de diciembre de 2008]).
Contexto

En los dos últimos años, la violencia y los asesinatos atribuidos a la delincuencia organizada han crecido de forma exponencial en México.

Los medios de comunicación informaron de casi 14 mil asesinatos entre enero de 2008 y julio de 2009 (Comisión Nacional de Derechos Humanos, julio de 2009).
La violencia es extrema, con secuestros, descuartizamientos de cadáveres y decapitaciones.
En Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, entre principios de 2008 y septiembre de 2009 hubo 3 mil 052 homicidios atribuidos a la violencia de los cárteles de la droga (Comisión Estatal de Derechos Humanos, julio de 2009).
Poco después de ocupar su cargo, en diciembre de 2006, el presidente Calderón ordenó un gran despliegue de personal militar (hasta 50 mil soldados) para realizar tareas diversas de seguridad pública.
El personal del ejército y de otras fuerzas de seguridad han sido objetivo reiterado de las bandas de delincuentes. Desde el comienzo de 2007 hasta julio de 2009, 73 soldados fueron víctimas de homicidio (diario Milenio, julio de 2009).
El ejército tiene autoridad legal para detener a presuntos delincuentes cuando auxilia al Ministerio Fiscal y a la policía en la ejecución una orden judicial o, al igual que todos los ciudadanos, si sorprende a un sospechoso en el momento en que esté cometiendo un delito.

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Casos: Raúl Becerra y policías torturados
Amnistía Internacional el caso de la desaparición forzada de una persona en Ciudad Juárez por parte de militares, y la tortura hacia 25 policías acusados de formar parte del crimen organizado

El 21 de octubre de 2008, unos testigos vieron cómo unos soldados arrestaban a Saúl Becerra Reyes, de 31 años, y a otros cinco hombres en un lavado de automóviles de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Tras permanecer cinco días en un cuartel militar, los cinco hombres arrestados junto con Saúl fueron puestos bajo custodia de la Procuraduría General de la República y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Las autoridades nunca reconocieron haber detenido a Saúl.

Aunque se formularon varias quejas oficiales sobre la desaparición de Saúl, ninguna de ellas desembocó en una investigación efectiva de las autoridades. A pesar de la orden de un juez federal, las autoridades civiles y militares negaron en todas las ocasiones conocer el paradero de Saúl.

El cadáver de Saúl Becerra fue hallado en marzo de 2009. El certificado de defunción señala que murió al día siguiente de su detención a causa de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. No se hizo otra autopsia.

El juez federal sobreseyó el caso y lo trasladó a la Procuradoría General de Justicia del Estado de Chihuahua para que fuera investigado como un asesinato común, sin hacer referencia alguna a los datos que indicaban la participación del ejército.

25 agentes de policía torturados

Entre el 21 y el 27 de marzo de 2009, 24 hombres y una mujer, agentes de la policía municipal de Tijuana, Baja California, fueron detenidos arbitrariamente y recluidos en la base del 28 Batallón de Infantería de la II Región Militar en Tijuana, conocida como Aguaje de la Tuna.

Durante los 41 días de detención en la base no fueron llevados ante una autoridad judicial ni pudieron acceder a ellos abogados independientes de su elección. El 7 de mayo, el ejército los trasladó de improviso a una prisión federal en Tepic, en el estado de Nayarit, donde fueron acusados de pertenecer a la delincuencia organizada y recluidos preventivamente.

Según afirmaron los 25 agentes, durante su detención inicial en la base militar fueron sometidos a constantes torturas y otros malos tratos por personal del ejército para intentar conseguir falsas confesiones e información que implicara a otros agentes en la comisión de delitos o que firmaran declaraciones sin leerlas.

"Me enteiparon los ojos y las manos; el tape me cortaba la piel de las manos, mis dedos no los sentía, luego me envolvieron en una cobija todo completo y me empezaron a golpear en todo el cuerpo, me golpearon entre seis hombres por horas, perdía la noción del tiempo; en seis ocasiones me desmayé, como no firmaba lo que ellos querían me siguieron golpeando, no sé por cuánto tiempo (…) me quitaron las botas y mis pies los metieron a una vasija con agua, luego pusieron cables de electricidad y eso siguió por horas (…) me pusieron cables con electricidad en mis testículos (…) yo sentía que me iban a matar(…) ya no podía más, firmé con los ojos enteipados. Hoy no siento los dedos de mi mano derecha."

Familiares de los agentes detenidos presentaron una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 24 de abril. No se adoptaron medidas para visitar a los detenidos ni prevenir que se cometieran más torturas. El 18 de mayo los agentes recibieron en la prisión federal de Tepic la visita de funcionarios de la Comisión provenientes de la Ciudad de México para recoger pruebas de tortura. La investigación de la CNDH continúa abierta.

Gracias a un recurso de amparo presentado en Tijuana, un tribunal federal obtuvo los historiales médicos de un hospital privado que demostraban que uno de los detenidos había recibido tratamiento médico de urgencia por lesiones –incluyendo fractura de costillas– sufridas mientras estaba bajo la custodia del ejército.

El 1 de junio, familiares de las víctimas presentaron una queja ante la Procuradoría General de Justicia del Estado de de Baja California por tortura y detención ilegal. No hay información sobre los avances de la investigación del estado, ni parece haber habido un examen médico completo e independiente de los agentes detenidos.