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febrero 24, 2009

Pierden trabajadores 5.99% de fondo para retiro

LA REDACCIóN / PROCESO
MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- En los últimos 12 meses, los ahorros de los trabajadores tuvieron un rendimiento negativo de -5.99 en promedio, destaca un análisis elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), dependiente de la Cámara de Diputados.

El documento refiere que de acuerdo con el comportamiento de las cuentas administradas por las administradoras de los fondos para el retiro (Afore), los trabajadores más afectados por la crisis económica mundial son aquellos cuya edad oscila entre los 18 y 55 años, ya que sus ahorros se encuentran invertidos en portafolios de mayor diversificación y en condiciones de mayor riesgo financiero.


Si bien el rendimiento promedio de los ahorros de los trabajadores mexicanos fue de -5.99% hasta el mes de enero pasado, el CEFP menciona que las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 2, 3, 5 y 5 (Siefore) --en donde se invierten los ahorros de los trabajadores de menos de 56 años--, fueron las que registraron mayores pérdidas: -5.33, -6.58, -7.91 y –8.80% en promedio, respectivamente.

Por ejemplo, las Siefore básicas 5 de Invercap, Ahorra Ahora, y Banorte Generali, registraron rendimientos negativos de -12.35, -9.94 y -8.25%, respectivamente.

El análisis también subraya que no obstante las mermas que continuaron reportando la mayoría de las Siefores, en los últimos 12 meses las inversiones de las Siefore Básica1, pertenecientes a Afore Inbursa, ING, IXE, Scotiabank, Banamex y Siglo XXI reportaron rendimiento de 1.88, 1.88, 1.85, 1.56 1.27 y 0.26%, respectivamente.

El CEFP señala en el documento que durante enero de 2009, las 18 Afore que integran el Sistema de Ahorro para el Retiro obtuvieron utilidades por 481 mil 168.90 millones de pesos, cifra mayor en 29.51% o 109 mil 630.40 millones más respecto a los 371 mil 538.50 millones de pesos obtenidos durante el mismo periodo de 2008.

Menciona que las mayores utilidades obtenidas por las Afore durante el mes de enero fue resultado del crecimiento de sus ingresos en 9.40 puntos porcentuales, debido al aumento de 22.43% de sus entradas por comisiones sobre saldo y por mayor participación de las Afore en las subsidiarias.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas también reporta que durante el primer mes de este año los ahorros de los trabajadores afiliados a las Afore recuperaron 30 mil 868.57 millones de pesos; crecieron 3.33 por ciento al ubicarse en 959 mil 64.30 millones de pesos.

Este incremento, explica el CEFP, obedeció a la recuperación de las tasas de interés, cambio en la estructura del portafolios de inversión de los ahorros y al incremento de 7 mil 62.76 millones de pesos en el saldo de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de trabajadores que cotizan en el ISSSTE, el cual pasó de 50 mil 542.24 millones de pesos en diciembre de 2008 a 57 mil 605 millones de pesos en enero de 2009.

Así mismo, menciona que durante enero de 2009 las Afore registraron 22 mil 887 cuentas nuevas, para llegar a un total de 39 millones 86 mil 960 cuentas, cifra superior en 523 mil 861 respecto a los 38 millones 562 mil 999 registrados a finales de 2007.

Precisa que de los 39 millones 86 mil 960 de cuentas registradas al último día de este mes, sólo 35.64%, que equivale a 13 millones 934 mil 860 personas, se encuentran cotizando en el IMSS, por lo que el resto, 64.35% (25 millones 152 mil 430) son cuentas inactivas que no realizaron ninguna aportación en el último mes que se informa

América Latina frente a la crisis global (parte 1)

Claudio Katz

El impacto de la crisis mundial sobre América Latina suscita tres tipos de discusiones: la incidencia económica inmediata, los efectos políticos de largo plazo y las medidas sociales requeridas para enfrentar el descalabro financiero.

Especulaciones pos-desacople

En el terreno económico, la crisis ha producido un generalizado desplome de las Bolsas y fugas capital, que han contraído el crédito. La depreciación de las materias primas induce a la recesión, el desempleo se expande y se agota el crecimiento con desigualdad que predominó en los últimos cinco años.

También la esperanza en un desacople se ha diluido y decae la expectativa de evitar el temblor, por haberlo sufrido anticipadamente durante la década pasada. La protección esperada de tres escudos -reservas sustanciales, menor deuda en relación al PBI y superávit fiscal- ya resulta insuficiente.

Esas barreras probablemente habrían contrarrestado el desplome internacional acotado que prevalecía hasta septiembre del 2008. Pero el desmoronamiento financiero asumió una dimensión muy superior desde esa fecha. Esta vez América Latina es receptora del tsunami. Soporta desde afuera la conmoción que protagonizó en repetidas oportunidades. ¿Qué gravedad tendrá este golpe en comparación a otras zonas de la periferia?

Algunos economistas estiman que el efecto bursátil será más agudo que en las economías centrales por la fragilidad local de los mercados accionarios. Pero esperan una incidencia manejable en los bancos, que han limpiado mayoritariamente sus balances durante los desplomes anteriores. También evalúan que las entidades financieras se encuentran menos contaminadas con títulos tóxicos (hipotecas) y operaciones especulativas (securitización, derivados). La reducida gravitación del crédito en la zona redujo la envergadura de esas transacciones. (1)

Otros diagnósticos destacan que la situación fiscal luce mejor que en Europa Oriental. También estiman que la retracción de las exportaciones será más digerible que en África, aunque más impactante que en Asia. Atribuyen esta adversidad a la gran concentración de ventas en una limitada canasta de productos básicos (2).

Pero el principal problema de estas evaluaciones es su carácter efímero. Irrumpen y desaparecen de la crónica periodística con asombrosa velocidad. Un día se coloca a Latinoamérica fuera del vendaval y a la jornada siguiente en el centro de la tormenta.

Algunas estimaciones presentan, además, un tono sospechosamente sesgado. El FMI, por ejemplo, considera que Argentina, Venezuela y Ecuador afrontan mayores amenazas de cesación de pagos que México, Chile o Colombia. Esos mensajes están en realidad plagados de resentimiento hacia los gobiernos contestatarios y los deudores incumplidores (3). Ninguna caracterización seria surge de esas especulaciones.

Tres efectos

América Latina recepta, en primer lugar, la crisis de sobre-acumulación global que generó la aglomeración de capitales ficticios en la esfera financiera. Dado el reducido alcance del endeudamiento personal en la región, este impacto no se traduce por ahora en bancos corroídos por préstamos irrecuperables.

Pero el crack ha creado una necesidad de liquidez en las economías centrales, que provoca fuertes sustracciones de fondos. Especialmente los bancos extranjeros transfieren recursos desde América Latina hacia sus casas matrices. Estas repatriaciones ya afectan a un cuarto del total de recursos manejados por esas entidades en las economías emergentes.

También los segmentos internacionalizados de las finanzas regionales son vulnerables al desplome global. Algunos fondos privados de pensión –enlazados al vaivén especulativo mundial- acumulan pérdidas que amenazan su supervivencia (especialmente en Chile).

América Latina soporta, en segundo lugar, la sobreproducción de mercancías, que caracteriza a la crisis actual. Este excedente fue desencadenado por el modelo de competencia mundial en torno a salarios descendentes, que generalizó el neoliberalismo. El efecto de este desequilibrio se verifica particularmente en las ramas más globalizadas de la industria regional. El sector automotor sufre, por ejemplo, la misma plétora de productos que golpea a las economías metropolitanas. (4)

Este sobrante es dramático en México, que exporta vehículos ensamblados a Estados Unidos y en Brasil, que soporta una destrucción de empleos equiparable al registrado en la primera potencia. El panorama es igualmente problemático en Argentina, a pesar de la extraordinaria rentabilidad que tuvieron las automotrices en los últimos años.

El ajuste industrial que sacude a Latinoamérica es impuesto por las empresas transnacionales, que reorganizan su producción a escala mundial. En el sombrío clima actual ya no se escuchan elogios a la globalización neoliberal, ni alabanzas a cualquier tipo de inversión. Las terribles consecuencias de la fabricación mundial integrada -bajo los principios de la competencia y el beneficio- comienzan a salir a flote.

Pero la mayor amenaza en ciernes para la zona proviene de un tercer impacto mundial: la abrupta caída de los precios de las materias primas. Este desmoronamiento revierte el crecimiento del último quinquenio, que se apoyó en una significativa mejora de los términos de intercambio (33% en comparación al promedio de la década precedente). Esa coyuntura permitió incluso alcanzar volúmenes de exportación superiores a la deuda externa en el 2006 y el 2007.

Pero el cambio de tendencia afecta ahora las balanzas comerciales y los presupuestos públicos. El crecimiento consecutivo al 5,5% anual desde el 2003 ha quedado atrás. El PBI del 2008 se desaceleró a 3,3% y todas las estimaciones del 2009 se están ajustando hacia abajo.

Muchos economistas sostienen que América Latina podrá soportar igualmente el huracán, si adopta medidas audaces de reactivación keynesiana. Estas iniciativas ya se están implementando para aumentar la liquidez, expandir el crédito público y subvencionar la industria. Los debates sobre su efectividad o suficiencia han ganado la primera plana. (5)

Pero, en los hechos, esa viabilidad depende de la magnitud de la crisis y no tanto del acierto de los correctivos. Las políticas monetarias y fiscales anticíclicas inciden dentro de ciertos límites. Pueden reanimar la demanda o detener la caída de la producción en un cuadro recesivo, pero tienen poca influencia en una depresión en picada

Por ahora el colapso financiero golpea con mayor furia a las economías centrales, pero Estados Unidos, Europa Central y Japón cuentan con recursos superiores para intentar un contrapeso. Pueden ensayar reactivaciones con el sostén del Tesoro y emiten los dólares, euros y yenes que utiliza América Latina. Además, incrementan el déficit fiscal, mientras la región continúa atada a las normas del superávit.

En síntesis, en la cambiante coyuntura latinoamericana tiende a estrecharse el margen de las políticas macroeconómicas que intentan frenar el vendaval.

¿Beneficios de largo plazo?

El escenario que emergerá de la crisis dependerá de desenlaces políticos imprevisibles y autónomos de la tormenta económico-financiera. Basta recordar que la depresión del 30 fue zanjada con una guerra mundial y que la Unión Soviética se desmoronó por la implosión de un régimen, para notar cuán gravitante es la incidencia de los acontecimientos políticos.

América Latina se encuentra en un punto de cruce de tendencias geopolíticas contradictorias determinadas por tres procesos: la autonomía regional, la postura de Estados Unidos y el perfil de Brasil.

En el primer terreno de independencia zonal, algunos analistas estiman que la adversidad actual tendrá efectos favorables, si se repite lo ocurrido en los años 30. Recuerdan que la debacle de entre-guerra generó condiciones propicias para la gestación de los procesos posteriores de industrialización. (6)

Pero olvidan que el impacto inicial de la gran depresión fue una dolorosa depreciación de las materias primas. La sustitución de importaciones apareció sólo ulteriormente, como consecuencia del proteccionismo y la guerra mundial y se instrumentó en una región, que pudo mantenerse al margen de esa conflagración.

La única comparación apropiada, hasta el momento, es con el shock adverso que inicialmente generó la gran depresión. Nadie puede predecir que sucederá posteriormente. Una eventual reproducción del contexto de posguerra choca no sólo con la ausencia de confrontaciones bélicas interimperialistas, sino también con la mayor internacionalización de la economía.

Es cierto que algunos rasgos de autonomía regional ya aparecieron en Sudamérica antes del estallido actual, especialmente en el plano financiero. En el último quinquenio de crecimiento se registraron recompras de títulos públicos y reducciones del endeudamiento, que guardan cierto paralelo con lo ocurrido luego de la gran depresión. Pero la continuidad de esta atenuación de la carga financiera es un interrogante.

