HONDURAS... COMO EN TIEMPOS DE PATRICIO: REPRESION E INTIMIDACIÓN

EN PELIGRO LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS

Jesús Solís Alpuche

El miércoles 16 de septiembre, día del 199 Aniversario del Grito de Independencia, diversas organizaciones locales, entre las que se encuentran la Red Nacional de Jóvenes y la Convención Nacional Democrática del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, Asociación de Jubilados, el Colectivo Rebelde y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Estado, previos acuerdos, en uso de sus derechos, decidieron realizar un mitin en la Plaza Principal de la Ciudad de Mérida, Yucatán, después del desfile, para protestar contra las nuevas tarifas del transporte que 15 días antes aumentaron el 20 % o sea: de 5 a 6 pesos en el boleto para adultos. Con la anulación de los precios para estudiantes y Adultos Mayores los sábados, domingos, días festivos y períodos vacacionales, en los que todos los estudiantes ahora pagan $ 6.00.

Esta medida, de grave lesión a la economía de las familias pobres, que son la mayoría de los trabajadores que radican en Mérida, tomó por sorpresa a la población que no esperaba ese aumento. Menos después que en el Pacto Económico por Yucatán, firmado en enero del presente año, el gobierno se comprometió en el Punto cuatro: “Dadas las fuertes restricciones que enfrentan las familias que viven en el área metropolitana de Mérida y la importancia de mantener la dinámica económica en esta región, NO SE AUTORIZARÁ AUMENTO EN LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE”. (Subrayados míos).

Y luego de una campaña en donde el PRI ganó las 5 diputaciones con mucha facilidad, probablemente por el impacto demagógico el contenido de sus promesas. Ese aumento desmedido, se explica en buena medida, porque a los dueños de los transportes en el Estado (son varias las agrupaciones camioneras del transporte urbano, los taxistas del Frente único del Volante, los taxistas foráneos) , TODOS SIN EXCEPCION, que apoyaron la campaña de los candidatos príístas con propaganda en sus vehículos, recursos y con el “acarreo” de la gente para votar , son a ellos a quien se les devuelve el favor y el Gobierno de Ivonne Ortega Pacheco LOS PREMIA, autorizándoles su petición de aumento bajo el pretexto de las alzas de costos en insumos y salarios de empleados. Quedando claro que con este nuevo golpe a la economía popular ¡Se cometió una nueva traición al pueblo ¡



De este tema hablaban los oradores del mitin cuando empezó la provocación de varios individuos con camisas rojas, comenzando con arrebatar los volantes que los activistas distribuían entre el público y culminó con el intento de despojar de una cámara a un reportero que los había captado en sus acciones de violenta intimidación

La inconformidad de la población crece, pero no se manifiesta, sin duda por el temor al poder de dominación del gobierno. Sin embargo, en el marco del trabajo por la defensa de la economía popular que encarna el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, integrantes de la Convención Nacional Democrática, de La Red Nacional de Jóvenes, el Foro por la Defensa de los Ecosistemas, la Red de Mujeres, el Colectivo El Rebelde y otras organizaciones que se resisten al proyecto neoliberal que profundiza las desigualdades en el país, trabajan intensamente por concientizar a la población como un primer paso para su organización y participación en un proyecto alternativo de nación, donde todos puedan alcanzar una vida más desahogada y digna.

El día 14 de septiembre, a las 11.03 de la mañana,(según sello de recepción) la Red Nacional de Jóvenes entregó en Palacio de Gobierno, un documento dirigido a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, en que se expone que hay una aparente despreocupación de las autoridades por el tema del alza en el costo del transporte, no obstante en diferentes medios de la prensa local y programas de radio diversas voces se han pronunciado en contra del aumento sustentando su inviabilidad, tanto económica, como social, así como su impacto ambiental, en la salud, en la educación y la cultura, ya que el transporte es la columna vertebral de una ciudad que hoy mide más de 10 kilómetros de diámetro, circunstancia que significa el congelamiento total de la ciudad, si un día se suspendiera este servicio.

En el documento se subraya el carácter estratégico del trasporte urbano, así como que el Reglamento para la prestación del servicio público de trasporte colectivo de personas en el municipio de Mérida en su artículo 10 , fracción 2, indica la posibilidad de solicitar el uso de la fuerza pública, lo que nos habla de la importancia que este servicio constituye. Que sin embargo permanece en manos de intereses privados.

El documento además de una serie de comentarios respecto a la contradicción que el aumento al precio del pasaje representa en estos momentos de crisis, plantea 8 puntos recogidos en foros ciudadanos que se han realizado con anterioridad para mejorarlo, lo que denota su voluntad propositiva, que hasta ahora no tiene respuesta, o quizá sí. La represión de los grupos de choque, la forma más indigna de responderle el gobierno a la población.

