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Un país que no se apoya en la ciencia por la inconciencia de sus gobiernos está en la subglobalización, es decir, en la cola de las condiciones de bienestar promovidas por la investigación científica, los conocimientos y la educación a favor de una sociedad determinada. En el mundo contemporáneo, para ir eliminando las condiciones de pobreza y de ignorancia, para fortalecer vías alternas y programáticas de gobernabilidad democrática, para mejorar las condiciones de salud y de seguridad social de las mayorías de la población, para enfrentar la violencia y el crimen organizado, para mejorar las condiciones medioambientales y enfrentar con menos riesgos el cambio climático, para eso y para mucho más es indispensable la investigación científica.
La sociedad actual ha encontrado que con la ciencia, con la producción de nuevos y mejores conocimientos, con la extensión y mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, es posible tomar decisiones en condiciones menos espontáneas y ligeras, como las que realizan a diario la mayoría de los burócratas y políticos de nuestro país, y que se expresan en que se compran en el extranjero vacunas para enfrentar la influenza; que la innovación empresarial y gubernamental dependen de las soluciones que fueron diseñadas para otras latitudes; que se fomenta la maquila, la formación y la promoción en competencias laborales en los planes y programas de estudio y en la carreras de bachillerato y de educación superior; que no se fomentan los coeficientes de inventiva ni las patentes, y que no se destinan los recursos necesarios para crear bases de sustentabilidad mucho más amplias para la ciencia en el país.
Mientras que en otros países se invierte como media el 3% del PIB en investigación experimental, se incentiva por múltiples medios y con suficiencia de recursos la producción de artículos de investigación científica, y se promueve la autonomía de los investigadores para generar conocimientos fundamentales en todas las áreas del conocimiento, en México esto se limita al máximo, se tienen otras prioridades y se deja en manos del mercado lo que debería de ser una política de Estado.
De acuerdo con la programación original del presupuesto para educación superior e investigación científica de 2010, elaborada por la Secretaría de Hacienda, se presentaba un recorte al gasto federal en estos rubros de 6.2% y de 6.4%, respectivamente, lo que podría dar cuenta del interés que tiene el actual gobierno en la materia. Con las modificaciones que realizaron los diputados de la actual legislatura, el gasto federal en ciencia y tecnología sólo tendrá una reducción real de 4.6% durante 2010, y el Conacyt de 1.6%. Esto significa que, en la última década, el presupuesto para estas actividades no se ha incrementado de manera significativa; por el contrario, ha ido a la baja, porque en 2003 alcanzaba el 0.39% y para 2010 apenas llegará a 0.34% del PIB.
Esto implica que la ciencia que se lleva a cabo en el país –principalmente en algunas cuantas instituciones públicas de educación superior y centro regionales Conacyt– tendrá que apretarse aún más el cinturón y tendrá que reordenar proyectos para adecuarlos a una mayor contracción de recursos.
Sin embargo, hubo algunos programas y centros a los que se canalizaron mayores recursos, como en las ampliaciones aprobadas para el Ramo 38 del Conacyt, que son: para el Gran Telescopio Milimétrico, 390 millones de pesos; para los Centros de Tecnología y Aprendizaje del Estado de México, 120 millones; para el Laboratorio de Bioseguridad BSL III Plus, 50 millones; para el Centro “Mario Molina”, 50 millones, y para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, 10 millones. Pero hasta allí quedó el asunto.
Frente a este terrible panorama, apenas se oyen algunas voces, pocas, muy pocas, porque son otros los grandes temas de interés. Una de ellas es la Academia Mexicana de Ciencias, que honrosamente y contra viento y marea acaba de cumplir 50 años de vida. Su presidenta, la doctora Rosaura Ruiz, ha señalado que “el sistema científico nacional no desempeña el papel central en el desarrollo cultural y social del país, ni constituye una parte indisoluble de la vida diaria… (pero sí) el avance del oscurantismo y el ataque a la laicidad, que se expresa en la aprobación de leyes antiabortistas en 17 entidades del país justo 150 años después de las Leyes de Reforma y de la publicación de El origen de las especies”.
Otros han propuesto desde hace rato la necesidad de establecer una política de Estado para la ciencia y la tecnología con el fin de estructurar un sistema nacional, impulsar áreas estratégicas fundamentales para el país, acrecentar la cultura en estos aspectos y garantizar aumentos constantes en la inversión pública y privada para alcanzar, por lo menos, el 1% del PIB hacia este sector. Esto ya tiene tiempo, y se ha dicho de muchas maneras y con toda la fuerza que se tiene. Sin embargo, la respuesta que ha mostrado el actual gobierno federal no ha estado a la altura. Preocupa que tampoco haya más debate al respecto, ni de un lado ni de otro, y todo quede en propuestas aisladas e interesadas, recurrentes pero mínimas, que no alcanzan a construir una visión distinta para salir de la subglobalización en la que, parecería, se ha optado por mantener al país a toda costa, como estrategia general.