Lo importante es percibir que un desmoronamiento económico en el centro del capitalismo, no amplía necesariamente los márgenes de acción de la periferia. La crisis de los 70 demostró que puede suceder lo contrario.

Esa conmoción empalmó inicialmente con un marco favorable para el Tercer Mundo. La derrota de Vietnam había recortado la capacidad de intervención norteamericana y el encarecimiento de las materias primas mejoraba los ingresos de la periferia, en el novedoso marco que rodeaba a la OPEP. Un bloque de 77 a 125 países No Alineados proponía el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. Promovía estabilidad de precios para las materias primas, mayor acceso a los mercados desarrollados, transferencias de recursos al Sur y participación de la periferia en las decisiones de ONU.

Pero este curso quedó abruptamente clausurado en los 80 con la ofensiva neoliberal. Mediante aumentos de tasas de interés y recortes de la demanda de insumos que provocaron la depreciación de los productos básicos, las grandes potencias retomaron su control del Tercer Mundo.

América Latina soportó el brusco aumento de su endeudamiento -y en lugar de un desahogo post-30- padeció un desplome equivalente a la gran depresión. El breve alivio de las desigualdades internacionales quedó sustituido por una nueva etapa de polarización global, que perduró hasta el fin del siglo XX.

Este antecedente ilustra cuán acotado y frágil puede resultar un período de autonomía periférica. Se pueden ponderar las numerosas diferencias que distinguen la etapa actual de los años 70, comparando por ejemplo el viejo rol de la Unión Soviética con el papel reciente de China. Pero resulta imposible definir si estos cambios serán ventajosos o desfavorables para la periferia. Más especulativo aún es presagiar un escenario de nueva industrialización independiente para América Latina.

Multipolaridad opresiva

La apuesta a un beneficio latinoamericano de la crisis actual se apoya en la previsión de un escenario multipolar. Muchos analistas estiman que la región podría aprovechar la mutación del marco global, para adoptar políticas más autónomas. (7)

Ese período de mayor dispersión o equilibrio entre fuerzas capitalistas del planeta es ciertamente una posibilidad. Pero resulta decisivo subrayar que no favorecería por sí mismo a las mayorías populares. Más bien fortalecería a las clases dominantes locales vinculadas con las potencias hegemónicas. Esta hipótesis es omitida por la tesis multipolar.

El mayor ascenso geopolítico de China, India o Rusia seguramente incluiría agudos conflictos con los capitalistas del centro, pero tendería esencialmente a asentarse en la asociación con esos sectores. Estas alianzas se forjaron durante las últimas dos décadas y dieron lugar a llamativas compras de activos en las economías avanzadas por parte de las multinacionales emergentes. (8)

Estas mismas tendencias han persistido luego del estallido global y se verifican en el financiamiento asiático del déficit norteamericano. La activa participación oriental en el rescate de los bancos estadounidenses y el traspaso de empresas quebradas a propietarios de ese origen forman parte de este mismo proceso. (9)

En las últimas décadas la dominación global estuvo en manos de una tríada de potencias encabezadas por Estados Unidos. El imperialismo clásico -de países que derrotan y subordinan a sus rivales por medio de la guerra- fue sustituido por el imperialismo colectivo. Norteamérica ha liderado en las últimas décadas un poder compartido con Europa y Japón. Un eventual escenario multipolar surgiría de la incorporación de nuevos asociados a ese entramado. Remodelaría la opresión y obstruiría la emancipación popular. (10)

La crisis de dominación estadounidense

La localización central de la crisis en la economía norteamericana agrava los problemas que enfrenta la primera potencia en América Latina. Estas dificultades derivan de fracasos políticos militares extra-regionales (Medio Oriente) y rebeliones antiimperialistas en la zona.

Desde el fallido proyecto del ALCA se registra una pérdida de posiciones del gigante del Norte, que ha dado lugar al estancamiento de los Tratados de Libre Comercio. Un afianzamiento del giro proteccionista actual acotaría adicionalmente el alcance de esos convenios. Cualquier aumento significativo de los aranceles en la principal economía del continente haría trastabillar a los TLCs.

La crisis actual golpeará especialmente a los socios fronterizos de Estados Unidos. México afronta el desplome del mercado que absorbe el 90 % de sus exportaciones, en un explosivo contexto de retorno de emigrantes, deterioro social y crimen organizado. El viejo idilio con el Nafta se ha transformado en una pesadilla. También la expectativa estadounidense de capturar PEMEX ha decaído, junto al desmoronamiento de varias multinacionales mexicanas dependientes de la economía estadounidense. (11)

Más grave es la situación de los pequeños países centroamericanos atados a la afluencia de remesas. La escasa significación pasada de los emigrantes latinos en la economía del Norte (1,7 millones en 1970) contrasta con su enorme gravitación actual (17, 4 millones en 2005). La repatriación -que ya genera el desempleo masivo en la metrópoli- afectará directamente las relaciones de Estados Unidos con estas naciones. (12)

El contexto político que afronta el Departamento de Estado es más adverso en Sudamérica. Como resultado de grandes conmociones políticas y sociales, gran parte de los gobiernos han tomado distancia de su vieja subordinación al Norte. Durante el año pasado Estados Unidos quedó marginado de las negociaciones para enmendar dos conflictos claves: la incursión militar de Colombia a territorio ecuatoriano y el frustrado golpe derechista en Bolivia. Debió soportar, además, la inédita expulsión de dos embajadores (Venezuela y Bolivia), que hasta ahora no retornado a sus cargos.

Algunos analistas estiman que este marco obligará a Estados Unidos a atenuar su control sobre América Latina. Consideran que el Departamento de Estado adoptará una postura más condescendiente (o menos interesada) en el futuro del continente. Suponen, especialmente, que Obama podría también deslizarse hacia actitudes que “superen los vestigios de la guerra fría”. (13)

Pero, en realidad, el nuevo presidente no se dispone a introducir cambios significativos en el área latinoamericana. Retirará los presos de Guantánamo, pero no devolverá el enclave a Cuba, ni juzgará a Bush por las torturas. Aliviaría las restricciones para viajar a la isla, pero sin levantar el embargo y buscará acercamientos diplomáticos que eviten reconocer la derrota imperial. Habrá que ver si aligera el encubrimiento al terrorismo de estado en Colombia y si atenúa el acoso sobre Venezuela y Bolivia.

La continuidad de políticas imperialistas consensuadas con los republicanos ha sido la norma de todas las administraciones demócratas. Seguramente Obama retomará una combinación de garrote y zanahoria, con más incidencia diplomática (tradición de Clinton) que brutalidad descarada (herencia de Bush).

Los virajes que el nuevo presidente debe encarar en el plano interno no se proyectan a la política exterior. Un mandatario de color –que no representaba inicialmente al establishment- enfrenta un terremoto social sin precedentes desde Roosvelt, en un contexto de transformaciones democráticas inéditas desde Kennedy. Este aluvión interno obliga a cambiar la agenda tradicional. Pero el libreto para el Patio Trasero se mantiene sin variantes.

Desde hace siglos los gobiernos estadounidenses implementan estrategias de sujeción basadas en la doctrina Monroe. Tarde o temprano la primera potencia encarará una contraofensiva, cuyos anticipos ya se vislumbran en la reactivación de IV flota. Con el pretexto del narcotráfico (o del terrorismo), el Comando Sur de Miami gana terreno. Ya reúne más personal civil dedicado a la Latinoamérica que todos los departamentos diplomáticos y comerciales de Washington. Las bases de Colombia tienen extensiones en Perú y existe una novedosa hipótesis de intervención militar a México. (14)

La primera potencia perdió en la última década cierta gravitación económica, frente a sus competidores europeos. Las empresas del Viejo Continente desplazaron a las compañías norteamericanas en el monto de las inversiones externas. (15)

Pero la Unión Europea no aspira a reemplazar a su rival y se ha limitado a ensayar tratados de libre comercio calcados del ALCA. Habrá que ver, además, cómo la crisis global afecta al artífice español de la avanzada europea. Las compañías ibéricas deben lidiar con una montaña de pérdidas, que las obliga a retirarse y vender activos. (16)

Es cierto también que Estados Unidos ha debido tolerar la primera incursión comercial china, la visita de la marina rusa a Cuba y los viajes de funcionarios iraníes a Venezuela. Pero estas presencias amenazan menos que Europa la dominación tradicional norteamericana. Ningún dato corrobora, por lo tanto, las tesis de la indiferencia (o la resignación) de Estados Unidos frente a Latinoamérica.

Notas:
1) The Economist-La Nación “América Latina se prepara para tiempos duros”, 22-1-09.
2) The Economist- La Nación, ¿”Emergentes: ¿caída o tropezón”?, 20-1-09.
3) The Wall Street Journal- La Nación, “La sequía del financiamiento comercial pone en jaque a los mercados emergentes”, 22-12-08.
4) Hemos analizado esta combinación de sobre-acumulación de capitales y sobreproducción de mercancías en: Katz Claudio, “Codicia, regulación o capitalismo”(30-12-08) y “Lección acelerada de capitalismo” (4-10-08), http://katz.lahaine.org
5) Por ejemplo, Vanoli Alejandro. “Cómo inmunizar a la argentina en el casino global”, Clarín, 16-8-07.
6) Esta tesis plantea, por ejemplo, Cardoso Fernando Henrique, “Ante una reingeniería de las finanzas mundiales”, Clarín, 15-10-08.
7) Es la tesis que presentan: Gersh Alain. El consenso de Pekín Le Monde Diplo, noviembre 2008, Sercovich Francisco. “Globalización: los nuevos desencantados” Clarín, 19-8-07, Golub Philip “Hacia un mundo descentralizado”, Le Monde Diplo, noviembre 2008, Buenos Aires.
8) Algunos periodistas utilizaron el término NAN (Nuevas Naciones Adquisitivas) para describir este proceso, que incluyó la transferencia de una parte de British Petroleum a capitalistas chinos, así como de la canadiense Inco a empresarios brasileños y de la norteamericana Asaco a potentados de la India. Cohen Roger. “El mundo está al revés”, La Nación, 2-6-08.
9) Los países del sudeste asiático tienen en su poder la mitad de la deuda EEUU y China jugó un papel directo en los salvatajes de Fanny Mae y Freddie Mac. Bular Martine, “El poder mundial se desplaza”, Le Monde Diplo, noviembre 2008.
10) El concepto de imperialismo colectivo ha sido desarrollado por Amin Samir, “US imperialism, Europe and the middle east”, Monthly Review vol 56, n 6, November 2004.
11) Una empresa de este tipo -como Cementos mexicanos- se encuentra en un estado crítico por la retracción de insumos que provocó el desplome del negocio inmobiliario. The Wall Street Journal- La Nación, “Cemex, un símbolo de la globalización ahora hace frente a su costado adverso”, 11-12-08.
12) Un detallado análisis de estos problemas presenta: Canales Alejandro. “Incluidos y segregados”, Crisis de hegemonía de Estados Unidos. Siglo XXI, México, 2007.
13) Es la conducta que sugiere: Tokatlian Juan Gabriel, “Fin a la guerra fría en América Latina”, Clarín, 20-1-09. Tokatlian Juan Gabriel. “Obama y el cambio”, Pagina 12, 19-11-08. Tokatlian Juan Gabriel, “Un golpe a la hegemonía de EEUU”, La Nación, 6-10-08.
14) La IV flota tiene previsto navegar por ríos interiores, con un equipamiento equivalente a la V flota (Golfo Pérsico) o la VI flota (Mediterráneo). Introducirá un complemento marítimo al control aéreo y territorial que Estados Unidos detenta de la zona. Boron Atilio, “La IV flota destruyó a Imperio”, ALAI, 21-8-08. Boron Atilio, “Gatopardismo imperial”, Página 12, 21-1-09. Dufour Jules. “El regreso de la cuarta flota y el futuro de América Latina”, www.Mondalisation.ca/, 28-8-08.
15) Cammack Paul. “Signos de los tiempos: capitalismo, competitividad y el nuevo rostro del imperio en América Latina”. El imperio recargado, CLACSO, Buenos Aires, 2005.
16) Estas empresas invirtieron en la región 165.000 millones de dólares (10% de PBI español) y ahora predomina una oleada de ventas, visible en la salida del grupo Marsans de Aerolíneas, la nacionalización de los fondos de pensión en Argentina (manejados por el BBVA) y la estatización venezolana de filiales locales del Santander. También Repsol se desprende de sus participaciones en Venezuela, Bolivia y Ecuador. The Wall Street Journal- La Nación, “Las inversiones en América Latina les cuestan caro a las empresas a las empresas españolas”, 4-12-08.