En un documento que recibí por internet, las agrupaciones civiles acusan: El gobierno del Estado es responsable de la agresión, por acción u omisión –dijo Tonatiuh Villanueva Caltempa– porque si el autor intelectual está en el gobierno, quiere decir que fue ordenada desde ahí y si no fue así, entonces permitieron que los agresores llegaran hasta nosotros.

–Al día siguiente del desfile -agregó- continuaron las agresiones porque prácticamente todos nosotros hemos sido seguidos y fotografiados... "No sabemos quién es cómplice de quién, si los dueños de camiones del gobierno o éste de los empresarios del transporte".


Mauricio Macosay Vallado dijo que les preocupa la actitud que han asumido las autoridades en los últimos días porque estando obligadas a cumplir y hacer cumplir las leyes, las están violando. –No se consultó a nadie para suspender el subsidio que se le daba a los permisionarios y además se les autorizó un aumento de 20% a las tarifas del transporte urbano. Explicó que esto es un problema eminentemente político porque el gobierno del Estado no autorizó el alza a las tarifas antes de las elecciones del pasado 5 de julio, sino que esperó hacerlo inmediatamente después de los comicios, apostándole a que las aguas se calmen para cuando llegue el siguiente proceso electoral de 2010.


También dijo que resulta grave que el gobierno del Estado utilice la oficina de inteligencia estatal denominada C4 para despojarlos de los volantes, amedrentar, amenazar y perseguir a la gente.
Destacó que dicha acción constituye una violación a la libre manifestación de las ideas y recordó a las autoridades que la represión y las amenazas son un delito tipificado en el Código Penal, por lo que debe aplicarse todo el peso de la ley a los infractores.


El gobierno de Patricio Patrón Laviada, (2001-2007) se caracterizó por su incumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, su descarado favoritismo y complicidad con sus hermanos, Alejandro y Antonio para agenciarse bienes, muebles e inmuebles, como tierras y terrenos ejidales, cascos de exhaciendas y vehículos de dudosa procedencia, para fomentar su poder económico en el marco del proyecto turístico y de mercado neoliberal.

No le dio medida al tráfico de tierras ejidales, usando a prestanombres, como la familia de Antonino Almazán, ni de la corrupción a los representantes ejidales de Hunucmá, Caucel, Oxcum y docenas de comisariados más para que mediante asambleas simuladas o espurias, entreguen sus tierras a los traficantes que el mismo gobierno financiaba.

En todas las poblaciones donde se impulsó el despojo injusto hubo resistencia y protestas, que no dudó su gobierno en reprimir y así fueron enviados a la cárcel ejidatarios de Caucel, Hunucmá y Oxcum, así como la representación de los artesanos y comerciantes que laboran en el interior de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, amenazados con denuncias judiciales de daños, en su propio patrimonio, para que los espacios donde comercian sus artesanías se le quede exclusivamente a la familia Barbachano, a la que se le reconoce la propiedad privada de 746 hectáreas donde se asienta el Castillo, Nueva Maravilla del Mundo, y el Cenote Sagrado.

En esa administración fueron enviados a la cárcel por defender sus derechos, Luis Avila, Marcelino Mex Cahuich, Felipe Moo Borges,de Caucel y Hunucmá, el abogado William Santos, de triste memoria, que aceptó y orientó el movimiento a la claudicación a cambio de una “indemnización”. Idelfonso Dzul García y varias personas más de Oxcúm, que esos sí, nunca claudicaron y salieron libres conforme a los derechos indígenas, sin seguir las indicaciones de Santos Sáenz.

Un año antes de concluir su gestión, el 20 de mayo de 2006, el gobierno panista de Patrón Laviada, envió a la cárcel a 27 jóvenes, como saldo de la visita que el genocida, George Bush hizo a Mérida, producto de la infiltración de provocadores que ese gobierno infiltró en la marcha de protesta pacífica que los jóvenes yucatecos realizaban.

En la entrega anterior, al referirme a los actos de provocación y represión en contra de agrupaciones civiles que luchan por la defensa de la economía popular, de acuerdo al Gobierno Legítimo de AMLO, dije que la inconformidad de la población crece. Pero las experiencias represivas inhiben la manifestación popular, porque los gobiernos no están dispuestos a servirle a los intereses de las grandes mayorías del pueblo afectados por la crisis económica, sino al contrario, quieren que las grandes masas sigan sufragando los costos de la crisis del capitalismo.