La sociedad actual ha encontrado que con la ciencia, con la producción de nuevos y mejores conocimientos, con la extensión y mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, es posible tomar decisiones en condiciones menos espontáneas y ligeras, como las que realizan a diario la mayoría de los burócratas y políticos de nuestro país, y que se expresan en que se compran en el extranjero vacunas para enfrentar la influenza; que la innovación empresarial y gubernamental dependen de las soluciones que fueron diseñadas para otras latitudes; que se fomenta la maquila, la formación y la promoción en competencias laborales en los planes y programas de estudio y en la carreras de bachillerato y de educación superior; que no se fomentan los coeficientes de inventiva ni las patentes, y que no se destinan los recursos necesarios para crear bases de sustentabilidad mucho más amplias para la ciencia en el país.
Mientras que en otros países se invierte como media el 3% del PIB en investigación experimental, se incentiva por múltiples medios y con suficiencia de recursos la producción de artículos de investigación científica, y se promueve la autonomía de los investigadores para generar conocimientos fundamentales en todas las áreas del conocimiento, en México esto se limita al máximo, se tienen otras prioridades y se deja en manos del mercado lo que debería de ser una política de Estado.
De acuerdo con la programación original del presupuesto para educación superior e investigación científica de 2010, elaborada por la Secretaría de Hacienda, se presentaba un recorte al gasto federal en estos rubros de 6.2% y de 6.4%, respectivamente, lo que podría dar cuenta del interés que tiene el actual gobierno en la materia. Con las modificaciones que realizaron los diputados de la actual legislatura, el gasto federal en ciencia y tecnología sólo tendrá una reducción real de 4.6% durante 2010, y el Conacyt de 1.6%. Esto significa que, en la última década, el presupuesto para estas actividades no se ha incrementado de manera significativa; por el contrario, ha ido a la baja, porque en 2003 alcanzaba el 0.39% y para 2010 apenas llegará a 0.34% del PIB.
Esto implica que la ciencia que se lleva a cabo en el país –principalmente en algunas cuantas instituciones públicas de educación superior y centro regionales Conacyt– tendrá que apretarse aún más el cinturón y tendrá que reordenar proyectos para adecuarlos a una mayor contracción de recursos.
Sin embargo, hubo algunos programas y centros a los que se canalizaron mayores recursos, como en las ampliaciones aprobadas para el Ramo 38 del Conacyt, que son: para el Gran Telescopio Milimétrico, 390 millones de pesos; para los Centros de Tecnología y Aprendizaje del Estado de México, 120 millones; para el Laboratorio de Bioseguridad BSL III Plus, 50 millones; para el Centro “Mario Molina”, 50 millones, y para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, 10 millones. Pero hasta allí quedó el asunto.
Frente a este terrible panorama, apenas se oyen algunas voces, pocas, muy pocas, porque son otros los grandes temas de interés. Una de ellas es la Academia Mexicana de Ciencias, que honrosamente y contra viento y marea acaba de cumplir 50 años de vida. Su presidenta, la doctora Rosaura Ruiz, ha señalado que “el sistema científico nacional no desempeña el papel central en el desarrollo cultural y social del país, ni constituye una parte indisoluble de la vida diaria… (pero sí) el avance del oscurantismo y el ataque a la laicidad, que se expresa en la aprobación de leyes antiabortistas en 17 entidades del país justo 150 años después de las Leyes de Reforma y de la publicación de El origen de las especies”.
Otros han propuesto desde hace rato la necesidad de establecer una política de Estado para la ciencia y la tecnología con el fin de estructurar un sistema nacional, impulsar áreas estratégicas fundamentales para el país, acrecentar la cultura en estos aspectos y garantizar aumentos constantes en la inversión pública y privada para alcanzar, por lo menos, el 1% del PIB hacia este sector. Esto ya tiene tiempo, y se ha dicho de muchas maneras y con toda la fuerza que se tiene. Sin embargo, la respuesta que ha mostrado el actual gobierno federal no ha estado a la altura. Preocupa que tampoco haya más debate al respecto, ni de un lado ni de otro, y todo quede en propuestas aisladas e interesadas, recurrentes pero mínimas, que no alcanzan a construir una visión distinta para salir de la subglobalización en la que, parecería, se ha optado por mantener al país a toda costa, como estrategia general.
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