México: Síndrome marginal

Laura M. López Murillo (especial para ARGENPRESS.info)

En algún lugar de la marginación, donde escasean las bondades de las políticas públicas, la insalubridad transmutó en un misterioso padecimiento y la incertidumbre es un síntoma de la pobreza…

Los Santorales es una zona suburbana de alta marginación al poniente de Mexicali. Y en ese entorno donde persisten rezagos en servicios públicos y condiciones sanitarias deplorables, se han registrado trece fallecimientos en los últimos cinco meses y hasta el momento las autoridades sanitarias no han identificado el origen del extraño padecimiento.

En los trece casos se brindó atención médica hospitalaria, todos presentaron los mismos síntomas (fiebre, manchas rojas en la piel, vómito, mareos, dolor de cabeza y resfriado) pero ninguno de ellos respondió al tratamiento, y de acuerdo con las autoridades sanitarias, todos fallecieron por causas diferentes.

La alarma cunde por el número de casos, porque el padecimiento cobró la vida de niños y jóvenes, por la parsimoniosa respuesta de las instituciones del sector salud y porque las autoridades sanitarias decidieron actuar hasta que se registró el octavo fallecimiento.

Dicen los que saben que una epidemia surge cuando se detecta la similitud de síntomas y circunstancias en tres casos; que muchas veces es preciso mantener la calma para no provocar un pánico generalizado; pero que muchas veces, el silencio institucional encubre negligencia, desinterés, impericia.

Ya sea por la cantidad y la frecuencia, o por la ubicación del foco infeccioso, el desempeño de los responsables de la salud pública es deplorable y despierta suspicacias.

Esta situación no es provocada por la histeria colectiva ni es una epidemia de miedo que pueda aliviarse con placebos. Es la evidencia, contundente y lacerante, del olvido gubernamental, de la insensibilidad institucional hacia los sectores marginales.

La sombra de un estado fallido surge cuando el gobierno es superado por los poderes fácticos (mediocracia, crimen organizado, etc.), pero esa sombra adquiere consistencia cuando el estado es insuficiente, o incapaz, para proveer a sus habitantes los servicios sociales básicos (salud, educación, seguridad) a los que está obligado 1.

La salud y la educación públicas yacen el fondo del cajón de los olvidos institucionales porque el Estado de Bienestar se ha transfigurado en una mega-gerencia de negocios internacionales; el bienestar social es una quimera que sólo reluce en los discursos de proselitismo, es una vana ilusión mediática en la propaganda gubernamental, porque allá en el lumpen donde pululan los virus de la demagogia… la insalubridad transmutó en un misterioso padecimiento y la incertidumbre es un síntoma de la pobreza…

Laura M. López Murillo es columnista local. Licenciada en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos Especializada en Literatura en el Itesm.

febrero 19, 2009

George Orwell y el "libre" mercado.

Comentario sobre la columna de Naomi Klein
Profesionistas por la democracia
Me pidieron que escribiera un comentario sobre la columna de Naomi Klein titulada "Que se vayan todos". Pero comentar sobre ese texto me parece difícil porque parte de la premisa equivocada de que los gobernantes han promovido un sistema de libre mercado o de libre comercio. Klein tiene razón en un punto, los ciudadanos no podemos seguir pagando por las crisis causadas por los políticos. Tiene razón en que los políticos utilizan las crisis para imponer medidas extraordinarias que solo pretenden beneficiar a unos cuantos (este punto, por cierto, el libre mercado lo ha remarcado desde siempre). Y aunque pareciera de que coincido en lo esencial con Klein, me parece imporante señalar que no comparto su visión sobre el origen de la crisis. Y es por eso, que más que seguir con la columna de Klein, prefiero insistir en la necesidad de entender que es un libre mercado.

Muchos prefieren evitar entrar en detalles y aceptar como cierta la definición de libre mercado que nos han vendido. A mí esa actitud me parece peligrosa. Las palabras son la herramienta del pensamiento y cuando permitimos que nuestros gobernantes manipulen la definición de los términos, estamos permitiendo que manipulen nuestro pensamiento. Cuando veo la manera en que los comentaristas llaman libre mercado a algo que no tiene nada de libre, no puedo dejar de pensar en el libro "1984" de George Orwell. En esa novela, escrita en los años 40s, Orwell describe a un estado totalitario dominado por "Big Brother". El estado como una manera de controlar a los ciudadanos había creado un nuevo lenguaje ("Newspeak"). Este nuevo idioma tenía como objetivo manipular el pensamiento mediante un cambio en el significado de las palabras. Precisamente, Orwell señalaba que la palabra "libre" iba a perder su significado real. El "ministerio de la verdad" se encargaría de que esa palabra sólo se utilizara en el sentido de "libre de azúcar", pero se eliminaría cualquier connotación de "libertad". Esto garantizaba que los ciudadanos fueran olvidando el concepto de libertad y, si acaso, la censura fallaba y los ciudadanos tenían acceso a libros del pasado que hablaran sobre ser libres, el lector no entendería el significado. Orwell también describe otra manera de manipular el pensamiento, a través del Doble Pensar ("Doublethink"). Esto consistía en aceptar como correctas dos ideas que son contrarias. Los ciudadanos perderían la capacidad de captar las contradicciones presentes en su pensamiento. Los lemas de "Big Brother" son un ejemplo de "Doublethink": "La guerra es paz", "La esclavitud es libertad" y "La ignorancia es fuerza".
Las distorsiones que se están propagando sobre el libre mercado no son más que ejemplos del "Newspeak" y el "Doublethink" que Orwell describió. Nos hacen creer que el Fondo Monetario International y el Banco Mundial son los defensores del libre mercado, cuando la realidad es que la sola existencia de estas dos instituciones atenta contra todo lo que defiende el libre mercado. Los gobernantes nos hablan de tratados de "libre comercio" que en realidad solo imponen nuevas restricciones al mercado y aumentan la distancia entre el ciudadano y los que hacen las leyes. Todo eso es contrario al libre mercado.
Hemos permitido que los políticos y comentaristas distorsionen el significado de la palabra LIBRE y esto me parece peligrosísimo porque nos están haciendo creer que el problema es que ha habido demasiada "libertad" y que necesitamos más controles. Estamos ante una crisis económica bastante grave. Es verdad que como ciudadanos debemos negarnos a pagar por la crisis de otros, pero lo que propone Klein solo garantiza más de lo mismo. Es un error creer que lo ético ante la situación que vivimos es rescatar a los ciudadanos y no a los bancos. Tenemos que entender que ya no hay dinero (ni para los bancos ni para los ciudadanos), los rescates que están haciendo los gobiernos están respaldados por deuda. Eso quiere decir que este rescate lo pagarán las generaciones posteriores y les irá peor que a nosotros. La crisis no se creó ahorita, ni hace 10 años. Lleva décadas gestándose. Algunos dicen "antes se vivía mejor. Mis papás recibieron mejor educación y los servicios de salud eran mejor". Es verdad, pero el costo de ese bienestar se trasladó a futuro. El problema es que ese futuro, es el presente de hoy. Entonces estamos ante una situación en la que lo que recolectan los gobiernos no va a servicios sino a pagar las deudas del pasado. Si tú estás endeudado conoces bien el mecanismo. Gastas, lo cargas a la tarjeta pero cuando es hora de pagar te das cuenta que gran parte de tu salario tiene que ir para abonar a la tarjeta. Tienes que renunciar a ciertas cosas que antes podías comprar porque tienes que pagar lo que adquiriste hace meses o años. Así como no es justo que paguemos por la crisis de otros, tampoco es justo que como ciudadanos aceptemos planes de rescates (por más "ventajas" que nos ofrezcan) que solo harán que otros (las futuras generaciones) tengan que pagar por lo que estamos haciendo ahorita.
Claro que no se puede hablar sobre las causas de la crisis sin abordar el tema de la corrupción. Pero una vez más volvemos al tema del libre mercado. La corrupción es posible gracias al excesivo poder que le hemos otorgado al Estado. Las corporaciones tienen un gran interés en "manipular" al Estado porque éste tiene la facultad de crear regulaciones a su conveniencia. El uso indebido del dinero público es posible gracias a que hemos aceptado creer que parte de nuestro dinero es "dinero del Estado".
La gravedad de la crisis que afrontamos requiere que como ciudadanos nos demos a la tarea de entender que es lo que sucede. La desinformación es peligrosa no importa de donde provenga. Los que nos indignamos por la manipulación de la información que se hizo durante la campaña del 2006, tenemos que estar atentos a no caer en esa misma dinámica. Si a la desinformación respondemos con desinformación terminaremos como los personajes de la "Granja de Animales" de Orwell: nos rebelaremos y quitaremos a los "tiranos" solamente para remplazarlos por unos nuevos.

Lo que nos dijeron en el 2006

Lo que nos dijeron en el 2006 / Elaborado por: Profesionistas por la Democracia
Ahora que está de moda hablar sobre la crisis económica, la devaluación del peso y el desempleo, es buen momento de recordar la propaganda electoral del 2006. A López Obrador no le dejaron ser Presidente y, sin embargo, estamos viviendo todos los males que se supone que él ocasionaría para nuestro país. En este año de elecciones sería un buen ejercicio repasar los spots del 2006 y ver que tan lejos estamos del país que nos prometieron.

¿Se acuerdan del spots de los 20 pesos? Ese que hablaba de lo maravilloso que era que nuestros hijos no supieran que era una devaluación. Pues resulta que ahora ya lo saben:

¿O que les parece el spot de la avestruz? Ahora resulta que las manifestaciones en Monterrey son financiadas por los narcos, las acusaciones contra altos funcionarios también son producto de un complot del narco y la devaluación es producto de la especulación. AMLO era una avestruz cuando hablaba de complot, pero nuestros gobernantes no lo son cuando hablan de que toda crítica es un complot del narco.

O, ¿Cómo olvidar los spots del "Presidente del empleo"? Ahora resulta que siempre no se pueden crear los empleos prometidos.

Así que antes de creernos las promesas de campaña del 2009 hay que pedir que nos respondan por las promesas del 2006.

Las instituciones mancilladas.

Por José Luis Pérez Canchola
La semana pasado los mexicanos fuimos testigos de cómo dos de las instituciones de más fama y reconocimiento público se pusieron de rodillas ante el poder del dinero y de la política. Se trata nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Federal Electoral.