Así fue como el pasado miércoles 16 de septiembre, apareció una nueva generación de XCAUES que gracias al relativo pluralismo de gobiernos y bandos de policía, no actuaron con total impunidad. El grupo fue utilizado para reprimir o intimidar a un grupo de jóvenes estudiantes que, acompañados de integrantes de las ONG’s mencionadas en mi entrega anterior, protestaban contra el alza de tarifas de transporte. Ya encarrilados, los golpeadores supuestamente al mando de Hector Cabrera que todavía sigue en funciones, se lanzaron a golpear el auto de un reportero del periódico Milenio Diario, Pablo Vélez, quien en cumplimiento de su profesión tomó fotografías de los agresores al momento de reprimir la protesta ciudadana.

Tres de los siete XCAUES fueron detenidos y remitidos al Ministerio Público. Este es el Parte de la Policía de Mérida, correspondiente a los hechos acaecidos el miércoles 16 de septiembre y que no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la agresión:

“Alrededor de las 11:45 horas, los elementos de la Dirección de Policía Municipal de Mérida detuvieron a los CC. Fernando Oliver Perera Chan, Juan Bautista Chale Martínez y Wilberth Jiménez Alcocer por daño en propiedad ajena. De acuerdo a la información recabada, el elemento del crucero de la calle 61 por 58 se percató que había siete personas golpeando y dañando un vehículo Peugeot con placas de circulación YYD-3716 en cuyo interior había una persona del sexo masculino. Por tanto solicitó el apoyo de los elementos de los cruceros aledaños y de las unidades 251 y 252, quienes al momento de arribar escuchan que las personas que agredían al C. Pablo Veles Cisneros le gritaban al conductor de una camioneta Ford tipo 150 con placas de circulación YN-69850 del Estado de Yucatán “chocalo, chocalo”, y el vehículo citado impactó varias veces la parte trasera del automóvil del quejoso. Al llegar los refuerzos del elemento del crucero lograron detener únicamente a Perera Chan, Chale Martínez y Jiménez Alcocer.

“El quejoso relató que fue a tomar varias fotografías de una manifestación en la Plaza Grande, cuando los ahora detenidos quisieron quitarle su cámara, siendo que no los dejó, lo empezaron a seguir hasta su vehículo que estaba estacionado en la calle 61 entre 58 y 56, y lo arengaron para que se bajará del mismo, pero no lo hizo para evitar ser agredido por los ahora detenidos. Y al salir de ahí fue cuando empezaron a patear y golpear su vehículo por las siete personas así como lo colisionó la camioneta.

“Ante esos hechos, los policías municipales detuvieron a las tres personas y las remitieron a la Cárcel Municipal donde los exámenes médicos arrojaron que Jiménez Alcocer estaba en Estado Normal y Chale Martínez y Perera Chan estaban intoxicados con cannabis. Posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes”.

En una carta que el Profr. Juan Alberto Bermejo Suaste, veterano activista y luchados social me hizo llegar dice: Queremos saber quiénes fueron los autores intelectuales de la agresión: si fue el secretario de Gobierno, el Procurador o el coordinador de esa oficina fantasmagórica, ilegal y anticonstitucional que es el C4... Los policías vestidos de civil son anticonstitucionales y más cuando se utilizan para amenazar, hostigar y amedrentar al pueblo. Anticipó que el próximo martes 29 harán un evento como parte de la Jornada Nacional de Lucha.

El documento denuncia: que uno de los principales agresores fue una persona de apellido Chalé Martínez, hermano del "Negro" Chalé.–Si el gobierno está reclutando a drogadictos y este tipo de personas, pues no puede haber respeto.

Los quejosos lamentaron que las autoridades ministeriales hayan puesto en libertad a los detenidos a pesar de que dieron positivo a mariguana, profirieron amenazas de muerte, agredieron y cometieron daños en pandilla.

Juan Iván Cruz, integrante de la Red Nacional de Jóvenes, aclara que no sólo manifestaron su inconformidad contra el alza del transporte, sino que también han presentado propuestas de solución, pero el gobierno y los permisionarios no los han tomado en cuenta. Señaló que no sólo es el asunto de las tarifas, sino que el servicio de transporte debe mejorar porque mujeres han sido atropelladas, los estudiantes y adultos mayores son ignorados por los camioneros que no les dan parada, lo mismo que a los discapacitados ni les respetan sus credenciales aunque tengan el uniforme.

Reiteró que el gobierno está molesto porque no quiere que se haga ruido por lo del alza del transporte, pues no pensaron que las organizaciones civiles se unieran por una causa común, pero irán a las colonias para seguir informando a la gente.

Por último, dijo que los transportistas no son dueños de las concesiones, sino que éstas las otorga el gobierno, y el servicio se debe al pueblo. Si los transportistas no pueden, que regresen las concesiones y habrá empresarios comprometidos con la sociedad que sí puedan dar un servicio eficiente y tengan gana.

chantzacan@hotmail.com