La resolución de los magistrados miembros de la Corte sobre los hechos sucedidos en San Salvador Atenco y en Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006, es una resolución indigna de la ciencia del derecho. El ministro Ortiz Mayagoitia con su discurso ante el pleno de la Corte convirtió a esta Institución en un moderno Areópago al servicio de una aristocracia política que siempre sale impune sin importar las tropelías que comete en contra del país o de la gente. Por lo trascendente del asunto me permito transcribir sólo una parte de la mencionada resolución:
“El Alto Tribunal resolvió que sí existieron violaciones graves de garantías individuales, en los sucesos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Los ministros determinaron que no puede atribuirse participación a las autoridades y funcionarios que se reunieron el 3 de mayo de 2006 y que autorizaron el uso de la fuerza pública, así como aquéllos que participaron en la reunión en la que diseñaron la estrategia para implementar el operativo. Asimismo, que conforme a los datos de la investigación, sí podrán establecerse participaciones individuales y concretas en los hechos constitutivos de violaciones graves de garantías individuales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las instancias respectivas pueden ampliar las investigaciones, en torno a quienes pudieren haber incurrido en graves violaciones a las garantías individuales”.
Lo anterior significa que en el supuesto de llegarse a castigar delitos, atropellos y violaciones a garantías individuales –no se mencionan derechos humanos-, tal castigo será en contra solamente de los policías. El saldo final de aquel suceso fue de dos muertos, decenas de heridos, más de 200 detenidos incluyendo niños y 30 denuncias de abuso sexual por parte de diversas autoridades en contra de mujeres al estar bajo arresto. Por supuesto que un buen número de los 4 mil policías que intervinieron en aquellos hechos deben responder de su conducta, sin embargo las órdenes para que la fuerza pública interviniera con la fuerza que lo hizo en contra de aquella población fueron dictadas en las oficinas del gobernador Peña Nieto y del secretario de Seguridad Pública Federal. Al mismo tiempo debemos preguntarnos ¿dónde queda la responsabilidad de los mandos superiores y de los supervisores encargados de coordinar aquella acción policíaca?
Todo indica que la resolución de la Suprema Corte de Justicia está protegiendo al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y a otros altos funcionarios del poder público, promoviendo con esto más impunidad y más corrupción.
La otra institución que atrajo la atención nacional lo fue el Instituto Federal Electoral, con motivo de su resolución del 13 de febrero pasado en la que disculpó sanciones, en una votación de 5 contra 4, a los monopolios de la televisión por violaciones a las disposiciones legales al caer en una “conducta atípica” en el manejo publicitario de las precampañas electorales. El argumento fue que ambas empresas “ya entraron en un proceso de corrección”, es decir prometieron no volver a hacerlo. El consejero Marco Antonio Baños alegó que los concesionarios de las televisoras ya “se habían sensibilizado para firmar y cumplir con un acuerdo y así corregir las transmisiones de los spots”. Es como si cualquiera de nosotros, estrellamos nuestro auto contra un edificio público y pedimos no ser multados bajo la promesa de que tal accidente no lo volveremos a repetir.
La verdad de las cosas es que el poder de las televisoras se impuso de nuevo sobre el poder de las instituciones públicas. Más aún resultaron con ventaja, sobre todo por el gran negocio que representa transmitir más de 20 millones de comerciales políticos entre febrero y junio del presente año. Todo con miras a las elecciones de diputados federales del 4 de julio.
Se podría pensar que ambas resoluciones, una de la SCJN y otra del IFE, son dos hechos aislados. Pero no es así. La naturaleza de ambos asuntos es de tal importancia que nos obliga a pensar que los discursos oficiales sobre el Estado de Derecho y la democracia no son sino una fachada para ocultar los verdaderos propósitos de quienes realmente son los dueños del poder político y económico.
En el asalto de los 4 mil policías a la comunidad de Atenco en el 2006, cientos de ciudadanos quedaron atrapados en las garras de leyes y procedimiento judiciales. En el caso de los monopolios de la televisión, los concesionarios se impusieron a la ley con sólo la promesa de portarse bien. Como acertadamente lo decía Solón, uno de los precursores de la democracia en Atenas “las leyes son como las telas de araña, detienen al débil pero son deshechas por el más fuerte”.
Así las cosas, tenemos que concluir que dos instituciones del país, ambas importantes y pilares de toda democracia, han sido mancilladas por sus propios integrantes y de esto debe quedar memoria.

Descarta López Obrador estallido social por la crisis económica


"Lo que habrá es mortandad de empresas", afirma el tabasqueño
Alma E. Muñoz / La Jornada

Durango, Dgo., 18 de febrero. Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de una rebelión en México a consecuencia de la política económica que se viene imponiendo en el país, pero advirtió que "va haber mortandad de empresas por la crisis".

También subrayó, en el inicio de su gira de esta semana por 19 municipios de la entidad, que la violencia sí es resultado de esa misma política aplicada para el beneficio de unos cuantos. Insistió en la puesta en marcha del plan que propuso a legisladores federales el martes pasado, para obtener un ahorro del presupuesto federal de 200 mil millones de pesos.

"Es un insulto que haya funcionarios que ganen 600 mil pesos mensuales, esto no puede seguirse dando; no se deben tener partidas especiales para el ahorro y la atención médica privada de altos funcionarios públicos; tienen que suspenderse las pensiones millonarias a los ex presidentes (de la República)", reiteró en entrevista al arribar a esta ciudad.

Hay que hacer un ajuste al presupuesto, afirmó. Los 200 mil millones de pesos se pueden destinar para apoyar a productores del campo, a pequeños y medianos empresarios y comerciantes, porque si no se les ayuda "va a haber mortandad de empresas por la crisis".

Igualmente tiene que haber, insistió, apoyos con créditos baratos a la palabra y "desde luego para adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad, así como becas para jóvenes". A estos últimos, acentuó, hay que atenderlos de manera especial, porque han sido totalmente relegados.

–De continuar este clima, ¿no hay riesgo de una rebelión? –se le preguntó

–No, porque el pueblo de México es muy responsable, muy pacífico, pero ya estamos viviendo una situación bastante anormal. No hay una rebelión armada, no hay un estallido social, pero sí hay mucha violencia en el país. La violencia que hay en México es consecuencia de la política que han venido imponiendo en beneficio de unos cuantos –respondió.

A propósito de una pregunta respecto de la situación particular que se vive en Durango, afirmó que la entidad está "muy mal gobernada" por Ismael Hernández Deras. "El gobernador de aquí no ata ni desata, no sirve para nada, igual que (Felipe) Calderón. Parece que eso está de moda", sostuvo.

En tanto, señaló, el peso sufre una devaluación de 40 por ciento respecto del dólar y se han perdido, en los pasados tres meses, más de 500 mil empleos y "no hace nada Calderón. Es un cero a la izquierda, es un fracaso".

Antes de dirigirse a Tayoltita, del municipio de San Dimas, el ex candidato presidencial reiteró que apoyará a los candidatos de la coalición Salvemos a México, que integran los partidos del Trabajo y Convergencia, y aclaró que también lo hará con perredistas en algunas partes (del país) a título personal.

"Lo que queremos es que salgan bien PT y Convergencia, que no les quiten el registro y que saquen votos a escala nacional" en la elección del 5 de julio próximo, sostuvo.

Después, López Obrador y su equipo, apoyados por representantes de esos dos partidos, partieron rumbo a Tayoltita, en un viaje que implicó seis horas y media de recorrido tanto de ida como de vuelta, desde la capital duranguense, pues abarca 110 kilómetros de camino de terracería.

Anduvo por la sierra, donde constató las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentran habitantes de este estado, que tiene en su haber 6 mil 300 comunidades aisladas de menos de 100 habitantes cada una.

La gente agradeció al dirigente del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, haber transitado el complicado camino y él, a su vez, se comprometió a realizar lo que esté a su alcance para que se mejore.

México: Wal-Mart viola los derechos laborales de miles de trabajadoras

jueves 19 de febrero de 2009

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Wal-Mart de México, la tienda "de los precios bajos", viola los derechos laborales de miles de trabajadoras quienes trabajan jornadas que superan los horarios establecidos por la Norma Laboral Mexicana, en condiciones de estrés por el mal trato de sus jefes, carecen de servicio médico y perciben salarios bajos, señala un estudio de la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).

En conferencia de prensa, Shaila Toledo, investigadora de la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), agregó que las empleadas de la cadena minorista también padecen discriminación por su condición de género, puesto que las evidencias demuestran que ellas no son sujetas a ascensos laborales y son despedidas en caso de embarazo.

De acuerdo con el estudio "Lo barato sale caro: violaciones a los derechos humanos laborales en Wal-Mart México", que realizó ProDESC con el apoyo de las organizaciones Wal-Mart Watch y la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer (Semillas), las trabajadoras perciben salarios muy bajos, por lo que el éxito de la trasnacional no se refleja en las condiciones de las mexicanas en ningún sentido.

Modelo que ¿llegó para quedarse?

La empresa multinacional, que llegó a México en 1991 para abrir en sociedad con Grupo Cifra un Sam's Club, percibe ganancias por ventas netas de más de 20 mil millones de dólares, como ocurrió en 2006, en tanto que los salarios para las y los trabajadores oscilan entre 2 mil 200 a 5 mil pesos mensuales.

En la investigación, para la cual fueron entrevistadas 247 trabajadoras de ocho estados de la República entre junio y julio de 2007, el 52 por ciento de ellas refirió que su salario es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Shaila Toledo, también integrante de la organización Comuda, en Atlixco, Puebla, comentó que las empleadas de la razón social Walmex, donde laboran alrededor de 135 mil personas, en 141 ciudades del país, rebasan el límite de 8 horas de jornada diaria, sin que se les remuneren las horas extras conforme a la Ley.

El libro, que documenta en 157 páginas las condiciones de las empleadas y empleados, señala que aun cuando son frecuentes los accidentes, caídas y lesiones musculares por cargar productos pesados, las y los trabajadores no tienen servicio médico en su centro de trabajo.

Historia de discriminación contra mujeres

El estudio se realizó en dos etapas: la primera en 2005 y 2006 para analizar las condiciones laborales de las y los adolescentes que trabajan como empacadores y la segunda que se orientó en investigar la situación laboral de las mujeres.

Las encuestas realizadas revelaron que durante las entrevistas para solicitar empleo en la empresa trasnacional --que alrededor del mundo ocupa a más de 500 mil trabajadoras en 13 países-- 50 por ciento de las solicitantes tuvo que responder si estaba o no embarazada y al 8 por ciento le solicitaron prueba de no gravidez.

Asimismo, el 2 por ciento de ellas mencionó que conocía casos en el que las trabajadoras embarazadas habían sido despedidas bajo el argumento de que era lo mejor por razones de seguridad.

Al respecto, la feminista Martha Lamas, integrante del Consejo Directivo de Semillas, comentó que Wal-Mart tiene una larga historia de discriminación en contra de las mujeres, motivo por el que en Estados Unidos enfrenta una demanda colectiva, encabezada por empleadas de esa nación.

Vale señalar que en Estados Unidos, 70 por ciento del personal es femenino, pero menos del 15 por ciento ocupan puestos ejecutivos, un fenómeno que se repite en México, advierte Lamas.

Pese al "maltrato" de la transnacional, "no es fácil que las trabajadoras dejen su puesto, por la necesidad del empleo", lo que les propicia "un estrés mayor", ya que después de laborar alrededor de 10 horas, continúan con la jornada en el hogar, en donde "el impacto se extiende a las familias que más que vivir están sobreviviendo", señala la investigadora de ProDESC.

Las y los empleados no tienen además posibilidad de organizarse, pues de acuerdo con "Lo barato sale caro: violaciones a los derechos humanos laborales en Wal-Mart México", los sindicatos que los representan "son blancos" y casi la totalidad de trabajadoras, el 98 por ciento desconoce si está o no sindicalizada.

Empacadores "voluntarios"

En tanto, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor, refirió que en el caso de las y los cerca de 75 mil adolescentes que laboran para Wal-Mart como "voluntarios" en el país, sin goce de sueldo, ahorran para la transnacional el 40 por ciento del tiempo que destinan para cada venta.

Es decir, explicó, que de no estar las y los empacadores la multinacional tendría que instalar más cajas en sus puntos de venta y personal, al que sí tendría que remunerar por su trabajo.

El estudio de ProDESC indica que las y los menores de edad, sobrepasan las jornadas de seis horas permitidas por la norma laboral mexicana, pues llegan a trabajar hasta 10 horas.

Además, las y los adolescentes tienen horarios y responsabilidades como el resto del personal de Wal-Mart, la diferencia es que no perciben un salario.

De igual modo, Calvillo Unna se refirió a las prácticas monopólicas y desleales de la empresa, al "acorralar" a los a los proveedores mexicanos a quienes les castigan los precios de sus mercancías.

Por todas estas razones, el director de El Poder del Consumidor instó a las y los consumidores a no consumir en estas tiendas de autoservicio. El propósito: ejercer presión social contra la multinacional. Asimismo, Valeria Scorza, coordinadora de ProDESC refirió que harán llegar el estudio a las autoridades del trabajo en México.

febrero 17, 2009

Oficio de Papel

Columna semanal del periodista Miguel Badillo

Lunes 16 de Febrero de 2009

* La partida secreta se transforma
* Pasalagua, el último eslabón
* Las confidencias de Luis Téllez


De 1994 a 1997, Luis Téllez se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República cuando ésta era ocupada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante ese periodo, inició lo que podría considerarse la única investigación seria y profunda, aunque inconclusa, sobre el abuso presidencial para usar a su antojo los recursos públicos que guardaba la denominada partida secreta. De tal manera que cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo hace unos días de que Carlos Salinas de Gortri se robó la mitad de la partida secreta, es porque conoció a detalle el caso y supo de los expedientes abiertos en contra de Carlos Salinas de Gortari en la Procuraduría General de la República y en la Unidad de Lavado de Dinero en la Procraduría Fiscal de la Federación.

Aunque con magros resultados, fue esta investigación a cargo de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido y de quien era responsable de lavado de dinero en México, Luz María Núñez Camacho, la que se acercó a las evidencias que hubieran logrado demostrar que el expresidente Carlos Salinas de Gortari no sólo protagonizó un gobierno corrupto y lleno de componendas con poderos políticos y fácticos, sino que incurrió en peculado de recursos públicos. De aquella indagatoria acaso podría decirse que la nación obtuvo un beneficio: la desaparición como tal de aquella partida secreta que no estaba sujeta a la obligación de rendir cuentas y mucho menos a la supervición de los órganos superiores de fiscalización.

Pero el “guardadito” del jefe del Poder Ejecutivo sobrevive con algunas variantes y fue el gobierno de Vicente Fox el que impulsó su permanencia en 2006, justo en la recta final de su controversial administración. Con una reforma al artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Fox logró que las partidas a que se refiere el artículo 75, fracción IV de la Constitución Política, que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente pudieran destinarse a gastos de seguridad nacional y que permanecieran sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial.

Fue la diputada Susana Monreal quién aseguró que al definir como clasificada y reservada la información sobre el destino de ese gasto, “no será posible conocer y evaluar el buen uso de estos recursos; ni siquiera los diputados tendrán acceso a esa información”.

No obstante, de acuerdo con información del reportero de La Jornada, Enrique Méndez, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, la Cámara decidió incluir un párrafo para acotar la discrecionalidad en el gasto y resaltó: “Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a la que se refiere el artículo 74 fracción IV párrafo cuarto de la Constitución”.

Actualmente, dicha disposición asienta lo siguiente: “No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República”.

Así, el presidente Felipe Calderón sigue teniendo la posibilidad de ejercer un gasto discrecional a pesar de que hace una década, se dice, desapareció la partida secreta, al menos sí con su cínica operación desde Los Pinos. La legisladora Monreal presentó una iniciativa para modificar este poder discrecional del presidente de la República sobre fondos públicos, pero permanece en la congeladora.

En su momento, Carlos Salinas buscó blindarse al presentar una denuncia de hechos ante la PGR por la entrega “selectiva y dolosamente” a la prensa de documentos confidenciales de investigaciones penales, como fue la información sobre el destino de los fondos de la partida secreta del erario federal. En aquella ocasión los abogados de Salinas presentaron, por instrucciones del expresidente, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los servidores públicos que hubieran participado en ese supuesto hecho ilícito.

En un documento de 100 cuartillas con fecha del 15 de mayo de 2001, los abogados de Salinas tomaron como referencia información publicada en los diarios El Universal y Reforma, así como en la revista Proceso, en donde investigaciones periodísticas daban cuenta del dinero utilizado de la partida secreta para depositarlo en la cuenta 6300-0005 de Banco Mexicano a nombre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos exfuncionarios de Los Pinos y que manejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas fue presidente de la República. Se dijo entonces que Salinas era víctima de un juicio paralelo ante la opinión pública.

La equivocación de Téllez fue repetir, en una conversación privada, una sentencia que las autoridades responsables tuvieron que haber emitido hace varios años sobre un expediente que quedó inconcluso a raíz de las presiones políticas y económicas del exmandatario. La renuncia entonces de la exprocuradora María de la Luz Lima Malvido, luego de que se dio a conocer un video cuando fue entrevistada por el Centro de Control de Confianza de la PGR, en donde reconoce haber cometido algunos delitos de juventud, o sus estrechos vínculos con grupos de ultraderecha, se convirtió en el pretexto ideal para cerrar la investigación que el general Rafael Macedo de la Concha encabezó hasta que los resultados comenzaron a mostrarse demasiado incómodos.

En derecho, aquel que denuncia tiene consigo la carga de la prueba. Por eso Luis Téllez, sin proponérselo, trajo de nueva cuenta el caso a la discusión pública. El funcionario del gobierno calderonista, antiguo priista y exfuncionario del gobierno de Salinas de Gortari, reconoce la conversación pero asegura que no cuenta con pruebas para sostener su dicho: “Carlos Salinas de Gortari robó la mitad de la partida secreta”. Unos 500 millones de dólares cuyo destino sigue en el aire.

Por tratarse de una conversación privada que, por lo tanto, pertenece a ese ámbito, Téllez se encuentra a salvo de cualquier escrutinio o responsabilidad. Queda allí, sin embargo, la duda en la opinión pública y la confirmación de que en el sector público los funcionarios callan ante los hechos y que las instancias dedicadas a la impartición de justicia también lo hacen.

Antes de que la PGR con Rafael Macedo de la Concha iniciara cualquier investigación sobre el uso de la partida secreta, en la que estuvo involucrado por obvias razones Raúl Salinas de Gortari, en esta columna de Oficio de Papel se dio a conocer los primeros indicios sobre el despilfarro y corrupción que se ejercía desde la residencial oficial de Los Pinos y que pasó por negocios vinculados con esa familia.

A finales de la década de los noventa escribí en Oficio de Papel que en el uso indebido de la partida secreta había argumentos legales que hacían presumir que los hermanos Salinas saldrían limpios en tribunales por el delito de peculado que intentó fincarles la PGR. La tesis del entonces procurador Macedo de la Concha era que sí había delito, porque ese dinero manejado desde Los Pinos debió destinarse para actos de gobierno y no para enriquecer a la familia presidencial.

Fue por ello que hacia finales de la administración foxista, se extraditó de Estados Unidos (10 de agosto 2005) al excuñado de Raúl Salinas, Juan Manuel Pasalagua Branch, máximo operador de la corrupción en Conasupo en el sexenio salinista, bajo acusaciones de evasión fiscal. En agosto de 2005, un juez giró orden de aprehensión en contra del excontador de Raúl Salinas, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, nombre que también fue utilizado como seudónimo por el “hermano incómodo” para abrir cuentas bancarias en el extranjero.

Sin embargo, aunque a Pasalagua Branch no se le acusó de los negocios sucios que hizo en Conasupo bajo las órdenes de Raúl Salinas, sino por defraudación fiscal, en el expediente en contra del contador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari por el uso indiscriminado e ilegal que hicieron de la partida secreta manejada desde Los Pinos y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los seis años del gobierno salinista.

La PGR intentó demostrar que el contador Gómez Gutiérrez era presumiblemente responsable de la comisión del delito de peculado; es decir, desvío de fondos públicos de la partida secreta. Bajo la causa penal número 54/2002 se señaló que Gómez Gutiérrez atendió y manejó directamente las operaciones en las cuentas bancarias a nombre de un alias del hermano del expresidente.

De acuerdo con el expediente, en dichas cuentas fueron depositados “recursos públicos que se distrajeron de su objeto y que debían ser aplicados en bienes y servicios de interés general para el país, correspondientes a la denominada partida secreta, dentro de los ejercicios de 1988 a 1994”, es decir, durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Luego de analizar la información proporcionada por la PGR, el juez decimosegundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le dictó auto de formal prisión al contador el 31 de agosto, tan sólo seis días después de que el propio Gómez Gutiérrez se presentara a declarar de manera voluntaria ante dicho juzgado con sede en el Reclusorio Oriente.

Pero lo más extraño de este caso de la partida secreta, es que ni el expresidente Carlos Salinas ni su hermano Raúl fueron acusados penalmente por el delito de peculado, aun cuando ellos son los principales responsables del manejo irregular de dichos fondos públicos.

Las preguntas sin respuesta oficial quedarán en la historia ¿por qué la PGR acusó sólo a Gómez Gutiérrez y exoneró a Raúl Salinas, cuando éste era quien le daba instrucciones a su contador del movimiento de las cuentas bancarias? ¿Si hubo algún delito de peculado con el manejo de la partida secreta, por qué no tiene responsabilidad el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando éste era el responsable del uso de ese dinero público?

Juan Manuel Gómez Gutiérrez debió haber sido procesado por colaborar en el enriquecimiento ilícito de Raúl, lo que entre otras cosas hubiera demostrado que la PGR sí contaba con pruebas suficientes para juzgar a los hermanos Carlos y Raúl Salinas, pero en lugar de hacerlo guardó celosamente el expediente en espera de que la próxima administración federal decida qué hacer con éste o que la indiscreción de algún funcionario reviviera un asunto tan ominoso para el país.

Hasta ahora, nadie ha aclarado a cuánto ascendió la comisión pagada a este excontador, lo único que se sabe con relativa certeza es que la fortuna descubierta a Raúl en cuentas bancarias aseguradas en el extranjero supera los 100 millones de dólares.

Lo más paradójico no es que Carlos Salinas siga sin enfrentar un juicio por peculado, sino que ahora la PGR tendría que responder por las acusaciones hechas por Juan Manuel Pasalagua, quien el pasado 30 de enero recibió la noticia de que un tribunal unitario cerró en definitiva el litigio que iniciaron en su contra hace tres años y cinco meses la SHCP y la PGR.

El segundo tribunal unitario emitió una sentencia absolutoria que le garantiza la total libertad a Pasalagua Branch, quien fue detenido el 11 de agosto de 2005 en Estados Unidos, y deportado ese mismo día. A Pasalagua Branch se le acusaba de una defraudación fiscal de por al menos 2.4 millones de pesos. Sin embargo, al final del proceso, que por cierto parece haber olvidado la partida secreta, se determinó que el acusado era inocente por el simple hecho de que su declaración de impuestos con la que se pudo haber demostrado la supuesta defraudación data de hace más de cinco años. Esos documentos, por mandato de Ley debieron haber sido destruidos por la SHCP.

Ahora Pasalagua iniciaría un litigio contra la PGR, la SHCP y la Procuraduría Fiscal de la Federación para exigir la reparación del daño moral y económico que le ocasionó enfrentar un proceso penal sin pruebas contundentes.

oficiodepapel@contralinea.com.mx
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Donativos de Pemex benefician a gobiernos del PAN



Autor: Ana Lilia Pérez / CONTRALINEA.COM.MX
15 Febrero 2009
El manejo que se habría dado a los donativos y donaciones de Pemex durante el gobierno de Felipe Calderón hace de esta partida presupuestal una de las más susceptibles al uso electorero en 2009, indican especialistas.

En los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón, la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), que encabeza Jesús Reyes Heroles, otorgó de forma discrecional 3 mil millones de pesos de donativos en efectivo y donaciones en especie (gasolina, diésel y asfalto) a gobernadores y alcaldes propuestos por la gerente de Desarrollo Social, Yolanda Guadalupe Valladares Valle, miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), llevada a Pemex por Juan Camilo Mouriño Terrazo. Documentos internos de la paraestatal en poder de Contralínea evidencian un sesgo partidista en el destino de los millonarios recursos.

Y es que, “aunque se supone que los donativos y donaciones deben destinarse para resarcir el impacto de Pemex en las comunidades afectadas y ayudar al desarrollo social y productivo, en realidad la entrega de estos recursos responde más al uso que le den los funcionarios de Pemex y a las presiones políticas del gobernador o de los presidentes municipales”, explica Kristina Pirker, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

En 2007, Fundar –institución independiente dedicada a la investigación, difusión y enseñanza de lo relacionado con la democracia y la participación ciudadana– develó el uso discrecional que los funcionarios de Pemex hacían de las donaciones y donativos. Entre 1995 y 2006, se habían entregado 9 mil 527 millones 900 mil 890 pesos a los principales estados con actividad petrolera. Fundar revisó el caso de Tabasco, que en ese periodo recibió 2 mil 125 millones 183 mil 330 pesos sin que los alcaldes ni los gobernadores beneficiados comprobaran en qué los invirtieron.

En respuesta al informe, la recién llegada administración de Pemex se comprometió a que normalizaría la situación. Por el contrario, con Valladares Valle al frente de la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social (GCDS), el sesgo partidista se superpuso en la asignación de donativos y donaciones y, sobre todo, se incrementó la dilación en la rendición de cuentas por parte de sus receptores, según se desprende de los documentos internos de la GCDS. Además, para los ayuntamientos panistas aumentó el monto y la posibilidad de permutar asfalto y gasolina por dinero en efectivo, lo cual está prohibido por los lineamientos de Pemex en la materia.

ASF señala discrecionalidad

A finales del sexenio de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que los donativos y donaciones que manejaban diversas dependencias del gobierno federal (Pemex, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ese orden de incidencia) se habían convertido en la caja chica para funcionarios que los usaban a libre albedrío y sin dar cuenta a nadie.

La práctica debía cancelarse, debido a que las millonarias erogaciones tenían impacto negativo en las finanzas públicas, además de que no había claridad de su destino, observó el órgano de fiscalización. Pasando por alto el señalamiento de la ASF, la administración de Felipe Calderón aumentó el monto de los recursos operados por esta vía y también la opacidad en su destino.

En el caso de Pemex, se incrementó casi ciento por ciento. Entre 1995 y 2006 se distribuyeron 9 mil 527 millones 900 mil 890 pesos en donativos y donaciones (en porcentaje del 50 por ciento efectivo y el 50 por ciento en especie); entre 2007 y 2008, el monto alcanzó los 3 mil millones de pesos (80 por ciento en dinero y 20 por ciento en especie).
Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, y Eugenio Hernández, mandatario de Tamaulipas, la tercera entidad beneficiada con recursos públicos de Pemex

Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, y Eugenio Hernández, mandatario de Tamaulipas, la tercera entidad beneficiada con recursos públicos de Pemex

Los lineamientos de Pemex estipulan que los donativos y donaciones se destinan a obras y programas de beneficio social para las comunidades impactadas por su actividad. El monto que debe destinarse a cada entidad, más específicamente a cada municipio, depende de indicadores como el volumen de producción petrolera, el número de trabajadores petroleros, los pasivos ambientales, la población impactada y el índice de marginación según el Consejo Nacional de Población. En realidad, son los gobernadores y alcaldes quienes los recogen directamente y manejan a su consideración.

Dado que se trata de recursos públicos, por su naturaleza jurídica deben ser transparentados y fiscalizados, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; pero ni la administración de Pemex ni los receptores dan vistas de rendición de cuentas. Por ejemplo, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la GCDS declaró que en 2007 había donado 915 millones de pesos, pero el monto contabilizado al interior de Pemex asciende a 1 mil 702 millones 59 mil 330 pesos, consta en documentos oficiales de la petrolera. De éstos, 915 millones fueron en efectivo, 640 mil 648 millones 38 mil pesos en asfalto, 145 mil 524 millones 408 mil pesos en combustible y 886 mil 683 pesos en bienes no especificados.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) busca blindar los donativos y donaciones de Pemex, para evitar su uso con fines electorales; por ende, la falta de fiscalización, tanto de su asignación como de su destino final, hacen de dichos recursos un foco rojo durante 2009, por los procesos electorales.

Documentos obtenidos por Contralínea revelan que Valladares Valle otorgó recursos a municipios y estados en los cuales no se realizan actividades petroleras, liberados en periodos en los cuales se desarrollaban procesos electorales, sin que la FEPADE hiciera observación alguna al respecto.

Uno de estos casos es el del municipio de Pantepec, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. En agosto de 2007, cuando se desarrollaba la campaña para elegir alcalde, Pemex autorizó a la alcaldía, entonces a cargo del priista Ismael Pérez Cruz, un donativo por 1 millón 245 mil 574 pesos (1 millón 127 mil 50 en asfalto y 118 mil 524 pesos en combustible). En octubre, el panista Gerardo Parra Soto ganó la elección; en agosto de 2008, se le otorgó un donativo por 6 millones de pesos. Desde entonces, Pérez Cruz fungía como asesor de Parra Soto, según periódicos locales.

Cuando terminó el trienio de Pérez Cruz, saltaron las demandas por supuesto fraude en la obra pública, principalmente en la que el alcalde le asignó a su compadre Jacobo Tobilla. Entre la obra pública cuestionada estaba la pavimentación de las calles a las cuales supuestamente se aplicaría el asfalto donado por Pemex. Según las crónicas locales, la mayor inconformidad de los lugareños era que el alcalde panista protegió a su asesor a fin de evitar que se le fincaran responsabilidades penales.

La asignación de fondos de Pemex en periodos electorales ocurrió también en Francisco Z. Mena, vecino de Pantepec. En agosto de 2007 se le otorgaron recursos por la misma cantidad. En 2008, a Venustiano Carranza, otro municipio del área, también sin infraestructura de Pemex, se le otorgó un donativo por 5 millones 389 mil 338.

Durante el proceso electoral de 2007 en Veracruz, cuando se renovaron ayuntamientos y Congreso local, Valladares Valle designó recursos a siete municipios panistas, en los cuales el blanquiazul ratificó su triunfo.

Al ayuntamiento de Las Choapas se le otorgaron 4 millones 605 mil 984 pesos; a Ixhuatlán del Sureste, 1 millón 965 mil 645 pesos; Cerro Azul, 1 millón 842 mil 393 pesos; Boca del Río, 1 millón 686 mil 113 pesos; Moloacán, 1 millón 686 mil 113 pesos; Alvarado, 1 millón 423 mil 362 pesos; Castillo de Teayo, 237 mil 49 pesos.

Un caso peculiar fue el del alcalde de Alvarado, Pedro Delfín Almeida, para quien Valladares gestionó los recursos por los mismos días en que se le involucraba en un escándalo cuando, en los albores del proceso electoral, se descubrieron, en un predio propiedad de su tía Victoria Almeida Rosas, más de 1 mil despensas que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Fondo de Desastres Naturales y el Programa Oportunidades habían enviado para los damnificados por las lluvias que azotaron el municipio en 2006. Entonces Delfín Almeida declaró que de su bolsillo repondría todos los víveres. Por esos días, Pemex le liberó una parte de los recursos, la otra la recibió su sucesor, el también panista Bogar Ruiz Rosas.

Armando Flores, investigador de Política Social del centro de estudios Taylor Nelson Sofres y analista de Transparencia Internacional, advierte que la asignación de donativos y donaciones de Pemex, en periodos electorales, fomenta la corrupción “y atenta contra la democracia”. Aunque los funcionarios saben de las restricciones en el manejo de este tipo de recursos, dice, “siempre buscan darle la vuelta a las instancias de fiscalización para utilizar los recursos de las instituciones a favor de su partido”.

Por su parte, el legislador Jesús Romero López, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, denuncia que la asignación de recursos no responde a las necesidades de las comunidades impactadas por la actividad petrolera, “sino a intereses políticos”. Explica que “es claro que los donativos son asignados con tintes partidistas”.

Cita el caso de los municipios ubicados en las inmediaciones de la Refinería Antonio Dovalí Jaime (Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Huilotepec, San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santa María Jalapa del Marqués, Asunción Ixtaltepec, Santa María Mixtequilla, San Juan Guichicovi y Salina Cruz), impactados por las actividades industriales. Aunque la Dovalí genera ingresos por 175 mil millones de pesos al año, sólo algunos municipios aledaños reciben donativos, y éstos son en cantidades ínfimas. Ello, explica el legislador, “tiene que ver con que algunos de estos municipios son de administraciones perredistas, y aunque el impacto de las actividades de Pemex es muy fuerte, no se les apoya”.

En efecto, entre 2007 y 2008, de todos los ayuntamientos impactados por las actividades petroleras en Oaxaca, sólo dos de administración perredista alcanzaron recursos; el monto no llegó ni a los 400 mil pesos. En cambio, en los ayuntamientos panistas, aunque en algunos casos su actividad petrolera es menor, los apoyos llegaron a los 42 millones de pesos.

Algunos de los estados y ayuntamientos panistas favorecidos por Valladares Valle según el orden cronológico de su asignación son los siguientes:

En abril de 2007, otorgó 1 millón 462 mil 299 pesos al ayuntamiento de Abasolo y 1 millón 520 mil 379 pesos a Celaya. En el mes de agosto dispuso 5 millones 111 mil 423 pesos en asfalto y combustible para el panista José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California; y al ayuntamiento guanajuatense de Valle de Santiago, 1 millón 525 mil 106 pesos.

Al de Morelia, 4 millones 321 mil 491 pesos; Tlalnepantla, 2 millones 711 mil 419 pesos; Cuernavaca, 2 millones 415 mil 107 pesos; San Juan del Río, 1 millón 245 mil 574 pesos; Querétaro, 1 millón 610 mil 71 pesos; Tepetitlán, 1 millón 406 mil 581 pesos; Ciudad Valles, 1 millón 465 mil 843 pesos; a la alcaldesa Rubia Idalia Quintanilla, de Los Aldamas, 1 millón 465 mil 843 pesos.

En diciembre de ese año autorizaron 4 millones 145 mil 667 pesos en asfalto para el gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat; a la alcaldesa panista de Loreto, Rosalía Romero de Aguiar, 2 millones 507 mil 560 pesos; a Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, 4 millones 179 mil 267 pesos; al alcalde de Cortázar, 835 mil 854 pesos; en Hidalgo, 835 mil 854 pesos al ayuntamiento de Cuautepec de Hidalgo y 1 millón 504 mil 536 pesos a Huasca de Ocampo. Además de 3 millones 9 mil 73 pesos al municipio mexiquense de Tecamac. A Cuauhtémoc Calderón Galván, alcalde de Zacatecas, 1 millón 337 mil 366 pesos.

De los ayuntamientos impactados por Pemex en Sonora, únicamente se otorgaron donativos a Huatabampo y Nogales, ambos administrados por panistas. Al primero, que desde 2006 encabeza el contratista de Pemex César Bleizeffer Vega (propietario y administrador de Planta de Gas Carburación LP de nombre comercial BCA Combustible y de Integradora de Gas Carburación Sonora-Sinaloa) se le asignaron 668 mil 683 pesos en asfalto. A Nogales, que encabeza Marco Antonio Martínez Dabdoub, 1 millón 337 mil 365 pesos.

En junio de 2008, Valladares dispuso que se otorgaran 2 millones 154 mil 707 pesos al ayuntamiento de Mexicali; 2 millones 461 mil al de Chihuahua; 1 millón 255 mil 144 a Ramos Arizpe; 1 millón 723 mil 655 pesos a Celaya; 1 millón 911 mil 568 pesos a León; 693 mil 214 pesos a Tepetitlán; 940 mil pesos al ayuntamiento de La Piedad; 2 millones 210 mil 928 pesos a Uruapan.

En la sesión del Consejo de Administración de agosto de 2008 se autorizaron donativos por 351 millones de pesos y donaciones por 208 millones de pesos. De éstos, Valladares Valle dispuso que una parte se le otorgara a un listado de panistas que incluían a:

Luis Armando Reynoso Femat, 4 millones 145 mil 667 pesos; José Guadalupe Osuna Millán, 7 millones 301 mil 31 pesos. A los alcaldes de Ensenada y Tijuana, 1 millón 217 mil 363 pesos y 3 millones 356 mil 433 pesos, respectivamente. A Soto la Marina, 270 mil 806 pesos; Apizaco, 1 millón 503 mil 311 pesos; a Castillo de Teayo, 7 millones de pesos; a Texistepec, 1 millón 052 mil 837 pesos.

Al ayuntamiento de Pichucalco, 6 millones de pesos; al de Hidalgo del Parral, 829 mil 133 pesos; a José Erandi Bermúdez Méndez, alcalde de Pénjamo, 139 mil 815 pesos; al de Ocotlán, 1 millón 11 mil 554 pesos; a José Alfonso Martínez Vázquez, de Zamora, 1 millón 385 mil 140 pesos. Al ayuntamiento de San Luis Potosí, 1 millón 385 mil 140 pesos; al de Tamuín, 889 mil 844 pesos.

Asignaciones millonarias

A finales de 2007, la administración de Pemex presentó un informe ante el Senado de la República en el cual aseguró que se había eliminado la discrecionalidad priorizando la asignación de acuerdo con la importancia de cada estado para la industria petrolera. Pero en julio de 2008, durante su participación en el debate sobre la reforma energética, Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, denunció que de los recursos públicos se seguían otorgando donativos sin fundamento jurídico alguno. Dijo que “el exceso en la discrecionalidad de servidores públicos de Pemex en el otorgamiento de préstamos y donativos” contribuía a los manejos “turbios” respecto del dinero petrolero.

Pero la asignación de dichos recursos es sólo una parte de su dudoso manejo: la otra tiene que ver con su destino final. Según los lineamientos de Pemex, es obligación de los beneficiarios comprobar de manera mensual el avanece en la aplicación de los donativos y donaciones, y de los funcionarios de la GCDS su verificación, so pena de suspenderlo de manera parcial o cancelarlo de forma definitiva. Al respecto, los informes de la GCDS develan la dilación de la comprobación en la mayoría de los recursos que entregó Valladares Valle en 2007 y 2008.

Por el volumen de recursos destaca Campeche, precisamente el estado natal de la funcionaria, al cual destinó 600 millones de pesos (423 millones 368 mil pesos fueron en efectivo y el resto en especie), los cuales fueron recibidos por Jorge Carlos Hurtado Valdez y José Ignacio Seara Sierra, gobernador del estado y alcalde de Ciudad del Carmen, respectivamente. Según se destinarían a obra pública, que entre otros incluía “apoyar la pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas, fomentar el fortalecimiento de proyectos productivos, e infraestructura caminera”, además de “apoyar a los pescadores de altura y ribereños del municipio de Carmen”.

Aunque pertenecen a dos partidos políticos distintos (Jorge Carlos Hurtado Valdez al PRI y José Ignacio Seara Sierra al PAN), ambos funcionarios estarían vinculados políticamente a Yolanda Valladares Valle.

Hasta diciembre de 2008, la GCDS reportaba “cero” avance en el desarrollo de la obra pública para la cual se les asignaron los recursos; tampoco había reportes de la comprobación. Pero además, hace unos meses la Secretaría de la Función Pública abrió la investigación INV.ADMA DE/028/2008/NA/036 respecto de los supuestos manejos irregulares de los fondos de Pemex que recibieron Hurtado Valdez y Seara Sierra, quienes, por cierto, en diciembre de 2009 concluirán sus respectivas administraciones.

Lo anterior se derivó de una denuncia por supuesto fraude que presentaron diversas organizaciones pesqueras isleñas, las cuales debían recibir los recursos que cobraron el gobierno del estado y el alcalde de Ciudad del Carmen. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da curso a una queja que presentó la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola Delegación Ciudad del Carmen, identificada con el número 2007/755/55/2/Q, también por las supuestas irregularidades en la distribución de los fondos petroleros en la entidad.

En abril de 2008, la revista Proceso documentó que de los donativos de Pemex, 6 millones de pesos habrían ido a parar a los bolsillos de la familia Mouriño, cuando Hurtado Valdez y Seara Sierra les compraron vales de gasolina suscritos por la empresa ESGES, SA de CV, del corporativo GES. Dichos vales fueron entregados a los pescadores afectados por el derrame de crudo en el accidente de la plataforma Usumacinta, en octubre de 2007.

Javier Aguillón Osorio, representante del sector pesquero en la villa de Isla Aguada, declaró a la corresponsal de Proceso en Campeche, Rosa Santana, que Valladares Valle se había comprometido a entregarles dichos recursos en efectivo, pero que cuando finalmente liberó los recursos les fueron entregados como gasovales, válidos únicamente en las gasolineras del GES.

Tamaulipas, entre los más beneficiados

Los informes de Pemex respecto del estado de Tamaulipas, tercer receptor de recursos, después de Campeche y Tabasco, revelan que se trata de otro foco rojo en la rendición de cuentas. En 2007 recibió 302 millones 248 mil 551 pesos, que equivalen al 20 por ciento de los donativos y donaciones que se otorgaron ese año. Hasta septiembre de 2008 había recibido 187 millones de pesos. Según los registros de Pemex, hasta diciembre pasado no se tenía el informe del avance en la disposición de dichos recursos.

Involucrado en el supuesto embarazo de urnas a favor de Felipe Calderón en el proceso electoral de 2006, por línea de Elba Esther Gordillo, el panista Eugenio Javier Hernández Flores es el gobernador norteño que ha obtenido la mayor partida de los donativos y donaciones de Pemex en la actual administración.

El 17 de enero de 2007, recién iniciado el gobierno calderonista, Hernández Flores remitió a Reyes Heroles un oficio donde le solicitaba 413 millones de pesos en efectivo “para obras de desarrollo social”, además de 35 mil toneladas de asfalto, 2 millones de litros de gasolina magna y 6 millones 780 mil litros de diésel. Según Pemex, ese año se le otorgaron 302 millones 248 mil 551 pesos: 167 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible. En 2008, hasta el mes de septiembre el monto alcanzaba los 186 millones 786 mil 508 pesos: 107 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible.

A nivel de alcaldías, una de las más beneficiadas fue la de Reynosa, cuando ésta era dirigida por el panista Francisco García Cabeza de Vaca. En marzo de 2007 se le otorgaron 34 millones 917 mil 197 pesos; de ellos, 20 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible. El 28 de junio de ese año, Valladares Valle le otorgó otros 20 millones de pesos y 3 mil 500 toneladas de asfalto en un acto público en el cual la funcionaria explicó que eran adicionales a los recursos que se le habían designado al gobierno estatal e inicialmente a Reynosa.

Permutas por efectivo

Identificado por el político Manuel Bartlett como un “activo promotor de los ilegales Contratos de Servicios Múltiples y del proyecto de reforma energética de Felipe Calderón”, a José Natividad González Parás se le cuenta entre los gobernadores más beneficiados con los donativos y donaciones de Pemex, aunque, según los indicadores de la paraestatal, Nuevo León no es identificado como “con influencia petrolera alta”.

En 2007, la entidad recibió 94 millones 938 mil 988 pesos en efectivo y especie. Para 2008, hasta el mes de septiembre en que la GCDS dio cuenta de sus erogaciones a ese estado, el monto alcanzaba los 58 millones de pesos, los cuales se le liberaron mediante diversos cheques de Scotiabank Inverlat, pese a que González Parás no había rendido cuentas del dinero ni el asfalto y combustible que recibió en 2007, según se desprende de un oficio interno de la GDS (número 098/08), signado por la propia Valladares Valle al gobernador.

En Nuevo León, a los ayuntamientos gobernados por panistas, Valladares Valle dio otros privilegios: les permitió cambiar sus donaciones en especie (asfalto y gasolina) por efectivo, lo que contraviene los lineamientos internos que asientan que “por ningún motivo” los donativos o donaciones podrán ser permutados.

Uno de estos casos fue el de Cadereyta, a cuyo alcalde, Edelmiro Cantú Sada, le “canjeó” las toneladas de asfalto que equivalían a 20 millones de pesos, las cuales le habían sido autorizadas por el Consejo de Administración, por el dinero en efectivo. El 17 de septiembre de 2007, Valladares gestionó que la Gerencia de Administración Financiera le tramitara un cheque por otros 10 millones de pesos que, según el oficio DCA-GCDS-331/07, le fue autorizado por el Consejo de Administración en la sesión del 30 de abril.

Las actividades proselitistas del presidente municipal han sido la constante a lo largo de su gestión, sobre todo para promover al senador Fernando Elizondo Barragán al gobierno del estado en el proceso electoral que tendrá lugar este año. Por ejemplo, cuando inauguró un auditorio en Cadereyta, que se construyó con recursos de Pemex, Cantú Sada incluyó en su discurso:

“Fernando, si hay alguien que puede recuperar esa gubernatura eres tú y te digo aquí, delante de la gente, que tendrás todo mi apoyo; no solamente el mío, sino el de mi familia que te conoce y te aprecia; y repito, vamos contigo hasta el final.”

Valladares también le canjeó al alcalde de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque, 1 millón de pesos que el Consejo de Administración había autorizado en asfalto.

Al analizar los datos de Pemex obtenidos por Contralínea, Kristina Pirker, responsable de la investigación de Fundar que reveló la malversación de recursos de Pemex en Tabasco en la pasada administración, señala que “es evidente la malversación de fondos o desvío de recursos”.

De entrada, dice, “Pemex deberá responder por qué continuó otorgando dinero a entidades como Tabasco sin tener una prueba de la eficacia de los donativos otorgados al estado, y no es el único caso. Los lineamientos estipulan que un beneficiario que no ha comprobado bien el ejercicio de los recursos, no puede solicitar nada al siguiente año. Se tendrá que explicar por qué los funcionarios siguen otorgándolos sin tener control de su destino.”

En estos momentos, dice la representante de Fundar, “el riesgo es que se utilicen los donativos de Pemex con fines electorales: se supone que son para proyectos de desarrollo social, pero son operados por los gobernadores y alcaldes directamente, así que, ¡claro que se presta para su uso electoral!”.

Contralínea solicitó una entrevista con la gerente de Desarrollo Social, Yolanda Valladares Valle, para hablar del manejo que ha dado a los recursos de Pemex. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Se buscó también a alcaldes y gobernadores que se citan en este artículo, sin respuesta hasta este momento.

Donativos a Tabasco

El informe de Fundar y, posteriormente, las inundaciones que en diciembre de 2007 azotaron Tabasco, pusieron al descubierto la supuesta malversación de los millonarios donativos y donaciones que Pemex otorgó a los gobernadores Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz, para la infraestructura en calles y carreteras.

La paraestatal informó a la Cámara de Diputados federal que a dichos gobernadores se les entregaron 1 mil 970 millones de pesos, en efectivo y especie, para realizar obras de infraestructura y de protección contra inundaciones. El desastre evidenció que los recursos no se aplicaron. Tampoco se aclaró su destino.

Desde su llegada a Pemex, Yolanda Guadalupe Valladares Valle tuvo conocimiento de la supuesta malversación de los fondos de Pemex en ese estado, por la documentación que le requirió la Secretaría de la Función Pública como parte de las indagatorias que abrió al respecto, según consta en oficios de la GCDS en poder de Contralínea. Los lineamientos en la materia estipulan que los incumplimientos en las obras sociales o la falta de rendición de cuentas obliga la suspensión de los apoyos. Valladares Valle continuó entregando recursos.

En 2007, Valladares gestionó para el gobernador en turno, Andrés Granier Melo y seis alcaldes de la entidad, donativos por 318 millones 45 mil 952 pesos, es decir, Tabasco recibió en promedio casi 1 millón de pesos por día. De estos recursos, Granier Melo –familiarizado con este tipo de donativos desde que se desempeñó como alcalde de Centro (2000-2003)– recibió de manera directa 274 millones 329 mil 615 pesos (150 millones en efectivo y el resto en especie).

Ante el Consejo de Administración de Pemex se justificó la autorización para proyectos como “la instrumentación de programas de desarrollo social”, o “el fomento al empleo, la salud y la protección al medio ambiente”, sin que se aclarara exactamente en qué se aplicarían. Cabe señalar que uno de los requisitos para obtener los apoyos, según los lineamientos de Pemex, es que al momento de presentar la solicitud se debe justificar la viabilidad técnica y social a atender, así como los beneficios sociales en caso de ser otorgados.

Más aún, las peticiones de Valladares respecto de estos recursos, previo a la elaboración de los diversos cheques de Scotiabank Inverlat, a cuenta de los donativos, especifican que el dinero sería gastado según lo dispusiera el Ejecutivo local, conforme a su ejercicio fiscal.

A propósito del escándalo de las inundaciones, cuando el Legislativo federal solicitó a Jesús Reyes Heroles un informe de la comprobación que habían presentado gobernadores y alcaldes, que incluía los primeros 10 meses de la gestión de Valladares Valle, la administración de la petrolera reconoció que no había evidencia de que los recursos se hubieran aplicado.

El 18 de diciembre de 2007, Valladares tramitó 5 mil toneladas de asfalto que supuestamente se utilizarían para reparar, pavimentar y reencarpetar las carreteras y vialidades afectadas; eran las mismas a las cuales se les había destinado recursos antes del desastre, de acuerdo con documentos internos de Pemex.

El 1 de agosto de 2008, Valladares Valle declaró a la prensa local que Andrés Granier no había comprobado en qué gastó el 50 por ciento de los recursos que le otorgó desde 2007, y que los proyectos que el gobernador había presentado a inicios de ese año para obtener recursos durante 2008 no tenían “sustento social”.

“Ya está demostrado que el reparto de dinero, de ganado, el reparto de pollitos no inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y lo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno de Tabasco es que presente proyectos que demuestren sustentabilidad”, declaró la funcionaria.

Pero entre enero y septiembre de 2008, la campechana les entregó otros 153 millones 288 mil 414 pesos. El grueso de los donativos se autorizó en el mes de junio: a Andrés Granier, 26 millones 310 mil pesos; a Evaristo Hernández Cruz, alcalde de Centro, 38 millones 129 mil 972 pesos; a Sebastián Izquierdo Gómez, de Paraíso, 21 millones de pesos; a Nicolás Belizzia Aboaf, de Centla, 16 millones 89 mil 32 millones; a Francisco Sánchez Soberano, de Cunduacán, 15 millones de pesos; a Óscar Ferrer Abalos, de Huimanguillo, 13 millones de pesos; y a Avenamar Leyva Gómez, de Nacajuca, 9 millones de pesos. En agosto se otorgaron otros 15 millones de pesos al alcalde de Centro.

De acuerdo con documentos oficiales de Pemex, hasta diciembre pasado el estatus de comprobación tanto del gobierno como de los municipios de Tabasco estaba en “cero por ciento”.

Contralínea solicitó una entrevista con el gobernador Andrés Granier respecto a los señalamientos que hiciera Valladares Valle de la falta de rendición de cuentas de los fondos que ha obtenido de Pemex. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (ALP)

Caso Contralínea llega a la ONU

Autor: Yenise Tinoco / Contralinea.com.mx
15 Febrero 2009

El Centro Prodh entregó información al relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, acerca del hostigamiento que sufren periodistas de la revista Contralínea por parte de funcionarios y empresarios del sector gasero. Mientras, ante el organismo internacional, Gómez Mont mencionó como “logros” del calderonismo la presentación de una iniciativa en materia de libertad de expresión que está en la congeladora.


El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hizo del conocimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el hostigamiento que viven el director y reporteros de la revista Contralínea, por considerar coartados los derechos de los periodistas y afectar a la sociedad mexicana en su derecho a estar informada.

El pasado 10 de febrero, en el marco del primer Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Centro entregó la información con el fin de que el organismo internacional exhorte al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias para asegurar la integridad personal de los periodistas de esta revista y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Desde hace varios meses, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, director y reportera, enfrentan una serie de persecuciones por información difundida a través de Contralínea. Las investigaciones publicadas involucran a funcionarios, entre ellos al fallecido Juan Camilo Mouriño, exsecretario de Gobernación, en supuesto tráfico de influencias y abuso de autoridad en procesos de contratación de Petróleos Mexicanos.

El Centro Prodh señaló al relator Frank La Rue que se ha confirmado el acoso contra la revista, que consiste en la presentación de demandas y acciones legales que propician que profesionistas de los medios enfrenten juicios de imparcialidad aparente en situaciones de considerable desigualdad procesal y material.

A partir de sus investigaciones, Badillo y Pérez son objeto de actos de acoso, persecución, represión y amenazas de muerte por parte de personas implicadas.

El Centro Prodh incluyó en su relato que los periodistas denunciaron que las acciones emprendidas en su contra están relacionadas con la publicación de una serie de reportajes donde documentan supuestos beneficios a favor de la empresa Zeta Gas durante la actual administración, así como la existencia de investigaciones contra ese consorcio por hechos relacionados con la delincuencia organizada.

En su documento, la asociación defensora de derechos humanos informa al relator que el 5 de agosto de 2008 Ana Lilia Pérez fue víctima de seguimiento por parte de un individuo no identificado cuando se trasladaba de su domicilio a las instalaciones de la revista.

Agrega que ese mismo día, abogados del Grupo Zeta, junto con un actuario judicial y un perito irrumpieron en las instalaciones de Contralínea, acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El Centro explica a La Rue que durante estos hechos los periodistas supieron que se estableció un juicio promovido por la empresa Thermogas, una de las compañías del Grupo Zeta, contra las revistas Contralínea y Fortuna. Negocios y finanzas.

En agosto de 2007, dice el documento, se presentó una demanda contra los periodistas y las revistas por supuesto daño moral, por la publicación de las entrevistas realizadas a Jesús Zaragoza López, accionista mayoritario del Grupo Zeta.

El 30 de mayo de 2008, en una primera instancia, un juez resolvió en contra de Badillo y Pérez, quienes recurrieron a la segunda instancia. En septiembre de 2008 se confirmó la sentencia contra ellos. Ante esto, interpusieron un juicio de amparo, pero el 5 de enero de 2009 les fue negada la protección de la justicia federal por un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación, por lo que se ordenó borrar la información publicada en las páginas de internet de Contralínea y de Fortuna sobre el Grupo Zeta.

El Centro Prodh considera que el acoso constituye un ataque contra la libertad de expresión, consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981.

Los reporteros acudieron a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas, la cual, el 15 de enero de 2009, declinó su competencia al fuero común respecto de la mencionada averiguación previa, sin notificación alguna a los peticionarios; también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin que a la fecha haya respuesta de su caso.

Condena internacional

Durante la comparecencia de la representación mexicana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encabezada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el gobierno federal recibió críticas por parte de las delegaciones internacionales, quienes condenan la situación de peligro que viven los periodistas en México.

En particular, los países europeos pidieron al gobierno mexicano que garantice el derecho a la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores, erradicar la impunidad en los casos de agresiones, fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas y crear programas de prevención contra agresiones y amenazas.

En su primera intervención, Gómez Mont destacó como “logros”, en materia de libertad de expresión, la despenalización de la difamación a nivel federal, sólo aceptada hasta el momento en 10 estados; la iniciativa que presentó la Procuraduría General de la República para federalizar los delitos contra periodistas, la cual se encuentra en la congeladora.

Además, el titular de Gobernación mencionó las medidas de seguridad emprendidas contra el crimen organizado, a quien el funcionario acusa como el principal perpetrador de las agresiones contra los periodistas.

Exige Europa a México detener crímenes contra periodistas


El gobierno de Noruega pidió a su homólogo mexicano ofrecer mayor protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, en lo que se consideró el primer gran llamado de atención desde Europa para que México garantice el respeto a la libertad de expresión, tal como lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ese hecho inédito ocurrió el 10 de febrero en Ginebra, Suiza, en el marco del Cuarto Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante el cual compareció Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, quien respondió a los cuestionamientos de la troika de relatores integrada por Sudáfrica, Pakistán y Nicaragua.

El responsable de la política interna de México evitó pronunciarse ante esa exigencia planteada por los representantes de los Países Bajos, Reino Unido, Austria, Alemania, Dinamarca, Suiza y otros Estados europeos, quienes exhortaron al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a “acabar con la ola de homicidios y desapariciones”.

El señalamiento tuvo como trasfondo la violencia sistemática contra comunicadores en México, así como el despliegue del Ejército para combatir a la delincuencia organizada, medidas que ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos. Por tal razón, la organización Artículo 19 presentó un informe ante esa instancia internacional sobre la situación que prevalece en México en materia de libertad de expresión y lo que llamó “el estado de la impunidad en el país”.

Ésta es la primera ocasión en la que el Consejo de Naciones Unidas crea un mecanismo destinado a revisar el estado de los derechos entre todos sus miembros en materia de derechos humanos y también en lo que corresponde a la libre expresión.

A México se le considera como uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. El clima de amago es tan grave para los periodistas de todo el territorio nacional que el Consejo sometió al escrutinio el hecho de que en años recientes se incrementaron las amenazas y la violencia contra periodistas. Para las organizaciones civiles internacionales y mexicanas, resulta notorio que, de todos estos crímenes, ningún responsable ha sido llevado ante la justicia.

Esa situación obligó a la organización humanitaria Artículo 19 a considerar que la impunidad en México es una de las amenazas más serias, no sólo para el derecho a la libre expresión, sino para todos los derechos humanos. Por esa razón, la organización redactó un informe que contiene un recuento pormenorizado de los hechos que documentó en materia de agravios a los periodistas y sus medios, y que entregó el 10 de enero a la ONU. (Nydia Egremy)


La conclusión del informe de Artículo 19 indica que las mayores amenazas para la libertad de expresión en México son:

* El fracaso en combatir la impunidad que prevalece en el país y cuyo origen es la falta de voluntad política
* Tan sólo en los anteriores ocho años, 24 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho están desaparecidos y muchos más han sido amenazados y han sufrido ataques sicológicos durante la práctica de su profesión
* La Fiscalía Especial para perseguir crímenes contra periodistas requiere una reforma urgente para fortalecer y clarificar sus facultades
* A pesar del hecho de que en los años recientes surgió un gran número de nuevos grupos de perpetradores de crímenes contra periodistas, las autoridades permanecen como los principales perpetradores de delitos contra periodistas y la libertad de expresión en México (Nydia Egremy)

La resolución

El Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos pidió a las administraciones públicas invitar a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a proteger la libertad de expresión a trabajar en un diálogo constructivo, en las medidas que promuevan la protección y el gozo de este derecho fundamental.

En la rendición de cuentas del gobierno mexicano, en voz del secretario Gobernación, Fernando Gómez Mont, se admitió que “existe un grado de erosión importante” en la gobernabilidad del país. Ante la comunidad internacional, el funcionario anunció que el despliegue de las fuerzas armadas por el territorio nacional con el objetivo de combatir el narcotráfico es “temporal”.

Respecto a la impunidad, considerado como uno de los principales problemas de México en materia de derechos humanos, Gómez Mont aseguró que ese diagnóstico “es duro, pero usamos todos los recursos a nuestro alcance para terminar con ese problema”. A ese pronunciamiento, los países miembros recomendaron una “investigación exhaustiva” de todas las violaciones y que los hechos sean juzgados en el ámbito federal. (Nydia Egremy)